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Con ocasión de celebrarse este sábado el Día del Maestro, el Congreso de la República reitera su compromiso de trabajar por el fortalecimiento del sistema educativo nacional, lo cual incluye la dignificación del gremio magisterial y atención a la población estudiantil.
Por ello se atienden los planteamientos relacionados con la materia, como mejoras salariales, aumento del presupuesto de la cartera educativa, bolsa didáctica, refacción escolar, mobiliario e infraestructura.
En este tema, el diputado Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional, expresó que en la Comisión de Apoyo Técnico se analiza un presupuesto para el próximo año que realmente ayude a la cartera educativa a suplir las necesidades y ofrezca mejores oportunidades a la población estudiantil y docente.
La asignación actual del Ministerio de Educación es de Q12 mil 892 millones y se espera elevarla a Q17 mil millones, con la condición de que al menos el 50 por ciento de ese incremento se destine a la contratación de nuevos educadores. En el estudio del proyecto de presupuesto general para 2017 se solicitará Q4 mil 108 millones más, los cuales estarían orientados al fortalecimiento de la educación básica y diversificado, así como al mejoramiento de la infraestructura, mobiliario y equipamiento de los centros educativos de todo el país.
La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología ha recibido este año la iniciativa que dispone aprobar Ley para la Lectura, Enseñanza e Instrucción Bíblica en Establecimientos Educativos Públicos, Privados y por Cooperativa, y la referente a proteger la salud de la población infantil y adolescente que asista a establecimientos escolares públicos y privados.
“Hay propuestas de ley que buscan beneficios para los docentes; es la profesión más difícil de ejercer por la falta de insumos y la obligada movilidad para dar clases a los alumnos; por ello se analizan estos documentos para que al final sean aprobados y ayuden de verdad a ese gremio”, expreso la parlamentaria Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala.
Orlando Blanco, jefe del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que hay voluntad de apoyar cualquier iniciativa que orientada a beneficiar a los docentes y estudiantes.
“Estamos en la mejor disposición de apoyar en todo lo necesario para que los maestros tengan todo lo necesario para enseñar a los estudiantes y que tengan un mejor futuro”, manifestó.
En honor a María Chinchilla
El 25 de junio de cada año se celebra el Día del Maestro en Guatemala, en honor a la profesora María Chinchilla, quien fue abatida a tiros el 25 de junio de 1944, cuando participaba en una protesta magisterial contra el gobierno de Jorge Ubico.
El 6 de abril de 1953, durante la gestión de Jacobo Árbenz Guzmán, se fijó como asueto escolar, pero fue hasta el 16 de junio de 2006, en la administración de Oscar Berger, cuando se instituyó el homenaje a los educadores, mediante el Acuerdo Gubernativo 352-2006.
Con las actividades se celebra y reconoce el trabajo arduo y permanente de los mentores, hombres y mujeres de distintas edades que, sin importar las distancias, accidentes geográficos, condiciones climáticas y barreras idiomáticas, entre otros factores, se entregan para llevar y entregar el pan del saber a los alumnos ávidos de aprender.
Por Selvyn Rustrián

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Con el voto favorable de 102 diputados, el Congreso eligió este jueves a la abogada María Eugenia Morales Aceña de Sierra como magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); estará en el cargo hasta octubre de 2019.
La profesional fue electa de un listado de 13 aspirantes y sustituirá a Vladimir Aguilar, quien renunció al cargo al ser señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de estar implicado en el caso terminal de Contenedores Quetzal cuando fungía como jefe de la Procuraduría General de la Nación.
Morales de Sierra es graduada de la Universidad Rafael Landívar como licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, y tiene al menos 33 años de ejercicio profesional. Realizó estudios de formación en Gestión Pública y Políticas Públicas, Derecho Constitucional, y Formulación y Evaluación de Proyectos.
Tiene experiencia en el sector justicia y ha asumido importantes cargos en la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde fue Procuradora Adjunta I, e integró la Comisión Consultiva del Sistema Penitenciario. Fue secretaria ejecutiva de la Corte de Constitucionalidad, entre otros cargos.
Durante la sesión extraordinaria de este jueves la nueva magistrada de la CSJ fue juramentada en el hemiciclo, y al concluir el acto dijo que hará su mejor esfuerzo en el cargo.
“No me esperaba esta selección, pero estoy preparada para servir; es un cargo tan comprometedor con el país, para devolver el respeto y la dignidad a la Corte Suprema de Justicia. Es un gran reto y pondré mi mayor empeño para hacer el trabajo que se requiere. No responderé a ninguna presión, ni me siento comprometida”.

