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Los integrantes de la bancada Alianza Ciudadana se reunieron con funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para conocer los avances de mantenimiento, bacheo y recapeo de varias carreteras del departamento de Sololá.
El diputado Francisco Tambríz y Tambríz cuestionó al encargado de esa cartera, Aldo García, por el retraso de los trabajos, pues fueron solicitados desde hace meses”.
“No contamos con presupuesto; el actual es de Q270 millones para la red vial y no alcanza para todo el país, por lo cual se está dando prioridad a algunos tramos importantes”, manifestó el titular de la cartera.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Sololá, Augusto Yac, dijo que las rutas “han colapsado”, por lo cual es urgente el bacheo y recapeo. “Queremos hacer las cosas pacíficas y por medio del diálogo, porque hay malestar en la población que ha visto el abandono de las carreteras”, agregó.
Tambríz y Tambríz pidió a García dar prioridad a diferentes tramos carreteros en ese departamento, considerando que es zona turística y comercial.
Por Selvin Rustrián

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Los diputados Óscar Chinchilla, cuarto secretario de la Junta Directiva, y Selvin García, subjefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), indagan acerca de la concesión del servicio de correo, por lo cual citaron al viceministro de Comunicaciones, Rudy Keller, quien dio a conocer que el Organismo Ejecutivo podría enviar nuevamente al Congreso la solicitud para ampliar la licencia.
Desde 1998 el servicio de correos dejó de ser público y fue concesionado a la Empresa International Postal Servicie, Ltda. por un período de 5 años. En 2004 la autorización se dio a El Correo de Guatemala S.A., pero venció en 2014 y la ampliación no ha sido aprobada.
“Hace 2 años el Congreso no avaló la extensión, pero las instancias legales permiten al Ejecutivo solicitar la revisión del caso y que se conozca nuevamente en el pleno” indicó el viceministro Keller.
Agregó que si la empresa ya no considera conveniente continuar brindando el servicio, se tendría que efectuar un evento para una concesión internacional, el  cual tardaría no menos de 10 meses.
El diputado García declaró no hubo ningún interés la administración gubernamental anterior ni del actual para cabildear en el Congreso la ampliación.
“La responsabilidad compete al Ministerio de Comunicaciones, pues no hubo  manifestación por parte del Organismo Ejecutivo para activar el tema del correo; no hemos tenido ninguna iniciativa de ellos ni de la bancada oficial”, concluyó el parlamentario.
Por Rosemary Recinos

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La supuesta compra sobrevalorada de insumos y el gasto en determinados renglones y contratos adjudicados a empresas de dudosa procedencia, por no menos de Q250 millones, fueron temas por los cuales los integrantes del bloque legislativo Todos, coordinado por el diputado Mynor Cappa, citaron a funcionarios de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, que funciona en Puerto Barrios, Izabal.
A la reunión también acudieron la titular de la Procuraduría General de la Nación, María Eugenia Villagrán, funcionarios del Ministerio Público, Superintendencia de Administración Tributaria, Intendencia de Verificación Especial y Contraloría General de Cuentas, a quienes fueron entregados documentos que evidenciarían los hallazgos encontrados, los cuales datan de los años 2010 al 2015, y por lo que los parlamentarios solicitaron realizar las investigaciones correspondientes.
Estos hallazgos surgieron después de una fiscalización de la bancada, y los congresistas denuncian que identificaron 12 procesos con irregularidades, como falta de control en los procesos, malas prácticas administrativas y carencia de análisis financiero, por los cuales la portuaria pudo haber erogado unos Q250 millones.
Entre las anomalías encontradas están la sobrevaloración en la contratación de seguros para los trabajadores, incumplimiento de contratos de empresas que prestan servicios, contratación de compañías que carecen de ubicación física. En estos casos se presume haber cometido delitos como lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, según dijo el diputado Cornelio García.
Fernando Lorenzana, presidente de la empresa portuaria, indicó que pidieron controles a la Contraloría, con el objetivo de hacer las denuncias correspondientes. “Estuvimos en la notificación de los hallazgos, por lo que se está auditando de nuevo el proceso; fuimos participe de eso, a fin de que haya transparencia y sustento legal”, manifestó.
Al concluir la reunión, el jefe de bancada, Mynor Cappa, dijo que serán citados los funcionarios de nuevo. “Hoy presentamos una primera fase de la fiscalización, por lo que en un término de entre 30 y 45 días estaremos presentando los avances, para que se haga la investigación correspondiente”, precisó.
La Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla fue creada con la finalidad de administrar y proporcionar servicios de embarque y desembarque de pasajeros, carga, descarga y transferencia de mercaderías, y es una ventana de comercio internacional para Guatemala.
Por Karen Mendoza

