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Para el 31 de mayo se fijó la elección del magistrado que sustituirá a Vladimir Aguilar en la Corte Suprema de Justicia, según acuerdo alcanzado este lunes por la Instancia de Jefes de Bloque.
Además, se acordó conocer otros temas durante la tercera reunión extraordinaria convocada para ese día, al concluir la sesión solemne por los 31 años de promulgación de la Constitución Política de la República.
Entre los temas que se abordaran durante la plenaria están: conocer iniciativas de ley, la elección de dos diputados para integrar la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y discusión por artículos de la Ley de Contrato de Factoraje o Descuento.
En la reunión también se escuchó al presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, César Salazar Grande, quien resaltó la importancia que Guatemala tendría al integrar esa instancia para resolver problemas legales que se generan en el Istmo.
Por su parte, la viceministra de Finanzas, Rosana Farfán, quien también asistió a reunión, aseguró que se debe buscar la fuente de financiamiento para los US $720 mil dólares anuales que se debe pagar si los magistrados guatemaltecos se integran a esa Corte.

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Preocupados por el alto índice de mortandad en neonatos y la baja ejecución del programa de alimentos, integrantes de las Comisiones de Salud, Seguridad Alimentaria y Extraordinaria de Fiscalización de Compras del Sector Salud se reunieron con funcionarios de las diferentes instituciones involucradas en el tema.
“Guatemala está viviendo la peor crisis en materia de seguridad alimentaria y de mortandad infantil, y vemos con preocupación que en el primer cuatrimestre del año aún no existe la coordinación entre las distintas instituciones, en casos que visiblemente pudieron haberse evitado”, enfatizó Luis Hernández Azmitia, presidente de la primera sala citada.
Explicó que las muertes se deben a falta de control prenatal, nacimientos prematuros, complicaciones en el parto y diversas infecciones, y estima que casi la mitad podría haberse evitado si cada madre y recién nacido hubieran tenido acceso a la atención primaria.
Rodolfo Zea, viceministro de Atención Primaria, de la cartera de Salud, indicó que el problema no es nuevo, pues a finales del 2014 y todo el 2015 no se contó con las 180 mil dosis necesarias para vacunar a los niños de entre 0 y 5 años. “A pesar de este  panorama, estamos uniendo esfuerzos que ayuden a minimizar los índices tan alarmantes que tenemos”, expuso.
En la cita se habló de que en el tema alimentario las cifras no parecen ser alentadoras, pues en lo que va del año no se registra la implementación de las estrategias en esa materia. Leonidez Morán, viceministro de Desarrollo Social, dijo que en no menos de 20 días iniciará el programa transferencia condicionada y el plan piloto de tarjeta de débito, teniendo como prioridad las personas de la tercera edad y mujeres con hijos con enfermedades terminales, entre otros.
Al concluir la cita, el presidente de la Comisión de Salud mostró su preocupación y manifestó: “Necesitamos acciones concretas. Hasta hoy se registran 59 muertes de recién nacidos en el Hospital de Sololá; además, enfermedades como la tosferina, que se consideraban erradicadas en el país, han vuelto, con por lo menos 95 casos documentados y 1 muerte, atribuibles a la falta de vacunación”.
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la mortalidad infantil en Guatemala aún es muy alta comparada con otros países de América Latina, alcanzando 44 por mil nacidos vivos, siendo la mayoría de estas muertes prevenible, pues son causadas principalmente por diarreas y enfermedades respiratorias agudas.
La desnutrición crónica afecta a 8 de cada 10 (80 por ciento) de los niños y las niñas indígenas. La crisis económica global y los efectos del cambio climático, especialmente sequías, están afectando aún más las economías y la subsistencia de las familias indígenas y de las más pobres, siendo los infantes los más afectados. Cerca de 3 millones de guatemaltecos carecen de acceso al agua potable y aproximadamente 6 millones no tienen acceso a servicios de saneamiento mejorado.
Por Karen Mendoza

