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Tras la renuncia del profesional Vladimir Aguilar como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los diputados al Congreso de la  República tienen previsto elegir este miércoles a su sustituto.
La elección del profesional que formará parte del Organismo Judicial (OJ) está incluida en la orden de la cuarta sesión extraordinaria. Los parlamentarios deberán votar por 1 de los 13 candidatos que ya han sido evaluados:
1. Hugo Haroldo Calderón Morales.
2. Nidia Violeta Domínguez Tzaunum.
3. Manuel Reginaldo Duarte Barrera.
4. Guillermo Demetrio España Mérida.
5. Selvin Wilfredo Flores Divas.
6. Marco Aurelio Alveño Ovando.
7. Elizabeth Mercedes García Escobar.
8. Mario Estuardo Gordillo Galindo.
9. María Eugenia Morales Aceña de Sierra.
10. María Consuelo Porras Argueta de Porres.
11. Brenda Anabella Quiñones Donis.
12. Ana María Rodríguez Cortez.
13. Rogelio Zarceño Gaitán.
Según el artículo 215 de la Constitución Política de la República, los diputados deben elegir a los magistrados de la CSJ para un período de 5 años, de una nómina de profesionales propuestos por la comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones.
Durante la sesión plenaria los legisladores conocerán y votarán por cada 1 de los 13 nominados; quien obtenga al menos 105 votos será designado para asumir el cargo en la CSJ y completar el período de Aguilar, es decir, hasta octubre de 2019.
Aguilar dimitió el 13 de este mes, al ser vinculado con el caso Terminal de Contenedores Quetzal cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la Nación. Una comisión pesquisidora del Congreso determinó que sí procedía retirarle la inmunidad para que enfrente a la Justicia por ese asunto.
Por Karla Herrera

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Este martes se celebra el 31 aniversario de la Constitución Política de la República; se trata de 281 artículos y 27 transitorios que rigen y permiten mantener el orden en la nación, un conjunto de leyes que fija los límites y define las relaciones entre gobernantes y gobernados.
La primera versión data de 1824, pero ha sido modificada para adaptarla a los diferentes  momentos políticos e históricos en el país. La actual Carta Magna fue aprobada el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986; los constituyentes la dividieron en tres partes: dogmática, orgánica y pragmática.
En aquella época Guatemala estaba inmersa en el conflicto armado interno, caracterizado por la violación a los derechos humanos y el irrespeto a la vida.
Por ello, los ciudadanos que integraron la Asamblea Nacional Constituyente se centraron en reafirmar el respeto a la primacía de los derechos humanos; la familia como génesis primario de los valores espirituales y morales de la sociedad, y el Estado como responsable de la promoción del bien común, tal como reza el preámbulo de la Constitución.
Entre los constituyentes que participaron en la redacción de este trascendental documento se puede mencionar a diputados que actualmente ocupan una curul en el Congreso de la República, como el actual presidente de este organismo, Mario Taracena Díaz-Sol, y los parlamentarios Oliverio García Rodas y Fernando Linares Beltranena.
En 31 años de vigencia, la Carta Magna ha tenido reformas e intentos de reformas. Por ejemplo, después del denominado autogolpe del expresidente Jorge Serrano Elías, en 1993, cuando intentó romper el orden constitucional aboliendo la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República, el nuevo gobernante, Ramiro De León Carpio, promovió varias modificaciones.
Ese año se aprobaron 37 cambios, que incluían 5 artículos transitorios,  y quedó constancia en el Acuerdo 18-39 de fecha 17 de noviembre de 1993, mediante el cual se reafirmó la institucionalidad democrática que se había puesto en riesgo; tales acciones fueron ratificadas en la Consulta Popular celebrada el 30 de enero de 1994.
En el 2012 hubo un nuevo intento de reformas promovido por el mandatario Otto Pérez Molina, que contemplaba innovaciones en el Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos y Congreso de la República; se proponía modificar 39 artículos, incluyendo 4 transitorios. La iniciativa fue leída en el hemiciclo y enviada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde se encuentra en análisis.
Según el diputado Linares Beltranena, la Constitución es la columna vertebral del Estado y se debe defender su contenido. “Reformarla sería debilitar los pilares del Estado; primero se deberían reformar las leyes ordinarias, pero no la Carta Magna”, afirmó.
En el mismo sentir respondió el legislador Manuel Conde Orellana. “Es una de las mejores de América Latina; es sumamente humanista y si amerita una modificación debe ser con bases jurídicas, sociales y políticas, y no solo para paliar una crisis social del momento”, manifestó.
La Carta Magna es la que más tiempo ha permanecido vigente y fue redactada de tal forma que puede modificarse para responder a las necesidades de los tiempos modernos.
Por Mayra Recinos

