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En reunión con Carlos Contreras, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y otros directivos de esa institución,  los diputados Marvin Orellana y Francisco Tambríz, de la bancada Alianza Ciudadana conocieron que empresas de seguridad adeudan Q80 millones por concepto de cuotas patronales, entre ellas la firma Scorpion, vinculada al caso Cooptación del Estado, que debe Q7 millones.
“Es lamentable esta situación y que las mismas autoridades del IGSS no haga nada para recuperar ese dinero”, manifestó Tambríz, quien pidió a los funcionarios que hagan lo que la ley les permite para corregir ese problema y mejorar la atención a los afiliados.
En la misma reunión se discutió el tema de las construcciones de más hospitales en diferentes departamentos, lo cual tendrá un costo de Q800 millones, pues existen denuncias de que no se da mantenimiento a los existentes y falta de personal. “Es un trabajo que venimos haciendo desde hace varios meses y los nuevos hospitales se establecieron en dichos lugares por la cantidad de afiliados”, respondió Contreras.
Tambríz dijo que no salió “muy convencido” de la reunión, por lo cual solicitó que le envíen informes de las últimas contrataciones por servicios y de la atención que se da a los afiliados, pues hay denuncias de maltrato del personal hacia las personas que acuden a diario a recibir tratamientos.
Por Selvin Rustrián

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Marvin Orellana, subjefe de la bancada Alianza Ciudadana, citó al ministro de Educación, Óscar López, debido a las dudas existentes por los nombramientos de los directores departamentales, especialmente en Alta Verapaz, Zacapa y Huehuetenango, donde interinamente se tiene a un subdelegado.
Las dudas del parlamentario surgieron por la decisión de efectuar una nueva convocatoria y no elegir de entre la nómina de 13 personas que constaban en la lista de expedientes. “Esperamos que esto no sea para beneficiar a alguna persona afín al partido oficial”, puntualizó.
El titular de la cartera educativa aseguró que el nuevo llamado se hizo porque las personas del referido listado no cumplían con los requisitos, tales como presentar la solvencia de finiquito, obtener los 75 puntos necesarios o tenían procesos legales abiertos.
Orellana concluyó en que se hará un trabajo de fiscalización para que en el nuevo proceso se escoja a las personas idóneas y no vinculadas al partido de gobierno.
Por Byron Ramírez  

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Durante la reunión de la Comisión Permanente con la Instancia de Jefes de Bloque se acordó la agenda para las sesiones extraordinarias de los días martes 28 y miércoles 29 de este mes, resaltando que en la primera fecha se efectuará la interpelación al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Alfonso Cabrera, solicitada por el diputado Luis Hernández Azmitia, presidente de la Comisión de Salud e integrante del Movimiento Reformador.
“El presidente la Comisión de Salud está en su derecho de querer continuar con la interpelación, ya que estamos hablando de un juicio político y será el pleno el que decida si le da o no el voto de falta de confianza al funcionario”, explicó Mario Taracena, titular del Organismo Legislativo.
En la sesión del 5 de julio se espera conocer de urgencia nacional la iniciativa de ley 5084, que contiene la renegociación del préstamo por US $50 millones suscrito por Guatemala con el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual tiene vinculada una donación por otros US $50 millones del gobierno de España, para proyectos de agua potable y saneamiento.
Asimismo, se acordó que ese día se discutirá en primer debate el proyecto de reformas a la Ley Servicio Civil del Congreso. Este jueves, los diputados de la Comisión de Apoyo Técnico, que preside Manuel Conde Orellana, presentaron en la Dirección Legislativa el dictamen favorable a la norma referida, con la cual se pretende transparentar los procesos de contratación y nombramiento del personal, así como la creación de manuales de procedimientos.
El proyecto consta de 108 artículos y establece, además, capacitación, medición y evaluación del desempeño, ascensos y promociones.
Al finalizar la reunión, Taracena invitó a sus colegas a la firma de una carta de entendimiento entre el Congreso de la República y la Contraloría General de Cuentas, que se celebrará este viernes a partir de las 10:30 horas, el cual tiene como objetivo que ambos entes trabajen en coordinación para el ordenamiento administrativo del Parlamento.
Por Karen Mendoza, con información de Elizabeth Linares