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La Bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) entregó al Ministerio Público (MP) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) la  lista de 1 mil 233 offshore   guatemaltecas registradas en Panamá, 447 bufetes jurídicos y 527 personas individuales para que investigue la legalidad de su constitución y la procedencia del dinero con el que operan, tanto por la vía legal como tributaria.
“No puede ser que Guatemala sea el sexto país con más offshores (empresas de papel) en Panamá  y el que menos impuestos recauda”, expresó el diputado Carlos Barreda, quien solicitó a la SAT y al presidente interino del Banco de Guatemala, Sergio Francisco Recinos Rivera, que además envíen sus propuestas para reformar la Ley de Bancos, y crear mecanismos legales para controlar así a estas empresas.
La Secretaria General del MP, Mayra Veliz, aseguró a los diputados que hace dos meses que investigan a las referidas empresas, luego de que salió a luz el escándalo conocido como los “Papeles de Panamá” tras una investigación hecha por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Aunque su creación y operación es aparentemente legal estas sociedades offshore, se pueden utilizar para ocultar patrimonio, dinero procedente de actividades ilícitas o para ocultar dinero al fisco o a las autoridades públicas de los países que las utilizan. Con algo más de US$200 se puede registrar una de estas sociedades en una jurisdicción offshore.
Juan Francisco Foppa, titular de la SAT, quien también acudió a la audiencia de la UNE, opió que “debe ser levantado el secreto bancario para que otros países nos compartan información tributaria valiosa para fiscalizar”.
Al concluir la reunión, y tras recibir insumos de todos los invitados,  el diputado Orlando Blanco, jefe de bancada de la UNE, pidió a la SAT, Superintendencia de Bancos y MP que hagan su mayor esfuerzo, cada uno en su rama, para investigar si las actividades de las firmas guatemaltecas son lícitas. Los instó a constituir una mesa técnica para intercambiar información y  determinar si por medio de estas empresas de papel se están evadiendo impuestos, con el fin de deducir responsabilidades civiles y penales a los responsables.
Antecedentes
¿Qué es una sociedad offshore? ¿Para qué se utiliza? Se llama 'offshore' a cualquier sociedad creada según las leyes de un Estado extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la que está registrada. Por esta razón, el término se utiliza para denominar aquellas compañías creadas en un paraíso fiscal, donde no llevan a cabo ninguna actividad sino que aprovechan las ventajas fiscales y de secretismo de la jurisdicción.
¿Qué son 'Los Papeles de Panamá? Se trata de la mayor filtración de información de la historia con 11,5 millones de documentos internos del despacho Mossack Fonseca.
¿Quién es Mossack Fonseca? Es un despacho de abogados creado en Panamá en 1986,
¿Quiénes aparecen en los Papeles de Panamá? Doce jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, pero también futbolistas, empresarios y actores.
¿Qué jurisdicciones aparecen en los documentos? La mitad de las sociedades que aparecen en los documentos internos de Mossack Fonseca fueron registradas en Islas Vírgenes Británicas.
¿Es ilegal tener una sociedad en un paraíso fiscal? No, es legal siempre y cuando el beneficiario declare la sociedad a las autoridades fiscales del país en el que reside.
¿Cuál es la importancia de los Papeles de Panamá? Los documentos filtrados, de un tamaño de 2,6 terabytes, contienen información sobre 214.488 entidades “offshore” conectadas a gente de más de 200 países. 
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https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.108986887.448432396.1462829409

