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Con la finalidad de promover una mejor ejecución del presupuesto asignado al  Ministerio de Salud, los diputados de la comisión de la materia se reunieron con el viceministro administrativo, Carlos Mazariegos, y con el vicetitular de Finanzas, Víctor Martínez.
“Es importante que antes de otorgar más fondos nos den a conocer cómo han gastado hasta el momento, pues la crisis en la red hospitalaria aún continúa, mientras se han tenido denuncias de sueldos elevados a funcionarios de esta cartera”, enfatizo el diputado Luis Hernández Azmitia, presidente de la sala de trabajo.
A la cita también asistieron los encargados de las Áreas de Salud de Huehuetenango, Alta Verapaz, Zacapa, Retalhuleu y Guatemala, quienes dieron a conocer su preocupación por la deuda flotante que mantienen las direcciones departamentales  por al menos Q500 millones.
Los legisladores solicitaron un estado de las contrataciones, los puestos y salarios, con el fin de determinar si la ejecución presupuestaria administrativa es más alta que lo invertido en medicamentos, equipo y centros hospitalarios.
Por Karla Herrera

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Guatemala tendrá que demostrar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que existen avances en el cumplimento de los compromisos internacionales adquiridos en favor de las personas con discapacidad. El examen será el 22 y 23 de agosto en Ginebra, Suiza, y para ganarlo necesita que todos los sectores involucrados se unan en un solo esfuerzo, tal como se acordó ayer en el Congreso de la República.
La  Comisión Extraordinaria de Asuntos sobre Discapacidad organizó un foro en el que participaron representantes de diferentes instituciones, como el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), la Procuraduría General de la Nación, los ministerios de Economía, Salud y Educación, entre otros, con el fin de elaborar un informe sobre el complimiento de los compromisos adquiridos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita por Guatemala hace siete años.
Los retos son muchos y los avances pocos, tal como se pudo determinar tras las intervenciones de los diferentes sectores que participaron en la actividad organizada por la sala de trabajo del Congreso que analiza el tema; sin embargo, la voluntad de cumplir prevaleció ante todo y se creó una mesa de trabajo.
En este primer informe se tendrán muchas observaciones y recomendaciones, especialmente porque no se han atendido las orientaciones de la Convención, bien sea por razones económicas o porque no se ha garantizado la sostenibilidad de los asuntos de país en la responsabilidad de incluir el tema, dio a conocer  Silvia Quan, representante del Comité de la ONU en nuestro país.
“Nosotros también participamos, pues dentro del Congreso se está trabajando en las reformas a la Ley de Discapacidad y estamos comprometidos en seguir ayudando; este informe lo respaldaremos en agosto”, enfatizó Cristian Boussinot, titular de la instancia legislativa.
Sebastián Toledo, presidente del Conadi, explicó que diferentes instancias no colaboraron para que se cumplan los compromisos suscritos y no cuentan con los medios necesarios para velar al 100 por ciento por el cumplimiento de las personas con discapacidad.
El 27 de junio se volverán a reunir para consensuar las 33 preguntas que ha enviado el Comité a Guatemala de donde saldrá el informe que será enviado a la ONU antes de evaluación en agosto.
Obligaciones generales:
Según el artículo 4 de la convención firmada, el Estado de Guatemala se comprometió a adoptar medidas administrativas y de cualquier índole para que se respete los derechos de las personas con discapacidad, implementar políticas y programas encaminados a la adaptación de estas personas en el ámbito laboral y escolar y de género, velar que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine a las personas por algún problema con discapacidad y a adoptar todas las medidas pertinentes para castigar toda discriminación por motivo de discapacidad.
Por Selvin Rustrián

