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Diputados de la Comisión Específica del Congreso de la República que analiza la compra de un edificio para uso Ministerio Público, valorado en más de Q 35 millones, acordaron solicitar la clausura  del edificio mientras se desarrollan las investigaciones.

Los congresistas visitaron hoy el inmueble ubicado en la Diagonal 14, 21-32, zona 5, Colonia Arrivillaga, para evaluar si las instalaciones son las adecuadas para albergar la sede del MP. Después de la inspección ofrecieron una conferencia de prensa en donde señalaron ciertas irregularidades.

Tras examinar el edificio adquirido durante la administración de la exfiscal del MP, Thelma Aldana, los parlamentarios objetaron que el costo no equivale a su infraestructura, ya que no existen áreas adecuadas para los trabajadores, los accesos son reducidos y la zona en la cual se encuentra no es la más idónea.

“Se han invertido Q3.5 millones s después de la compra. en pocas palabras yo afirmo que lo que compró el Ministerio Público es un cascaron que le salió muy caro al pueblo de Guatemala”, explicó el presidente de la comisión, diputado Juan Ramón Lau (TODOS).

La visita se hizo con el acompañamiento del arquitecto Byron Plaza Natareno, jefe de infraestructura del ente investigador, quien brindó detalles de la remodelación a los parlamentarios, y confirmó que el inmueble ha sido modificado a partir de su adquisición.

“No entiendo cuál es el objetivo de esta compra, por simple inspección se puede determinar que este contrato debe ser declarado lesivo porque violenta flagrantemente los intereses del Estado”, opinó el diputado Estuardo Galdámez (FCN-Nación).

La diputada Delia Bac (AC), recalcó la necesidad de continuar con el proceso de investigación, y de que las remodelaciones se paren debido a que “se debe realizar un avalúo y los cambios que tenga el edificio pueden alterar el resultado”.

El diputado Lau convocó a una nueva reunión el próximo martes 25 de septiembre, a las 10 de la mañana, en el Salón de “Pasos Perdidos”, para continuar con la fiscalización. Para tal efecto fue citada a esa sesión la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, así como agentes fiscales de la Unidad de Asuntos Internos y Administrativos, a quienes solicitarán la clausura del inmueble para que la remodelación no continúe mientras la comisión realiza su labor.

Según reportes de prensa, la Contraloría General de Cuentas entregó al Ministerio Público (MP) los resultados de un informe de habitabilidad relacionado con el edificio ubicado en la zona 5, el cual fue solicitado por la fiscal Consuelo Porras.

Por Isabel Mazariegos

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El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, se reunió con representantes del Ministerio de la Defensa, Secretaría de Asuntos Agrarios, Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, Fondo de Tierras, Procuraduría de Derechos Humanos, y pobladores de la Finca Nacional San Luis en Alta Verapaz, para buscar soluciones al problema generado por  la solicitud oficial de desalojos en el lugar.

Pop indicó que las tierras en disputa son propiedad del Estado, adscritas al Ministerio de la Defensa, y que esa cartera ha solicitado el desalojo de más de 100 familias que actualmente habitan en el lugar. “Buscamos una solución por medio del debido diálogo entre autoridades competentes de manera que la población no sea perjudicada y se eviten enfrentamientos violentos”, dijo el congresista.

Los pobladores agradecieron la mediación y coincidieron con Pop en la necesidad de que se busque una pronta solución legal al tema porque de llevarse a cabo un desalojo, este sería totalmente perjudicial ya que toda su vida han vivido en ese lugar.

El congresista, de Winaq, invitó a las autoridades a fortalecer el diálogo, ya que “si se realizan acciones contra los habitantes de la Finca, se estarían cometiendo varios delitos”, por lo que estará dando un estricto seguimiento al caso.

Por Estuardo Zeceña Santiago

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Las mesas técnicas de trabajo organizadas por la diputada independiente Mayra Alejandra Carrillo, dieron su fruto. Este día fue trasladada oficialmente a diferentes instituciones del Estado la propuesta de reformas a la Ley del Servicio Cívico, con el fin de que la analicen y presenten opiniones y sugerencias.

