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Los integrantes de la Comisión de Finanzas, la cual preside el diputado Jairo Flores, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dictaminaron a favor de la iniciativa 5056, “Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria”, que busca hacer eficiente el trabajo de la Superintendencia de Administración (SAT), recuperar la confianza de los contribuyentes y aumentar la recaudación fiscal.
“Esta iniciativa da mayores herramientas a la SAT para cumplir con las metas de recaudación”, declaró Flores, quien explicó que entre los cambios está que el nombramiento del  jefe de la SAT se hará mediante una convocatoria pública y no a designación del presidente de la República.
La nueva norma da la potestad a la Superintendencia de Administración Tributaria a acceder a la información bancaria de los contribuyentes, informó el diputado Carlos Barreda, integrante de la comisión. “El acceso se hará bajo normas de secretividad y con el aval de un juez”, explicó.
Otro de los cambios es que el Directorio de la SAT tomará sus decisiones por mayoría absoluta y en el ámbito de su competencia, tendrá las funciones siguientes:
a) Aprobar a propuesta del Superintendente los reglamentos internos de la SA T que regulen aspectos estratégicos del funcionamiento de la institución, incluyendo la estructura organizacional y funcional de la SAT, su régimen laboral y de remuneraciones, el funcionamiento del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero y su Unidad de Apoyo Técnico, de la Unidad de Investigaciones Internas y de la Auditoría Interna.
b) Nombrar y remover al Superintendente.
c) Nombrar y remover a los integrantes del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero.
d) Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la SAT, así como las modificaciones durante su ejecución.
e) Aprobar el Plan Operativo Anual y el Plan Estratégico Institucional.
f) Evaluar la gestión del Superintendente y de la SA T. Para el efecto, establecerá el cumplimiento de metas, indicadores y los instrumentos y herramientas de evaluación y seguimiento disponibles y los informes que el Superintendente esté obligado a rendirle.
g) Nombrar Mandatario Judicial, para presentar denuncias y realizar las acciones que de conformidad con la Ley procedan, derivadas o asociadas a los informes recibidos de la Unidad de Investigaciones Internas y de la Auditoría Interna.
Tras recibir dictamen favorable, el proyecto de ley ingresará al pleno para que sea conocido y discutido suficientemente previo a convertirse en ley del país.
Por Byron Ramírez

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En seguimiento a los programas de muestreo a productos cárnicos importados, representantes de los Ministerios de Agricultura,  Ganadería y Alimentación (MAGA) y de Salud Pública, así como de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco), se reunieron con Raúl Romero, jefe de bancada de Fuerza, cita en la cual la última dependencia advirtió la imposición de sanciones a los comerciantes que inyecten químicos y agua.
“Se analizará la primera prueba realizada por el MAGA y si se determina que se está estafando a la población se procederá con acciones penales en el Ministerio Público contra importadores y expendedores, por dar productos en malas condiciones”, manifestó Silvia Escobar, directora de la Diaco.
Además, se conformará una mesa interinstitucional para analizar un segundo análisis y determinar qué grado de contaminantes se han utilizado en varios productos de importación para que su peso y su precio sean mayores, dijo la funcionaria.
“Por tal situación necesitamos que las autoridades realicen otra prueba, porque tenemos conocimiento de que los importadores están introduciendo productos adulterados que podrían ser nocivos para el consumo humano”, manifestó el legislador Romero.
Por Selvin Rustrián

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La Fundación Paiz para la Educación y la Cultura, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la asociación Acción Joven presentaron en el Congreso de la República los resultados de la investigación Incidencia del Arte en la Transformación de la Juventud, creada para evidenciar el impacto de las actividades que utilizan esta herramienta en el ámbito social y determinar la transformación que experimenta la juventud de zonas de alto impacto por la violencia.
“Los jóvenes necesitamos de actividades recreativas que nos ayuden a salir de situaciones de alto riesgo que se presentan todos los días donde vivimos; por supuesto, el arte que nos están enseñando, como la fotografía, música y el dibujo, nos permite alejarnos de la violencia que nos acecha cada día”, manifestó Elvi Pérez, de Acción Joven.
En este organismo estamos muy consientes de la situación que viven miles de jóvenes en el país y que la violencia cada día ataca a más de alguno, dijo el presidente del Parlamento, Mario Taracena Díaz-Sol. “En el Congreso se han aprobado leyes en beneficio de la juventud  esperamos seguir trabajando por ese 70 por ciento de la población; es mejor enseñarles arte que asesinar”, expresó.
“Nos motiva seguir ayudando a los jóvenes que necesitan más apoyo en áreas vulnerables del país y seguiremos en busca de esos beneficios; sería mejor que el Congreso nos ayude a fomentar valores de servicio y respaldar a miles de jóvenes que lo necesitan” expresó Isabel Paiz de Sierra, presidenta de la Fundación Paiz.
Por Selvin Rustrián