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Con el objetivo de conocer la razón de la baja ejecución del programa Vitacereal, integrantes de la Comisión de Salud del Congreso, coordinada por el congresista Luis Hernández Azmitia, citaron a funcionarios de los ministerios de Salud, Agricultura, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Contraloría General de Cuentas y de las Áreas de Salud de Alta Verapaz y Huehuetenango.
“El tema de la desnutrición crónica debe de ser  una de  las prioridades del Estado; sin embargo, nos encontramos con que no existe la coordinación entre las distintas instituciones involucradas para erradicar este flagelo”, enfatizó el parlamentario.
Rodolfo Zea, viceministro de Atención Primaria, de la cartera de Salud, indicó que el abastecimiento de la mezcla fortificada se ha llevado de una forma normal, y que el producto no ha vencido.
Sin embargo, según declaraciones del director del Área de Salud de Alta Verapaz, Roberto Aldana, este no es el caso de su región, pues “hace poco más de dos años el Ministerio de Salud prescindió de un contrato de servicios suscrito con la organización no gubernamental Fumayan, institución que además era la responsable de suministrar el Vitacereal”.
Dijo que después de la suspensión del convenio, esa entidad estaba obligada a entregar los equipos, bienes y suministros, incluyendo la fórmula nutricional, por lo cual estuvo  almacenada y a finales del 2015 llegó a su vencimiento. “Fumayan, por no encontrar una causa justificable para el cese del contrato, se negó a entregar los bienes y abastecer de  unos 62 mil kilogramos del alimento, que asciende a un aproximado de Q859 mil, situación que fue detectada por la Contraloría General de Cuentas y  por ello enfrenta un proceso judicial”, afirmó.
Por su parte, el diputado Hernández Azmitia manifestó que visitarán las bodegas para corroborar el vencimiento del producto y no descarta accionar penalmente, de encontrarse alguna anomalía. “Vamos a evaluar la situación y accionaremos, pues no contamos con la información confiable del Ministerio”, afirmó.
Vitacereal es una mezcla de alimentos fortificada que en los últimos años ha sido pilar en la nutrición de madres y niños en Guatemala. Es implementado como parte de las estrategias del Plan de los 1000 Días para combatir la desnutrición, dirigido a niños de entre 6 y 24 meses y mujeres embarazadas.
Actualmente se reporta en el país un índice del 46.5 por ciento de desnutrición crónica, lo cual posiciona a Guatemala en el quinto lugar en este tema a nivel mundial, situación que  es comparada con países en crisis o guerra y que tiene como consecuencia daños irreversibles de tipo físico y cognoscitivo. Los departamentos más afectados son  Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula.
Por Karen Mendoza

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“México y Estados Unidos, y aún por confirmar Colombia o Argentina, estarán conformando una comisión que dará acompañamiento a los gobiernos de Guatemala y Belice para esclarecer la muerte del menor guatemalteco Julio Alvarado, de 13 años”, señaló el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Julio López Villatoro, quien agregó que esto es parte del seguimiento al hecho sangriento.
Esta información se dio a conocer durante la visita realizada al área de adyacencia por López Villatoro, en compañía de Édgar Reyes Lee y Jaime José Regalado Oliva, electos por el departamento de Petén.
Reyes Lee, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, informó que se pudo constatar que “el Ejército de Belice ingresó en tierras guatemaltecas y se llevó el cuerpo del menor para realizar la necropsia en ese país, algo que es preocupante, por la violación de nuestro territorio”.
La visita al área sirvió también para verificar la situación en la que se encuentran las familias de 36 comunidades colindantes con Belice, y los parlamentarios coincidieron en que “se encuentran en situación de abandono”. Regalado, del bloque Movimiento Reformado, indicó que de lo que más carecen los núcleos es de atención en salud, servicios básicos y educación, “lo que hace que el desarrollo de las comunidades sea poco”.       
Los legisladores fueron acompañados por Williams Mansilla, ministro de la Defensa Nacional, y Carlos Raúl Morales, titular de Relaciones Exteriores, quienes expresaron su preocupación por los hechos acontecidos en la zona de adyacencia el mes pasado.
La disputa territorial con Belice se inició con la firma del tratado Aycinena-Wyke, mejor conocido como el Acuerdo Anglo-guatemalteco de 1859, y por el cual el país cedió el área ubicada entre los ríos Sibún y Sarstún a cambio de una compensación monetaria. El territorio reclamado por Guatemala comprende aproximadamente 11,030 km2.
Por Byron Ramírez

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Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, y Víctor Estrada, viceministro  de Administración Tributaria, acudieron este día a una reunión de trabajo  convocada por diputados del bloque Movimiento Reformador (MR), con el propósito de que informaran de diversos temas, como la baja recaudación tributaria en los primeros meses del año, escasa ejecución presupuestaria y asignación de recursos a los Consejos Departamentales de Desarrollo.
El representante Boris España, jefe de la bancada MR, comentó que el objetivo fue conocer las acciones en diferentes temas, como la distribución de los fondos a las municipalidades mediante los consejos de desarrollo, por las peticiones efectuadas por los pobladores en el área rural, además del compromiso con las clases pasivas y la programación del gasto que no se ha ejecutado y para el próximo año.
“Como país somos vulnerables al cambio climático y no estamos preparados para el efecto de La Niña”, manifestó, en alusión a que no habría fondos para atender emergencias.
“Sin el aporte de Aceros de Guatemala habría una recaudación de Q1 mil millones menos; se tiene que fortalecer la recaudación, y considero que la brecha fiscal podría ser de Q2 mil millones a Q3 mil millones”, concluyó.                      
Estrada puntualizó que de acuerdo al informe de la Superintendencia de Administración Tributaria, la recaudación acumulada al 9 de mayo era de Q19 mil 137.5 millones, pero la meta es de Q19 mil 166.7 millones, por lo que hay una diferencia Q29.2 millones abajo de la meta.
El parlamentario Oliverio García Rodas manifestó que seguirán atentos al accionar de las autoridades, pues les preocupa que no haya recursos disponibles para atender las prioridades en salud, carreteras, seguridad y educación, entre otros rubros.
Por José Castellanos                 

