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Los presidentes de las Comisiones de Paz y Desminado, Edwin Maldonado Lux, y de Trabajo, Ovidio Monzón, se reunieron con autoridades y sindicalistas de la Secretaría de la Paz (Sepaz), del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), viceministros de Trabajo y delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos en busca de llegar a un acuerdo para instalar una mesa de diálogo por el despido de 27 trabajadores.
“Es necesario que se instale una mesa para llevar los problemas y discutirlos; nosotros solo seremos mediadores, pero es necesario que se resuelva lo antes posible para evitar más conflictos”, manifestó el parlamentario Monzón, de la bancada Todos.
Rigoberto Casasola, de la Sepaz, Marco Tulio Salazar, del PNR, se limitaron a decir que llevarán el mensaje, pero no aseguraban que se iniciarán los acercamientos.
Los sindicalistas manifestaron que es necesario llevar este proceso hasta las últimas instancias, pues se dieron “despidos injustificados”. “Las autoridades están pidiendo que renuncien para volverlos a contratar y eso no está en ley; por esa situación se ha emplazado dos veces a la institución y, a pesar de eso, siguen los despidos”, enfatizó César Arrecis.
El parlamentario Maldonado Lux, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo esperar que dicho conflicto laboral no afecte los  procesos a favor de las víctimas del conflicto armado interno. “Es necesario llegar al diálogo lo más pronto posible para trabajar con un solo objetivo: beneficiar a la población”, aseveró.
Por Selvin Rustrián

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Con el propósito de mejorar la movilización de los motoristas en el país, el diputado de la bancada Frente de Convergencia Nacional, Edgar Armando Sandoval, presentó una iniciativa de ley de prevención a la delincuencia de motoristas.
La iniciativa presentada a la Dirección Legislativa del Congreso de la República, busca que se retire la obligación de utilizar el chaleco color naranja a los pilotos de motocicleta.
Además, pretende que se instaure la clasificación de las licencias para conducir motocicletas como Tipo “B”. para mayores de edad que empiezan a conducir motos y la tipo “A”, para quienes ya llevan más de dos años con licencia y que utilizan dicho vehículo para trabajar, entre ellos quienes conducen mototaxis, mensajeros y los repartidores de productos a domicilio.
“La propuesta de ley que hoy presentamos pretende dejar sin efecto el chaleco de color naranja, para hacer ver a la población que no todos los motociclistas son delincuentes, por lo que no se les debe marcar con un color”, destacó el diputado Sandoval.
Por su parte David Aguilar del movimiento de Motoristas Unidos, aseguró que la eliminación del chaleco naranja los ayuda a que la población no los marque como posibles delincuentes y añadió que para identificar a los motoristas existen los números de la placa de cada moto.
Aguilar añadió que apoyan la clasificación de las licencias, la cual busca evitar que menores de edad conduzcan sin la experiencia y la responsabilidad necesaria.
Según las estadísticas oficiales, actualmente existen más de 1 millón 200 mil motos que circulan diariamente en el país, por lo que se espera que la propuesta tenga el apoyo necesario para ser aprobada lo antes posible.

Por Karla Herrera.

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Integrantes de la Comisión Extraordinaria de la Juventud, presidida por Eva Nicolle Monte, de Alianza Ciudadana, entregaron este jueves a Silvia García, magistrada de la Cámara de Amparos y Antejuicios, una iniciativa de reformas al Código de Trabajo, la cual tiene como fin promover las pasantías en el sector público y privado para generar mayores oportunidades de empleo.
Carlos Enrique López, secretario de la sala legislativa y representante de la Unidad Nacional de la Esperanza, explicó que la aprobación de esta normativa traería un cambio significativo debido a que el 33 por ciento de la población económicamente activa está comprendida por jóvenes de entre 15 y 29 años, a quienes se proveerían oportunidades para optar a más trabajos.
“La idea es que los recién graduados de las distintas casas de estudios puedan acceder a una pasantía, la cual sirva como un requisito y facilite que en la empresa o institución del Estado donde apliquen les enseñen de una forma integral el trabajo asignado”, aseguró el congresista.
La propuesta contempla cambios a los artículos 170, 171, 172, 173 y 174; resaltan que al momento de finalizar la pasantía la empresa o entidad donde se haya desarrollado deberá de extender un documento que certifique la experiencia.
La magistrada García manifestó su respaldo a los diputados debido a que considera importante la unificación de criterios y esfuerzos, con el propósito de que se aprueben leyes que beneficien a los jóvenes de forma cuantitativa y cualitativa.
Según el Instituto Nacional de Estadística actualmente hay 16 millones 470 mil guatemaltecos, de los cuales 6.3 millones conforman la Población Económicamente Activa y más de un millón, en su mayoría jóvenes, afronta desempleo.
Por Karen Mendoza

