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Este lunes se llevó a cabo la última reunión de la mesa técnica interinstitucional que escuchó las denuncias de los trabajadores de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, la cual fue coordinada por la diputada Thelma Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales.
En la reunión participaron directivos de la Empresa Portuaria Santo Tomás, el viceministro de Trabajo, Inspección General de Trabajo, Oficina Nacional de Servicio Civil, Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas y un representante de la Procuraduría General de la Nación, quienes escucharon las demandas de los representantes sindicales de la Empresa Portuaria Santo Tomás.
Al concluir la reunión la diputada Ramírez manifestó su satisfacción por la culminación con éxito de los temas tratados, dentro de los cuales está el pago del bono de incentivo de Q250 a más de 130 trabajadores a partir de septiembre, así como la reinstalación de más de 150 trabajadores que habían sido despedidos, a quienes se les pagarán los salarios caídos de 11 meses.
No obstante, el grupo sindical decidió abandonar la mesa técnica porque, según ellos, se agotó el proceso de diálogo administrativo por que no se ha cumplido con el pago del salario mínimo a al menos 600 trabajadores operativos.
Ante esto anunciaron que inician un proceso judicial en contra de la directiva del puerto.
Los sindicalistas aducen que se viola el pacto colectivo y otras normas, entre ellos varios acuerdos gubernativos que ordenan el establecimiento del salario mínimo no agrícola.
Mirna Pérez, representante sindical, dijo que desde el año 2014 denunciaron “una serie de anomalías y violaciones a los derechos laborales y prueba de eso es el proceso de diálogo que duró hasta este día, pero no hemos logrado llegar a un acuerdo”, aseguró la sindicalista.
Fernando Lorenzana, Presidente de la Junta Directiva de la Portuaria, manifestó que en este último caso si han cumplido con el pago del salario mínimo de Q2,256.71, para lo cual mostraron la nómina de los trabajadores.
“Ahora lo que nos toca es demostrar por la vía judicial que la empresa si ha cumplido con el pago del salario mínimo”, aseguró Lorenzana.
La diputada Ramírez dijo que la mesa técnica continúa asesorando el diálogo hasta que las partes encuentren una solución y la directiva cumpla con las demandas en el mes de septiembre.

Por José Castellanos.

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Guatemala ha cambiado y el Congreso de la República, como la más alta representación de la política nacional, ha sido el principal actor en la aprobación de leyes que responden al clamor ciudadano contra la corrupción y en pro de la transparencia.
Se cumplió un año del paro nacional conocido como 27A, cuando miles de personas de diferentes estratos sociales, en forma pacífica y espontánea, se volcaron a las calles a manifestar su repudio contra la corrupción del Gobierno de turno. Hoy los guatemaltecos son testigos de los cambios cuantitativos y cualitativos que han dado como resultado una ola de lucha contra el abuso de poder, saqueo de los fondos públicos, enriquecimiento ilícito y otros delitos, pero también del fomento de la transparencia en las diferentes instituciones, lo cual ha fortalecido el Estado de Derecho y la justicia en el país.
Según Fernando Linares Beltranena, diputado por el Partido de Avanzada Nacional, el Congreso no es la excepción, pues atendiendo el clamor popular se han aprobado reformas a diferentes leyes, como la Ley Orgánica y la de Servicio Civil del Organismo Legislativo, Ley Electoral y de Partidos Políticos, que por años fueron dejadas en el olvido por los políticos.
“Los diputados de la octava legislatura nos sentimos en una nueva Guatemala y prueba de ello es que no venimos con ánimo de hacer negocios ni tranzas, sino de sacar adelante el trabajo legislativo, buscando el bien común de la ciudadanía que nos eligió como sus representantes”, aseguró.
Por su parte, Raúl Romero, integrante de la bancada Fuerza, aseguró que el Congreso está asumiendo su responsabilidad legislativa en virtud de que se ha retomado el proceso de elección de cargos en diferentes dependencias, como el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, y adelantó que en los próximos días se evaluará el tema de los representantes de este Organismo de Estado ante la Junta Monetaria, el Registro Nacional de las Personas y el Consejo de la Juventud.
“El Congreso ha dado señales de que está cambiando, que está empezando a ser diferente. No podemos decir que está totalmente renovado, debido a que todavía nos encontramos en un proceso de transformación, modernización y transparentización, lo cual ha dado paso a grandes cambios en la política nacional”, expresó.
Los parlamentarios ratificaron su compromiso de seguir impulsado leyes en favor de los guatemaltecos y continuar con las funciones que la Constitución Política de la República les manda: legislar, fiscalizar e intermediar.
Un año después, el Organismo Legislativo también es actor en la lucha por la transparencia; las modificaciones a las leyes Orgánica y de Servicio Civil son muestra de los esfuerzos que se hacen para poner orden y control en el uso de los recursos públicos. Además, se colabora con los entes investigadores y operadores de justicia, con el objetivo de no apañar a los diputados señalados de cometer anomalías administrativas y otros delitos, sino propiciar que se respete la ley.
El Congreso de la República es ahora el ente más transparente del Estado, pues tiene un 98.4 por ciento en el nivel de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, según la evaluación efectuada por la Procuraduría de Derechos Humanos; en diciembre de 2015 la medición era de 36.2 por ciento. Además, los cambios internos han permitido reducciones sustanciales en rubros que reportaban cifras elevadas, como la contratación de personal en el renglón 022, que tiene una rebaja de Q31.9 millones, y Q1.4 millones en el renglón 011, y Q4.5 millones menos en el pago de horas extras.
El 27A se constituyó como una iniciativa difundida en redes sociales, con una convocatoria a todos los guatemaltecos, en su mayoría jóvenes, a manifestar su indignación por el mal manejo de los recursos públicos. Como punto de reunión, la Plaza de la Constitución fue colmada por miles de personas exigiendo la renuncia de los políticos acusados de corrupción.
Las manifestaciones se originaron tras la desarticulación de estructuras y redes ilegales que alcanzaron la Superintendencia de Administración Tributaria, con la participación de funcionarios de diferentes niveles, incluyendo a los mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes actualmente enfrentan procesos penales.
Por Karen Mendoza

