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La Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) firmará en agosto un acuerdo para que las multas e intereses, que ascienden a por lo menos Q1 mil millones, que adeudan las municipalidades por cuota patronal, sea exonerada al 100 por ciento.
Lo anterior se conoció en la reunión de los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales con funcionarios de los ministerios de Finanzas y de Trabajo, Procuraduría General de la Nación (PGN), Asociación Nacional de Municipalidades y Contraloría General de Cuentas.
“Se analizaron varias salidas de las exoneraciones y la Junta Directiva del seguro social firmará un acuerdo para que las municipalidades ahora solo paguen la deuda nominal, sin multas e interés, determinando que muchas de ellas están sin fondos”, manifestó Mynor Araujo, representante del IGSS.
La autonomía les permite modificar su reglamento y con ello podrían darse las transacciones necesarias por las deudas existentes, dijo José Manuel Roca Cruz, de la PGN.
Según el jefe de la Contraloría, Carlos Mencos, se pueden hacer convenios de pago y la exoneración es procedente si las autoridades del IGSS tienen la disponibilidad de hacerlo.
Al finalizar la reunión, los integrantes de la sala de trabajo manifestaron que estarán pendientes de las reuniones para determinar la firma de ese acuerdo, que favorecerá a las municipalidades y a más de 40 mil trabajadores que podrán gozar de la cobertura.
“Fue satisfactoria la cita porque se consiguió que los funcionarios vean las necesidades de las personas que laboran en las comunas y no pueden obtener los beneficios por la falta de pago”, dijo el diputado Germán Velásquez, del Partido Patriota.
Por Selvin Rustrián

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Diputados de la Comisión de Trabajo, que preside Ovidio Monzón, de la bancada Todos, analizan junto a representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), reformas laborales en materia de organización sindical de la industria y derecho a huelga.
“Estamos abriendo el debate escuchando el punto de vista del sector empleador, sobre las recomendaciones de la OIT para revisar las reformas al Código de Trabajo”, indicó el congresista.
Explicó que en la norma se establecen los requerimientos para organizar un sindicato de trabajadores de la industria, requiriendo el 50 por ciento más 1 de todos los empleados de ese sector, “lo cual significa más de 500 mil afiliados y no sería factible, por lo que se está revisando este articulado”.
Guido Ricci, director de Asunto Laborales del Cacif, expresó que respecto del derecho de huelga las recomendaciones sugieren reducir los requerimientos estipulados para facilitar el proceso. “Con este planteamiento estamos de acuerdo, siempre que se respete la elección de quienes quieran seguir trabajando”, manifestó.
La constitución de un sindicato de industria en Guatemala es una de las reformas que más polémica ha generado, por lo que el sector privado considera que cuando se decida hacer una negociación colectiva, deberá tener representatividad suficiente.
“En el cronograma de la Comisión de Trabajo tenemos estipulado escuchar a todas las partes involucradas, empleadores, empleados y Ministerio de Trabajo, para construir una propuesta consensuada y presentarla en septiembre al pleno”, concluyó Monzón.
Por Rosemary Recinos

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El presidente de la Comisión Específica de Integración y Desarrollo de Petén, Jaime Regalado, de la bancada Movimiento Reformador, citó a los viceministros de Ambiente y Recursos Naturales, Edwin Pérez Corzo y Alfonso Alonso, para que informaran sobre los avances de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de San Benito.
En la reunión se conoció que el proyecto tiene un costo de Q56 millones; hay un avance físico del 95 por ciento y un 88 por ciento de avance financiero. También se dio a conocer que se podría solicitar un incremento de Q3 millones adicionales para concluir los trabajos.
La obra se ejecuta mediante un préstamo de US$ 30 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el programa de Desarrollo de Petén para la Reserva de la Biosfera Maya, que contempla varios proyectos de infraestructura.       
El representante Regalado resaltó la preocupación que existe por la liquidación final del proyecto, pues hay un compromiso del Estado con el organismo financiero para que concluya en los primeros días de diciembre de este año, y si no se cumple el país tendrá que cancelar la totalidad del préstamo.             
Además, requirió información de los trabajos efectuados y la fecha de conclusión, pues se mencionó que a la fecha se han otorgado no menos de Q44 millones. “Lo que yo quiero es que no se registren daños ecológicos y otros desastres naturales, recordando que aún estamos en época de inverno y, si es necesario, ampliar el plazo del 14 a agosto para evitar problemas”, concluyo el congresista.            
Por José Castellanos