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Durante una citación de la Bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a la titular de la Dirección General de Migración, Carolina Miranda; el diputado Orlando Blanco pudo evidenciar que la crisis por la falta de pasaportes podría adelantarse a mediados de octubre y no a finales de ese mes como lo tenían previsto las autoridades, debido al incrementado de solicitudes para obtener dicho documento.
La Directora de Migración, reconoció el aumento de solicitudes en las últimas semanas, asegurando que para que no se  produzca una crisis, la única salida para adquirir un millón de cartillas, es que el Congreso de la República pueda aprobar una enmienda a la ley de compras y contrataciones del Estado, por una única vez.
Sin embargo, la opinión de la Contraloría General de Cuentas va más allá al asegurar que “la salida más viable es que el Ejecutivo decrete un Estado de Calamidad para la compra de libretas o cartillas de pasaportes”, afirmó el Subcontralor de calidad del Gasto Público, César Elías.
El subcontralor agregó que la salida que busca migración es la más difícil, debido a que el Congreso no puede legislar para un caso en concreto, ya que la norma es general, puntualizó Elías.
Al respecto el jefe de la bancada UNE, Orlando Blanco recomendó a Miranda aceptar la recomendación de la Contraloría, asegurando que debido a la crisis la bancada de la UNE estaría apoyando el Estado de Calamidad siempre se dé todo de una forma transparente y por una única vez.
“No puede ser que cada año se tenga una crisis similar”, opinó Blanco, agregando que esta clase de situaciones lo que genera son dudas sobre si hay una intención de generar problemas, para luego comprar de forma directa las cartillas y beneficiarse con algun soborno, concluyó.
Al respecto de la recomendación la directora de Migración optó por no fijar una postura al respecto.
Reuniones con Polonia   
Durante la citación la Directora admitió haberse reunido con Patricia Staszewska representante de mercadeo de la embajada de Polonia acreditada en México, para conversar sobre el servicio de emisión de Cartillas de ese país para Guatemala, algo que a criterio del Diputado Orlando Blanco llama la atención debido a que aun no existe una autorización legal para que se realice este tipo de temas, lo cual deja entrever que hay un interés de la actual administración en torno al negocio de las libretas.
Otro de los temas que llamó la atención de los legisladores fue que la reunión se dio este lunes sin el conocimiento del Ministro de Gobernación Francisco Manuel Rivas Lara, por lo cual Orlando Blanco solicitó un informe a Miranda de lo que se hablo ahí, “ya que se puedo dar un tráfico de influencias”.

Por Byron Ramírez.

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Juan José Porras, diputado de Visión con Valores y subcoordinador del Frente Parlamentario Contra el Hambre (FPH), acompañado de homólogos de ocho países de Mesoamérica y Colombia, se reunieron con el propósito de definir una agenda conjunta que permita contribuir en la lucha contra el hambre y la erradicación de la desnutrición crónica en América Latina y el Caribe.
El primer encuentro Mesoamericano de Frentes Parlamentarios contra el Hambre se llevó a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica, con el fin de unir esfuerzos y llevar a cabo acciones conjuntas que permitan avanzar en el ámbito legislativo para contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible y del plan de seguridad alimentaria y erradicación del hambre, que son compromisos asumidos por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Con la actividad se buscó avanzar en el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional Celac 2025, así como fortalecer los lazos de cooperación de los países de la región, intercambiar experiencias y definir las áreas prioritarias de las agendas legislativas que permitan reducir la pobreza, el hambre y la malnutrición en los Estados miembros.
Al finalizar el evento se acordó que los parlamentarios que coordinan este frente presentarán la propuesta con las prioridades subregionales obtenidas en este encuentro, en el VI Foro Regional de Frentes Parlamentarios de América Latina y el Caribe, a realizarse en la ciudad de México en noviembre.
Por Elizabeth Linares

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La congresista Nineth Montenegro, jefa de la bancada de Encuentro por Guatemala, fue notificada este jueves por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la resolución que admite para su trámite el amparo promovido contra la Presidente y Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y los ministerios de Salud y Finanzas Públicas, por incumplir la Ley de Contrataciones del Estado al no abastecer la red hospitalaria.
“Estoy congratulada por la resolución y espero que ahora las autoridades compren medicamentos para surtir los hospitales, porque muchos guatemaltecos los necesitan y se están muriendo porque no tienen cómo curarse; confiamos en que se cumpla lo que se ordena”, manifestó la parlamentaria.
En la resolución de la CSJ se fija un plazo de cuarenta y ocho horas a las autoridades para que envíen un informe circunstanciado y los antecedentes del caso.
Montenegro dijo espera que “lo antes posible se resuelva el problema del abastecimiento”, pues de contrario las autoridades podrían cometer delitos “al no ayudar a la población”.
Por Selvyn Rustrián

