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La Comisión del Migrante del Congreso de la República, presidida por el diputado Arturo Martínez Dell (TODOS), trabaja en la elaboración de un protocolo de atención al migrante retornado, con el fin de que se garanticen sus derechos cuando ingrese a territorio guatemalteco, tras haber sido deportado o expulsado de EE.UU.

Para el efecto, los congresistas sostuvieron una reunión con autoridades y representantes de la Dirección General de Migración, Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), Consejo de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), Secretaría de Bienestar Social (SBS), Registro Nacional de las Personas (RENAP), Ministerio de Gobernación (MINGOB), Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC.

“Actualmente no existe una ruta de atención para los migrantes retornados. Hemos convocado a distintas entidades para elaborar este protocolo que aborda temas de salud, identificación, seguridad, transporte por mencionar algunas”, explicó el diputado Martínez Dell.

Durante la reunión, los diputados escucharon la propuesta de las autoridades de Conamigua la cual consiste en un diagnóstico previo de la situación que viven los migrantes a su llegada al país. El documento presentado fue admitido por la comisión como referencia para elaborar una ruta de atención adecuada, la cual busca ser fortalecida mediante mesas técnicas que serán dirigidas por el consejo.

“Existe un compromiso de la entidad de velar por los derechos y el bienestar de los migrantes es una prioridad y en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores estamos trabajando en el tema”, manifestó Carlos Narez, Secretario Ejecutivo de Conamigua.

Las entidades fueron convocadas para el próximo 8 de octubre para discutir la participación y las competencias de cada una con el objetivo de enriquecer la propuesta, previo a ser analizada por la Comisión del Migrante del Congreso. Durante la reunión también se abordó la posible reforma a la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala para contribuir con el trabajo de la entidad.

Por Isabel Mazariegos

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El diputado Manuel Conde se reunió con los integrantes de la mesa de trabajo del Programa Nacional de Rescate y Restauración de Institutos Históricos con el fin de buscar soluciones para el  remozamiento los edificios declarados patrimonio cultural y que se descargue del inventario de bienes del Estado los desechos mobiliarios y electrónicos de los centros educativos a nivel nacional.

La mesa de trabajo del Programa Nacional de Rescate y Restauración de Institutos Históricos está integrada por los ministerios de Salud, Educación, Ambiente, Cultura, Defensa y Contraloría General de Cuentas.

Durante la reunión, Oscar  Hugo López Rivas, ministro de Educación, explicó que uno de los grandes problemas es que no se pueden deshacer de escritorios, pupitres, pizarrones  y material electrónico “por ser adquisición del  Estado”, según establece la Contraloría de Cuentas

El diputado Manuel Conde dijo que hablará con las autoridades correspondientes para buscar una solución al problema de los desechos mobiliarios y electrónicos. Informó además que trabajará con los diferentes ministros de gobierno “para rescatar el patrimonio cultural y sobre todo dar un lugar digno a los alumnos que asisten a los centros educativos”.

Los cinco ejes de trabajo son: academia e historia, infraestructura, equipamiento, comunidad educativa,  salud y ambiente. Estos se desarrollarán como plan piloto en los centros educativos que designe el Ministerio de Educación, explicó el diputado Manuel Conde.

El congresista agradeció a los funcionarios por estar prestando la atención requerida “para evitar que la acumulación de desechos en los centros educativos sean foco para la propagación de enfermedades”.

El Programa Nacional de Rescate y Restauración de Institutos Históricos busca el remozamiento del el Instituto Nacional Central para Varones, Instituto Normal Central para Señoritas Belén, Instituto Normal Mixto Rafael Aqueche, Instituto Normal Para Señoritas Centro América y Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales.

Tanto el diputado como los integrantes de la mesa de trabajo, acordaron tener una nueva reunión para continuar con la búsqueda de solución al problema y trabajar en posibles reformas a las leyes que sean necesarias para mejorar lo referente al estado de los centros educativos y el bienestar de los alumnos.

Por Byron Ramírez.