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Integrantes de la Comisión Extraordinaria de Apoyo a la Recaudación Tributaria, que preside la diputada Vivian Beatriz Preciado Navarijo, se reunieron con Juan Francisco Solórzano Foppa, Superintendente de Administración Tributaria (SAT), para que explicara las metas de la recaudación tributaria del 2016 así como la situación de las aduanas en el país.
El funcionario de la SAT indicó que al mes de agosto del presente año alcanzaron las metas establecidas, especialmente en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
“Hasta lo que va de este mes de agosto, el comportamiento ha estado en un 97 por ciento de ejecución de la meta en aduanas y es alentador pues el mes pasado hubo solo un 66 % de ejecución. Con esto hemos mejorado 30 puntos porcentuales con relación al comportamiento de un mes al otro”, comentó Solórzano Foppa.
Solórzano Foppa refirió que la brecha en Aduanas supera los mil millones de quetzales.
Agregó que el Superintendente de Aduanas, Werner Ovalle se encuentra trabajando en planes pilotos para mejorar la recaudación en las aduanas. Además, dio a conocer que van a aumentar los esfuerzos administrativos para alcanzar la meta establecida que es de Q3 mil 200 millones para el 2017.
Por su parte la legisladora Preciado cuestionó que si la SAT asegura que han alcanzado las metas de recaudación, “¿por qué existe una crisis en el sistema de salud por la falta de medicamentos, deficiencia en la atención de salud y malas carreteras en el país”, dijo la parlamentaria.
“Lo que vamos hacer ahora es citar al Ministro de Finanzas para saber qué ha pasado con la  planificación anual de las entidades de gobierno. Además que los ministerios indiquen su planificación anual y la ejecución presupuestaria que han efectuado pues considero que existe una falta de planificación y conocimientos administrativos de las personas que están a cargo de las instituciones del Estado”, puntualizó la congresista.

Por Elizabeth Linares.

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El diputado Leonel Lira, del bloque Encuentro por Guatemala (EG), espera un informe de sus abogados para determinar si procede interponer una denuncia en el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos contra de cuatro miembros del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), quienes viajaron a los Juegos Olímpicos realizados en Río de Janeiro, Brasil, “con viáticos excesivos”.
“Los juristas están haciendo los estudios pertinentes para ver si procede una denuncia formal o una sanción moral, porque los deportistas se fajaron mientras que los dirigentes, aunque realizaron unas pocas actividades oficiales, el resto del tiempo lo dedicaron a pasear”, enfatizó el parlamentario.
Según dijo, el problema estriba en que los personeros del COG se asignaron US $5 mil dólares y 3 delegados de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala recibieron Q60 mil como viáticos, mientras que a los atletas les otorgaron solamente US $800 dólares. “Esto es inmoral porque a quienes llevaban la responsabilidad de poner en alto el nombre de Guatemala los desestimularon con esa reducida cantidad”, agregó.
El parlamentario detalló que las autoridades del COG, Gerardo Aguirre, Lorena Toriello de García-Gallont, Rafael Cuestas y Juan Carlos Sagastume se asignaron viáticos, gastos de representación y una maleta para su estadía en Brasil, donde recibieron hospedaje, alimentación, un vehículo con edecán y una credencial para ingresar a cualquier instalación deportiva, en tanto que los competidores solo percibieron el aporte para sus gastos, aunque hayan tenido hospedaje y alimentación por parte de los organizadores.

