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Con la intención de analizar la abolición de la pena de muerte se realizó un seminario internacional, organizado por la comisión legislativa de  Derechos Humanos e inaugurado por el presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol.
Durante la actividad se dio a conocer la intención de presentar una iniciativa de ley que promueva la abolición de la pena capital, que ya tiene el aval de varios legisladores, según lo informado por el titular de esa sala de trabajo, Ronald Arango, quien aseguró que la propuesta será presentada a la Dirección Legislativa en los próximos días.
Durante su discurso Taracena destacó: “El tema de la pena de muerte es importante para el país, por lo que se debe hacer un estudio detenido con diversos sectores del país”.
Al seminario asistieron Jorge De León Duque, jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Horacio Verbitsky, delegado de la Comisión Internacional Contra la Pena de Muerte, y Mauro Chacón, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, quienes coincidieron en que no se trata de un disuasivo.
Al concluir, el presidente de la sala de trabajo legislativa manifestó que la delincuencia no se combate con la pena de muerte, sino con mejor educación, valores y mejor aplicación de la justicia.
Por Karla Herrera

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Al menos 3 mil accidentes vehiculares se han registrado en las diferentes rutas del país en lo que va del año, y un aproximado de 6 personas fallecen diariamente por esas causas, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional Civil.
Esta información fue conocida durante la citación que el diputado Napoleón Rojas, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso, y la parlamentaria Stella Alonzo realizaron a diferentes autoridades del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).
Jonny Aguilar, jefe del Observatorio, agregó que según la Superintendencia de Administración Tributaria existe un parque vehicular de 3 millones de automóviles circulando en el país, y el Instituto Nacional de Estadística considera que la población nacional ya supera los 16 millones, por lo que cada día se hacen más difíciles los controles. “La red vial no crece al mismo tiempo que el parque vehicular”, argumentó.
El parlamentario Rojas efectuó la citación con el fin de conocer si se están implementando los planes de prevención de accidentes de tránsito. “Son preocupantes lo niveles de percances que se registran en las carreteras, principalmente en la Interamericana”, manifestó.
El comisario Ottonniel Sandoval Bonilla, jefe del Departamento de Tránsito, indicó que cuentan con 120 agentes para cubrir todo el territorio, lo cual impide efectuar todas las verificaciones necesarias.
El congresista también pidió que en el plazo de un mes les presenten el plan, registro de pilotos y la verificación de la vigencia de los seguros de las unidades autorizadas para circular, “pues en muchas oportunidades los pilotos se dan a la fuga y no hay antecedentes de ellos”.
A la reunión acudieron Aguilar, Sandoval Bonilla y el Director General de Transportes, Luis Villegas.
Por Mayra Recinos

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Para conocer el estado actual de la red vial y las acciones que se están ejecutando, diputados del bloque Movimiento Reformador (MR) citaron a Aldo Estuardo García, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Armando Fuentes, director de Caminos, y Armando Castillo, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.
El diputado Boris España solicitó información sobre el Índice de Condición del Pavimento a nivel nacional, ante lo cual el funcionario García, respondió: “Hasta el momento, el 16 por ciento de las vías está en estado muy bueno; bueno, 24 por ciento;  regular, 39 por ciento; malo, 17.6 por ciento, y destruido un 2 por ciento”.
Carlos Martínez, presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Púbicas, y representante del departamento Jutiapa, indagó sobre el avance en las gestiones para que se reinicien los trabajos de mantenimiento de rutas en dicho territorio, los cuales, según se conoció, comenzarán a mediados de junio,  con un presupuesto de Q104 millones.
Y acerca del fenómeno climático La Niña, García manifestó que la Ley de Compras y Contrataciones limita para atender emergencias, pues no se podría acudir de inmediato para resolver el problema.
El funcionario agregó que se están poniendo en alerta convoyes en distintas zonas de peligro potencial por lluvia y derrumbes. “Hoy sacaremos 2 eventos de maquinaria: 1 a través de Caminos y otro mediante el Fondo de Solidaridad, para a apuntalar estos acontecimientos”, detalló.
Por su parte, Castillo comentó que se realizaron 305 eventos de cotización y se han adjudicado 88 proyectos, para una cobertura de 8 mil 213 kilómetros en todo el territorio.
Durante la cita, la bancada denunció que Fuentes y Castillo han sido contratistas del Estado, por lo que solicitaron al ministro que investigue el tema y tome las medidas pertinentes para evitar que algunas empresas puedan ser beneficiadas. Sin embargo, ambos funcionarios negaron los señalamientos.
Por Rosemary Recinos