Entre los cambios que plantea la propuesta está la reducción de las horas del tiempo de los servicios cívico social y servicio militar, aumentar la edad de los participantes hasta los 29 años,  y que las Juntas Locales del Servicio Cívico pasen a ser Comisiones Departamentales del Servicio Cívico.

A la reunión asistió Lourdes Xitumul Piox, titular de la Secretaria de la Paz; Emirs Franco, Jefa de la Secretaria Ejecutiva del Servicio Cívico; Manuel Fernando Pineda, viceministro de la Defensa Nacional; Alejandro Canto,    vicetitular de Educación; Julio García Colindres, viceministro de Atención  Primaria en Salud; y Abner Paredes, Defensor de la Juventud de la PDH.

También estuvieron presentes funcionarios de los Ministerios de Finanzas Publicas, Desarrollo Social, Cultura y Deportes, Ambiente y Recursos Naturales y representantes de entidades estatales como Conred, Anam, Sat, entre otras.

“Lo que se busca es que esta sea una ley de acorde a los tiempos modernos y se actualice. Estamos entregando una copia del documento con un cuadro comparativo a cada uno de los presentes, y esperamos que en un plazo de dos semanas nos hagan llegar sus opiniones técnicas jurídicas”, expresó Daniel Cifuentes, asesor de la congresista Carrillo.

Por José Castellanos

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El diputado Walter Félix, presidente de la Comisión del Menor y  la familia, se reunión con representantes de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) para continuar con la labor de fiscalizar la ejecución del presupuesto de los programas dirigidos a la niñez y adolescencia.

El director de presupuesto de la SBS, Salvador Chinchilla, informó que la institución cuenta con un presupuesto de Q235 millones, destinados a pago de personal administrativo y operativo, proyectos de desarrollo integral, proyectos de protección y mantenimiento de casas que funcionan como hogares seguros.

Los representantes informaron también sobre la ejecución del gasto asignado a las subsecretarías que desarrollan proyectos para la protección de los menores. Los funcionarios informaron que la Subsecretaría de Preservación familiar, fortalecimiento y apoyo comunitario  ha ejecutado el 61.40 %; la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, el 45-99 %; y la Subsecretaría de Protección, Abrigo y Rehabilitación Familiar, el 80.73 %.

Explicaron que el desarrollo de estos proyectos se ven afectados muchas veces porque no cuentan con recurso humanos capacitado para controlar los inconvenientes que se dan en los diferentes programas. Para el efecto tuvieron que crear 100 puestos para contratación de personal operativo, abogados, psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales. También tienen previsto la construcción de dos centros que funcionarán como centros de especializados de protección y reinserción.

Por lo anterior, el legislador recomendó que trabajen en el fortalecimiento de las capacitaciones  y la contratación de los trabajadores  para que se cuente con personal que tenga vocación para trabajar con menores. También recomendó a los representantes que “obliguen al estado a tener su propia infraestructura para atender la problemática”.

Antes de concluir la reunión, el legislador solicitó que la SBS lleve a cabo una mesa técnica con la Secretaría en contra de la explotación sexual y trata de personas (SVET). Explicó que esta última solicitó su mediación  para llegar a un acuerdo sobre la distribución de casos y gastos. Los representantes de SBS se comprometieron a llevar a cabo el acercamiento y a mantener informada a la comisión sobre el desarrollo de las mismas.

Por Astrid González

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La congresista Vivian Preciado Navarijo, subjefe de la bancada UCN y representante por San Marcos, se reunió con Saúl Hernández, jefe de la comisaria 42, Beder Fuentes Godínez, jefe de Operaciones de la PNC, José Estuardo Colindres, jefe de Sección de Personal de esa comisaría, Elías López, jefe de la sub estación de Ocos y el jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la institución policial, para conocer cómo se ha desempeñado el Plan de Seguridad Ciudadana es los municipios del referido departamento.