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La Comisión Específica del Congreso de la República creada, por acuerdo presidencial, para fiscalizar la compra de un edificio para uso del Ministerio Público, en la zona 5 de la capital, recibió los primeros documentos para analizar la adquisición y calendarizó una visita al inmueble para este viernes 21 de septiembre.

“Recibimos información del Registro Mercantil, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Contraloría General de Cuentas (CGC), y Registro Nacional de las Personas (Renap). En la documentación sobresale que la empresa que efectuó la venta del inmueble fue constituida por dos sociedades anónimas. Una carece de registro mercantil, teniendo como representante legal a Maynor Enrique Lobos Agustín de 23 años,  quien aparece como representante legal de 60 empresas”, dijo el diputado Juan Ramón Lau, presidente de la Comisión Específica.

Toda la información recabada fue entregada para su análisis a los comisionados quienes programaron la visita al edificio en cuestión para el viernes 21. Estarán acompañados, a petición de los legisladores Fernando Linares, Estuardo Galdámez  y Edna Soto, de un arquitecto y medios de comunicación, para que sean testigos de la evaluación de las instalaciones.

Los  diputados acordaron además citar para la próxima semana a la actual Fiscal General, Gloria Porras; al Procurador General de la Nación y al Contralor General de Cuentas, para que puedan exponer detalles sobre lo que saben sobre la compra del inmueble.

La Comisión Especifica fue creada mediante el Acuerdo 5-2018 de la Presidencia del Congreso del República, e instalada el 31 de agosto. Tiene como mandato el de fiscalizar todo lo relacionado con la compra del edificio para uso del Ministerio Publico ubicado en la zona 5. Está integrada por los legisladores, Juan Ramón Lau (presidente), Delia Back, Fernando Linares Beltranena, Edna Soto y Estuardo Galdámez.

Por Fernando Bolaños

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La Comisión de Integración Regional, que preside la diputada Lucrecia Samayoa, se reunió con autoridades de los Ministerios de Desarrollo y Agricultura, así como con representantes de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), a quienes cuestionó sobre la implementación de programas relacionados con la prevención de muertes en niños con desnutrición.

Según datos presentados por la diputada Samayoa, de enero a la fecha  existen 5 casos de niños fallecidos a causa de desnutrición  en Huehuetenango, 6 en Petén, 8 en San Marcos y 1 en Retalhuleu; razón por la cual solicitó a los cuestionados explicaciones de programas que se desarrollan en los lugares mencionados. “Es alarmante esta situación y debemos encontrar el origen del problema para evitar más muertes en niños por este tema”, dijo la legisladora.

Juan Carlos Carías, titular de la Sesan, dijo que “la desnutrición que vive Guatemala en general, presenta indicadores penosos”. En su opinión la coordinación y la respuesta al problema debe tomar en cuenta las necesidades que plantean los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES- y las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional -COMUSAN-.

“También se debe tomar en cuenta al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN- y a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural –CONADUR-, como entes colegiados que están constituidos para darle solución a la problemática local, y en donde deben plantearse soluciones viables”, dijo el funcionario.

El viceministro de Desarrollo,  Carlos Vidal, habló de la existencia de algunos bonos que son entregados a familiares de niños con desnutrición aguda y que son de escasos recursos. “En algunos casos ese dinero no es utilizado de manera adecuada por los beneficiarios, lo que agrava la situación”, lamentó.

Al finalizar la reunión los diputados recomendaron a los funcionarios dar el debido seguimiento a este tema, en especial en área rural del país, que capaciten al personal que trabaja directamente con los afectados y que verifiquen que los bonos sean distribuidos y utilizados correctamente. De todo ello estarán vigilantes.

Por Estuardo Zeceña Santiago

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Como parte del proceso para analizar la solicitud de antejuicio en contra del Presidente de la  República por financiamiento electoral ilícito, los diputados de la  Comisión Pesquisidora, entregaron este miércoles el listado de terceras personas que serán escuchadas como testigos en el caso.

Dentro del listado se encuentran empresarios, fiscales y coordinadores de distintos partidos políticos, quienes serán notificados para que se presenten a brindar informe sobre lo ocurrido durante el proceso electoral del 2015.