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Diputados del bloque Encuentro por Guatemala (EG) citaron a funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para evaluar las acciones emprendidas tras conocerse el contrato de usufructo oneroso suscrito entre Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
La diputada Nineth Montenegro cuestionó a las autoridades de la PGN por no atender a la solicitud de revisar la declaración de lesividad o su nulidad total por supuestas irregularidades, a pesar de que en julio del año 2013 esa bancada lo requirió. “Los procuradores que han conocido del caso no han querido accionar pese a que la ley los faculta; hay varios dictámenes que contravienen y los responsabilizan”, refirió.
Además, dijo que analizan denunciar penalmente a la titular de esa institución, María Eugenia Villagrán, “porque ella ya estaba al frente cuando Saúl Oliva, designado por el exprocurador Vladimir Aguilar, fungía como abogado para tratar todo lo relacionado con la solicitud de lesividad del contrato de TCQ”.
Villagrán no acudió a la citación argumentando quebrantos de salud y presentó un certificado médico.
Montenegro agregó que han pasado varias semanas desde que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala revelaron la forma en que se concretó la negociación, y la PGN no ha solicitado la nulidad del convenio a pesar de haber recibido la orden superior de forma verbal y escrita.
Durante el desarrollo de la reunión, Carlos Mencos, jefe de la CGC,  recordó que presentó una denuncia contra su antecesora Nora Segura, y dijo que los investigadores le han solicitado más información del caso. 
Enrique Godoy, comisionado presidencial de puertos y aeropuertos, manifestó que “hay 27 contratos públicos en análisis, y en 14 de ellos hay acciones legales para que sean rescindidos”.          
Como resultado de estas anomalías, en el Congreso de la República se han conocido y declarado con lugar dos antejuicios en contra de Douglas Charchal y Aguilar, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, y el último cuando estuvo al frente de la PGN, vinculados al caso TCQ.
Por José Castellanos 

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El Centro Universitario de Chimaltenango (Cundech) podría ser instalado cerca de un área donde funcionan dos empresas que almacenan grandes cantidades de gas licuado, por lo cual las diputadas Delia Back y Eva Nicolle Monte, del bloque Alianza Ciudadana, citaron a diferentes funcionarios para indagar  las medidas de seguridad que tomarán para mitigar los riesgos.
La diputada Monte explicó que el edificio que pretenden adquirir para el Cundech tiene una ubicación estratégica, pero se encuentra en las cercanías de Z Gas y Pan Bimbo. “Sin embargo, tenemos que constatar hasta el último detalle sobre las medidas de mitigación que necesitarían para minimizar al máximo los riesgos de cualquier percance, pues entre las 2 almacenan no menos de 40 mil libras de gas licuado”, detalló.
En primera instancia cuestionaron al ministro de Energía y Minas, Luis Chang, sobre la vigencia de las licencias de funcionamiento de las empresas, y este explicó que ambas están trabajando conforme la legislación vigente; similar respuesta ofreció el Alfonso Alonzo, viceministro de Ambiente.
La congresista Back y el representante de la Universidad de San Carlos, Frank González, coincidieron en que este es un proyecto importante para el departamento, por lo que debe ser impulsado, y para el efecto se reunirán con autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, en busca de las recomendaciones finales.
Por Mayra Recinos

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Durante una reunión sostenida con los diputados de la Comisión de Deportes, el viceministro de Cultura y Deportes, Erick Sosa, explicó que continuarán los trabajos hasta finalizar la construcción del estadio municipal de Mixco, pesé a que la Contraloría General de Cuentas de la Nación sigue investigando una supuesta sobrevaloración.
“El proyecto debe finalizarse; si la Contraloría determina la sobrevaloración, se deberá presentar la denuncia ante el Ministerio Público. También se hará del conocimiento que la actual administración municipal no tiene ninguna responsabilidad en este proyecto”, dijo el funcionario.
Agregó que a la fecha, la obra tiene un avance físico de 54 por ciento y se han desembolsado un 48 por ciento de los Q26 millones asignados; por ser una obra que servirá para el entretenimiento es competencia del Ministerio de Cultura y Deportes velar por su finalización.
Billy Maldonado, concejal Primero de la Municipalidad de Mixco, explicó que les interesaba saber si los trabajos continuarían, pues “la población espera tener su estadio desde hace varios años”.
Los legisladores dijeron que las explicaciones brindadas por el viceministro los dejaron satisfechos, y esperarán el informe que rinda la Contraloría para determinar qué acciones podrían interponer.
En otro tema, el diputado Mario Velásquez, quien preside dicha Comisión, comentó que iniciaron el proceso para instalar una mesa técnica que se encargará de elaborar las propuestas para reformar la Ley del Deporte, aprobada hace 20 años.
Por Selvin Rustrián