Ratifican Estado de Calamidad
Por aparte, los legisladores aprobaron el Decreto 31-2016 por medio del cual ratificó el Estado de Calamidad promulgado por el Organismo Ejecutivo para atender a los afectados por el deslave en las faldas del volcán Chingo, en Jerez, Jutiapa.
La ratificación del Decreto Gubernativo 2-2016 de Estado de Calamidad se hizo de urgencia nacional, con el voto favorable de más de las dos terceras partes de los congresistas.
Por José Castellanos, con información de Karla Herrera 
 

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El diputado Fernando Linares Beltranena, jefe de bancada del Partido de Avanzada Nacional, presentó la iniciativa de Búsqueda Inmediata de Hombres Desaparecidos, y aseguró que esto surge por la igualdad de derechos, pues el 28 de enero se aprobó la Ley de Búsqueda de Mujeres Desaparecidas.
Mencionó que la propuesta incluye la creación de un mecanismo que permita la pronta localización y evitar que las personas sean objeto de vejámenes o asesinato.
El Grupo de Apoyo Mutuo en su página electrónica asegura que hay datos de desapariciones de hombre y mujeres desde hace 12 años y en promedio se produjeron 2 mil 102 hechos por año, 175 por mes y 5 diarias, para un total de 25 mil 224.
Los departamentos de Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango son los que tienen más denuncias de desapariciones.
Por Byron Ramírez

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En representación de la bancada Todos, el diputado Cornelio González García presentó en la Dirección Legislativa el proyecto de ley identificado como Ley de Aplicación del Control Telemático al Sistema Penitenciario Guatemalteco y reformas a la Ley Penal.
Esta iniciativa pretende que mediante sistemas electrónicos y técnicos se pueda brindar una herramienta al Sistema Penitenciario para el control de aquellas personas que han sido condenadas en un proceso, pero que gozan de medida sustitutiva.
Contempla la creación de la figura de un juez de control telemático y un sistema de vigilancia mediante cámaras, el cual estará bajo la dirección de Presidios.
El objetivo primordial es que se cumpla con el Código Penal, el cual establece que la prisión preventiva solamente se aplique en casos extremos, indicó el congresista.
Agregó que la propuesta es resultado de tres meses de trabajo y de diversas mesas técnicas realizadas con representación de todos los sectores involucrados y la sociedad civil.
Asimismo, se dio a conocer que se contempla la reforma a por lo menos seis leyes, entre ellas el Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Régimen Penitenciario, Ley Contra la Narcoactividad y la Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar.
Por Emy Aqueche

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Parlamentarios que integran la Comisión Extraordinaria de Estudio y Análisis del Cambio Climático, que preside el diputado Raúl Romero, se reunieron con funcionarios de los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de Energía y Minas, así como de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), representantes del sector privado y de comunidades de Escuintla, con el propósito de dar seguimiento a la discusión sobre el manejo y uso del recurso hídrico, que permitirá elaborar una propuesta de Ley de Aguas en el país.
El congresista se refirió a la necesidad de unificar criterios de las diferentes iniciativas existentes, escuchando los puntos de vista de los diferentes sectores y entidades, para abordar el asunto “de manera seria”.
“Además, se resalta la voluntad que manifestó el sector privado, los productores de palma africana, banano y azúcar, que ha aceptado asumir un compromiso y ser parte de la solución en el uso del manejo del recurso hídrico”, comentó.
El Viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonzo, valoró el hecho de que se están exponiendo los diferentes puntos de vista del Congreso, empresarios y Organismo Ejecutivo sobre las normativas del recurso hídrico. “Vamos por buen camino y nos parece excelente que prevalezcan las ideas que aquí se están aportando”, manifestó.
El secretario ejecutivo de la Conred, Sergio Cabañas, calificó de positivas las acciones implementadas para lograr el manejo adecuado de del vital recurso. “Lo que nos corresponde a nosotros es que retomen el uso y el control del agua, porque tenemos comunidades que salen afectadas por desvío de ríos o algún tipo de contaminación”, mencionó.
Asimismo, recomendó que para evitar enfermedades se deben instalar plantas de tratamiento y evitar que desechos sólidos, orgánicos o insecticida lleguen a los afluentes.
Por Elizabeth Linares