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Con la aprobación del Código de Migración en el Congreso de la República, además de dignificar al migrante también se busca fortalecer la red de protección consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la asignación de los recursos obtenidos por concepto de la emisión de pasaportes.
La iniciativa 5121 establece la forma en que se distribuirán los fondos privativos que se obtengan. “Se contempla que un 25 por ciento de los recursos sean trasladados a Cancillería especialmente para la ampliación de la red consular”, explicó el  presidente de la comisión del Migrante, Jean Paul Briere, de la bancada Todos, quien ha impulsado su aprobación.
De acuerdo con el legislador, la intención es mejorar el servicio y la atención a los connacionales en el extranjero, por lo que se estipula un plazo para que la Cancillería, incremente la cantidad de sedes consulares en las ciudades donde resida una cantidad considerable de migrantes guatemaltecos.
“Este es uno de los temas importantes que contiene el Código de Migración, para el funcionamiento de los consulados. Vamos a esperar a ver como queda pero en general es importante poder modernizar la legislación en materia migratoria. Hay una serie de figuras que contempla el derecho internacional que es importante dejarlas establecidas”, comentó por su parte el canciller Carlos Raúl Morales.
Los legisladores coinciden una vez más en la importancia que tiene continuar con la discusión de la iniciativa 5121, por lo que esperan que en la plenaria del martes 30 de agosto puedan concluir la aprobación de los libros II y III que contemplan de los artículos del 112 al 246.
Ratifica participación en elección de Conamigua
Por otro lado, el presidente de la comisión del Migrante, Jean Paul Briere, ratificó su intención de participación en el proceso de elección para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).
“El plazo para presentar el expediente vence mañana (viernes) a las 16:00 horas. A eso de las  15:00 horas estaría  presentando mi  documentación”, expuso el congresista de la bancada Todos, al anticipar que se inhibirá de conocer el proceso de selección como presidente de la comisión, ya que esta instancia es la que propone al pleno una lista de cinco aspirantes al cargo.
De acuerdo con la información de la comisión del Migrante, al momento se han presentado 27 expedientes de aspirantes al cargo de Secretario y Subsecretario de Conamigua, de los cuales se seleccionará a cinco profesionales con experiencia de al menos 3 años en materia de migrantes, pues la elección se llevaría a cabo en unos tres meses.

Sayda Galicia.

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El congresista Carlos Fión, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, se reunió con María Alejandra Má, viceministra de Comunicaciones encargada de Infraestructura, y Armando Castillo, titular de la Dirección de Conservación Vial (Covial), para tratar el tema de la red vial del departamento de Peten y de Río Dulce, Lívingston, Izabal.
“Es una mesa de trabajo para verificar el esfuerzo que las autoridades están haciendo y buscar una solución viable a los problemas que afronta todos los días la población que circula en diferentes rutas del país”, manifestó el diputado.
Según la funcionaria, ya se iniciaron las gestiones para que varios tramos de Petén sean trabajados en septiembre. “Otra ruta que preocupa es el tramo de La Ruidosa hacia el puente de Río Dulce; allí se determinó que una minera afecta el asfalto y no se puede hacer nada al respecto. Solo se ha solicitado apoyo a la Dirección de Tránsito para colocar una báscula y hacer operativos para medir el peso de los vehículos pesados”, dijo la funcionaria.
Asimismo, Covial espera que el próximo año se haga un estudio orientado a la reconstrucción de dicho tramo en Izabal y ayudar al puente, el cual “podría ser inhabilitado si no se cuida debidamente”.
Por Selvin Rustrián

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Diputados de Alianza Ciudadana, coordinada por Francisco Tambríz, se reunieron con María Alejandra Má, viceministra de Comunicaciones encargada de Infraestructura, y con Armando Castillo, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, para fiscalizar el mantenimiento y construcción de proyectos carreteros en Sololá y Huehuetenango.
Filomeno Hernández, alcalde de Santa Huista, Huehuetenango, declaró: “En nombre del pueblo les exijo a la autoridades encargadas que arreglen los tramos, pues es una vergüenza el mal estado en que se encuentra la región fronteriza”.
“El problema no es de ahora; son más de 10 años de abandono y los recursos que poseemos son insuficientes, aunado al pago de la deuda de arrastre que solo este año fue de Q400 millones”, respondió la funcionaria.
Castillo agregó que algunos eventos que cubrían las rutas en Guineales Palá via Tzumajuy, Río Tzojoma al Cruce de Patzaj, y San Lorencillo hacia Paquilla, en el departamento de Sololá, “se cayeron o quedaron desiertos”, debido a la falta de participación de las empresas o porque no llenaban los requisitos. “Lanzamos un segundo evento y esperamos que se puedan adjudicar en cinco semanas”. Indicó.
“Veo ineficiencia e inoperancia en esta administración; se ha gastado el 40 por ciento del presupuesto en 8 meses y en lo que resta del año es muy difícil que se complete la ejecución. Lo más es probable es que se vaya al fondo común”, indicó el diputado Marvin Orellana, subjefe de la bancada.
“Ya viene lo más duro del invierno y va a ser más difícil que puedan trabajar en el mantenimiento a las carreteras. Cómo nos están pidiendo que aprobemos más impuestos”, aseveró.
Por su parte, el diputado Tambríz exhortó a las autoridades a trabajar para atender las necesidades de la población. “Siempre nos presentan las mismas excusas y el pueblo ya está cansado porque no están haciendo su trabajo. Cómo pretende este Gobierno una nueva carga tributaria, si al final es la gente más pobre, la más necesitada, la que la termina pagando? Como bancada no estamos de acuerdo con más impuestos, pues no vemos resultados”, concluyó.
Por Rosemary Recinos

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