“Hoy recibimos el listado de las terceras personas que los diputados, que integran la comisión  pesquisidora, consideran deben ser escuchadas. Ahora se hara el proceso de depuración, y luego solicitaremos al Ministerio Público las direcciones para hacer las notificaciones y citaciones para que comparezcan ante la Comisión”, aseguró el diputado Luis Fernando Montenegro, presidente de esa instancia. Agrego que esperan escuchar a más de 100 personas. “Cada una  tendrán 15 minutos cada uno para exponer sus argumentos en el caso”.

Entre los citados están al menos 68 fiscales, electos al azar, entre los casi 3 mil que participaron en distintos puntos del país, en  las recientes contiendas electorales.

Dentro del cronograma se tiene previsto escuchar, para el próximo lunes 24, a los representantes de la Corte de Constitucionalidad, el 1 de octubre al Ministerio Público, el 2 de octubre a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG),   4 se octubre al  Tribunal Supremo Electoral y para el 12  de ese mismo mes, al presidente de la República Jimmy Morales o su representante.

Por Karla  Herrera

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La iniciativa 5496, Ley del Presupuesto General de Ingresos y  Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, por un monto de Q89 mil 775 millones con  64 mil quetzales, fue conocida durante la sesión ordinaria de este martes, y enviada  a la Comisión de Finanzas para su estudio y dictamen.

La propuesta fue trasladada el 31 de agosto por el Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas, para su trámite. En la exposición de motivos se da a conocer que el monto solicitado es de acuerdo al escenario macroeconómico y fiscal que se perfila para el país, las expectativas de crecimiento económico, así como las proyecciones de recaudación tributaria y de las fuentes financieras  para el 2019.

Durante la sesión ordinaria de este martes también pasaron en primera lectura las iniciativas de ley 5154 y 5156, para la aprobación de la Ley Orgánica de la Procuraduría  General de la Nación

Uno de los objetivo de las propuestas es reformar la ley que fue aprobada en 1948, y  actualizar algunos datos. Entre los cambios está instalar delegaciones de la Procuraduría en los departamentos. En el tema de la defensa de la niñez  se propone la participación de las diferentes entidades del gobierno.

Superado el punto anterior, el pleno aprobó con 81 votos, en su tercera lectura, la  Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, quedando pendiente la discusión por artículos y redacción final.

Para la sesión programada para este miércoles se espera que la iniciativa de ley temporal para la agilización de la ejecución del libramiento de la cabecera departamental de Chimaltenango, sea conocida por artículos y redacción final, al igual que la propuesta de reformas a la Ley de Tránsito.

Por Karla  Herrera

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Los integrantes de la Comisión Pesquisidora examinaron públicamente el expediente de antejuicio (185-2018), promovido por el MP y CICIG en contra del Presidente Jimmy Morales, por supuesto Financiamiento Electoral Ilícito, el cual consta de 5 mil 323 folios.

Por más de tres horas los congresistas se turnaron para leer el amplio expediente, que contiene los argumentos vertidos por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para solicitar el desaforo del mandatario.

“Ya contamos con un cronograma que nos permite llevar a cabo un trabajo ordenado y transparente con el fin de analizar a fondo los argumentos de ambas partes”, expresó el presidente de la Comisión, diputado Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala.

El Vocal III de la sala, diputado independiente Boris España, dijo que van a analizar las pruebas. “Lo esencial es tener todas las evidencias que sean necesarias para hacer un trabajo objetivo, donde prevalezca la transparencia y la apertura a la población, paso por paso”.

Tras examinar el expediente, la Comisión fue convocada para el próximo jueves. Ese día  escucharán los audios que forman parte de los medios de prueba. El 1 y el 14 de octubre, se llevarán a cabo las audiencias, donde las partes deberán presentar sus pruebas de cargo y descargo.

Al finalizar su investigación y consideraciones, la Comisión emitirá un informe circunstanciado del que dará cuenta al Pleno (el 25 de octubre), en sesión ordinaria del Congreso, tal y como establece la Ley en Materia de Antejuicio, en su artículo 17.