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Con el propósito de avanzar en la agenda legislativa, los diputados al Congreso efectuaron la segunda sesión extraordinaria del receso legislativo, que comprende del 16 de mayo al 31 julio.
Durante la sesión del miércoles se conocieron diez iniciativas de ley, las cuales fueron enviadas a las distintas comisiones de trabajo para su estudio, análisis y dictamen; entre ellas destacan las reformas a la Ley Orgánica del Seguro Social, Ley  Marco del Agua (solicitada por grupos de la sociedad civil) y cambios al  Código Municipal.
Asimismo, se conocieron distintos temas en segundo debate, como otra propuesta de reforma al Código Municipal, el acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria sobre privilegios e inmunidades.
En tanto, los proyectos para la aprobación de la Ley de la Carrera Judicial y del Contrato de Factoraje o Descuento, que serían aprobados en tercera lectura, serán conocidos en otra sesión, con el propósito de  analizarlos detenidamente.
Al concluir la plenaria, los legisladores fueron convocados para el 31 de mayo, para acudir a la sesión solemne para celebrar los 31 años de la Constitución Política de la República.
Por Karla Herrera

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Diputados que integran la Comisión Legislativa de Gobernación, presidida por el diputado Napoleón Rojas, cuestionaron a las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario por el despido de personal de diversos renglones y la utilización de recursos del Estado para la remodelación de centros carcelarios y compras de motocicletas.
A la citación asistieron el viceministro Mario René Álvarez y el director de Presidios, Luis Carlos De León Zea, quienes aseguraron que hubo 80 despidos de trabajadores no permanentes e innecesarios, ubicados en  la oficina central, quienes devengaban salarios de entre Q10 mil y Q30 mil mensuales, que representaban un gasto superior a Q1 millón por mes.
Otro de los temas tratados fue el gasto de Q1 millón en motocicletas que, según denuncias, fueron sobrevaloradas, por lo cual los legisladores solicitaron un informe de la cantidad y el total.
Asimismo, se habló del gasto de casi Q2 millones en la remodelación de diferentes áreas del Centro Preventivo para hombres en Escuintla, que no se concluyó; De León Zea aseguró que expertos de la Universidad de San Carlos efectúan un estudio para determinar el precio real de la remodelación y evitar costos extras.
Al concluir la reunión, Rojas manifestó que se dará seguimiento a esos temas, por lo cual en dos semanas se realizará una nueva cita  para determinar si los despidos son justificados y el precio real de las motos.
Por Karla Herrera

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Las Comisiones de Salud y Extraordinaria de Compras al Sector Salud, coordinadas por Luis Hernández Azmitia y Jorge Estuardo Vargas, respectivamente, continúan el análisis de la iniciativa 5075, que propone  reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.
El objetivo es proporcionar un marco legal transparente y dinámico a las unidades ejecutoras, para mejorar el abastecimiento de la red hospitalaria, indicó Hernández  Azmitia. “Si bien está iniciativa no viene a subsanar toda la problemática del abastecimiento de los hospitales ni del sistema de salud, es uno de los grandes pasos que se tiene que tomar para atender la crisis actual”, afirmó.
Además, se propone que el Instituto Nacional de Estadística tenga bajo su responsabilidad revisar permanentemente el comportamiento de los precios institucionales de bienes y servicios, para lo cual se establecerá una cooperación con la Dirección General de Adquisiciones del Estado.
“En nuestra opinión, el sector salud debería tener una ley independiente de la Ley de Contrataciones normal, pues esta fue estructurada para obras, no para medicamentos y material médico”, comentó Leonel Rodas, director del Gremial de Farmacéuticos de Cámara de la Industria.
Mario Figueroa, viceministro de Hospitales, calificó de positiva la propuesta, pues se contó con el trabajo y participación de  todos los sectores involucrados: “Es necesaria su aprobación para utilizar de una manera más efectiva los fondos que tenemos disponibles, pues no podemos comprar lo que se necesita porque se nos establece un techo de Q90 mil para insumos durante 4 meses”, explicó.
Las salas de trabajo del Legislativo se reunirán nuevamente para discutir los artículos y, de ser necesario, hacer las modificaciones correspondientes.
Por Rosemary Recinos

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