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El presidente del Congreso, el diputado Mario Taracena, acompañado de los diputados Luis Hernández, del Movimiento Reformador; Jean Paul Briere, de Todos, y Javier Hernández Franco, del Frente de Convergencia Nacional, iniciaron este lunes una visita oficial a la república de Taiwán.
De acuerdo con el sitio de noticias de ese país Focus Taiwan, el diputado Taracena se reunió con la presidenta de ese país, Tsai Ing-wen, con el objetivo de promover proyectos de cooperación entre ambos países.
La delegación guatemalteca también visitó el palacio legislativo en Taipei, la capital de ese país, donde fue recibida por el presidente de ese organismo taiwanés, Su Jia-chyuan, y su esposa Hung Heng-chu.
En una breve declaración, el presidente Taracena le indicó a su homólogo asiático que los congresistas se han beneficiado con las visitas de sus contrapartes en otros países, durante las cuales han podido aprender nuevos métodos que podrían aplicar en sus procedimientos legislativos.
Luego de la reunión con el presidente Su, Taracena extendió una invitación para que acuda a Guatemala. La visita de los diputados guatemaltecos durará 5 días.
Por: Antonio Ordoñez

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La Comisión de Recursos Hídricos del Congreso recibió a representantes del Centro de Investigación Sobre Inversión y Comercio, de El Salvador (CEICOM), quienes plantearon diferentes propuestas a los legisladores para mejorar la calidad de las aguas que comparten ambos países.
A la reunión fue convocado el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales. “El tema trasciende al ámbito internacional, por lo que es necesaria la participación de las autoridades de esa cartera”, indicó el diputado Leocadio Juracán, vicepresidente de la Comisión de Recursos Hídricos del Legislativo.
Edgar Mira, representante de CEICOM, realizó varios planteamientos a los funcionarios guatemaltecos, destacando la necesidad de aprobar una legislación fronteriza del recurso hídrico y que cualquier decisión legal que los Estados tomen, debería ser consultada previamente con las comunidades. “Es necesario dar un carácter humano al manejo de las aguas, para que prevalezca como un derecho a la vida”, refirió Mira.
Al respecto, el canciller explicó que Guatemala es un país privilegiado, pues dentro de su territorio se encuentran los nacimientos de los afluentes que generan agua dulce para México, Belice, Honduras y El Salvador.
“El 40 por ciento de toda el agua dulce de México, el 80 por ciento de Belice y el 65 por ciento de El Salvador nacen en las cuencas de diferentes ríos de Guatemala, por lo que es importante la cooperación de estos países para conservar las cuencas, así como la calidad y la cantidad del vital líquido, por lo cual se trabaja en convenios que pueden concluir en breve”, indicó Morales.
Al finalizar el conversatorio, los diputados Ferdy Berganza y Juracán, presidente y vicepresidente de la Comisión, anunciaron que a mediados de este mes participarán en un encuentro interparlamentario en la ciudad de San Salvador, para conocer la experiencia de diferentes países y plantear medidas conjuntas orientadas al cuidado de las cuencas.
Por Mayra Recinos

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Con la finalidad de conocer el trabajo que las autoridades del Ministerio de Gobernación hacen para cumplir la orden que emitió la Corte de Constitucionalidad (CC) para suspender los trabajos en la mina La Puya, los diputados que integran la Comisión de Energía y Minas se reunieron con el viceministro de Seguridad, Ricardo González.
En la reunión se dio a conocer que hay agentes de la Policía Nacional Civil resguardando la minera que se encuentra entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala,  pero hay denuncias de que continúan los trabajos de explotación y exportación.
“Nos hemos enterado de que la resolución de la CC no se ha cumplido a cabalidad, por lo que pediremos ser querellantes adhesivos en el proceso que se sigue contra los propietarios de la mina conocida como la Puya, con lo cual daremos seguimiento al caso para que se suspenda definitivamente la licencia, solicitud que ha sido hecha por los habitantes de los municipios afectados”, destacó el diputado Juan Ramón Lau Quan, presidente de la referida sala.
Por su parte, el viceministro González aseguró que ya se han hecho operativos en los alrededores de la mina y se capturó a personas que sustraían metales, por lo que fueron consignadas.
Finalmente, se dio a conocer que la próxima semana se citará al ministro de Gobernación, Francisco Rivas, para cuestionarlo acerca del cumplimiento de la orden de la CC.
Por Karla Herrera

