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El presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena Díaz-Sol, recomendó este día a los diputados involucrados en el caso de plazas fantasma a seguir el ejemplo de los congresistas Selvin Boanerges García Velásquez de CREO y Julio César López Villatoro de UNE, quienes hoy renunciaron a sus curules tras ser señalados de corrupción cuando eran directivos del Congreso. Las vacantes serán ocupadas por Juan Carlos Bautista, Distrito Central y Lucrecia Carola Samayoa, electa por Huehuetenango, respectivamente.
“Ojalá eso sirva de ejemplo para los otros, para don Luis Rabbé y para Fajardo; esa gente que se vaya, ya le hicieron suficiente  daño al Congreso,   nos golpearon muchísimo a la clase política, que no nos sigan haciendo pedazos porque  esto va en deterioro y en desgaste del Congreso de la República”, dijo el presidente Taracena.
Las declaraciones fueron dadas por el legislador luego de que el Pleno de los Diputados aceptara, con más de 90 votos a favor, en ambos casos, la renuncias de los diputados Selvin Boanerges García Velásquez, de CREO y Julio César López Villatoro, de UNE, para someterse a la justicia y que se aclare su vinculación en la supuesta contratación de plazas fantasma en el Congreso de la República.
Las semana pasada, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)  y el Ministerio Público (MP) presentó solicitud de antejuicio contra los expresidente del Congreso, Luis Armando Rabbé Tejada y Arístides Crespo Villegas; y contra los diputados Julio César López Villatoro, Selvin Boanerges García Velásquez, César Emilio Fajardo Morales, Manuel Marcelino García Chutá y Carlos Enrique López Girón, por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción. También están involucrados en el hecho los exdiputados Carlos Herrera, Edgar Cristiani y Alfredo Rabbé, y el exdirector Legislativo, José Luis Mijangos Contreras.
El primero en tomar la decisión de irse fue Selvin García quien hizo uso de la palabra y expuso ante el pleno las razones de su renuncia. “Trabajar en el Congreso es para la gente, no para servirse uno. Trabajé para el pueblo de Guatemala y ahora renuncio para ponerme a disposición de la justicia y aclarar mi situación”. El Congresista llamo “cobardes” a quienes se alegran de los errores de los demás.
Posteriormente, y casi por sorpresa, le tocó el turno a López Villatoro quien casi con lágrimas en los ojos explicó que renuncia con valentía, para colaborar con el sistema de justicia. “Me voy con la frente en alto porque he estado más de 20 años en la política y no le he robado nadie”, dijo.
Tras la sesión plenaria, el presidente Taracena en conferencia de prensa dijo que este era un día muy difícil para el Congreso de la República. “Nunca es una buena noticia que dos diputados se retiren y más cuando son señalados de corrupción y esto no debería de alegrar a nadie, es un trago amargo para el organismo legislativo”.
El parlamentario consideró que lo sucedido es una tragedia. “Una carrera  política de muchos años que se queda tirada en el camino por la  ambición al dinero, el diputado que se abstiene de votar es un diputado  cobarde aquí solo se vota a favor o en contra y el que se abstiene es una cobardía”.
Por Selvin Rustrián y José Castellanos

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Congresistas del bloque Convergencia presentaron en la Dirección Legislativa la iniciativa de Ley de Moratoria Minera e Hidroeléctrica, con la cual se propone la suspensión durante cinco años de la emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos y licencias hidroeléctricas, con el propósito de que en ese  tiempo se pueda discutir una nueva política nacional para los dos temas.
Los diputados afirman que el aplazamiento permitiría el análisis de esa herramienta, que incluya la participación de la población mediante las consultas populares vinculantes, lo cual podría evitar la conflictividad social en el interior del país donde se ha registrado mayor resistencia.
El congresista Leocadio Juracán, subjefe de la bancada, dijo que es urgente suspender las actividades mineras e hidroeléctricas en el país por los problemas causados. “Han provocado un gran daño ambiental en varias comunidades y generado mucha riqueza para las empresas; el aporte económico no es mayor para el país y eso es preocupante, porque deja sin presupuesto al Estado, que no puede atender las demandas sociales”, expresó.
“Esta iniciativa es una herramienta para que iniciemos a discutir el modelo de desarrollo que queremos; pedimos que todos los diputados la analicen y se pueda conocer en el pleno de urgencia nacional, porque necesitamos resolver la problemática en todo el territorio. Sabemos que se han hecho consultas a los pueblos pero no han tenido mayor resultado; también conocemos que el Presidente de la República puede decidir sobre el tema”, comentó la legisladora Sandra Morán, jefa de la agrupación política.
Además, Juracán denunció que junto a otros colaboradores de la comisión integrada en el Congreso para conocer las demandas por campesinos de la marcha por el agua, en una verificación realizada por el desvío de ríos y contaminación fueron retenidos por un grupo de trabajadores y agentes de seguridad de una empresa extractora de metales en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Dijo que la denuncia penal fue presentada en el Ministerio Público para la investigación.
Por José Castellanos