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Congresistas que integran el Frente Parlamentario Contra el Hambre (FPH), Capítulo Guatemala, que coordina Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, efectuaron el foro Agricultura Familiar y Alimentación Escolar, con la participación de diputados de América Latina, quienes brindaron sus aportes y experiencia.
El conversatorio contó con la presencia del legislador Víctor Manuel Estrada, presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria de Guatemala; Diego Recalde, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; Luis Lobo, secretario ejecutivo del FPH, y del parlamentario Modesto Julca, de Perú, entre otros.
En Guatemala existen 750 mil pequeños agricultores familiares, lo cual abarca a 4 millones 500 mil personas que dependen de esta actividad, grupos en los que se encuentran los sectores más pobres y vulnerables, comentó Recalde.
“En mi país la ley de Agricultura Familiar se aprobó en el 2015 y logramos crear un consenso con todos los actores involucrados, no solo en el Congreso, sino en los sectores público, privado, sociedad civil, agricultores y comunidades, lo que permitió su avance; hoy nuestro reto es implementarla y ya estamos trabajando en su reglamento”, explicó Julca.
“En el marco de estos Frentes contra el Hambre hay que resaltar la creación de  políticas que se han construido en Brasil, Bolivia, Argentina y Perú, las cuales promueven el valor que tiene la agricultura familiar para nuestras sociedades”, comentó Lobo.
En el país existen dos proyectos de ley que abordan estos temas, los cuales pretenden impulsar el desarrollo rural mediante diferentes estrategias de apoyo agrícola, con el fin de mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, así como mejorar la alimentación nutricional y garantizar el derecho alimentario de los alumnos a nivel primario.
Por su parte, Lira señaló que sin duda habrá sectores que se opondrán a la aprobación de estas leyes, pero se insistirá porque con ello se busca beneficiar a la población más necesitada, al apoyar la agricultura de subsistencia y los huertos familiares, para que en corto plazo puedan ser auto sostenibles en su alimentación, con vías a convertirse en pequeños productores.
Por Rosemary Recinos

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El diputado Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional, en su calidad de presidente de la Comisión de Apoyo Técnico presentó una iniciativa de ley a la Comisión de Integración Regional Centroamericana, mediante la cual se busca la regularización del estado migratorio de los ciudadanos centroamericanos radicados en el país de manera ilegal.
“Durante los conflicto armados registrados en la región, miles de personas se vieron en la necesidad de abandonar sus orígenes y emigrar, debido a problemas económicos o violencia; ahora nosotros buscamos regular su situación”, manifestó.
Al aprobarse dicha iniciativa se pretende tener una cifra exacta de ciudadanos centroamericanos que viven en el país y desde qué fecha, porque no se tienen datos oficiales, agregó.
Carlos Chavarría, titular de la Comisión de Integración Regional, dijo que se analizará la propuesta y se tratará de socializar en la región, para unificar esfuerzos y normalizar la situación de las personas que residen en el exterior.
Por Selvin Rustrián

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Los diputados que integran la Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País se reunieron con Victorina Salanic, titular de la Secretaría de la Paz, y con integrantes del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP), para solicitarles la pronta integración del Comité Coordinador y avanzar en el cumplimiento de los pactos firmados el 29 de diciembre de 1996.
A la reunión asistieron representantes del CNAP, quienes enfatizaron en que durante casi un año han estado trabajando sin la referida instancia, y confían que en la primera semana de julio se pueda hacer la convocatoria y elección.
“Esperamos que después se pueda avanzar con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, pues al momento se registra un 50 por ciento. Confiamos en que para la celebración de los 20 años se realicen mesas de análisis de lo acordado y los mecanismo necesarios para que los compromisos se apliquen a las necesidades de la población”, destacó el diputado Álvaro Velásquez, de la bancada Convergencia, quien coordina la referida instancia.
Los integrantes de la sala de trabajo también se reunieron para coordinar los temas que conocerán, entre los cuales prevalece el análisis de la iniciativa de ley marco del Plan Nacional de Desarrollo, para lo que se espera efectuar un seminario con representantes de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia.
La propuesta pretende establecer un documento que involucre a instituciones del Estado y que trascienda los cambios gubernamentales durante los próximos 12 años, por lo menos, por lo cual se trabaja para llevarla al pleno este año.
Por Karla Herrera

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El jefe de la bancada URNG-Maíz, Walter Félix, se reunió este día con Aldo García, ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Micivi); Manuel López, Coordinador Ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad (FSS); Sergio Molina, alcalde de Malacatancito, Huehuetenango; y representantes de la Asociación Fraternal Barillense, para conocer el avance en la construcción de tramos carreteros, en los departamentos de Huehuetenango y Totonicapán.
Entre los proyectos sujetos a fiscalización está la construcción de las carreteras que conducen de San Mateo Ixtatán a Santa Cruz Barillas, la que va de Chepito a Oaxaqueño, Cuilco y la de cuatro caminos, San Cristóbal, Totonicapán a la franja transversal del norte. También se indagó sobre la rehabilitación del tramo carretero de Santa Eulalia, Huehuetenango, el cual registra un hundimiento de aproximadamente  dos kilómetros.
Refiriéndose a la carretera de San Mateo Ixtatán, Manuel López, jefe del FSS, dijo que se trabaja en la rehabilitación y pavimentación con concreto hidráulico, y que el proyecto fue adjudicado a la Constructora Jireh S.A. en julio del 2014. Hasta el momento la empresa ha hecho trabajos de ampliación, tuberías y balastro, pero desde junio del año pasado no ha habido avance debido a la falta de asignación presupuestaria a dicha dependencia.
“La carretera de 29.20 kilómetros y que representa una inversión de aproximadamente Q139 millones, está en fase de mantenimiento desde el 2015. Dependemos  de los recursos con los que el Ministerio de Finanzas nos dote, por lo que no hemos podido concluir con estos proyectos. Estamos atados de manos debido a la Ley de Compras que fue aprobada recientemente ya que dispone mayores requisitos en la contratación de proyectos”, explicó López.
Aldo García, titular del Micivi, indicó que esa cartera trabaja en los proyectos viales en función de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas hace en esa materia, sin embargo se han visto afectados debido a que el Gobierno del presidente Jimmy Morales ha priorizado la asignación de fondos a ministerios como el de Salud, quedando en un segundo plano la infraestructura vial.
“Es de recordar que estos compromisos no son de la actual administración ya que el deterioro en las carreteras viene de gobiernos pasados pero nos hemos comprometido en buscar soluciones inmediatas a fin de poder cumplirles a las comunidades afectadas”, dijo el funcionario.
Al finalizar la reunión, el diputado Félix indicó que para el lunes esperan tener el cronograma del Micivi en relación a la atención de los diferentes tramos, lamentó que las condiciones de las carreteras sea caóticas; y aseguró que no quitarán el dedo del renglón hasta que la situación haya mejorado.
Por Karen Mendoza