Por José Luis Hernández

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Ocho meses han pasado desde que tomó posesión la octava legislatura y en ese tiempo ha aprobado 42 decretos y 24 acuerdos legislativos, con los que, para algunos parlamentarios, se ha demostrado que “se quiere trabajar para buscar un mejor país”.
A decir de los diputados, esta cifra es un éxito en comparación con el año anterior, cuando solo 4 decretos fueron aprobados durante el último año de gestión, entre ellos la creación del municipio denominado Sipacate, en jurisdicción del departamento de Escuintla y la Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala –PROBOSQUE-.
No obstante los buenos resultados, los legisladores reconocen que entre las leyes que se han aprobado más de alguna ha generado críticas y opiniones entre los guatemaltecos.
“Es una legislatura de gente nueva y de jóvenes que estamos trabajando y hemos encontrado en algunas ocasiones oposición en las aprobaciones pero lo importante que es constructiva porque se logra el consenso para lo que se requiere”, manifestó el jefe de bancada de Movimiento Reformador Boris España. Asimismo el legislador comentó que las leyes aprobadas si han generado críticas pero se busca en su mayoría un solo fin ayudar al guatemalteco.
Algunos de los decretos aprobados están; la Ley de Incremento Económico a las Pensiones Otorgadas por el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, Reformas al Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Búsqueda de Mujeres desaparecidas. Reformas al Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros y Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo entre otras.
“Es normal que lo que se apruebe en el pleno no le guste a más de alguien, pero nosotros hemos buscado trabajar en armonía y ver los beneficios para la población, es una legislatura diferente a las demás y se notará al finalizar este mandato en el Congreso”, expresó el jefe de bancada Fuerza Raúl Romero

Por Selvin Rustrián.

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Habitantes del caserío Tilapa, del municipio de la Blanca en el departamento de San Marcos, fueron recibidos por el diputado Luis Contreras del Movimiento Reformador, a quien le solicitaron su intermediación para que lo antes posible se realicen trabajos de dragado en al bocabarra del río Naranjo.
La solicitud  se realizó a raíz del peligro que corren quienes viven cerca de la playa, la cual poco a poco se está socavando por las aguas del rio, lo que representa un peligro para los habitantes del lugar quienes año tras año  corren el riesgo de ser arrastrados por la corriente.
Los vecinos solicitaron a las autoridades de gobierno, realizar el dragado para evitar un desastre natural, detalló Cindy López representantes del COCODE. 
A la reunión asistieron también la viceministra de comunicaciones Alejandra Má Villatoro; el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque; el alcalde del municipio de la Blanca Aroldo Cordero; así como representantes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de  Desastres CONRED, quienes escucharon a los representantes de la comunidad afectada.
La vice ministra de comunicaciones destacó que al igual que los habitantes de Tilapa, hay muchas comunidades que necesitan ayuda pero el problema con el que se enfrentan es la falta de recursos económicos para adquirir la maquinaria necesaria.
La funcionaria solicitó que le otorguen un tiempo de espera para adquirir  el equipo.
“La reunión tiene como objetivo buscar la ayuda necesaria para los habitantes de Tilapa, y evitar que se registre un desastre natural y hayan víctimas, por lo que esperamos que se busquen los planes necesarios para adquirir la maquinaria que se necesita para ayudarlos”, destaco el diputado Luis Contreras diputado por el Departamento de San Marcos.
Dentro de los planes para ayudar a la comunidad esta realizar una visita de campo la próxima semana con diputados electos por el departamento, autoridades del ministerio de comunicaciones, Conred y PDH, para evaluar el lugar y buscar una solución rápida, detalló el  congresista.

Por Karla Herrera.