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El diputado Álvaro Velásquez, presidente de la Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País, citó a Victorina  Salanic, titular de la Secretaría de la Paz, (Sepaz), y a Byron Barrera, director ejecutivo del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, con el propósito de atender denuncias de despidos presuntamente injustificados en dicha entidad y analizar el futuro del Consejo en el marco del vigésimo aniversario de la firma de la paz.
Extrabajadores del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) revelaron que se ha destituido a más de 170 empleados desde el 1 de abril. Además, se manifestaron preocupados ante “el debilitamiento” del Programa. “Las oficinas centrales y las 14 regionales están prácticamente cerradas por falta de presupuesto y de personal; no se les da la atención que corresponde a las   víctimas del conflicto armado interno, quienes deberían de ser prioridad”, declaró  Luis Castro, uno de los denunciantes.
Por su parte, Salanic indicó el acuerdo de creación del PNR establece que el 90 por ciento del presupuesto se debe destinar a resarcimiento y el 10 por ciento restante a funcionamiento, lo cual se había tergiversado y se está corrigiendo. “No hubo despidos injustificados; solo se trató de la culminación de los contratos 029, pues no se cuenta con más presupuesto”, explicó.
“Lo se evidenció es un mal funcionamiento, malas decisiones en toda la institucionalidad que tiene que ver con el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, el Foro de la Mujer y el Programa Nacional de Resarcimiento”, declaró el parlamentario.
En el marco de la conmemoración del vigésimo aniversario de los acuerdos de paz, Velásquez comentó: “Veo una institucionalidad deteriorada y falta de liderazgo por parte del Ejecutivo. Hay que revitalizar la temática de la paz y fortalecerla presupuestaria y políticamente”.
Por Rosemary Recinos

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Guatemala ha comenzado el debate jurídico político sobre la ratificación de los convenios 175 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia laboral, razón por la cual la Comisión de Probidad del Congreso, coordinada por el diputado Amílcar Pop, promovió un conservatorio para discutir la importancia de avalar dichas normativas.
Se contó con la participación de Mario Román, viceministro de Trabajo y Previsión Social; Victoriano Zacarías, de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG); Julio Coj, de la Unidad Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua); Martiza Velásquez, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila  (Atrahdom) y Alejandro Argueta, consultor sindical.
En su disertación, Román indico que el procedimiento que llevó a la aprobación de los salarios diferenciados que contempla el Convenio 175 a finales del 2015 se caracterizó por ser un proceso viciado, razón por la cual fueron derogados por el Gobierno del presidente Jimmy Morales. “No se puede permitir que existan salarios diferenciados menores al salario mínimo”, afirmó.
Por su parte, Zacarías resaltó la necesidad del diálogo entre el Ejecutivo, Legislativo y la sociedad civil a fin de discutir el contenido de las normativas, pues actualmente en este tipo de legislación se ve beneficiada solo la parte patronal. “No estamos en contra de la ratificación del Convenio 175.  El problema de fondo es que no se cumple la  ley”, aseveró.
Argueta afirmó que los convenios son logros de una gobernanza social laboral. “El trabajo a tiempo parcial debe cumplir dos condiciones: la primera, debe de ser sectorial, y la segunda, deben generarse múltiples decisiones, debido a que antes de existir una política de trabajo parcial se deben reformar las leyes de seguridad social y de impuestos, en virtud de que las personas que opten a trabajar tiempo parcial puedan acceder a jubilación y a los servicios  médicos correspondientes”, manifestó.
Además, dijo que ambas iniciativas son ilegales por no contar con las consultas ciudadanas de forma democrática, legal y con sinceridad de la discusión de políticas que afectan la vida  de los guatemaltecos. “Para crear políticas exitosas de tiempo parcial la sociedad tiene que alcanzar un nivel de desarrollo en el cual verdaderamente las personas puedan trabajar menos horas, sin caer en una situación de pobreza”, concluyó.
En relación del Convenio 189 de la OIT, Velásquez mencionó que el trabajo doméstico no ha sufrido ningún cambio en su regulación. “Apostamos por cinco ejes fundamentales que debe de cumplir este tipo de actividad: jornadas adecuadas, salarios justos y dignificantes, derecho al seguro social, protección de la niñez y juventud que labora en tareas domesticas, y protección a personas que migran a otro país en busca de mejoras”, explicó.
Pop mostró su satisfacción por el resultado de la actividad y dijo que la idea es generar  condiciones de debate y legitimidad desde los trabajadores. “Tenemos conocimiento de serias violaciones a los derechos de los trabajadores y denuncias que no han llevado su curso; también nos preocupa ese nivel en donde el Ministerio de Trabajo ha generado  una opacidad e impulso del salario diferenciado, contradiciendo incluso convenios internacionales”, expresó.
Actualmente el Código de Trabajo de Guatemala regula la labor doméstica como una actividad sujeta a régimen especial, con normas específicas y diferentes a las que se aplican a los trabajadores en general.
El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado en el año 2011 y ratificado por 13 países, contiene los lineamientos básicos para la regulación del trabajo doméstico. De ratificarse este convenio, Guatemala lograría equiparar los beneficios de este grupo con la generalidad de trabajadores, pero con riesgos de provocar desempleo, según Argueta.
Por Karen Mendoza

