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El presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, recibió a Hakima el Haite, ministra de Ambiente del Reino de Marruecos, quien lo invitó a participar en la XXII Cumbre sobre Cambio Climático (COP 22), que se celebrará del 7 al 18 de noviembre en la ciudad de Marrakech.
La visita de la funcionaria marroquí se realizó en el marco del Foro Regional de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria, a realizarse este martes y miércoles, impulsado por el Parlamento Centroamericano, por lo que su titular, José Antonio Alvarado, la acompañó al Palacio Legislativo.
La funcionaria mencionó que más allá de la invitación a la COP 22, la idea es dar a conocer la hoja de ruta de la Cumbre. “Marruecos tiene diversas experiencias que quiere compartir con Guatemala en tema de cambio climático, por lo cual estamos seguros de que la participación del presidente Taracena ayudará a que se transforme en un verdadero accionar de los compromisos de los países desarrollados, de cara a los efectos del cambio climático”, manifestó.
Por su parte, el jefe del Legislativo dijo estar complacido por la invitación y la posibilidad de ser la voz de 10 países miembros del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel), quienes durante el año han trabajado y consensuado una iniciativa encaminada al desarrollo de las naciones más vulnerables al cambio climático.
“Nos sentimos legitimados como región de participar en la Cumbre, por ser los países con más vulnerabilidad en materia ambiental. Además, estamos consientes de la importancia que una iniciativa consensuada entre los países miembros de Foprel puede dar a esta conferencia”, enfatizó.
Entre los objetivos de la COP 22 están ayudar a las naciones en vías de desarrollo a elaborar programas contra el cambio climático antes de año 2020, apoyar los proyectos de energías renovables en el continente africano, aportar apoyo técnico a los vulnerables y facilitar la transferencia de tecnologías.
Por Karen Mendoza

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Con el propósito de conocer detalles de los programas que realizan los ministerios de Gobernación y de la Defensa Nacional para combatir la criminalidad en Petén, los diputados de la Comisión Específica para la Integración y Desarrollo de ese departamento se reunieron con autoridades de ambas carteras, a quienes expresaron su preocupación por el aumento de actos delictivos, que afecta al turismo y la economía.
“Nos preocupa enormemente la situación actual que se vive en la región; hay asesinatos, robo de vehículos, motos, ganado y teléfonos celulares, y vemos que esos hechos van en aumento cada día. Esperamos que las autoridades hagan algo para frenar esta situación”, manifestó el presidente de dicha sala, Jaime Regalado.
El director general de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, dio a conocer que ejecutan diversas estrategias para minimizar los hechos delictivos y se han logrado capturas importantes. “Según nuestras estadísticas se ha disminuido un 14 por ciento la criminalidad en la región del norte y se ha notado en las denuncias ciudadanas y en las detenciones”, expresó.
Asimismo, el viceministro de la Defensa, Óscar Cossío, aseguró que el Ejército envió a 3 mil elementos castrenses y 2 mil 500 de seguridad ciudadana para combatir los flagelos que afectan a los peteneros.
Los diputados expresaron su satisfacción por las respuestas que dieron los funcionarios y dijeron que esperan ver resultados en poco tiempo.
Por Selvin Rustrián

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Integrantes de la mesa técnica de cumplimiento de pago de resarcimiento a las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, dirigida por la diputada Marleni Matías Santiago, se reunieron con representantes de diferentes dependencias para conocer los avances en la Política Pública para atender a los damnificados, la cual está plasmada en el Acuerdo Gubernativo 378-2014.
A la cita acudieron funcionarios de los ministerios de Finanzas Públicas, Gobernación y Desarrollo Social, así como la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Comisión Presidencial contra la discriminación y el racismo, Instituto Guatemalteco de Turismo y Academia de Lenguas Mayas.
La parlamentaria señaló el poco avance en el cumplimiento, pues algunas instituciones aún desconocen las acciones que deben implementar con las 33 comunidades ubicadas en Quiché, Alta y Baja Verapaz, las cuales fueron afectadas por la construcción de la hidroeléctrica.
“Esta Política tiene como objetivo destinar Q1 mil 200 millones a ese fin, de los cuales Q200 son para reparación económica por familia y Q1 mil millones para proyectos de vida en las comunidades”, refirió la congresista.
Agregó que los diputados de la mesa técnica continuarán el acompañamiento a las instituciones involucradas para ver los avances y hacer efectivo el compromiso de Estado.
El representante legal de la Coordinadora de las Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy, Carlos Chen Osorio, indicó que su función es buscar la reparación de los daños causados, por lo que solicita se dé cumplimiento a lo establecido por el Gobierno.
“En la Política Pública hay varios proyectos, además de la indemnización económica  para las comunidades, los cuales a la fecha no se han efectuado. Son más de dos mil familias las que requieren agua potable, viviendas, educación y salud, entre otras necesidades”, comentó Chen Osorio.
Por Elizabeth Linares

