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Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la cual dirige el legislador Orlando Blanco, citaron nuevamente a los funcionarios involucrados en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Anabella Morfin, Procuradora General de la Nación; Carlos Mencos, Contraloro General de la Nación; y Rodolfo Ferber de la Comisión Portuaria Nacional.
Blanco, señaló que el propósito de la citación fue para dar seguimiento al tema, ya que a pesar de todo lo que ha sucedido en torno a TCQ, “es innegable que el puerto no puede quedarse sin utilizar y en el olvido”.
El jefe de la Bancada UNE lamentó la inasistencia del interventor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Alexander Aizenstatd, asegurando que las excusas presentadas para no asistir carecen de sustento por lo cual no descarta iniciar acciones legales por su incomparecencia. 
“El propósito de la citación es conocer cuál es la situación financiera actual de TCQ y la ruta legal propuesta para solucionar el caso en favor del Estado de Guatemala” expresó Blanco.
Entre las dudas está la sugerencia de inyectar capital a la empresa por unos 18 millones de dólares, fondos que deberían provenir de una fuente externa y los cuales servirían para que el puerto pueda terminar las operaciones de este año, mientras que para arrancar funcionando el 2017, necesitan un aproximado de 21 millones de dólares.
La Procuradora General de la Nación, Anabella Morfín, señaló que por separado se han tenido reuniones con el presidente de la República, Jimmy Morales para tener una solución pronta al problema, siempre bajo un marco legal, aclaró Morfin.
Antecedentes
• El usufructo fue dado  a TCQ en 2013.
• Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti son acusados de haber recibido $8.2 millones (Q61.82 millones) en sobornos a cambio de entregar el usufructo a TCQ.
• El 2 de junio se anuncio la intervención de TCQ y se nombró a Alexander  Aizenstatd como interventor.

Por Byron Ramírez.

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Con 86 votos, el pleno del Congreso de la República aceptó la renuncia del magistrado Douglas René Charchal Ramos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El exfuncionario judicial permanece en prisión preventiva por orden del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien lo ligó a proceso por su supuesto involucramiento en un contrato de usufructo oneroso firmado por 25 años entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal TCQ.
El sindicado afrontó un proceso de antejuicio que finalizó con la recomendación del juez pesquisidor para retirarle la inmunidad, la cual fue confirmada por la CSJ.
Se espera que la Corte Suprema de Justicia envíe los nombres de las personas que podrían sustituir a Charchal, para programar la elección, explicó el diputado Oliverio García Rodas.
Por Selvin Rustrián

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En la jornada de este martes, los diputados al Congreso de la República avanzaron con la aprobación de la iniciativa 5121, Código de Migración, y superaron los puntos álgidos de al menos 240 artículos distribuidos en 3 libros.
Entre los aspectos más importantes aprobados por el pleno están: reconocer el enfoque en derechos humanos y seguridad; la creación del Instituto Guatemalteco de Migración (que sustituiría la actual Dirección General de Migración), de la Autoridad Migratoria Nacional y el Consejo de Atención y Protección; este último tiene como fin generar campañas de prevención e información sobre los riesgos de la migración y los derechos de las personas migrantes, entre otros aspectos.
Durante la sesión de este martes concluyó la aprobación de los artículos contemplados en el libro II y se inició la discusión de las enmiendas al III, proceso que continuará en la plenaria del jueves a partir de las 10: 00 horas, para alcanzar los acuerdos a la reforma de curul planteada al artículo 237, relacionado con el aumento del número de consulados en las ciudades de Estados Unidos, donde no existan.
“Creo que no hay diputado que esté en contra de este tema; por ello mejor declaré un nuevo receso para evitar que se pierda esta posibilidad de que los guatemaltecos en el extranjero tengan una mejor atención”, explicó el presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol.
Diputados de diferentes bancadas dijeron que se evaluará la fuente de financiamiento para fortalecer la red consular, a lo cual el presidente de la Junta Directiva recordó que será del 25 por ciento de los fondos que se adquieran por la emisión de pasaportes.
Ley positiva para el país
Los legisladores se mantienen pacientes para que finalmente se apruebe el Código de Migración, pues con ello se fortalecerán las políticas migratorias del país, ya que recuerdan que Guatemala se ha convertido en una frontera para las personas que van hacia Estados Unidos.
Boris España, jefe del bloque legislativo Movimiento Reformador, aseguró que con la nueva norma, que se espera aprobar en su totalidad el jueves, se obtendrá un mejor control migratorio.
“Es de suma importancia, porque se fortalecerá la seguridad nacional y regional, evitando el traslado regular de las personas que migran de uno a otro país, en el mismo Istmo centroamericano”, afirmó el legislador.
Por Sayda Galicia