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En reunión de seguimiento de la mesa técnica que analiza el contenido de  la iniciativa 5068, que contiene reformas al Decreto 15-2014, Ley Preventiva de Hechos Colectivos de Tránsito, el diputado Julio Lainfiesta, ponente del ante proyecto, se reunió con autoridades de la Dirección General de Transportes, Dirección General de Protección y Seguridad Vial, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del municipio de Guatemala, Procuraduría de los Derechos Humanos, representantes de las aseguradoras y usuarios del trasporte público.
La iniciativa de ley fue conocida el 18 de mayo por el pleno y fue remitida a la Comisión de Gobernación para su estudio y emisión de dictamen. 
El diputado Lainfiesta Rímola, del bloque Unión del Cambio Nacional, dijo que se trabaja para que de manera preventiva disminuya “la cantidad exagerada” de accidentes que involucra al transporte colectivo y que “enluta a muchas familias guatemaltecas”. “Creemos que es un trabajo conjunto y que debe existir un acuerdo para normar a los empresarios y a los conductores, y que las autoridades realicen su trabajo de manera adecuada y eficiente”.
Además, mencionó que la ley contempla que los pilotos sean capacitados de  forma constante, los autobuses se revisen periódicamente, las autoridades impongan las sanciones que les correspondan y los vehículos del transporte público cuenten con seguro de vida vigente.    
A este diálogo se incorporaron por primera vez directivos de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, cuyo vicepresidente, Otoniel Dighero, dijo estar de acuerdo con las sanciones, pero bajo el principio de la responsabilidad. “A quien corresponda sancionar que se sancione. En la  reunión se indicó que se podrían unificar varias iniciativas, con lo cual estamos de acuerdo, pero queremos que se también se modifique la Ley del Transporte, que data de 1946, pues tiene 23 artículos y ya es inoperante y obsoleta”, afirmó.
Al concluir la reunión acordaron que el próximo lunes presentarán los cambios que proponga cada institución, con el fin de fortalecer la iniciativa mencionada.       
Por José Castellanos       