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El diputado Fernando Linares Beltranena, de la bancada del Partido de Avanzada Nacional, presentó una iniciativa en la Dirección Legislativa, orientada a que el 10 de mayo no solo se celebre el día de la madre, sino que sea universal o de toda la familia.
“Las madres celebran su asueto solas, sin compañía de sus padres, hijos y demás familia. Como el esposo o su pareja contribuyó a su condición de mamá y porque los hijos son producto de la relación, es justo que la familia también celebre junto a ella y no en forma solitaria, como se ha venido haciendo”, explicó el legislador.
Con esta iniciativa se pretende que el 10 de mayo de cada año sea declarado el Día de la Madre Universal o Día de la Familia, por lo cual las mamás, padres e hijos gozarían de asueto con pago de salario.
Por Selvin Rustrián

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Representantes del sindicato y personal de los hospitales de Adultos y Pediatría de Puerto Barrios, Izabal, participaron en una reunión organizada por la diputada Thelma Ramírez, de la Unidad Nacional de la Esperanza, con autoridades del Ministerio de Salud para solicitar insumos, equipo y la contratación de médicos y enfermeras.
Durante la reunión se dio a conocer la necesidad de contar con 4 médicos más, 1 anestesiólogo y 1 nutricionista, y se solicitó la cancelación de la deuda de Q2 millones por concepto de medicamentos, agua, luz, teléfono, así como la compra de 2 máquinas de rayos X, con valor de Q360 mil cada una.
“Es necesario que las autoridades del Ministerio de Salud tomen en serio la solicitud de los representantes del sindicato del Hospital para Adultos Amistad Guatemala-Japón y el de Pediatría, con el propósito de atender a la población de esa región”, declaró la congresista Ramírez.
Por su parte, el viceministro administrativo de la referida cartera, Carlos Mazariegos, aseguró que se trabaja para contratar al personal que se requiere y cancelar las deudas que son arrastradas desde hace más de dos años.
Al concluir la reunión se dio a conocer que el 11 de julio se realizará una nueva reunión para determinar los avances, y a ella se invitará al ministro de Finanzas, Julio Estrada, para que detalle los desembolsos que se deben realizar para solventar la crisis de la red hospitalaria.

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El presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, informó que la Comisión Permanente acordó que a partir del mes de julio de este año se hará efectivo el descuento del 10 por ciento que ha sido otorgado a los trabajadores de este organismo.
“Tenemos los informes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de Trabajo, los cuales nos confirman que el aumento ha sido concedido de manera anómala; por ello se ha tomado la decisión de corregir el tema lo antes posible”, señaló Taracena Díaz-Sol.
Por su parte, el tercer secretario, Roberto Kestler, explicó: “En el acta se estipula que el subdirector general (Emilio Dávila Figueroa), debe definir la metodología para aplicar de manera retroactiva al mes de enero el descuento del aumento que se aplicó al salario nominal, así como otorgar de manera correcta el aumento del 10 por ciento”.
Al ser consultado acerca de la decisión de aplicar los descuentos solo este año, el presidente del Legislativo aseguró que la intención de los directivos es atender uno de los hallazgos de la Contraloría, corrigiendo así la forma en que ha sido concedido el aumento establecido en el Pacto Colectivo.
La Comisión Permanente también acordó este viernes dejar sin efecto el programa de retiro voluntario aprobado en las reformas a la Ley Orgánica, debido a la ausencia de los informes financieros para otorgar un bono de hasta cinco salarios a los trabajadores que optaran al mismo, manifestó Kestler.
Buscan agilizar agenda legislativa
Por otro lado, Taracena dio a conocer que hace las gestiones necesarias para que el titular de la Comisión de Salud, Luis Azmitia, retire la solicitud de interpelación al titular de la cartera, Alfonso Cabrera.
“Hablé con el diputado y le sugerí invitar al ministro a una reunión en la Instancia de Jefes de Bloque, para que con la presencia de la prensa nacional le haga los cuestionamientos que considere, lo cual nos permitiría avanzar con los temas de la agenda”, indicó.
De acuerdo con el directivo, entre los temas prioritarios para el Congreso están la elección del suplente del exmagistrado Vladimir Aguilar, de la Corte Suprema de Justicia, pues hay que cumplir con los plazos. Además, la aprobación de una nueva Ley de Servicio Civil, que regularía la situación laboral.
Arrendamiento de edificios
Finalmente, Taracena Díaz-Sol anunció que se ha determinado arrendar un nuevo inmueble para ubicar las oficinas administrativas de Recursos Humanos, considerando que el edificio donde estaban instaladas ha sido declarado inhabitable; mientras se definen los espacios donde serán traslados los despachos de al menos 12 legisladores.
“El costo que tenemos que pagar en arrendamiento de inmuebles alcanza unos Q13 millones al año, lo cual podríamos reducir si se concreta que declaremos de utilidad nacional varios espacios que tenemos en los alrededores del Congreso de la República”, señaló.
Por Sayda Galicia