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La firma de la carta de entendimiento entre los ministerios de Salud y Educación con el Observatorio de Salud Reproductiva, que permitirá que en los centros educativos se impartan programas de educación sexual  a niños y adolescentes, para evitar embarazos y contagio de enfermedades a temprana edad, fue acompañada por el presidente del Congreso, Mario Taracena, y el diputado Javier Hernández de la bancada del Frente de Convergencia Nacional, como testigos de honor.
“Es una actividad importante de beneficio para los jóvenes del país, lo que demuestra un esfuerzo entre las autoridades para trasladar la educación sexual a los estudiantes”, destacó el jefe del Legislativo.
El convenio fue suscrito por los titulares de ambas carteras, Alfonso Cabrera y Óscar López, respectivamente, quienes destacaron la importancia de la educación para los alumnos en los centros educativos privados y públicos.
Por su parte, Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Reproductiva, aseguró que anualmente se registran al menos dos mil menores de edad embarazadas, por lo cual es importante que desde la niñez se eduque adecuadamente.
Se contempla que los proyectos de educción sexual estén en los pensum de estudios de cada nivel.
Por Karla Herrera

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Los diputados Carlos Barreda y Jairo Flores recibieron en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda al jefe de la Superintendencia de Bancos (SB), José Alejandro Arévalo, y a la representante del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), Alejandra Quevedo, quienes plantearon que en conjunto se presente una iniciativa de ley para prevenir los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en la cual se incluirían reformas a la ley de fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria.
“Conoceremos, analizaremos y socializarlas las propuestas; lo que pretendemos es hacer una iniciativa y llevarla el 28 de este mes al pleno para que sea conocida”, manifestó Flores, titular de la referida sala.
Guatemala es evaluada por el GAFI en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento de leyes, y es necesario endurecer las acciones en esos dos temas, dijo Quevedo.
“Es necesario que la Comisión de Finanzas evalúe las propuestas que presentaremos para vigorizar las instituciones, y más ahora que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala efectúan investigaciones para combatir la corrupción”, expresó Arévalo, encargado de la SB.
La propuesta se conocerá el miércoles en reunión con integrantes y técnicos de la Superintendencia y la sala de trabajo del legislativo.
Por Selvin Rustrián.

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Integrantes de la Comisión de Energía y Minas, que coordina el congresista Juan Ramón Lau, se reunieron con funcionarios de los ministerios de Finanzas y de Energía y Minas, y alcaldes del departamento de Petén, con el fin de conocer la proyección de los ingresos derivados del Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol).
Los legisladores indagaron por la supuesta deuda de al menos Q175 millones con varias comunas de esa área, que deben recibir beneficios por la operación de la petrolera Perenco, según denunció Carlos Caal, alcalde de Flores, Petén.
“La Asociación Nacional de Municipalidades no tiene certeza de lo que se debe percibir por concepto de las regalías, lo cual ha originado que en los distintos municipios de Petén haya una deuda de arrastre y que no avancen las obras”, expresó el jefe edil.
Sin embargo, Regina Farfán, viceministra de Administración Interna de la cartera de Finanzas, indicó que “no son correctos” los procedimientos utilizados para verificar los ingresos del fondo, pues los reportes de ambos ministerios registran que no hay adeudos por ese tema.
La Ley estipula que la distribución de los fondos provenientes de regalías y participación de los hidrocarburos que corresponden al Estado serán distribuidos de la manera siguiente: 5 por ciento para los Consejos Departamentales de Desarrollo y 20 por ciento donde se efectúen operaciones petroleras.
Luis Chang, titular de Energía y Minas, se comprometió a enviar a la sala legislativa y a la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) la proyección de ingresos en esa materia. “Los representantes de la Anam deben tomar en cuenta que el precio del barril del petróleo fluctúa cada año, y debido a eso las proyecciones de lo asignado a cada comuna cambian también de una forma constante”, aseveró.
Al concluir la reunión, el parlamentario Lau expresó: “Estaremos a la espera de los informes para corroborar la información que nos proporcionaron”.
Por Karen Mendoza