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“En este Día Mundial del Medio Ambiente insto a las personas y a los gobiernos de todo el mundo a que superen la indiferencia, combatan la codicia y actúen para preservar nuestro patrimonio natural en beneficio de las generaciones presente y futuras”.
Con esas palabras, Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, se refirió al Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio de cada año desde 1973, y que en 2016 tiene como tema la lucha contra el comercio ilícito de fauna y flora silvestres. Fue establecido por la Asamblea General en su resolución del 15 de diciembre de 1972, con la cual se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el Ambiente.
El Día Mundial del Medio Ambiente tiene como objetivo inspirar a más personas a tomar medidas para evitar que llegue a su límite la creciente presión sobre los sistemas naturales del planeta Tierra.
Se considera que el comercio ilícito de fauna y flora silvestres erosiona la biodiversidad y pone en peligro la supervivencia de elefantes, rinocerontes, tigres y otras especies, además de  socavar economías, comunidades y seguridad.
El tráfico ilegal de especímenes silvestres es considerado una de las principales causas de disminución de las poblaciones naturales de fauna y flora, y una de las actividades ilícitas que mayores sumas de dinero moviliza anualmente. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres regula esa actividad.
En Guatemala, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) es el administrador de la vida silvestre y tiene el mandato de elaborar los listados de especies amenazadas, endémicas y de aprovechamiento regulado.
Para ello se basa en el Decreto 4-89, que en su artículo 82 establece sanciones de prisión de 5 a 10 años y multas de Q10 mil a Q20 mil para quien ilegalmente transporte, intercambie, comercialice o exporte ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de productos de flora y fauna silvestre amenazadas de extinción, así como de las endémicas y las consideradas dentro de los listados de especies amenazadas en peligro de extinción publicados por el Conap.
Guatemala es uno de los 19 países de la tierra dentro de la lista de las naciones “megadiversas” debido a las características de su ecosistema. El tráfico ilegal de especies, incendios forestales, tala ilegal de árboles, usurpación u ocupación de áreas protegidas, cacería ilegal y narcotráfico, pero también el cambio climático, son algunas de las acciones que perjudican la biodiversidad.
En 2015 al menos 600 personas fueron capturadas por delitos ambientales. Se decomisaron 261 motosierras, 709 metros cúbicos trozas de madera, mil 70 metros cúbicos de madera aserrada, 300 metros cúbicos de Rosul, 139 mil 395 ramillas de Pinabete, 317 abetos o árboles armados de Pinabete y 100 libras de pimienta. Además, se incautaron 327 animales silvestres, entre aves, mamíferos y reptiles, así como 18 especímenes disecados y 3 mil 725 huevos de tortuga de la especie conocida como Parlama.
Cambio climático
El diputado Raúl Romero Segura, titular de la Comisión del Cambio Climático del Congreso de la República, explicó que continúan trabajando en nuevas normas para afrontar el fenómeno, y una de ellas es la elaboración del Plan Nacional del Cambio Climático. Explicó también que debe ser prioridad para las diferentes instituciones, como la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, así como los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, entre otros, pues la Organización Mundial de la Salud ha declarado que este año el Fenómeno del Niño podría afectar a no menos de un millón y medio de guatemaltecos.
Por esa razón, la comisión da seguimiento a los trámites que se deben hacer para acceder a los recursos internacionales que brindan los países cooperantes, como el Fondo Verde, que asciende a US $100 mil millones.
En ese sentido, el presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena, tiene previsto participar en la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático que se realizará este año en Marruecos, donde buscará el apoyo para combatir los efectos del flagelo.
Sydney Samuels, titular del MARN, está consciente de que el problema afecta seriamente al país, lo cual se evidencia con el crecimiento del denominado Corredero Seco. “Al menos 100 municipios podrían sufrir de hambruna este año debido a los efectos del cambio climático”, refirió.
Reservas de agua
El oficialmente ha publicado que Guatemala cuenta con 38 cuencas hidrográficas, 194 cuerpos de agua, 49 lagunas, 109 lagunetas, 19 lagunas costeras y 3 lagunas temporales, y que posiblemente 25 lagunas han desaparecido por la urbanización durante los últimos 80 años.
Las principales reservas naturales de agua del país están en peligro, debido a la constante contaminación.
El lago de Amatitlán está situado a  25 kilómetros de la capital y es el depósito de millones de toneladas de residuos industriales y basura que llega a través del río Villalobos; según informes de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, si no se aplican medidas drásticas de recuperación ese manto estaría destinado a convertirse en poco menos de 25 años en un completo pantano, foco de contaminación y de enfermedades.
El título del lago más bello del mundo, que posee el de Atitlán, está a un paso de perderlo. Los tres volcanes que lo rodean no han sido suficientes para detener a las comunidades y a la industria que lo utiliza como desagüe de aguas residuales. Según información publicada por la Autoridad del Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno, todos estos residuos han generado la aparición de cianobacterias que representan un peligro latente para la población.
Según reportes de prensa, la contaminación del lago de Izabal, el más grande de Guatemala, se debe a la desembocadura de las aguas servidas de las poblaciones aledañas a los ríos Matanzas, Cahabón y Polochic. Ello ha causado que prolifere la Hydrilla Verticillata, alga que crece en aguas contaminadas y que a pasos agigantados se apodera de la fuente.
Pero el tema es mucho más extenso que el daño a ríos y lagos; a ello se suma la tala inmoderada de bosques, proliferación de basureros clandestinos y la contaminación por gases de efecto invernadero,  entre otros factores.
El informe del Perfil Ambiental de Guatemala, hecho en el 2010 por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) y la Universidad Rafael Landívar, destaca que la deforestación es creciente y ha llegado a cifras de poco más de 132 mil hectáreas anuales, y alcanzó dimensiones críticas, inclusive, dentro de áreas legalmente protegidas.
Además, delata que no hay políticas públicas explícitas en relación al agua, la intensificación de la sobreutilización y erosión de los suelos, que afectan cada vez más la seguridad alimentaria, y que se mantienen los ritmos de deterioro de las zonas marino-costeras y sus poblaciones naturales de flora y fauna.
El IARNA también alerta sobre la extracción de bienes del subsuelo (minas y petróleo),  lo cual tendrá como consecuencias mayor generación de desechos sólidos y líquidos de origen industrial; las emisiones de gases con efecto de invernadero muestran un incremento acelerado, que unido a la pérdida de bosques naturales acentúa la condición de país emisor neto de tales gases.
Glenda Lee, experta internacional en temas ambientales, indicó que Guatemala tiene varios desafíos, pues es uno de los países más vulnerables.  “En Guatemala existen más de 300 normas en materia ambiental (leyes, reglamentos, políticas, normas municipales y otros), por lo que el reto más grande es hacer que se cumplan a cabalidad, que la regulación realmente funcione”, afirmó.
El 5 de junio se celebra oficialmente el Día Mundial del Medio Ambiente, pero se debe hacer conciencia en que no es solamente un día al año. El cambio climático ya está afectando drásticamente a la población y cada persona debe pensar en cuál será su contribución para cuidar los recursos naturales, a fin de heredar un mejor lugar a las nuevas generaciones.
Por Mayra Recinos