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Las diputadas Delia Back y Eva Nicolle Monte, integrantes de la Comisión Extraordinaria de la Juventud, se reunieron con Rubén Morales, ministro de Economía; Griselda González, viceministra de Previsión Social y Empleo; Víctor Martínez, viceministro de Finanzas, y Adolfo Pagurut, viceministro de Protección Social, con el objetivo de conocer los diferentes programas sociales de empleos juveniles y becas que se implementan este año y la asignación presupuestaria.
La congresista Monte, presidenta de la referida sala, dijo haber recibido solicitudes de jóvenes que requieren ocupación para superarse, pues en su mayoría sostienen a sus familias. “Lo que queremos es presentar una iniciativa de ley de pasantías, para que la juventud pueda acceder a un trabajo”, agregó.          
Por su parte, la legisladora Back resaltó que los programas que les presentaron “son de muy poca la duración, pues solo son de cinco meses y el salario es mínimo”. En su opinión, a la juventud  se le deben dar más oportunidades para que pueda pagar estudios y a su núcleo. “Tenemos  que buscar los mecanismos para ayudar”, expresó. 
Durante la reunión se mencionó que en el Presupuesto General de la  Nación hay una asignación de Q20 millones distribuidos en los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Economía, los cuales impulsan proyectos como las Ferias del Empleo y becas.
Por José Castellanos         

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Alcaldes de 20 municipios de los departamentos de Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, Santa Rosa y Alta Verapaz solicitaron al diputado Carlos Echeverría, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, y a congresistas de la Comisión de Finanzas, que se aumente el techo de gastos de Q90 mil a Q150 mil sin licitación.
El planteamiento se hizo durante una reunión en la cual el jefe edil de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, Enrique Arredondo, argumentó la necesidad de hacer cambios a la iniciativa de ley 5090, de Contrataciones del Estado, para agilizar la compra de materiales que se necesiten de urgencia en las comunas.
“Esperamos que después de esta cita se puedan hacer las modificaciones a la norma, con el fin de ayudar a que el trabajo de los alcaldes sea más fácil y se puedan hacer reparaciones o ejecución de proyectos para el beneficio de los habitantes de cada municipio”,  aseguró Echeverría.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Finanzas del Legislativo, Jairo Flores, destacó la necesidad de integrar mesas de trabajo con la representación de las distintas municipalidades que han presentado las propuestas, para analizar cada una de ellas previo a su aprobación.
Por Karla Herrera

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Al recibir denuncias de inestabilidad laboral en las sedes regionales del Registro Nacional de las Personas (Renap) en Suchitepéquez, Retalhuleu, Quiché, Huehuetenango, San Marcos y Sololá, el diputado Edwin Noé Maldonado, presidente de la Comisión de Paz y Desminado, citó a la directora en funciones de la institución, Brenda Gramajo González, y a la jefa de Recursos Humanos, Elizabeth Amaya Cardona, para que explicaran las causas de la recisión de contrato laboral este año a por lo menos de 12 empleados.
“Trabajadores del Renap que fueron despedidos injustificadamente me solicitaron que intermedie para buscarle una solución a los casos. Hoy citamos a las autoridades para que nos dieran a conocer los argumentos y las pruebas de las destituciones, para comprobar que esto fue siguiendo el debido proceso”, explicó el congresista.
Manifestó que dará seguimiento al asunto y para este viernes está contemplada una reunión de diálogo, “para que se pueda lograr la reconciliación, pues se informó que fue decisión del anterior director ejecutivo de no contratarlos”.            
Víctor Manuel Cifuentes, registrador civil de San Sebastián, Retalhuleu, explicó que el 29 de abril fueron notificados de la recisión del contrato. “Creemos que se violaron nuestros derechos laborales de defensa, porque en ningún momento de la relación laboral se nos llamó la atención; el despido ha sido injustificado y pedimos que se reconsidere el caso, pues  tenemos varios años de trabajo y hemos hecho carrera”, argumentó.
Al concluir la reunión se acordó volver a reunirse en las oficinas centrales del Renap para revisar los expedientes.
Por José Castellanos

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