 

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La presidenta de la Comisión de la Juventud, Eva Nicole Monte junto a la diputada Alejandra Carrillo, propusieron la integración de mesas de trabajo en las que se propongan programas conjuntos entre las instituciones de gobierno y organizaciones civiles con los que se ayude a las niñas y adolescentes que resultan embarazadas luego de ser víctimas de violencia sexual.
La propuesta fue hecha por la diputada Alejandra Carrillo, en una reunión en la que participó Claudia Ordoñez, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, quien dio a conocer que tienen registradas 1552 denuncias de embarazos de niñas y adolescentes menores de 14 años, la mayoría de los cuales provienen de los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz y Guatemala.
A la reunión también asistieron el Viceministro de Desarrollo Social, Aldo  Pagurut; el Viceministro de Educación, Héctor Canto; el Sub procurador de la Procuraduría General de la Nación, Haroldo Flores y Abner Paredes de la Procuraduría de Derechos Humanos, quienes aseguraron que se necesita de ayuda financiera para poder atender las denuncias sobre abuso y explotación sexual hacia las menores de edad.
“La propuesta de las mesas de trabajo pretende abordar diversos temas entre ellos el aumento de la ayuda económica que se les da a las niñas y adolescentes embarazadas por violaciones, el cual es de 300 quetzales mensuales, pero se busca que aumente a 200 dólares para cada víctima, dinero que serviría para ayudarles con la manutención de los bebes y de ellas mismas, quienes en su mayoría son menores de 14 años”, destacó la diputada Eva Monte.
Durante las mesas de trabajo se espera conocer temas como el presupuesto para una campaña en los centros educativos para evitar la violencia entre los estudiantes y embarazos a temprana edad, así como involucrar a las autoridades de justicia para que castiguen a quienes cometen delitos sexuales.

Por Karla Herrera.

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Durante el desarrollo de la reunión de la instancia de jefes de bloque, el presidente del Congreso, Mario Taracena dio a conocer que el diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Ronald Arango, presentará una iniciativa de Ley para la eliminación de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, esto luego de varias inconsistencia encontradas por Arango en conjunto con la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Dentro de los señalamientos en contra los integrantes de la Oficina contra la Tortura realizados en el informe destaca “excesos de salarios, de plazas; acusaciones de violencia y abuso sexual”.
Taracena calificó como un abuso lo realizado por los integrantes, asegurando que “abusaron del respaldo que les dio el Congreso de la República, se pusieron sueldos de Q60 mil”, esto es algo que da pena afirmó Tarcena, quien agregó que se buscarán el modo de anular esta comisión lo más pronto posible.
Sustitución de Charchal y Código de Migración
Los jefes de bloque acordaron continuar con la sesión ordinaria declarada permanente donde se conocerá la renuncia del Magistrado, Duglas René Charchal Ramos, para que la Corte Suprema de Justicia pueda notificar oficialmente al Organismo Legislativo de la vacante y se pueda iniciar el proceso para elegir al nuevo magistrado o magistrada.
También los legisladores continuarán con la lectura del código de migración, para que el mismo pueda quedar aprobado a más tardar la próxima semana.
Durante de la reunión de jefes de bloque, la Comisión de Salud del Congreso presentó un informe sobre la situación hospitalaria del país y las áreas de salud donde se pidió el apoyo de las bancadas para que al Ministerio de Salud se le pueda asignar un presupuesto acorde a las necesidades de salud del país.