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Como parte de su labor de fiscalización, el diputado Juan Ramón Lau Quan, del bloque Todos, se reunió con Nancy Sajché, gobernadora de Suchitepéquez, para conocer el avance de las obras y la razón de la baja ejecución de los proyectos en materia de educación, salud, agua potable y saneamiento.
Lau pidió un informe periódico para conocer si las acciones de la funcionaria impulsan el desarrollo del departamento, debido a que, según un reporte de las obras del Programa de Inversión Anual, obras del 2015 que son ejecutadas por las municipalidades están inconclusas o sin inicio.
La mayoría de proyectos planificados ha sido priorizada e incluye ampliación de caminos rurales, escuelas, agua entubada, programas de alimentación y mejoramiento de calles.
Según la funcionaria, las obras se ha visto atrasadas debido a que en la administración pasada quedaron varios proyectos de arrastre que fueron reprogramados para este año, los cuales ascienden a Q39 millones y serán cubiertos con el presupuesto actual, que asciende a Q96 millones.
Además, Sajché indicó que como parte de sus gestiones se logró obtener una donación de equipo y material médico, valorada en Q3 millones, para el Hospital Nacional de Mazatenango, además de raciones para garantizar la seguridad alimentaria. “Esto viene a fortalecer los servicios de salud que se brinda a la población”, afirmó.
En materia de seguridad, dijo que se implementó una mesa técnica con la participación de representantes de la Comisaría 33 de la Policía Nacional Civil, Cuarta Brigada de Infantería del Ejército, Ministerio Público, Organismo Judicial y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, lo cual ayuda al fortalecimiento de la seguridad y la administración de justicia, así como la unificación de criterios para el abordaje de este tema.
“Estamos trabajando en conjunto para que las sentencias condenatorias se lleven de una manera eficaz, lo que da certeza jurídica a la ciudadanía y fomenta la cultura de la denuncia. Vemos avances importantes, pues las estadísticas reflejan una disminución del 24 por ciento de los índices de delincuencia”, concluyó la gobernadora.
Al finalizar la reunión, el congresista Lau dijo que esperará la información solicitada a la funcionaria para hacer las gestiones correspondientes en el Ministerio de Finanzas, a fin de que los recursos sean desembolsados para agilizar la ejecución de los proyectos pendientes. “Nos llama mucho la atención, porque sabemos que en el tema de la recaudación tributaria se ha ido cerrando la brecha y que en realidad el Ejecutivo ya dispone de más recursos”, aseveró.
Por Karen Mendoza

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Parlamentarios de la Comisión de Energía y Minas, que preside el diputado Juan Ramón Lau Quan, se reunieron con Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), quién denunció que existen irregularidades en la entrega del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol), el cual está destinado a las comunas.
La Ley estipula que la distribución de los fondos provenientes de regalías y participación de los hidrocarburos que corresponden al Estado serán distribuidos de la manera siguiente: 5 por ciento para los Consejos Departamentales de Desarrollo y 20 por ciento donde se efectúen operaciones petroleras.
Durante la reunión, Escobar dio a conocer que del 2009 al 2015 no fueron trasladados de forma adecuada Q175 millones a las municipalidades, por lo cual solicitó a los ministerios de Finanzas Públicas y Energía y Minas que corroboren el análisis efectuado por la Anam.
“Esto nos obliga a exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones; de lo contrario es difícil exigir a los alcaldes el desarrollo de sus municipios. Además, la mayoría de comunas tiene deudas acumuladas, por lo que son necesarios los recursos destinados de este fondo”, agregó.
El parlamentario Lau expresó su preocupación por el asunto, pues atenta contra el desarrollo de los municipios. Por ello, dará acompañamiento a las acciones que la Anam efectúe y continuará fiscalizando para que se cumpla la entrega de los recursos.
“Para el jueves 2 de junio estaremos citando a los titulares de los ministerios de Finanzas y de Energía y Minas, así como de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, para que expliquen las razones del desvío de los fondos que se  tenían que haber entregado”, concluyó el congresista.
Por Elizabeth Linares

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“Por donde se quiera ver, este plan sencillamente es inviable”, manifestó Orlando Blanco, jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en alusión al Plan de Ayuda Económica para los Pequeños Agricultores, el cual, según Mario Méndez, titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) busca beneficiar con Q200 a 700 mil campesinos.
Blanco afirmó que el plan aunque es bien intencionado se prevé que no dé los resultados esperados, porque se está en contra del tiempo para realizar la distribución y no hay manera de fiscalizar la entrega de los cupones.      
“Cómo se quiere empezar con este plan, si a la fecha se lleva un 19.10 por ciento de ejecución del presupuesto para funcionamiento”, agregó el jefe de la bancada, quien pidió hacer una evaluación del programa para evitar ilegalidades.
El ministro Méndez dijo estar dispuesto a analizar la situación y se comprometió a reunirse con la Contraloría General de Cuentas para tener una opinión legal. El jefe de esta entidad, Carlos Mencos, afirmó que la próxima semana serán evaluados los documentos que le dé el MAGA para determinar si aún es viable empezar la distribución de la ayuda con el mecanismo de cupones.
Por Byron Ramírez