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En sesión solemne, el pleno del Congreso conmemoró el XXXI aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República, el cual está establecido en el Decreto 2-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. Participaron los presidentes de los tres organismos del Estado, Jimmy Morales, Mario Taracena y Rafael Rojas, así como Neftalí Aldana, titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes en sus discursos instaron a respetar la Carta Magna.
Taracena expresó que la Constitución de 1985 contiene valiosos aportes para dar apoyo sustantivo al sistema democrático, la independencia de los poderes del Estado, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la CC, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Defensa Pública Penal.
“Debemos conmemorar su vigencia con sentido patriótico, dando sustancia a su espíritu y contenido, a las esperanzas e ilusiones de aquellos 88 constituyentes que, con arduo trabajo y superando cualquier obstáculo ideológico, de interés gremial o personal, le dieron vida hace 31 años”, agregó.
Por su parte, Morales instó a no defraudar a las  nuevas generaciones. “Desde el Organismo Ejecutivo somos respetuosos del orden constitucional; estamos promoviendo y fortaleciendo la transparencia en el manejo de los recursos del Estado. Sigamos construyendo una verdadera democracia y heredemos desarrollo y prosperidad”, expresó.
De igual manera, el titular del Organismo Judicial dijo que la fecha debe ser de celebración. “Que nuestro futuro se consolide conforme a los principios y valores establecidos por el soberano, que es la Constitución, a la cual debemos respeto y cumplimiento, pues nuestro fin supremo es el bien común en la búsqueda de la paz social”, comentó.
Finalmente, el presidente de la CC hizo un llamado a interiorizar los valores establecidos en la Carta Magna, con el objetivo de hacerlos realidad en nuestro país y proyectarlos en la convivencia, como una sociedad democrática de mujeres  y hombres libres e iguales en dignidad y derechos.
A la actividad  asistieron  funcionarios  de Estado, dignatarios y representantes del Cuerpo Diplomático acreditados en Guatemala, entre otros.  
Por Elizabeth Linares

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El pleno del Organismo Legislativo conoció ocho iniciativas de ley durante la tercera sesión extraordinaria, las cuales fueron enviadas a distintas comisiones de trabajo para su análisis y dictamen correspondiente.
El primer proyecto fue el 5041, que dispone aprobar la condonación del 100 por ciento del monto que corresponde al pago de los impuestos del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo y timbre notarial. Otra de las propuestas conocidas fue la 505, que contiene la Ley de Readecuación Presupuestaria y Priorización del Gasto Público. Ambas  fueron remitidas a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda.
Las iniciativas para reformar las leyes de Arbitrio de Ornato Municipal, Orgánica del Congreso de la  República, de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, así como de Zonas Francas, fueron enviadas a las salas de Finanzas, Apoyo Técnico y Economía.
Además, se recibieron los proyectos de Ley de Aviación Civil y del Sistema Nacional de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala.
Al concluir la sesión extraordinaria los jefes de bloque acordaron que este miércoles 1 de junio se realizará la cuarta sesión extraordinaria, en la cual se retomará el proceso de elección del magistrado que sustituirá a Vladimir Aguilar en la Corte Suprema de Justicia.
Entre los temas que se trataran la plenaria que ya fueron definidos están:
a) Iniciativa que dispone aprobar Arancel a la Importación de Piezas de Pollo en el marco del Sistema Arancelario Centroamericano.
b) Iniciativa que dispone aprobar Ley para la Lectura, Enseñanza e Instrucción Bíblica en Establecimientos Educativos Públicos, Privados y por Cooperativa.
c) Iniciativa que dispone aprobar Ley de Régimen Jurídico del Automotor para la República de Guatemala.
d) Iniciativa que dispone aprobar Ley Contra la Violencia Sexual en Centros Educativos.
e) Iniciativa que dispone aprobar reforma al Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal.
f) Iniciativa que dispone aprobar Ley del Número Único de Emergencias y Urgencias a Nivel Nacional.
g) Iniciativa que dispone aprobar Ley Marco para la Defensa y Protección del Consumidor y Usuario.
Discusión por artículos y redacción final de los proyectos de decreto siguientes:
a) Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de la Carrera Judicial.
b) Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley del Contrato de Factoraje o de Descuento.
Discusión en tercer debate, por artículos y redacción final, de los proyectos de decreto siguientes:
a) Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal.
b) Proyecto de decreto que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, sobre Privilegios e Inmunidades, firmado en la ciudad de Guatemala, el 22 de diciembre de 2011.
c) Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto 67-95 del Congreso de la República, Ley de Arbitraje.
Por Karla Herrera