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A raíz del informe de auditoría del ejercicio fiscal 2015 realizada en el Congreso, el cual reportó 19 acciones correctivas, este viernes el presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena, y el jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos, suscribieron una carta de cooperación interinstitucional para el ordenamiento administrativo del Parlamento, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.
“Estamos dando un paso importante, en virtud del fortalecimiento de la transparencia en el ejercicio administrativo del Congreso, y con esto evitar los abusos del pasado”, enfatizó Taracena.
De acuerdo con el titular de la entidad fiscalizadora, el objetivo de este acuerdo es que la CGC dará acompañamiento y asesoría al equipo de trabajo del Congreso, para el desarrollo de buenas prácticas en los procesos de control interno y cumplimiento de la Carta Magna y las leyes orgánicas de ambos entes, así como estándares de calidad de gasto.
Dicha comisión será la responsable de elaborar los manuales correspondientes para la implementación y seguimiento a lo establecido en dicho documento, y tendrá la obligación de generar reportes trimestrales que reflejen los resultados de las acciones, los cuales serán publicados en la página electrónica del Parlamento.
Además, en un plazo no mayor a 30 días esa instancia deberá establecer un plan de acción que contenga en detalle las actividades a realizar, así como fechas, objetivos y responsabilidades para cada una de las partes.
Denuncia y defensa
Por aparte, la dirigencia del Sindicato General de Empleados del Congreso de la República anunció la presentación de una denuncia penal contra Taracena, con el argumento de que éste incurre en violencia psicológica e intimidación, al decir que en aras de la transparencia habrá recortes de personal. El jefe del Legislativo expresó que respeta esa decisión y lamentó que “la Ley contra el Femicidio esté siendo mal utilizada”.
Agregó que pese a la decisión de la Corte de Constitucionalidad de no conocer el amparo contra el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, continuarán los procesos para cesar los contratos de parientes de diputados y empleados del Congreso, con la finalidad de no tener sanciones o reparos de la Contraloría.
Por Karen Mendoza, con información de Byron Ramírez

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Basado en el artículo 154 “quater” de la Ley Orgánica del Congreso de la República, aprobada en febrero, el presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena, dio a conocer este miércoles que ya no se permitirá la existencia de vínculos familiares entre parlamentarios y empleados, como una medida más para fomentar la transparencia y reducir la planilla.
“Estamos cumpliendo con la nueva Ley Orgánica. Los parientes de los diputados deberán renunciar, y al personal que tenga familiares en este organismo se le dará la opción para que elija quién se quedará con la plaza”,  expresó Taracena, asegurando que si deciden quedarse en el puesto, se analizará su despedido.
El parlamentario dijo que se trata de una decisión de la Comisión Permanente, tomando como base un listado enviado por la Contraloría General de Cuentas, el cual detalla la existencia de al menos 71 núcleos familiares dentro del Legislativo, “lo cual riñe con la normativa”. “Estamos haciendo la advertencia para evitar sanciones y despidos, pues es mejor que se retiren voluntariamente”, agregó.
La normativa citada reza textualmente: “Queda prohibida la contratación, bajo cualquier renglón presupuestario, de familiares dentro de los grados de ley de los diputados y trabajadores del Organismo Legislativo”.
El presidente del Congreso aseguró que los empleados tendrán su indemnización, tal como lo contempla la ley, y explicó que a partir de este jueves se notificará al personal mencionado por la Contraloría.
Sesión extraordinaria
Por aparte, Taracena informó que este miércoles se recibió el Acuerdo Gubernativo enviado por el presidente Jimmy Morales, mediante el cual se declara Estado de Calamidad en el municipio de Jerez, Jutiapa, durante 30 días.
Por ello, se convocó a los diputados para que asistan este jueves, a las 14:00 horas, a sesión extraordinaria, con el propósito de conocer el asunto para aprobarlo, improbarlo o modificarlo, tal como lo manda la Constitución Política de la República.
En esa reunión también se podría elegir al magistrado que sustituirá a Vladimir Aguilar en la Corte Suprema de Justicia.
Por Byron Ramírez

