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El diputado Raúl Romero, jefe de la bancada Partido Fuerza, presentó la iniciativa de reformas al Código Penal, Decreto 63-94, la cual propone la sanción de 50 años de prisión para las personas que en una tercera ocasión cometan los delitos de robo, extorsión, asesinato, narcotráfico y sexuales.
Mediante el proyecto de ley se reforma el artículo 27, numeral 23, del Código Penal, el cual queda así: “Es reincidente quien comete un nuevo delito después de haber sido condenado, en sentencia ejecutoria, por un delito anterior cometido en el país o en el extranjero, haya o no cumplido la pena”.
El propósito es aumentar drásticamente las sanciones y condenas, como medida de prevención y protección de la sociedad guatemalteca, asegurando así el resguardo del delincuente reincidente. “Buscamos que ante estos delitos se aplique inmediatamente la pena máxima”, indicó el parlamentario, al adelantar que la bancada trabaja en una agenda legislativa dirigida al endurecimiento de penas y persecución penal de los delincuentes.
Agregó que próximamente presentarán propuestas que buscan juzgar como adultos a los menores vinculados con delitos graves, como sicariato y extorsiones, y que los adolescentes terminen su condena en los centros de detención para adultos al cumplir la mayoría de edad. “Esto es para evitar que los centros de detención para menores se conviertan en escuelas del crimen”, concluyó.
Por Rosemary Recinos

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El proyecto de Ley Contra la Violencia Sexual en Centros Educativos fue presentado este viernes por el diputado Leocadio Juracán, del bloque Convergencia. “Recientemente han salido a luz casos en establecimientos bajo la tutela del Estado, que han remarcado la vulnerabilidad de la niñez, como las debilidades institucionales del Gobierno para abordarla, razón que tomamos como fundamento en esta iniciativa”, expresó.
Explicó que la normativa contiene 18 artículos y con ella se busca apoyar a los infantes víctimas y eliminar condiciones que propicien la producción y distribución  de pornografía infantil en los centros de estudio.
Asimismo, la iniciativa de ley contempla la creación de un Consejo Nacional de Protección a la Niñez contra la Violencia Sexual en los Centros Educativos, el cual sería integrado por representantes de las distintas dependencias involucradas en el tema, quienes tendrán la responsabilidad de elaborar las políticas y protocolos de prevención y atención de los casos, atención a la víctima, familia y compañeros de aula, entre otros.
La situación de la niñez representa la mayor preocupación, en virtud de que este tipo de abuso se realiza en forma oculta, ejerciendo una mayor violencia física y psicológica del atacante hacia el menor, situación que deriva la incapacidad de denunciar y convierte al niño en víctima permanente, manifestó.
Según datos del Ministerio de Educación, en lo que va del año se registran por lo menos 5 denuncias de abusos de esta índole en planteles ubicados en Quiché, Chimaltenango, Jalapa y Huehuetenango.
Por Karen Mendoza

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Con el apoyo de representantes de Acción Ciudadana, este viernes se impartió la cuarta capacitación sobre la interpretación de la Ley de Acceso a la Información Pública a los enlaces de las distintas comisiones de trabajo del Congreso de la República.
Al evento también asistieron delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quienes escucharon los avances obtenidos en estos últimos meses por parte de los delegados de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Legislativo.
Acción Ciudadana es una organización no gubernamental que fue fundada en 1996 para ayudar a crear una ciudadanía consciente y comprometida con el desarrollo democrático en Guatemala. Forma parte de Transparency Internacional desde enero de 2006 y tiene como propósito promover acciones de monitoreo y fiscalización de las actividades de las instituciones públicas.
La Ley de Acceso a la Información Pública garantiza que toda persona interesada, sin discriminación alguna, tiene el derecho de solicitar y tener acceso a datos en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la ley. Además, garantiza a toda persona individual el derecho a conocer y proteger los datos personales de lo que de ella conste en archivos estatales, así como de las actualizaciones de los mismos.
También garantiza la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados y el derecho de toda persona a tener acceso libre a la información pública, y establecer como obligatorio el principio de máxima publicidad y transparencia en la administración pública y para los sujetos obligados en la presente ley.
Además, establece a manera de excepción y de manera limitativa los supuestos en que se restrinja el acceso a la información pública, favorecer por el Estado la rendición de cuentas a los gobernados, de manera que puedan auditar el desempeño de la administración pública y garantizar que toda persona tenga acceso a los actos de la administración pública.
Por Estuardo Martínez