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Luis Contreras, segundo secretario de Junta Directiva del Congreso, anunció que la solicitud del Presidente de la República, Jimmy Morales de retornarle temporalmente la iniciativa de reforma fiscal presentada, será conocida en la sesión de junta directiva este lunes. Contreras, explicó que durante la reunión los integrantes deberán establecer el proceso a seguir con la solicitud de Morales.
Al respecto el Diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, afirmó que se deben seguir procesos para no conocer una iniciativa en el pleno, ya que la misma al haber ingresado al Congreso se convierte en parte del Organismo Legislativo.
El Diputado agregó que la ruta correcta que debía seguir el Ejecutivo era solicitar al Congreso no conocer la iniciativa, que fuera archivada, que no se le diera dictamen favorable por parte de la Comisión de Finanzas o bien presentar una nueva iniciativa de ley con reformas a la ya enviada.
Jean Paul Briere de la banca TODOS compartió la opinión de Blanco al referirse sobre el procedimiento para conocer la iniciativa, agregando que debe ser el pleno (158 diputados), quien decida si se da o no trámite a la petición de Morales.
Raúl Romero jefe de bloque de FUERZA manifestó que la decisión del ejecutivo de dar marcha atrás a la reforma fiscal, es una buena decisión ya que era “una iniciativa sin futuro ya que no todas las bancadas estarían apoyando la aprobación de más impuestos”.
El presidente de Guatemala expone en su carta dirigida al Presidente del Congreso, Mario Taracena; “Jimmy Morales solicita al Congreso de la República retorne temporalmente la iniciativa presentada para fortalecerla con las sugerencias obtenidas del importante debate social que esta propuesta generó”.
Para los diputados la reforma fiscal debe ser conocida en otro momento, ya que el próximo mes el ejecutivo debe de enviar el proyecto para el presupuesto de ingresos y egresos del año 2017.

Por Byron Ramírez.
 

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El diputado Leonel Lira, coordinador del Frente Parlamentario Contra el Hambre (FPH), Capítulo Guatemala, dio a conocer las propuestas que el país tiene para contribuir en la lucha contra el hambre y la erradicación de la desnutrición en la región.
El parlamentario de Encuentro por Guatemala señaló que varias iniciativas tendrán dictaminarse favorable, como las leyes de Alimentación Escolar, Fomento a la Agricultura Familiar y de Lactancia Materna, entre otras, las cuales permitirán reducir la pobreza, el hambre y la malnutrición.
“Estas propuestas fueron presentadas por el subcoordinador de este Frente, diputado Juan José Porras, durante un encuentro efectuado el 25 de agosto en San José, Costa Rica, junto a homólogos de 8 países de Mesoamérica, para definir una agenda legislativa en conjunto que permita contribuir en la lucha contra el hambre y la desnutrición en América Latina”, comentó Lira.
Agregó que los integrantes del FPH mantienen fiscalización y coordinación con los entes encargados de la seguridad alimentaria, con el objetivo de lograr avanzar en la unidad de las instituciones para combatir la desnutrición crónica que afecta a la población guatemalteca de escasos recursos.
Por Elizabeth Linares

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Diputados de la comisión del Migrante, iniciarán la próxima semana la evaluación de los profesionales que presentaron su expediente para participar en la elección del cargo de Secretario y Subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).
La convocatoria para recibir los expedientes de los aspirantes finalizó este 26 de agosto a las 16:00 horas.
El proceso de selección que se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 11 del decreto 46-2007, el cual tiene como objetivo realizar una depuración de la lista de 47 aspirantes que presentaron su papelería, pues la comisión debe presentar un listado de cinco candidatos de entre los cuales, el pleno del Legislativo debe elegir  dos para ocupar los cargos en oposición.
Entre los participantes, está el presidente de dicha sala legislativa, Jean Paul Briere, diputado de la bancada Todos, quien en primera instancia se inhibirá de conocer el proceso de calificación de expedientes.
“Después de inhibirme, voy a iniciar el cabildeo  para buscar los votos necesarios (80 votos) que me permitan obtener el beneplácito de los diputados”, comentó el congresista, quien agregó que de ser electo se ausentaría del Congreso.
Se cumple con mandato legal
El cambio en Conamigua constituye un paso importante en el quehacer legislativo, porque hay mandatos legales que la octava legislatura está cumpliendo y la realización de este proceso es una prueba, coinciden algunos legisladores.
“Esta es una de las elecciones que se tienen pendientes, han pasado más de seis años y no se ha hecho el cambio que corresponde. Ahora estamos retomando esta responsabilidad de elegir en los próximos meses”, señaló el diputado Raúl Romero Segura, de la bancada Fuerza, quien indicó que tiene conocimiento que el lunes se elaborará un cronograma de trabajo en la comisión del Migrante para analizar los expedientes y seleccionar a los aspirantes.
Por su parte, la subjefa del bloque Movimiento Reformador, Dolores Beltrán, comentó: “Para mí es muy sano que se lleve a cabo este proceso porque ha quedado rezagado por muchos años, estaremos apoyando pues buscamos que sea  transparente y democrático”, concluyó.

Por Sayda Galicia.

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