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Personal de los hospitales de Huehuetenango, Jutiapa y Guatemala se reunió con el diputado Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y el ministro de Salud en funciones, Carlos Mazariegos, con el propósito de denunciar anomalías  en el sistema.
Entre las quejas de los empleados de los hospitales y centros de salud están la falta de equipo e insumos para tender a pacientes en el área de neonatología, pues dijeron que este año han muerto 17 niños prematuros, así como el pago de salarios a personal de Jutiapa y la conclusión de los trabajos en el nosocomio de Cuilco, en el departamento de Huehuetenango.
“Estamos buscando los recursos para la compra de ventiladores para los distintos hospitales; esperamos que el próximo mes se pueda iniciar con los pagos correspondientes a los empleados, y se ha  asignado un rubro específico para concluir la obra”, enfatizó Mazariegos.
Félix dijo que es necesario “tomar muy en serio la salud de los guatemaltecos”, por lo que esperan que en los próximos días se puedan adquirir los ventiladores y evitar más muertes en la red hospitalaria. Expresó que estará atento a las acciones de las autoridades del ramo y dará seguimiento al asunto.
Por Karla Herrera

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Durante la tercera reunión de trabajo, delegados de diferentes instituciones del Ejecutivo dieron a conocer a diputados de la mesa técnica el plan operativo anual y los programas ejecutados en el primer cuatrimestre del año de la Política Pública de Reparación a 33 comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, en Alta Verapaz.
El artículo 4 del Acuerdo Gubernativo 378-2014 establece que la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh) es la encargada de gestionar ante el Ministerio de Finanzas los recursos y que cada institución ejecute las acciones de asistencia técnica a los pobladores.
La diputada Marleni Matías, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, quien preside la instancia técnica, mencionó: “Logramos establecer que vemos  a  una Copredeh muy pasiva y no ha tenido la capacidad de coordinar con los diferentes entes para que sean cumplidos los acuerdos; solicitamos que sean más dinámicos en el  trabajo, pues realizaremos visitas a las comunidades”.
Rosa Ortega, representante del Crédito Público de la cartera de Finanzas, informó que se tienen destinados para el cumplimiento de la Política Q107 millones, de los cuales Q32 millones ya fueron transferidos a la Copredeh para el proyecto Chixoy.
“Son pocas las acciones que se han ejecutado por las medidas económicas en las tres comunidades Río Negro, Pacux y colonia El Naranjo, y en los proyectos  colectivos no han hecho mayor cosa. La reparación abarca 15 años; ya pasaron 2 años y no han cumplido con el resarcimiento a las 2 mil 329 familias, a cada una de las cuales le corresponden no menos de Q85 mil”, indicó Carlos Chen Osorio, representante de los pobladores de Rabinal, Baja Verapaz.
Por José Castellanos

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Como mediador entre los jubilados y pensionados del Instituto Guatemalteco del Seguridad Social (IGSS) y autoridades de dicha institución, el diputado Edwin Maldonado Lux, presidente de la Comisión de Paz y Desminado, acudió a una reunión para verificar la atención a los pacientes, compra de medicamentos e insumos y determinar el avance de las negociaciones sobre un posible aumento en la jubilización.
“Los número actuales son muy tristes, pues más del 90 por ciento de las personas vive de la jubilación con menos de salario mínimo, por lo cual hay que velar para que no tengan que pasar penas”, expresó el legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza.
La próxima semana, las autoridades del IGSS presentarán un estudio técnico para determinar si se instala una mesa de trabajo orientada a verificar la situación actual de los jubilados y pensionados, y pensar en la posibilidad de conceder un incremento.
Óscar García, gerente de la institución, manifestó que en el 2015 se les dio un aumento de Q60, y este año un bono anual de Q300. Así también mencionó que se están haciendo las licitaciones para que dentro de un mes haya abastecimiento de medicamentos, con el fin de que los afiliados acudan a las farmacias sin ningún problema.
“Hay diálogo con las autoridades, pero necesitamos respuestas concretas para llevarlas a nuestra gente, pues muchas personas solo viven mensualmente con Q100”, expresó Ángel Vásquez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia.
Al finalizar, el diputado Maldonado Lux dijo estar satisfecho y espera que pronto se resuelvan los problemas. “En mi calidad de fiscalizador estará pendiente de los avances”, afirmó.
Por Selvin Rustrián.

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