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La diputada Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala, recibió los resultados de la investigación que hizo el Movimiento Pro-Justicia sobre el cumplimiento de la Ley de Equipos Terminales Móviles, Decreto 8-2013, el cual detalla deficiencias en las acciones implementadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sit), Sistema Penitenciario, Policía Nacional Civil, Ministerio Público y operadores de telefonía móvil.
La norma establece la creación de un registro de los usuarios actuales y futuros de los servicios de telecomunicaciones móviles, de los importadores, vendedores y distribuidores de equipos terminales, la restricción del uso y portación de aquellos que hayan sido denunciados como robados o extraviados, y la prohibición de su uso en todos los centros de privación de libertad.
El objetivo es evitar la comercialización ilícita y que sean una herramienta para cometer delitos como robos, extorsiones, secuestros, asesinatos y amenazas, entre otros.
Eleonora Muralles, representante del Movimiento Pro-Justicia, expresó que al cumplirse tres años de su aprobación, la ley ha sido parcialmente cumplida. “No hay voluntad por parte de algunas instituciones debido a que no hay sanciones fuertes que los obliguen a cumplir, y quien sufre es el pueblo de Guatemala que continúa siendo víctima del robos de celulares y extorsiones”, aseveró.
Añadió: “Las telefónicas tiene la obligación de registrar los aparatos que venden; este año concluye este plazo y esperamos que en octubre aquellos que no estén debidamente identificados sean inhabilitados”.
Luis Carlos De León Zea, director Sistema Penitenciario, declaró que se han reforzado y que en lo que va del año han efectuado 160 requisas en busca de ilícitos, lo cual les ha permitido encontrar e incautar aparatos telefónicos.
Indicó que el problema no es solo el bloqueo de la señal, sino evitar que se introduzcan los dispositivos en las cárceles, pero que no se cuenta con suficiente personal ni presupuesto. “Tenemos 3 mil 200 agentes divididos en 2 turnos para vigilar a 20 mil 600 reclusos. Necesitamos nueva tecnología para fortalecer el sistema de seguridad e impedir su ingreso”, declaró.
La congresista Montenegro expresó que la Sit solo ha cumplido medianamente con lo que establece la ley, en relación a que debe exhibirse la constancia de inscripción de los comercializadores, importadores y vendedores en los quioscos y centros comerciales, y esto solo se hace en un 54 por ciento, según el monitoreo realizado.
“Las empresas telefónicas no han querido proporcionar los datos de cuántos teléfonos activos existen; esperamos que lo hagan, porque el 30 de octubre se les vence el plazo para cumplir con la ley. Un teléfono robado es una vida menos o una extorsión más”, concluyó la diputada.
A la cita no acudieron funcionarios de la Sit ni representantes de las firmas de telefonía.
Por Rosemary Recinos

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Congresistas que integran la Comisión de Vivienda, que preside el diputado César Sandino Reyes Rosales, de la Unidad Nacional de la Esperanza, presentaron en la Dirección Legislativa una iniciativa para incrementar de Q1.50 a Q5 el impuesto específico a la distribución del cemento, y que lo recaudado se destine a programas de casa popular.
Esta iniciativa, que reforma el Decreto 79-2000, fue consensuada en diversas mesas de trabajo integradas por diferentes sectores, tales como el Viceministerio de Vivienda, Cámara de Construcción, distribuidores e importadores de cemento y miembros de la sociedad civil.
Sandino Reyes informó que lo principal es hacer una actualización de la tarifa, “con la intención de capitalizar el Fondo para la Vivienda, que tiene un déficit de al menos Q600 millones”.
Además, dijo que con ello se podrá cumplir con las necesidades de residencia popular, y se solicitará al pleno que la propuesta sea declarada de urgencia nacional.
Carlos Barrillas, viceministro de Vivienda, acompañó a los diputados en la entrega del anteproyecto y dijo estar de acuerdo con la idea. “Estamos apoyando este esfuerzo para garantizar que existan suficientes fondos y se construyan viviendas sociales; pretendemos que en 4 años podamos construir 250 mil casas populares y que las familias tengan acceso a créditos para autofinanciar sus inmuebles”, afirmó.
Por José Castellanos

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