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Diputados del bloque Alianza Ciudadana, coordinado por Francisco Tambríz y Tambríz, se reunieron con Juan Francisco Solórzano, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria; Carlos Mencos, jefe de la Contraloría General de Cuentas, y con representantes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de la empresa mexicana Marhnos, para fiscalizar la concesión de la autopista Palín-Escuintla.
Desde el año 1998, el Congreso de la República aprobó la concesión de la ruta de 29.63 kilómetros a dicha compañía, para efectuar las actividades de operación y mantenimiento rutinario; el contrato se vence en 2023, por lo que los parlamentarios verifican el cumplimento.
En la cita los parlamentarios manifestaron su inconformidad y señalaron que el asfalto, la rampa de frenado, los servicios de grúa, primeros auxilios y baños están en mal estado y cuestionaron que solo el 1 por ciento de regalías llega al Estado.
“Diariamente circulan más de 20 mil autos por la autopista y no se tienen los datos exactos de los cobros de peaje y las facturas emitidas, lo cual afecta la recaudación para el país. Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que ya no se realicen estos contratos, que ya no se otorguen estos bienes en concesiones, porque solo se está empobreciendo a Guatemala”, indicó Tambríz.
Juan Martínez Venegas, gerente de Marhnos, respondió que estaba tomando nota de todos los señalamientos. Por su parte, el diputado Marvin Orellana, subjefe del bloque, dijo que se debe revisar la concesión, “renegociar mejor esas ganancias por el tiempo restante y buscar un incremento de 5 o 7 por ciento de esas regalías”.
Mencos aseguró que la Contraloría continuará la verificación y analizará el tema del mantenimiento de las carreteras y de los servicios señalados, para remitir un informe al bloque legislativo.
Por Rosemary Recinos

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El diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq, quien preside la Comisión de Probidad, se reunió con Roselia Pop Cal, titular de la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi), con el propósito de buscar el fortalecimiento de la institución y atender a grupos que han denunciado la exclusión en la toma de decisiones.
Entre las dudas está la designación de Pop Cal por parte de la Presidencia sin tomar la opinión de la Junta Coordinadora, así como el destino del presupuesto, que en su mayoría va a funcionamiento y no a programas de ayuda a la mujer indígena.
“Buscamos garantizar los derechos de las mujeres en la participación y toma de decisiones”, afirmó Pop, quien agregó que en febrero de este año la Procuraduría de los Derechos Humanos “condenó y reconoció la violación de los derechos humanos que se dio en el nombramiento, el año pasado, de una nueva defensora”.
Pop Cal explicó que su designación es legal y que ha trabajado para mejorar la atención, pues a la fecha se tiene el dato de 3 millones 181 mil 568 mujeres indígenas y solamente hay presencia en 13 departamentos.
María Morales, integrante de la Junta Coordinadora, afirmó que al no participar en la designación de la defensora y nombramiento del personal se violentan sus derechos, por lo que esperan tener más participación.
El compromiso acordado fue luchar por recuperar la institucionalidad de la Demi y fijaron una nueva reunión para conocer propuestas.
Por Byron Ramírez

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Una carta de entendimiento fue firmada entre la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva y el diputado Walter Félix, de la bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y presidente de la Comisión del Menor y la Familia, con la finalidad de buscar apoyo del sector gubernamental para implementar planes que favorezcan a ese sector poblacional.
Además, la referida sala entregó el dictamen favorable con modificaciones a la Ley de la Protección Integral de la Primera Infancia, con la cual se pretende establecer acciones de los Ministerios de Salud y Educación para proteger a los niños de 0 a 6 años; también se ingresó en la Dirección Legislativa la iniciativa de ley sobre la Promoción, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna.
En la reunión se escuchó el informe de labores del Consejo Nacional de Adopciones, que dio a conocer que al momento se trabaja para completar la documentación de no menos de 300 infantes que pueden ser acogidos.
Además, el titular de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, Víctor Hugo Godoy, quien solicitó apoyo para declarar el 25 de agosto de cada año como el día nacional de las niñas y niños víctimas del conflicto armado interno.
“Con los diversos temas que se abordaron estamos avanzando en el trabajo de la Comisión del Menor y la Familia, que es velar porque la niñez guatemalteca tenga las mejores opciones en seguridad, salud y educación”, concluyó Félix.
Por Karla Herrera