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La Comisión Permanente del Congreso, que preside el diputado Mario Taracena, en reunión con la Instancia de Jefes de Bloque, acordó definir la agenda legislativa para los próximos días, y se tomó la decisión de sesionar extraordinariamente los días 17, 18 y 31 de mayo, así como el 1, 28 y 29 de junio.
Para la primera sesión extraordinaria, convocada para este martes 17, el pleno tiene contemplado conocer la solicitud de interpelación a los ministros de Energía y Minas, y de Salud Pública y Asistencia Social, Luis Alfonso Chang y Alfonso Cabrera, respectivamente.
Asimismo, se incluyen varias iniciativas de ley para ser remitidas a las comisiones de trabajo correspondientes, y después se conocerá la renuncia de Vladimir Aguilar Guerra al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
“Durante las próximas sesiones extraordinarias se irán estableciendo los temas a discutir. En cuanto a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el presidente Jimmy Morales tiene hasta el 25 de mayo para vetarla o sancionarla”, manifestó Taracena.
“En cuanto a la renuncia del magistrado Aguilar Guerra la conoceremos el día de mañana  que es lo que corresponde. Luego habrá que esperar a que regrese el expediente a la CSJ y que esta mande la declaración de vacante mientras tanto no podemos elegir”, comentó el diputado Taracena Díaz-Sol.
Agregó que el Congreso se encuentra en receso parlamentario, lo cual es una atribución establecida en la Constitución Política de la República, con el propósito de que las comisiones avancen en el trabajo de estudio y análisis de las distintas iniciativas de ley.
Por Elizabeth Linares

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Pese a que las 8:45 horas se recibió la carta de renuncia del magistrado Vladimir Aguilar, vocal X de la Corte Suprema de Justicia, la comisión pesquisidora del Congreso decidió, por unanimidad, recomendar al pleno que se le retire la inmunidad para que sea investigado por su presunta participación en el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Un día después de haber sido integrada la instancia, los diputados Luis Fernando Montenegro, Carlos Barreda, Germán Alfonso Hernández, Javier Hernández Ovalle y Ronald Arango escucharon a legisladores de Encuentro por Guatemala y a fiscales del Ministerio Público, quienes ratificaron la denuncia y expusieron las supuestas anomalías cometidas por Aguilar cuando fungió como jefe de la Procuraduría General de la Nación y conoció el proceso de concesión del usufructo de TCQ.
“Tras escuchar al ente pesquisidor y a los diputados hubiera sido necesario escuchar al magistrado Aguilar, pero ello se evitó con la renuncia”, expresó Velásquez, al asegurar que la pesquisidora cumplió con lo establecido, por lo cual elaboró el informe y lo entregó en la Dirección Legislativa.
El presidente del Legislativo, Mario Taracena, informó que el pleno conocerá el martes, en sesión extraordinaria, la renuncia de Aguilar, pues el informe circunstanciado de la comisión pesquisidora queda sin materia.
Por Byron Ramírez

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Convocatoria pública para la discución de la construcción de Iniciativa de Ley de Agua para Guatemala

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Con el propósito de mejorar las condiciones de los privados de libertad  y de los centros carcelarios, el diputado Cornelio Gonzalo García, de la bancada Todos, presentó un análisis de las propuestas de reformas al Sistema Penitenciario que son el resultado de foros efectuados con participación de autoridades del ramo y de la Procuraduría de Derechos  Humanos.
“Con estas modificaciones esperamos que en el país se pueda tener un mejor sistema penitenciario, por lo que hemos trabajado con varias organizaciones para obtener sugerencias, que son parte de las políticas conocidas desde hace algunos años”, explicó el congresista.
Entre las propuestas está la construcción de un centro preventivo con capacidad para albergar a 4 mil privados de libertad, que haya una  unidad hospitalaria específicamente para los reos y que se busque un  mecanismo de mayor seguridad para evitar la violencia en las prisiones y las extorciones.
Finalmente, se hizo una invitación para que organizaciones del Estado y de la sociedad civil presenten sugerencias para mejorar estas condiciones, y presentar un paquete de reformas a la ley del  Régimen Penitenciario que fue aprobada en el 2006.
Por Karla Herrera

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