Por: Byron Ramírez.

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El diputado Marvin Orellana, subjefe de la bancada Alianza Ciudadana, anunció que dicho bloque se sumará a una mesa técnica interinstitucional con el propósito de encontrar soluciones a diversos problemas que aquejan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
“Es necesario que existan cambios en el IGSS,  sin embargo nosotros como bancada no vamos a avalar nada que vaya en contra o que se dañe el derecho de sus afiliados”, dijo Orellana, en una reunión en la que participaron varios diputados de la bancada, así como el presidente de la Junta Directiva del IGSS, Carlos Contreras; Carlos Mencos, Contralor General de Cuentas y Jorge de León Duque, Procurador de Derechos Humanos.
En dicha reunión se abordó la situación administrativa y financiera de dicho Instituto de Previsión, así como el tema de una posible privatización.
La mesa técnica, que será coordinada por el Procurador de Derechos Humanos, discutirá varias problemáticas del IGSS, entre ellas la deuda que el Estado tiene con esta institución.
En la reunión, los diputados manifestaron su preocupación respecto a temas como la  sobrevaloración en la compra de medicamentos, la falta de especialistas para atender a la población, el retraso en las pensiones de los jubilados y la falta de acciones para solventar esta problemática.
Debido a que el tema del IGSS es muy complejo, el presidente de la junta directiva del IGSS, Carlos Contreras dijo que “hay procesos muy importantes para su modernización y optimización de servicios,  como la implementación de una plataforma tecnológica (SAP), cuyo objetivo es integrar todas las unidades y movimientos que se realicen dentro del instituto, así como el programa de digitalización que incluirá aproximadamente 400 y 600 millones de registros, proceso en el que ha avanzado en un 50 por ciento y el cual se espera que pueda concluir en el 2017”, dijo el funcionario.
El sub jefe de la bancada, diputado Marvin Orellana, cuestionó respecto a la alternativa de la privatización como una solución para mejorar la cobertura y atención de salud y de previsión, a lo cual el funcionario manifestó su total rechazo al indicar que “el seguro social es estrategia de la Nación, que debe dar certeza a todas las familias del país de aquellos que están en la producción de bienes y servicios”.
“Si esto  pasara a manos privadas,  lo que privaría sería la rentabilidad  de las inversiones y la efectividad rentable de los programas de atención y salud “hay sectores que se quedarían totalmente desprotegidos porque jamás podrían pagar un seguro que les pueda cubrir”, añadió Contreras.

Por Rosemary Recinos.

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“Esta es una iniciativa sin precedentes en Guatemala porque es apoyada por los presidentes de los tres poderes de Estado”, expresó Mario Taracena, Presidente del Congreso durante la presentación de las conclusiones de las mesas del Diálogo Nacional para la Reforma al sector Justicia, las cuales serán trasladadas mediante una iniciativa de ley que será enviada en las próximas semanas al Organismo Legislativo.
El diputado Taracena expresó durante su discurso que las reformas al sector justicia son un avance para el país en esa materia, por lo que se comprometió a impulsar la iniciativa cuando llegue al organismo Legislativo a través de los jefes de bloque, para que las reformas sean una realidad.  
Al acto también asistieron el presidente de la República, Jimmy Morales; el presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rojas; la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana; el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez y el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque.
La propuesta incluye varios cambios que buscan fortalecer el Sistema de Justicia en Guatemala, afirmó el presidente Taracena, quien agregó que espera que los diputados apoyen el proyecto para que antes de finalizar el año, las reformas sean una realidad.
Modificaciones
Las reformas pretenden cambiar el mecanismo para elegir a los magistrados del Organismo Judicial, al eliminar las Comisiones de Postulación y dejando al Consejo como el encargado de designar a los magistrados a la Corte de Apelaciones y de elaborar las listas para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia.
Entre otros cambios están las reformas a la figura del antejuicio, carrera judicial, independencia judicial, que el Derecho Indígena sea vinculante, así como modificaciones a los requisitos para ser magistrado o juez, entre otras.
Datos
El proceso inició en abril de este año por iniciativa de los presidentes de los tres poderes del Estado.
Participaron 1,500 guatemaltecos de diferentes sectores de la sociedad a nivel nacional.
Se organizaron 148 mesas de trabajo.
Se impulsaron modificaciones a 24 artículos de la Constitución relacionados con el tema de justicia.