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Una propuesta de reforma al Código Penal, para tipificar los delitos de extorsión y sicariato, fue expuesta por diputados que integran la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el parlamentario Oliverio García Rodas; en la presentación participaron delegados del Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal y Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
El documento considera que debe diferenciarse el delito de extorsión de otros ilícitos penales que se confunden con amenazas, chantaje o coacción, por lo que debe considerarse como autónomo, mientras que en el caso del sicariato se necesita tipificar por las connotaciones que actualmente tiene dentro del crimen organizado, pues es una forma o mecanismo para dar muerte a una persona.
El congresista explicó que se debe analizar si es conveniente o no hacer las modificaciones, así como establecer la agravación de las penas. Se esperan aportes de expertos para llegar a conclusiones validas que respondan a lo que se necesita en el sistema de justicia.
“Muchas veces se captura y procesa al sicario, pero a la persona que hizo el encargo, el autor intelectual o a quien ha pagado por este asesinato ni siquiera se le enjuicia”, comentó García Rodas.
Informó que se convocó a las entidades involucradas en el tema para que en dos semanas la sala legislativa pueda tener las conclusiones finales y presentar una iniciativa de ley “que sea efectiva para los operadores de justicia del país”.
Por Elizabeth Linares

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Diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, junto a integrantes de la sociedad civil, se reunieron con delegados de la Unión Europea (UE), con el fin de dar a conocer la situación del país en esa materia.
El representante de la UE para Asuntos de Derechos Humanos, Stravros Lambrinidis, y la embajadora en Guatemala, Stella Zervoudaki, escucharon los informes verbales del comisionado Presidencial de Derechos Humanos, Víctor Hugo Godoy; el jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, y el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Ronald Arango.
Las tres entidades coincidieron en que es importante iniciar las mesas de diálogo de las cuales surgiría la Política Nacional de los Derechos Humanos, que incluirá temas relacionados con la niñez, la mujer, la juventud y otros, como el respeto a los recursos naturales.
También se expuso a los representantes internacionales la postura respecto de la reactivación de la pena de muerte en el país. “No estamos de acuerdo con esta política; es imposible parar la violencia  con más muertes, y aunque en algún momento sea un clamor popular, estamos convencidos de que no es la solución”, explicó Arango.
De León Duque se enfocó en destacar la labor realizada por los defensores de los derechos humanos, “quienes reciben intimidaciones, por lo que es importante brindarles el apoyo necesario”.
Por su parte, la embajadora Zervoudaki dijo que están complacidos con el trato que recibieron por parte de las autoridades. “Aunque se enfrentan problemas, hay voluntad para trascender como país en el tema del respeto a los derechos humanos”, afirmó.
Por Mayra Recinos

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La Comisión Permanente del Congreso de la República ordenó que se colocaran carteles en los pasillos del Organismo Legislativo, para recordar a los trabajadores que pueden acogerse al retiro voluntario, de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 14-2016.
La norma establece que los trabajadores al servicio del Organismo Legislativo pueden optar por el retiro voluntario de conformidad con lo que para el efecto disponga la Junta Directiva, sin perjuicio de las demás prestaciones laborales a las que tuvieren derecho.
Este beneficio estará vigente por un periodo de seis meses a partir su vigencia y establece un pago de indemnización por hasta diez salarios y un bono por retiro voluntario equivalente a cinco salarios.
Los empleados que decidan acogerse al retiro voluntario tienen hasta agosto para hacerlo efectivo y optar por los beneficios.
Por Selvin Rustrián.

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La Comisión Extraordinaria de Seguimiento a las Peticiones de la Marcha por el Agua celebró una audiencia para entregar a las autoridades de los ministerios de Energía y Minas, Salud y Ambiente las denuncias de los campesinos por el desvío de ríos, contaminación del agua y destrucción de cultivos.
La instancia está integrada por los diputados Edwin Maldonado Lux, de la Unidad Nacional de la Esperanza; Leocadio Juracán, del bloque Convergencia; Amílcar Pop, de Winaq; Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y Raúl Romero, de Fuerza.
“Con la reunión de este jueves se cumple con el compromiso adquirido por el Congreso”, expresó el diputado Maldonado Lux, en alusión a los acuerdos para conocer en el pleno la iniciativa de ley de aguas y visitar algunas regiones del país con miembros de las carteras de Energía y Minas y Ambiente, con el propósito de verificar las denuncias de desvíos de ríos y dragados sin estudios de impacto ambiental o permisos.
Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina, aseguró: “Lo más preocupante es el daño ambiental que habrá en los próximos años, pues el agua es el principal recurso natural y con estas acciones se podría perder”.
La comisión entregará un informe al pleno de Congreso en la próxima sesión, para dar cumplimiento a lo solicitado por el presidente Mario Taracena de atender y escuchar las peticiones que hicieron los campesinos durante la marcha que llegó a la capital el 22 de abril.
Por Byron Ramírez

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