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El presidente del Congreso, Mario Taracena, valoró el contenido del informe anual presentado por la Contraloría General de Cuentas (CGC), el cual, entre otros asuntos, reporta acciones anómalas cometidas por los integrantes de las juntas directivas de este organismo en los años 2014 y 2015. Afirmó que “es un paso por la transparencia”, por lo cual pidió que se profundice en las investigaciones. 
“Las mafias están enquistadas en todos los niveles; no solo son diputados”, manifestó Taracena, en alusión a las irregularidades encontradas y a la imposición de multas por Q5.4 millones, denuncias penales por Q35.6 millones y reclamo de devolución de Q31.7 millones a los funcionarios denunciados.
En la lista de personajes señalados están 18 diputados, la mayoría integrantes de las juntas dirigidas por Arístides Crespo, en 2014, y Luis Rabbé, en 2015, además de 14 funcionarios, incluyendo a empleados del Legislativo.
Entre las anomalías reportadas por la CGC están:
•  Aprobación extemporánea de contratos del Reglón 029.
•  Irregularidades en contratación de personal de Renglón 011.
•  Aumento irregular del 10 por ciento a los salarios.
•  Anomalías en el pago de horas extras.
•  Avalar al personal licencias sin goce de sueldo.
•  Duplicidad de pagos por servicios de asesoría.
•  Contrataciones de 64 empleados familiares.
•  Autorizar el pago a 41 empleados asignados a diputados.
El presidente del Legislativo agregó que aún falta mucho por destapar dentro del Congreso, pues conforme avancen las investigaciones “se destaparán más hechos”.
Destacó como uno de sus logros que ahora ningún diputado tiene más del personal que le corresponde. Además, resaltó que en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, la calificación al Congreso subió de 30 por ciento a 80 por ciento, lo cual demuestra el compromiso con la transparencia.
Por Byron Ramírez

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La Comisión de Asuntos Municipales, integrada por la diputada Thelma Ramírez, de la Unidad Nacional de la Esperanza, Germán Velásquez, del Partido Patriota, Eva Nicolle Monte y Sergio Leonel Celis, de Acción Ciudadana, realizaron la tercera jornada de trabajo orientada a esclarecer los contratos de arrendamiento entre la Compañía Desarrolladora Ferroviaria (Ferrovías) y la Compañía Bananera Guatemalteca Independiente en Puerto Barrios, Izabal.
Derivado de estas mesas de trabajo, Ramírez, quien preside la sala legislativa, anuncio que mediante los oficios de Enrique Godoy, comisionado de Desarrollo Humano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, se solicitó una audiencia con el mandatario Jimmy Morales, con el fin de explicarle el trabajo y dar a conocer la información recabada.
“Consideramos que no tiene sustento jurídico, y tanto la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas han coincidido en que el mismo no debería haber nacido a la vida jurídica”, expresó Ramírez, quien agregó que estas acciones buscan que el Estado reciba los ingresos correspondientes, “no con montos de risa o, en el peor escenario, que no reciba nadan como ha sido en los últimos meses”.
Godoy afirmó que trasladará la petición por considerar que la cita será “valiosa, pues se busca el bien de país”.  
El congresista Velásquez manifestó que el Estado de Guatemala debe tener nuevamente la administración de puerto.
Roberto Mansilla, interventor de Ferrocarriles de Guatemala, anunció que la próxima semana se iniciará el proceso para elegir al administrador único de la portuaria, para lo cual solicitarán ayuda a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y a la sociedad civil, para elegir a la persona idónea.     
A la citación también acudieron Mynor Castillo, gerente general de Ferrovías, y Carlos Mencos, jefe de la Contraloría General de Cuentas.
Por Byron Ramírez