 

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Preocupados por la suspensión de los trabajos de la vía alterna que se construye entre los kilómetros 48 y 63 de la Ruta Interamericana, demarcación de Chimaltenango, diputados que representan a ese distrito citaron a funcionarios de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como a representes de la empresa Constructora Nacional, S.A., para conocer los avances del proceso de adquisición de derechos de vía y traslado de los recursos para continuar con la obra.
A la reunión asistieron los alcaldes de El Tejar, San Andrés Itzapa, Zaragoza y Chimaltenango, así como Áxel Figueroa, gobernador departamental, quienes se unieron a la solicitud de los congresistas para que se agilicen los trabajos, con el argumento de que por la temporada de lluvias se afecta a los vecinos de la región y a quienes transitan desde y hacia occidente.
Los congresistas Eva Nicolle Monte, de Alianza Ciudadana; Alsider Arias Rodríguez, del Frente de Convergencia Nacional, y José De León Maldonado, de Movimiento Reformador, han promovido diversas reuniones de trabajo y de información para verificar el avance de la obra.  
“Insto a que continúe el diálogo entre las autoridades gubernamentales y los parlamentarios del lugar, porque no queremos que se suspendan los trabajos”, refirió el representante Arias Rodríguez.
De León Maldonado dijo que la reunión fue positiva, pues se agilizarán los trabajos de la primera parte, como las vías de acceso vehicular.    
El ministro Aldo García indicó que se gestionan recursos financieros con instituciones internacionales, para agilizar los diferentes proyectos de infraestructura pendientes, porque el Estado no cuenta con los fondos necesarios. Mencionó que en julio se reunirá con personeros del Banco Centroamericano de Integración Económica en busca de un préstamo para costear las obras de arrastre.
Por José Castellanos

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En reunión con Carlos Contreras, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y otros directivos de esa institución,  los diputados Marvin Orellana y Francisco Tambríz, de la bancada Alianza Ciudadana conocieron que empresas de seguridad adeudan Q80 millones por concepto de cuotas patronales, entre ellas la firma Scorpion, vinculada al caso Cooptación del Estado, que debe Q7 millones.
“Es lamentable esta situación y que las mismas autoridades del IGSS no haga nada para recuperar ese dinero”, manifestó Tambríz, quien pidió a los funcionarios que hagan lo que la ley les permite para corregir ese problema y mejorar la atención a los afiliados.
En la misma reunión se discutió el tema de las construcciones de más hospitales en diferentes departamentos, lo cual tendrá un costo de Q800 millones, pues existen denuncias de que no se da mantenimiento a los existentes y falta de personal. “Es un trabajo que venimos haciendo desde hace varios meses y los nuevos hospitales se establecieron en dichos lugares por la cantidad de afiliados”, respondió Contreras.
Tambríz dijo que no salió “muy convencido” de la reunión, por lo cual solicitó que le envíen informes de las últimas contrataciones por servicios y de la atención que se da a los afiliados, pues hay denuncias de maltrato del personal hacia las personas que acuden a diario a recibir tratamientos.
Por Selvin Rustrián

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