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El presidente del Congreso, Mario Taracena, se reunió con representantes deL Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), quienes le entregaron un pliego de peticiones en favor de las clases populares. Entre las demandas están la nacionalización de la energía eléctrica, que se retire de discusión la ley emergente para la conservación del Empleo y que se aprueben las normas de aguas y desarrollo rural, y una que establezca que las empresas grandes paguen más impuestos.
Como un primer punto se acordó instalar al menos seis mesas de trabajo, las cuales estarán dirigidas por los presidentes de las comisiones de Hidrocarburos, Derechos Humanos, Energía y Minas, Finanzas Públicas, Ambiente y Gobernación, para que se planteen las peticiones y propuestas, a fin de que sean consensuadas y llevadas al pleno.
“Como diputados estamos para escuchar al pueblo y buscar soluciones, por que en nuestras funciones están la fiscalización y la mediación”, expresó Carlos Barreda, primer secretario del Congreso.
Neftaly López, representante de Codeca, resaltó la búsqueda de soluciones a través del diálogo, por lo cual calificó de positiva la propuesta y la actitud del Congreso para llegar a soluciones y acuerdos con los diferentes sectores del país.
Por Byron Ramírez

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Un acuerdo bilateral de cooperación interinstitucional fue firmado entre el Congreso y la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, con el propósito de fortalecer los lazos diplomáticos entre ambas naciones.
Además, con dicho convenio se busca fomentar las capacitaciones y realizar intercambios en temas políticos, económicos, empresariales, turísticos, académicos, culturales y de experiencias paramentarías.
Richid Talbi El Alami, presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, calificó este acuerdo de importante para ambos países. “Compartimos la misma visión de transparencia y desarrollo de nuestros pueblos”, dijo.
“Es de gran trascendencia para el país y para mí firmar este tipo de acuerdos, porque el intercambio de experiencias parlamentarias será de gran ayuda para Guatemala”, expresó el presidente del Congreso, Mario Taracena.
Durante la actividad, Susana Asencio, alcaldesa de Antigua Guatemala, declaró como visitantes distinguidos a Rachid Talbi El Alami y a la señora vicepresidenta de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, Kenza El Ghali.
Al finalizar la reunión, Rachid Talbi El Alami reafirmó su compromiso de cooperación con el Congreso de la República, que consistirá en una donación de US$ 1 millón destinada al remozamiento de la Casa Larrazábal, que alberga oficinas parlamentarias.
Por Byron Ramírez

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Con el objetivo de agilizar la compra de insumos para el sistema de salud, la Comisión de Salud del Congreso entregó este jueves una propuesta para reformar la Ley de Contrataciones del Estado.
Dichas modificaciones fueron consensuadas en diversas mesas de trabajo en las cuales participaron la Contraloría General de Cuentas, los Ministerios de Salud y Finanzas, el Colegio de Médicos, la Gremial de Empresas Farmacéuticas y entidades ejecutoras.
El diputado Luis Hernández Azmitia, presidente de la referida sala, explicó que entre los cambios propuestos está la subasta inversa, así como mecanismos para garantizar el abastecimiento de insumos a la red hospitalaria.
“Planteamos que una unidad ejecutora que tenga una licitación iniciada pueda adquirir insumos urgentes por medio de compras directas, pero se eliminan las fraccionadas”, añadió Hernández Azmitia, ponente de la propuesta.
La norma asegurará la celeridad y transparencia, y busca asegurarle a los guatemaltecos el servicio de salud, explicó.
Estuardo Vargas, vicepresidente de la Comisión de Salud, dijo que se pretende reducir el tiempo de entrega de 40 a 20 días por parte de los proveedores, y aseguró que la subasta inversa está dirigida a productos específicos, como material médico-quirúrgico que se necesite con mayor frecuencia en los centros hospitalarios.
Con el propósito de garantizar el suministro de materiales médicos, Vargas indicó que hay una mesa de trabajo integrada por proveedores y el Ministerio de Finanzas para resolver “el cuello de botella” provocado por la deuda, y así agilizar la entrega de los productos.  Según datos oficiales, el Ministerio de Salud adeuda aproximadamente Q500 millones.
Por Antonio Ordóñez