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El diputado Óscar Chinchilla, cuarto secretario de la Junta Directiva, en atención a  trabajadores  de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), que denuncian  falta de pago de sus salarios desde enero, citó a Raúl Solares, jefe de dicha entidad; Aldo Estuardo García, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y a Víctor Martínez, viceministro de Finanzas Públicas, entre otros funcionarios, para aclarar el asunto.
En la reunión se informó que la SIT estaba exenta del pago de montepío; sin embargo, entre las normas incluidas en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2016 se establece que todas las entidades estatales deben  incorporarse al régimen de la Oficina Nacional de Servicio Civil, (Onsec), proceso que no se ha realizado.
Para los trabajadores de la SIT, este requerimiento no es legal, debido a que el Acuerdo Gubernativo 91-97 los exonera de esta retención y son derechos adquiridos. “Llevamos 5 meses sin pago; hemos acudido a todas las instancias legales y no se nos ha escuchado; de no solucionarse, procederemos a declararnos en huelga”, indicó Marco Antonio Escobar, representante de los trabajadores.
“La SIT trabaja con fondos privativos, pero es una dependencia de Ministerio de Comunicaciones, por lo que como institución del Ejecutivo debe estar regida por la Ley  de Servicio Civil. Cuando ellos cumplan con el requisito de pagar el montepío, se harán efectivos los pagos”, manifestó Estuardo Ramírez, director de Onsec.
El diputado Chinchilla declaró que se busca la intermediación para solucionar esta problemática. “La recomendación es que pidan un dictamen a la Contraloría General de Cuentas y a la Procuraduría General de la Nación, para no caer en una  ilegalidad”, refirió.
Por Rosemary Recinos

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Durante una mesa de trabajo, los diputados de la Comisión de Salud, que preside el parlamentario Luis Hernández Azmitia, se reunieron con funcionarios de los  ministerios de Salud y Finanzas, así como con delegados de la Contraloría General de Cuentas, representantes del Colegio de Médicos y de la Gremial de Farmacéuticos, para avanzar en la discusión de la Iniciativa 5075, Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.
El congresista indicó que la norma vigente limita a las unidades ejecutoras de la cartera para abastecerse, por lo que dicho proyecto pretende modificar los procedimientos en la adquisición de medicamentos, con el objetivo de agilizarlas y asegurar la salud a los guatemaltecos.
“Hoy se revisó la iniciativa con todos los sectores y vamos a seguir analizándola  con el propósito de generar un marco legal, transparente y dinámico, para que las unidades ejecutoras tengan la capacidad de abastecer los hospitales nacionales y centros de salud”, argumentó Hernández Azmitia.
Agregó que para el viernes se fijó una reunión final con las entidades involucradas en el tema, para hacer las modificaciones e impulsar dicha iniciativa.
El viceministro de Salud Carlos Mazariegos expresó que es viable la propuesta en discusión, pero es necesario analizarla a profundidad para tener un consenso entre los sectores involucrados. 
“Hemos hecho algunas sugerencias cuando se inició la mesa de trabajo y se coincide en algunos articulados. La idea es seguir analizando la propuesta para tomar en cuenta las opiniones de otras entidades”, manifestó el funcionario.
Arturo Quevedo Girón, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, comentó que en dicha mesa de trabajo han surgido propuestas importantes. “Vamos a someterlas a discusión y a aportar en lo que nos corresponda”, concluyó.
Por Elizabeth Linares

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El presidente de la Comisión de Paz y Desminado del Congreso, Edwin Maldonado Lux, se reunió con Darwin Ramírez, viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), y con representantes del Sindicato de las Escuelas de Formación Agrícola, para tratar de conocer las denuncias de cinco despidos en el centro educativo en Cobán, Alta Verapaz, y ser mediador para resolver la situación.
“Buscaremos el diálogo entre los afectados y la institución para determinar qué fue lo que realmente pasó; se va a revisar el expediente y dar el seguimiento correspondiente”, manifestó el funcionario.
Los trabajadores de la Escuela de Formación Agrícola fueron despedidos después de que estudiantes tomaran la sede en Cobán, Alta Verapaz, en septiembre del año pasado, cuando solicitaron mejorar la atención administrativa y alimentaria, lo cual derivó en el despido de los cinco trabajadores, explicó Álex Martín Quin, de los empleados sindicalizados.
“Nos vamos satisfecho de la cita y ahora se esperará la programada para el próximo lunes, a la espera de resultados satisfactorios para los afectados”, expuso Maldonado Lux.
Por Selvin Rustrián.

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