Durante la reunión, los jefes policiacos de la comisaría 42 hicieron entrega a los diputados de  informes circunstanciados sobre el trabajo que han desarrollo. Entre ellos  operativos para la prevención de la delincuencia, robo de vehículos y extorsiones en varios municipios, comunidades y aldeas de San Marcos.

“En lo que va del año los homicidios han aumentado en poca proporción con relación al año pasado. Por ejemplo al mes de septiembre se han registrado nueve personas fallecidas por distintas causas, y en el año                                                                                    pasado los índices delincuenciales era menores. Estamos realizando los operativos como lo manda la Ley Seca y el plan de despistolización en cantinas”, dijo el comisario Saúl Hernández, jefe de la Comisaria 42 de San Marcos.

Además los comisarios indicaron que están ejecutando un registro en todos los talleres mecánicos de los dueños y empleados para exista un mayor control y que se evite el robo de vehículos y la compra y venta de piezas de carros desmantelados.

“Tomando en cuenta que los jefes de la Comisaria 42 tienen un corto tiempo de haber tomado posesión en esa comisaria y han mencionado aquí que le están dando seguimiento al trabajo de los anteriores comisarios la información no es completa y creo que seguiremos citándolos para una próxima reunión con el fin de que nos amplíen el trabajo ya que existe preocupación en los ciudadanos”, dijo la congresista por San Marcos, Vivian Preciado, de la bancada Unión del Cambio Nacional.

La congresista presentó una denuncia a título personal sobre una intimidación que sufrió el día 8 de septiembre en el municipio de Ocos lugar donde reside. Asegura que fueron agentes de la comisaria de Ocos por llegar de manera sorpresiva y sin ninguna instrucción superior y oficial a su vivienda.

“Anteriormente yo he tenido amenazas y considero que como ciudadana y representante del pueblo, y por las diferentes denuncias y quejas que recibimos de la población, hay sectores que no están conformes y estas malas acciones se deben de corregir ya que buscamos los mecanismos de solución por medio de las intervenciones que nos faculta la Ley”, dijo la diputada por San Marcos.

Por José Castellanos

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Con el propósito de garantizar el bienestar de los estudiantes de la Escuela tipo federación “Ulises Rojas”, ubicada en la cabecera departamental de San Marcos, el diputado Rodolfo Moisés Castañón Fuentes de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), se reunió con representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Contraloría General de Cuentas (CGC), Ministerio de Educación (Mineduc) y la Organización de Padres de Familia (OPF) del establecimiento en mención, quienes solicitaron su mediación ante una supuesta sobrevaloración de los insumos adquiridos para la refacción de los estudiantes.

Durante la reunión, los padres denunciaron aparentes anomalías en la compra de alimentos para los menores, además se quejaron del mal estado y falta de higiene en que está del área de cocina, lo que pone en riesgo la salud de los estudiantes.

“No podemos vulnerar los derechos de los infantes, se debe garantizar un uso adecuado de los recursos y sobre todo las medidas necesarias para la elaboración de los alimentos porque si no hacemos algo podemos originar una tragedia”, indicó el diputado Castañón, representante del distrito.

De acuerdo con César Elías, subcontralor de la calidad del gasto, se designarán a delegados de la contraloría para llevar a cabo la auditoria correspondiente. “Nosotros como entidad somos los encargados de velar por el correcto uso de los fondos asignados, haremos las gestiones y en los próximos días haremos llegar la información con los hallazgos obtenidos”, explicó.

Los padres de familia afectados señalaron de manera directa al director del centro educativo, Víctor Hugo Ochoa, quien también compareció a la reunión y en su defensa indicó estar totalmente dispuesto a cualquier investigación.

Este centro educativo es considerado patrimonio cultural y brinda atención a unas 450 niñas de nivel primario, en jornadas matutina y vespertina. Niños con capacidades diferentes y funciona como escuela de educación física departamental.