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José Fernando Suriano, director ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), explicó a los diputados de la Comisión de Integración Regional los lineamientos de los cuatros ejes a desarrollar del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.
El diputado Carlos Enrique Chavarría, presidente de la instancia legislativa, comentó que el interés es apoyar los esfuerzos para cumplir los compromisos del plan regional, y por ello se necesita tener un diálogo permanente entre las instituciones. “Queremos contribuir para que se defina una hoja de ruta del trabajo, por lo que es necesario abordar los temas en una mesa multisectorial”.
El congresista agregó que no les quedó claro a los diputados el listado de 51 municipios de 7 departamentos incluidos y la forma como se impulsará la integración de los planes operativos.            
Fernando Buezo, funcionario del Pronacom, dijo que bajo la coordinación del Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión se han impulsado acciones orientadas a fortalecer las estrategias en materia de seguridad, fortalecimiento del sistema judicial e inversión en capital humano, entre otros. Asimismo, dio importancia al abordaje que el Congreso tiene que hacer. “En materia de integración debe haber apoyo para que en las agendas legislativas de los tres países se aprueben instrumentos de interés”, detalló.       
Además, Suriano indicó que en el tema de control y monitoreo habrá un requerimiento para que se conforme una institución encargada de acompañar el  plan y vigilar todas las acciones.
Al concluir la reunión acordaron una nueva cita, en la cual las instituciones involucradas deberán explicar qué han hecho y los avances del trabajo.
Por José Castellanos

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En representación de comunidades del municipio de Comitancillo, San Marcos, que solicitan la reactivación de proyectos de agua potable y alcantarillado, el  diputado Mario Velásquez, presidente de la Comisión de Deportes, intermedia ante funcionarios del Ministerio de Finanzas Públicas, Unidad Ejecutora de Acueductos Rurales, Instituto de Fomento Municipal (Infom) y la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia.
“Hay familias que no tienen ni una gota de agua en sus casas y queremos que se retomen estos proyectos con el Infom, que dejaron de realizarse por falta de presupuesto y que hemos gestionado desde hace varios años. Esperamos que de verdad se agilicen los trámites, pues sería una gran mejora para cientos de personas que necesitan estos servicios, indicó Rómulo Cardona, representante del Comité Comunitario de Desarrollo de ese lugar.
El proyecto de Comitancillo sigue vigente y solo falta asignar fondos; el año pasado trasladaron este programa al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por baja ejecución, pero el proceso no se concretó, indicó Mynor Hernández, encargado del Área Técnica del Infom.
Explicó que plan cubre las aldeas Chamaque y Sabalique, y el caserío Tuijalá. “Estamos completando información que requieren el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Finanzas, para que se reactive la licitación correspondiente  y  poder ejecutar”, declaró.
“En 15 días nos reuniremos nuevamente para que nos notifiquen los avances; daremos seguimiento y continuaremos intermediando por los pobladores de nuestro departamento”, dijo el diputado Velásquez.
Por Rosemary Recinos

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La Comisión de Probidad del Congreso de la República se reunió con autoridades de los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y de Finanzas, así como con representantes del Colegio de Ingenieros de Guatemala para tratar la deuda de arrastre que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) tiene desde al menos 10 años con empresas que han prestado servicio en las diferentes carreteras.
“Hemos dado seguimiento a muchos temas y este es uno que ha provocado que las carreteras estén en mal estado; las empresas las dejan abandonadas por el incumplimiento de pago, por lo cual seremos fiscalizadores para trasparentar el proceso”, manifestó el presidente de la sala legislativa, Amílcar Pop.
La deuda de Covial asciende a más de Q1 mil 500 millones. “Muchas compañías ya no han podido entrar a nuevas licitaciones pues no cuentan con fondos para las pólizas o fianzas; por eso solicitamos al Ministerio de Comunicaciones el pago de la deuda de arrastre”, dijo Silvio Orozco, representante del Colegio de Ingenieros.
“No tenemos presupuesto para pagar esa deuda y se buscará el mecanismo para hacerlo”, expresó el titular de la cartera aludida, Aldo García, quien dio a conocer que han cumplido con entregar más de Q190 millones de los compromisos de 2015, pero “por el momento es imposible pagar deuda de años atrás”.
En la actualidad hay 16 mil kilómetros de red vial y se necesita por lo menos US $34 millones para recuperarla, dijo el funcionario.
Por Selvin Rustrián

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