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En la reunión que tuvieron Edgar Murga y Bernardo López, representantes de las portuarias Santo Tomás de Castilla y Quetzal, respectivamente, así como María Eugenia Villagrán, jefa de la Procuraduría General de la Nación, y Enrique Godoy, comisionado presidencial de Puertos y Aeropuertos, se determinó que de 29 usufructos otorgados por tiempo no establecido 19 podrían ser declarados nulos.
“Se determinó que 15 de ellos fueron otorgados cuando fungió como interventor Allan Marroquín, y se analiza junto con la Contraloría General de Cuentas el procedimiento adecuado para que 19 sean declarados nulos, pues hay anomalías desde su inicio”, manifestó Villagrán.
Lo anterior se deriva de la investigación generada por el usufructo otorgado a Terminales de Contenedores Quetzal.
“Es una vergüenza y da pena encontrarse con todo esto en los puertos más importantes del país, y se espera que las autoridades de la Contraloría y la Procuraduría hagan su trabajo lo antes posible, para declarar estos usufructos lo antes posible”, dijo el jefe de bancada Movimiento Reformador, Boris España, quien encabezó el cuestionamiento.
Mientras tanto, Godoy manifestó que se realiza un análisis en las 2 portuarias y en los 2 aeropuertos internacionales para determinar cuántos contratos existen.
Asimismo, la Contraloría General de Cuentas espera tener en tres días los informes para agilizar la declaración de nulidad.
Por Selvin Rustrián

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Los diputados de la Comisión de Salud, que preside Luis Hernández Azmitia, de la bancara Movimiento Reformador, evaluaron los planes que ejecutan las autoridades de Gobierno en materia de saneamiento del agua en todo el territorio nacional.
En la reunión participaron el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Edwin Escobar, así como funcionarios de los ministerios de Salud y Ambiente y Recursos Naturales, entre otros.
El parlamentario comentó que el 95 por ciento del agua está contaminada, lo cual ha generado enfermedades que se hubieran prevenido; al menos 178 mil niños   han sufrido de padecimientos diarreicos, debido a que las municipalidades no han cumplido con clorar el vital líquido.
“Ninguna municipalidad está cumpliendo con estos servicios; debido a falta de recursos tenemos que darles la autoridad a los alcaldes para resolver localmente estas necesidades con unidades de gestión ambiental y de salud”, aseveró Escobar, quien sugiere reformar diversas leyes, como la de Contrataciones, para resolver el problema.
El viceministro de Salud, Rodolfo Zea, dijo que esa cartera está “completamente debilitada” y solo tiene la capacidad de monitorear el 22 por ciento del agua a nivel nacional, del cual únicamente el 54 por ciento cumple con clorar. “El presupuesto vigente es Q7 millones 424 mil 815 para la Unidad de Agua y Saneamiento, y a la fecha se ha ejecutado el 33 por ciento, pero no es suficiente para realizar el monitoreo”, declaró el funcionario.
“El agua potable debe ser una prioridad; tenemos que evaluar cómo podemos  apoyar a las municipalidades para cuenten con las plantas de tratamiento”, concluyó el diputado Hernández Azmitia.
Por Rosemary Recinos

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La congresista Nineth Montenegro, jefa del bloque Encuentro por Guatemala, en conferencia de prensa dio a conocer que como resultado de la reunión realizada con autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Contraloría General de Cuentas y de la Comisión Presidencial de Puertos y Aeropuertos, considera que existen indicios para ampliar la denuncia penal interpuesta el 25 de abril por la primera institución y se incluya a María Eugenia Villagrán por el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
“La denuncia penal ya fue interpuesta en su momento contra Larry Robles, Vladimir Aguilar y quien estuvo al frente de la Procuraduría General de la Nación el 13 de febrero del 2016, y resulta ser María Eugenia Villagrán; ella es quien instruye que sea archivado en definitiva el proceso de nulidad absoluta del  contrato de usufructo oneroso, y creo que hay hechos que la imputan, y con base en los mismos esperamos que se actué, y las pruebas serán presentadas a la Fiscal General”, expresó Montenegro.
Además, la parlamentaria informó que existen “suficientes pruebas” que incriminan a la actual procuradora y a Saúl Estuardo Oliva, quien fungía como abogado para tratar lo relacionado con la solicitud de  lesividad del contrato de TCQ, por lo que “entregaremos las pruebas a la jefa del Ministerio Público”.                                                                                      
Por José Castellanos.