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El legislador Edwin Maldonado Lux, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza y presidente de la Comisión de Paz y Desminado, citó a los representantes de la Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular (Udevipo), para conocer los avances de la construcción y entrega de las viviendas para los damnificados de El Cambray 2, en Santa Catarina Pinula.
El 1 de octubre del año pasado, toneladas de tierra cayeron sobre al menos 125 viviendas, lo cual dejó 280 fallecidos y 70 personas desaparecidas, según los datos oficiales de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.
“Lo que deseamos es que las familias tengan un lugar digno donde vivir”, afirmó el congresista, quien dijo que se busca una mediación entre las autoridades del Organismo Ejecutivo y los damnificados, quienes ven cómo pasan los meses y aún no tienen un lugar propio donde vivir.
Las autoridades de Udevipo aseguraron que la entrega de los inmuebles no se ha realizado debido a que todavía hay filtraciones de agua y otros no cuentan con servicios, lo que hace que sean inhabitables; por ello dijeron que se inició un proceso de licitación para contratar a una empresa que se haga cargo de los arreglos, con el fin de que puedan ser cedidos a mediados de noviembre o finales de diciembre de este año.
Ante este anuncio, el parlamentario solicitó un cronograma del proceso de licitación, adjudicación y construcción, “para verificar que las autoridades cumplan y no se engañe a las familias”.
Por Byron Ramírez

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El diputado Walter Félix, de la bancada URNG, se reunió con funcionarios de la Comisión Nacional de Resarcimiento y de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), con el fin de intermediar por las organizaciones de víctimas del conflicto armado interno cuyos integrantes se quejan del incumplimiento en la ejecución de proyectos productivos y de vivienda.
Durante la reunión, el congresista solicitó información sobre la ejecución presupuestaria de la Sepaz, y un informe del plan operativo de trabajo para cumplir con los compromisos adquiridos tras la firma de los Acuerdos de Paz.
“Queremos conocer el plan de trabajo para este año así como las proyecciones para el 2017. Tenemos conocimiento de que el programa de resarcimiento no se está cumpliendo y que no tienen capacidad de ejecución por lo que es difícil solicitar más recursos al Ministerio de Finanzas”, comentó el parlamentario.
El congresista indicó que mediará para que se continúe con la mesa técnica entre el presidente de la Comisión Nacional de Resarcimiento y representantes de organizaciones de víctimas de todo el país, con el fin de que se llegue a un acuerdo y se ejecuten los proyectos pendientes.
Hilario Caal, integrante del Consejo Nacional de Víctimas del Conflicto Armado de Alta Verapaz, explicó que llevan 12 años trabajando para que se cumpla con lo establecido en el programa de resarcimiento ya que hay muchas viviendas sin construir y proyectos productivos sin efectuarse.
“En Alta Verapaz tenemos aproximadamente más de 4 mil expedientes de proyectos a realizar por lo que solicitamos a las autoridades de gobierno nos apoyen para la ejecución de los mismos”, argumentó Caal.
El Programa Nacional de Resarcimiento se institucionalizó en el año 2003 con el propósito de dignificar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala.
Por Elizabeth Linares

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En aras de corregir y mejorar los controles y medidas de transparencia para fortalecer la iniciativa de ley 5090, este martes diputados de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso escucharon las propuestas de distintos sectores que buscan reformar el Decreto 52-92, de Ley de Contrataciones del Estado.
Durante la audiencia pública los parlamentarios escucharon y recibieron las propuestas de los representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), de los ministros de Finanzas Públicas y de Educación, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, de la Fundación 20-20 y del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.
Allí, la mayoría de los participantes coincidió en buscar un consenso que permita modificar algunos de los artículos relacionados con la adquisición de arrendamientos, servicios básicos y de telefonía que han perjudicado a distintas dependencias. Sin embargo, coincidieron en qué no se modificarían los artículos que evitan los actos de corrupción, la sanción al fraccionamiento y otros controles y medidas que garanticen la transparencia del gasto.
“Estamos conscientes de que la Ley de Contrataciones del Estado necesita de cambios, pero solamente los necesarios que garanticen el buen manejo del gasto público. Aún nos falta recibir otras propuestas para que la comisión pueda dar el visto bueno a dichas reformas”, dijo el diputado Jairo Flores, presidente de la referida instancia.
Carlos Barreda, diputado que integra dicha sala de trabajo, propuso la integración de una mesa técnica para continuar la discusión y redacción final de la iniciativa. Así también, para qué los representantes del Gobierno, sector civil y diputados puedan entrar a conocer las normas aplicadas a nivel internacional que permitirán afinar la Ley de Contrataciones del Estado.
Para la próxima semana, la comisión escuchará las propuestas que llevarán los representantes del Instituto Nacional de Estadística e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como de los ministerios de Finanzas y de Salud.
Por Estuardo Martínez