Por Isabel Mazariegos

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Congresistas de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional se reunieron con funcionarios de distintas instituciones gubernamentales, para proponer un plan de búsqueda y rescate de cuerpos de los fallecidos el domingo 3 de junio a consecuencia de la erupción del Volcán de Fuego, en los alrededores de San Miguel Los Lotes, Escuintla.

A la reunión fueron citados José Luis Benito, ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV); Kamilo José Rivera, primer viceministro de Seguridad del Mingob; Fanuel García, director ejecutivo del Inacif; y representantes de la Unidad de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública, Gobernación Departamental de Guatemala, Conred, Insivumeh y PDH, entre otras instituciones.

También estuvieron presentes  familiares de víctimas fallecidas y rescatistas voluntarios de la ONG  Antigua al Rescate, quienes expusieron las necesidades que están padeciendo los vecinos luego de la lamentable tragedia del 3 de junio de este año que causó más de 100 muertros,  decenas de desaparecidos, miles de evacuados y fuertes daños a la infraestructura vial en varias comunidades de los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla.

“Días después de lo sucedido en el volcán, cuatro diputados decidimos ir a la zona cero y constatamos que no había presencia de instituciones encargadas del tema. Los sobrevivientes estaban sin ser atendidos como debe ser,  los familiares y vecinos estaban ayudando, además de personas ajenas a las instituciones estatales”, relató el diputado Erwin Enrique Álvarez, de la bancada Convergencia.

En la reunión se informó que a pesar de haberse declarado el lugar como inhabitable los rescatistas voluntarios de Antigua al Rescate han continuado con trabajos de encontrar más cadáveres.

Sofía Letona, directora de Antigua al Rescate, indicó que la primera vez, que fueron rescataron 68 cuerpos y la segunda vez 66. “En total hemos rescatado 178 cuerpos los cuales se suman a los 25 encontrados por los vecinos, esta es una muerta de que hay que continuar con el rescate”.

La diputada Thelma Ramírez, de UNE y presidenta de la referida sala de trabajo dijo que existe una gran debilidad de las instituciones y no hay capacidad  de respuesta inmediata ante emergencia como esta de gran magnitud. “Creo que  debemos de prepararnos para otras posibles catástrofes naturales tomando en cuenta que Guatemala es un país de alto riego según informes científicos a nivel internacionales”.

Una sobreviviente de la aldea San Miguel Los Lotes, del departamento de Escuintla, contó que perdió dos hijos en la tragedia. “Estaban llenos de metas y esperanzas para su futuro. También perdí a 38 familiares entre hermanos, tíos, abuelos, padres y sobrinas. Lo que estamos solicitando en que se nos siga ayudando a encontrar los cuerpos que todavía están allí y queremos darles una sepultura como se lo merecen”.

Fanuel García, titular del Inacif, explicó que como institución han colaborado con los vecinos, a pesar de que normativamente no están facultados para hacer este tipo de trabajo. “Debería modificarse la Ley Orgánica y la reglamentación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para que se pueda responder de manera adecuada y eficiente hacia la población”, dijo.

Los diputados acordaron darle seguimiento al tema. Solicitaron informes a Conred, Insivumeh, ministerios de Salud, Comunicaciones y Gobernación para que se pueda hacer un plan y continuar con los rescates de los cuerpos.

Por José Castellanos

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Diputados de la Comisión de Cultura, presidida por el parlamentario Mario Velásquez, citaron a Roxana Ávila, directora del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, para fiscalizar los avances obtenidos durante su gestión.

La funcionaria expresó que este año  le asignaron un monto extraordinario  de Q23 millones para la comprar de equipo, pero que regularmente lo establecido son  Q12 millones, de los cuales  la mitad se utiliza para el  pago de salarios de 125 empleados.

Añadió que uno de sus principales retos es el tema presupuestario, ya que hace falta contratar personal, dar mantenimiento al recinto y a las áreas verdes que abarcan más de 8 manzanas,  control de los parqueos y la implementación  un reglamento interno  actualizado.