Por Byron Ramírez.

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La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza rechazó este viernes la propuesta por 79 mil 830 millones de quetzales, solicitados por el Organismo Ejecutivo para el presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el próximo año.
“No justifican el porqué piden un presupuesto tan elevado, no se puede financiar un presupuesto con deudas millonarias, no incluyen normas de transparencia y por la situación real del país debería de ser un monto menor y la UNE estaría apoyando si es reducido entre 75 o hasta 77 mil millones de quetzales”, manifestó el diputado Carlos Barreda.
La bancada de oposición propone hacer un análisis exhaustivo y técnico para tener un presupuesto idóneo, donde además verificarán lo ejecutado hasta el momento por los ministerios, debido a que muchos de ellos apenas han invertido solo el 57 por ciento de su presupuesto.
Asimismo cuestionaron el monto de endeudamiento por medio de bonos que proponen para financiar el proyecto de gastos de otro años, porque la deuda  sobrepasa los 17 mil millones de quetzales, y porque la superintendencia de Administración Tributaria no tiene una ruta para mejorar la recaudación con la que se pueda respaldar dicho presupuesto.
“La comisión de Fianzas evaluará el presupuesto e invitará a organizaciones, sociedad civil y funcionarios para tener un panorama real y determinar la necesidad y beneficios que se obtendrán con un presupuesto apegado a la realidad”, expuso el presidente de la Comisión de Finanzas, Jairo Flores.
Flores añadió que no alterarán el listado Geográfico de Obras, salvo que existan razones de fuerza mayor.
La Bancada de la UNE espera consensuar un presupuesto menor y llevarlo al pleno para su aprobación, ya que los parlamentarios están consientes de que es necesario aprobar un presupuesto para su ejecución en el 2017.

Por Selvin Rustrián.

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Diputados que integran la Comisión de Seguridad Alimentaria que preside el representante Víctor Manuel Estrada Orellana, entregaron al Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo de León Duque, la Iniciativa 4944, Ley de Alimentación Escolar, para que acompañe el proceso previo a su aprobación en el Congreso.
El parlamentario refirió que la iniciativa contempla que se incremente el presupuesto de la refacción escolar para el próximo año a Q1 mil 500 millones el cual actualmente es de Q792 millones, cifra que se queda corta para cubrir las necesidades alimentarias de los estudiantes en el país.
“Hemos realizado varias mesas técnicas con el Ministro de Finanzas para que se readecue el presupuesto para ejecutar esta iniciativa que pretende aumentar la inversión en la refacción de Q1.11 a Q4 por cada niño en los 83 municipios priorizados en los que se considera hay mayor pobreza”, dijo el diputado Estrada.
El parlamentario explicó que en los demás municipios, que no están incluidos entre los priorizados, el monto será de Q2.37 en el área rural y de Q1.66 en el área urbana.
La comisión ya trabaja en la elaboración de un reglamento que permite que el proyecto sea fiscalizado por los mismos padres de familia, quienes deberán velar por que se cumpla con el objetivo de esta ley y no sea un punto más de corrupción.
Por su parte, el PDH mencionó que el tema de la desnutrición en el país debe ser abordado no solo por los tres organismos del Estado sino también por la Sociedad civil y el sector privado.
“Creo que es importante el tema de la alimentación de la niñez sobre todo en este país con altos índices de desnutrición crónica y aguda. Cualquier  esfuerzo de los diputados para avanzar en temas que sean de beneficio para el país, va ser siempre respaldado por el procurador”, expresó Jorge Eduardo de León Duque.

Por Elizabeth Linares.

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