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Mario Taracena, presidente del Congreso de la República, en representación de la Comisión Permanente, presentó en la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción legal para solicitar la anulación del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de ese Organismo.
“Existió un error de procedimiento al firmar el Pacto Colectivo”, aseguró Taracena, quien agregó que la acción se basa en que el pleno nunca conoció ni aprobó el acuerdo, por lo cual es impugnando. “La Junta Directiva no podía aprobar el Pacto, lo tenía que trasladar para que los 158 diputados lo conocieran”, puntualizó. 
La acción fue presentada contra las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Junta Directiva número 16-2005, punto 5º., de fecha 19 de abril de 2005, que contiene la aprobación del Pacto Colectivo, suscrito con el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República.
Según el parlamentario, “ya se agotaron todas las instancias en el último diálogo con los señores del sindicato”, en alusión al retiro de los sindicalistas de la mesa que sostenían con los diputados Carlos Barreda, Ronald Arango e Inés Castillo, en la cual también se abordaban las reformas a la Ley del Servicio Civil de ese organismo.
El presidente del Legislativo afirmó que “no hay nada personal con la acción para anular el Pacto Colectivo del Legislativo y todo es legal”, afirmando que si los sindicalistas quieren accionar “están en su derecho”.
El Pacto Colectivo ha sido cuestionado por los beneficios que ofrece, entre ellos un incremento salarial de hasta el 10 por ciento cada año.
La propuesta de reforma a la Ley de Servicio Civil del Congreso está a la espera de dictamen de parte de la Comisión de Apoyo Técnico, y entre los cambios sugeridos figuran las formas de reclutamiento de personal, celebración de contratos, características de contratos 022 y 029, así como capacitación y medición de desempeño, afirmó Manuel Conde Orellana, quien preside la referida instancia.
Por Byron Ramírez

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La mesa temática Construcción del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018 se efectuó en el Congreso de la República, con la participación de la sociedad civil y delegados de ese Organismo.
En el cuarto foro se avanzó en la recopilación de datos que servirán para hacer el informe que será entregado a finales de julio a la Alianza para el Gobierno Abierto, integrada por 70 países, de la cual Guatemala es parte.
Los temas que se discuten son Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Acceso a la Información Pública, Innovación Tecnológica y Transparencia Fiscal.
“Es importante conocer de cerca las posturas e ideas de la sociedad civil en temas que fortalecerán el camino a un cambio en el país”, manifestó Ángel Ramírez, secretario técnico de la Red Coordinadora de la Sociedad Civil.
Por parte del Organismo Legislativo, Marco Tulio Coronado dijo que estos foros son necesarios y urgentes para cambiar el rumbo de la nación.
Por Selvin Rustrián

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Con el propósito de implementar un nuevo mecanismo de vigilancia electrónica para los privados de libertad que estén sujetos a procesos penales, pero que no ameriten estar dentro de una cárcel, el diputado Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, presentó una iniciativa de ley para la creación de un brazalete electrónico de monitoreo.
“Con esta propuesta se daría la posibilidad al juez de otorgar un arresto domiciliario sin el temor de fuga, y de esta forma poder descongestionar las cárceles mediante la colocación de un brazalete electrónico, que servirá para monitorear los movimiento del reo; esto funcionará cuando los delitos sean menores y puedan tener una medida sustitutiva”, destacó el congresista.
La propuesta detalla que el dispositivo, que tendrá un costo de US $5 diarios, sea pagado por el mismo reo para tener la facilidad de no ingresar a un centro carcelario y movilizarse en el perímetro que establezca el juez.
Con esta propuesta se reformarían 3 artículos del Código Penal, adicionando 1 párrafo al numeral 44, que regula la pena de prisión, estipulándose la posibilidad de que la pena de sea sustituida por este mecanismo de vigilancia electrónico, así como los artículos 79 y 88, que establecen la libertad condicional.
Se espera que el Ministerio de Gobernación destine no menos del 0.05 por ciento de su presupuesto para instalar la oficina de control de medidas de los mecanismos de vigilancia electrónica.
Por Karla Herrera

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