“Es necesario modificar ese reglamento ya que data de 1979 y no contempla todas los  diferentes departamentos que tenemos  en este momento.  Los puestos y funciones están mal distribuidos, lo que dificulta la buena administración”.

Agregó que están a punto de terminar este documento para enviarlo a la Dirección de las Artes del Viceministerio de Cultura, para que pueda ser aprobado. Así mismo señaló que se está cotizando  el equipo para modernizar el sistema del cobro de los parqueos, cuya capacidad es de 750 vehículos, lo cual podrá permitir el ingreso de casi Q2 millones.

“Como Comisión realizaremos una visita en el mes de octubre a las instalaciones de este Centro Cultural tan importante para nuestro país,  para verificar sus deficiencias y buscar las posibles soluciones”, manifestó el diputado Velásquez.

 

Por Rosemary Recinos.

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Con 81 votos a favor, diputados al Congreso de la República aprobaron en la cuadragésima cuarta sesión ordinaria celebrada este miércoles, el Decreto 18-2018 por medio del cual ejecutará un libramiento de 15.3 kilómetros, en la cabecera departamental de Chimaltenango, con lo que se espera descongestionar el tráfico hacia el occidente del país, a favor de los pobladores y el turismo.

El objeto de la presente Ley es definir el procedimiento para establecer los precios de los predios privados o las partes por las que atravesará el proyecto de infraestructura vial para circunvalar el Municipio de Chimaltenango, del Departamento de Chimaltenango, planificado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y que ya ha iniciado su ejecución.

La normativa con registro 5367, contó con una enmienda al artículo 2, referente  a la expropiación, propuesta por el representante del bloque Compromiso Renovación y Orden (CREO), Carlos Chavarría, la cual fue aprobada.

En dos ocasiones fue presentada una moción para la adición de un artículo nuevo relacionado al plazo que tendrá el Estado para hacer efectivo el pago de propiedades a expropiarlas, la cual no tuvo  los votos suficientes para ser incluida en la ley.

En el razonamiento de voto, el diputado Oliverio García Rodas (Independiente) recordó: “La Constitución de la República es clara y en su artículo 40, donde se especifica que una expropiación de cualquier índole debe de ser pagada al propietario por parte del Estado, previo a su ejecución y en efectivo, no así 45 días después como lo plantearon las propuestas”.

El decreto que entrará en vigencia 15 días después de ser publicado en el diario oficial,  fue sometido a un fondo de revisión, solicitado a través de una moción  que contó con 82 votos en la cual se expresó la necesidad de cambiar la redacción del nombre de la ley. Este mecanismo fue requerido por diputados de las bancadas, Todos, Convergencia y Creo, entre otras.

En otro punto de agenda  fue conocida en su segundo debate la iniciativa 5415, que plantea reformas  al Decreto 33-98, Ley de Derecho  de Autor y Derechos Conexos, que tiene como finalidad poner a disposición libros publicados a personas que presenten una discapacidad visual.

Asimismo, en el punto de iniciativas de ley, se conocieron 5 propuestas. Entre ellas la 5459 y 5460; la primera dispone aprobar la ley de regularización y control de las áreas de reserva bajo dominio del Estado; la segunda contiene reformas al Decreto 10-98, Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal, El Río Dulce y su Cuenca.

Otros registros que pasaron a la comisiones de trabajo para su análisis y dictamen fueron el 5462, 5481 y 5500. El primero dispone aprobar reformas al Decreto 9-2012, Ley de  Vivienda; el segundo plantea la ley de incremento económico a las pensiones otorgadas por el régimen del Instituto de Previsión Militar, mientras que el último crea la ley orgánica del Instituto Guatemalteco para la Promoción Comercial Competitividad, Inversión, marca paìs e inteligencia de mercados (PROGUATEMALA).

Al momento de continuar con la agenda prevista para este miércoles, el tramite se detuvo por no contar con la mayoría absoluta (80) para la aprobación por artículos y redacción final de la iniciativa 5033, reformas al Decreto 132.96, Ley de Transito.

Por Karen Mendoza

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