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Con el fin de verificar la vigilancia y el control sobre las carnes que  ingresan al país, como el pollo, res y marrano, el diputado Raúl Romero Segura, jefe  del bloque Fuerza, indagó a autoridades de los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y de Salud Pública, así como la Defensoría del Consumidor y Usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para esclarecer si los productos contienen altos grados de inyección de agua, sal y potacio, por los efectos perjudiciales para la salud de la población.
El representante preguntó a los funcionarios citados sobre las investigaciones efectuadas el año pasado a diferentes productos cárnicos. “Esta situación nos preocupa, porque no es posible que se vendan las carnes con alteración de peso y se comprobó que es dañina para el consumo humano, según informes que recibimos”, aseguró.               
Álex Salazar, director de Inocuidad del MAGA, presentó el plan de monitoreo que realiza la institución y explicó que son responsables de los rastros y mataderos certificados. “Los demás rastros son municipales o  clandestinos que no llenan los requerimientos de higiene para el consumo seguro, por lo cual estamos buscando los mecanismos para que se pueda obligar a los dueños a actuando legalmente”, agregó.
Al concluir la reunión, el diputado Segura dijo tener información de denuncias en casos de carne importada que es distribuida en diferentes expendios sin los controles correspondientes. “Esto tiene graves consecuencias porque golpea a la economía de los consumidores; se debe de identificar si ello produce enfermedades a las personas, por lo cual citaremos a otras instituciones para que nos aclaren la problemática, y buscaremos la solución”, enfatizó.                 
Por José Castellanos

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Representantes de agricultores del país se reunieron este viernes con integrantes de la Comisión de Probidad del Congreso, a quienes solicitaron la cancelación del programa de Moscamed a nivel nacional, con el argumento de que el componente de químicos utilizado causa la muerte de personas y pérdidas económicas y de cultivos.
“Lo que están haciendo destruye al ambiente y daña la agricultura, la salud de la gente y el comercio; lo que queremos es que cancelen las aspersiones aéreas y suspendan definitivamente el programa Moscamed”, dijo Juan Marcos Chabajay.
Es necesario atender el asunto y por eso dentro de tres días las autoridades del Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de Ambiente y Recursos Naturales deberán contar con una agenda de trabajo, un informe de la situación de los agricultores y del daño que las aspersiones aéreas están causando, manifestó Amílcar Pop, presidente de la comisión.
Agregó que durante 3 décadas, el Gobierno de Estados Unidos ha aportado US $20 millones para financiar la utilización de químicos sobre áreas sembradas con café, reservas naturales, fuentes de aguas y pequeñas fincas, en un intento por erradicar la plaga.
Por Selvin Rustrián

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