“La misión de la Comisión Pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del pleno los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos investigados tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia común, y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos”, dice la Ley.

El informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora deberá contener la información que haya recabado e incluirá los documentos que considere pertinentes y todos aquellos que le hayan sido entregados en el ejercicio de su función. Los miembros de la comisión, en forma individual, podrán hacer las observaciones que consideren pertinentes y deberán incluirse en el expediente.

Por Isabel Mazariegos

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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, presidida por el diputado Ferdy Elías, emplazó al  Ministerio de Finanzas (Minfin), para que en un término de 24 horas les envíe un informe sobre la fuente de financiamiento y el impacto que tendría para el erario nacional aprobar la iniciativa 5438, que establece una ampliación al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2018, para el Ministerio de Educación.

“Hemos insistido en que se dé cumplimiento al artículo 94 de la Ley de Presupuesto, en cuanto a que es obligación de la cartera de Finanzas emitir un informe del costo financiero que representan los compromisos adquiridos en este pacto”, aseguró el vicepresidente de la sala legislativa, diputado Rudy Castañeda (UCN).

El congresista lamentó que el referido procedimiento no haya sido trasladado a la Comisión, lo que a su consideración ha atrasado la emisión del dictamen de la propuesta. “Es importante contar con este informe, ya que dará el aval que permita dar la “viabilidad” a dicha ampliación y el origen de los fondos que financiarán este compromiso”, dijo.

El jefe de la Dirección Técnica de Presupuesto del Minfin, Juan Ortiz, se justificó diciendo que en el mes de abril la cartera del tesoro remitió una opinión del proyecto de ley y “no puede haber un informe sin la homologación de la iniciativa”.

Para los legisladores las condiciones del préstamo ya están establecidas entre las partes. “Lo que se busca es la responsabilidad del órgano rector de las finanzas en el país, con lo que se aseguraría que se cuenta con el espacio presupuestario y fuente de financiamiento que permitan darle un dictamen favorable a la propuesta”, concluyó el presidente la Comisión.

La iniciativa fue propuesta por el Organismo Ejecutivo y busca que se apruebe una ampliación presupuestaria  de Q961 millones 755 mil 970 para el Ministerio de Educación, que tiene como objeto honrar los compromisos que se deriven de la suscripción del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de la referida entidad a cargo del Estado.

Por Karen Mendoza

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La Comisión del Menor y la Familia se reunió con representantes de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación  y Trata de Personas (SVET), para conocer su ejecución presupuestaria a la fecha y las necesidades presupuestarias de la institución para 2019.

Carlos Mazariegos, financiero de SVET, informó que hasta el 17 de septiembre han gastado Q12 millones, el 62.24% del presupuesto. Agregó  que  desde el año 2016 han trabajo con un presupuesto de Q14 millones, lo cual no es suficiente para cubrir la inversión de los proyectos de prevención, por lo que en los últimos dos años han tenido que pedir ampliación  presupuestaria.

Los funcionarios solicitaron apoyo a la Comisión para que el presupuesto del 2019 aumente de Q14 millones a Q21millones. “Esto para poder mejorar la atención de los menores y garantizar un mayor desarrollo e implemento de los programas que se tienen previstos”, dijeron.

La diputada Sandra Morán, Convergencia, expresó su preocupación hacia las necesidades de la institución: “No podemos seguir con estos números, debemos prestar mejor atención a las instituciones que defiendan los derechos de los niños. Lo que esta secretaría hace es combatir uno de los negocios más millonarios del mundo, que es la venta y trata de personas\".

Por su parte, el diputado Walter Félix, URNG, recomendó a los representantes de SVET que se reúnan con la Comisión de Finanzas para evitar que se reduzca el presupuesto que solicitaron para el 2019. “Agradezco a la institución el compromiso para luchar contra la trata de personas  y el esfuerzo que hacen con lo poco que tienen”, agregó el legislador.

También expresó que le gustaría sostener una nueva reunión en noviembre para conocer el plan que tiene la secretaría para ejecutar el presupuesto del próximo año.

Por Astrid González

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