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Como parte de su trabajo de fiscalización y mediación, los diputados Haroldo Quej y Felipe Cal Lem, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), electos por el departamento de Alta Verapaz, se reunieron con alcaldes del área del Polochic y la Franja Transversal del Norte debido a la mala situación en la que se encuentran las carreteras.
A la cita asistió el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, a quien se le cuestionó el atraso en el mantenimiento y pavimentación en rutas que conducen a Lanquín, Cahabón y Senahú.
Quej manifestó que “es increíble conducir 7 horas para llegar de un lugar a otro, cuando se puede hacer en 2 horas", en referencia al camino de Cahabón a Senahú, el cual aseguró que “esta en abandono y afectando a los vecinos”.
El ministro García aseguró que uno de los problemas para atender las vías es que no se cuenta con recursos económicos, pues tiene una “deuda grande” con las empresas encargadas del mantenimiento y no se ha hecho la licitación pública para el bacheo y mantenimiento.
“Se debe tener resultados y no dar excusas”, afirmó Quej, quien pidió fijar una ruta de trabajo con metas y objetivos a corto plazo antes de que ingrese de lleno la época de invierno, pues “las lluvias no dejan trabajar ni transitar a los pobladores, afectando así el desarrollo del departamento”.
Por Byron Ramírez

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Los integrantes de la Comisión del Menor y la Familia, coordinada por el congresista Walter Félix, se reunieron con Anamaría Diéguez, viceministra de Relaciones Exteriores, para analizar la ratificación del Tercer Protocolo de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.
El documento consiste en un tratado internacional que permite que quejas contra un Estado sean elevadas ante el Comité de los Derechos del Niño sobre presuntas violaciones a cualquiera de sus derechos, participación en conflictos armados, venta, prostitución infantil y pornografía.
La viceministra Diéguez indicó que existe una inquietud por parte de los diputados  en comprender el Protocolo, por lo que se intercambiaron opiniones acerca de las conveniencias o no de la ratificación, para tomas las decisiones adecuadas al tema. “Actualmente son 50 países y 27 de estos la han ratificado. La recomendación será a través del Organismo Ejecutivo, que enviará la decisión al Congreso de la República”, argumentó la funcionaria.
El diputado Félix informó que se debe analizar a profundidad el tema, pues se considera que no es correcto que Guatemala quede fuera del referido instrumento.
En otro tema de la sala de trabajo, el parlamentario indicó que recibieron a representantes de Aldeas Infantiles SOS Guatemala, con el propósito de que queden dentro del Presupuesto, para facilitar el trabajo que dicha entidad realiza.
“Son alrededor de 25 centros de atención en diferentes departamentos los que atienden a más de mil niños y niñas.  Ellos hablan de Q5 millones o Q6 millones para completar los apostes de la cooperación internacional, para velar por la niñez guatemalteca”, comentó el congresista.
Finalmente, los integrantes de dicha comisión dijeron que aprovecharán el período de receso parlamentario para hacer visitas de campo a los hogares que el Estado dirige, así como a las instituciones que reciben fondos y trabajan en la atención de menores.
Por Elizabeth Linares

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El presidente de la Comisión de Paz y Desminado del Congreso, Edwin Maldonado Lux, se reunió con el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jorge De León Duque, para solicitar su acompañamiento en diversos temas, como la crisis hospitalaria, fiscalización al Organismo Ejecutivo en programas relacionados con la entrega de alimentación por la sequía y el desvío de ríos.
“Haremos todo nuestro esfuerzo para ayudar al Congreso en el tema de fiscalización, ya que nuestro mandato es velar por los derechos de la población; estaremos junto a los diputados llevando a cabo monitoreos y análisis de la problemática que afecta a la población”, manifestó De León.
El parlamentario agradeció el apoyo y dijo que espera trabajar para ver resultados a corto plazo. “Solicitar el acompañamiento es por la capacidad que tiene la PDH para fiscalizar y llegar a lugares que nosotros como diputados no podemos, pero estar trabajando conjuntamente ayuda a miles de personas a recibir los beneficios que les corresponde por ley”, expresó el legislador.
Por Selvin Rustrián

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