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Con el fin de buscar una solución a los altos índices de criminalidad en 8 municipios de la zona norte del departamento de Huehuetenango, los diputados Mike Ottoniel Mérida y Lucrecia Samayoa de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-, se reunieron con representantes de las distintas instituciones del Estado involucradas en el tema.
“La seguridad es prioridad, y es uno de los derechos primordiales que mandata la Carta Magna, razón por la cual necesitamos alcanzar mejores niveles de gobernabilidad en el país”, manifestó Mérida, diputado electo por el departamento de Huehuetenango.
En la reunión estuvieron presentes Miguel Bautista, alcalde de San Juan Ixcoy; Daniel Sebastián, alcalde de Santa Eulalia; Domingo Diego Francisco, alcalde San Sebastián Coatán; Andrés Alonzo, alcalde de San Mateo Ixtatán; Mauselio Hiram Martínez, gobernador de Huehuetenango; representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH); Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Defensoría Pública Penal, Asociación Fraternidad Barillense; y de los Ministerios de Defensa, Gobernación y Educación.
Se conoció que los municipios con mayores índices de inseguridad son Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, Barillas, San Pedro Soloma, San Juan Ixcoy, San Rafael la Independencia, San Sebastián y San Miguel Coatán, debido a la oposición  de las comunidades a las hidroeléctricas y megaproyectos relacionados con la explotación de los recursos naturales, los problemas generados por la distribución de energía, incremento de la violencia intrafamiliar, aumento de casos de violencia sexual, hurto de automotores y la detención de líderes comunitarios por las fuerzas de seguridad.
El jefe edil de San Sebastián Coatán explicó que la estación policial en ese municipio solo cuenta con un agente de la Policía Nacional Civil, el cual no se da a basto para resolver los conflictos de la población. “Las acciones de la PNC en el municipio son tardías debido a que el municipio solo tiene un policía y una patrulla inservible para brindar seguridad a por lo menos 30 mil habitantes”.
Tras escuchar las demandas de los pobladores, las autoridades del Mingob informaron que esa cartera está trabajando en un plan de regionalización el cual incluye la implementación de una nueva comisaría, la cual será responsable de atender los conflictos de toda la región de los Cuchumatanes.
La respuesta dada por las autoridades no fue del todo satisfactoria para la diputada Samayoa, quien manifestó su preocupación por la situación en materia de seguridad y justicia en estos municipios. “Hemos pedido a todas las instancias presentes que nos remitan los informes que  permitan encontrar la solución más viable de la conflictividad originada en el departamento de Huehuetenango.
El  informe 2010 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el cual se evalúa la presencia del Estado en todo el país, indica que la zona norte de Huehuetenango delineaba los más bajos porcentajes de presencia gubernamental. El referido departamento concentra la mayor cantidad de población indígena, rural y los más altos índices de pobreza extrema, desnutrición infantil, mortandad materna y ausencia del Estado.
Por Karen Mendoza

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Durante la séptima sesión extraordinaria, efectuada este martes, los diputados al Congreso iniciaron la aprobación por artículos y redacción final de la iniciativa 4575, que contiene la Ley de la Carrera Judicial.
La propuesta tiene como finalidad fortalecer la fundamentación de los principios de independencia e imparcialidad judicial, proponiendo modificaciones sobre los principios rectores de la carrera judicial e incluyendo aquellos que deberán regir el procedimiento disciplinario, transparencia, idoneidad, honorabilidad, capacidad, objetividad, debido proceso, legalidad, proporcionalidad e igualdad.
La sesión plenaria había sido programada para la interpelación al ministro de Salud, Alfonso Cabrera, solicitada por el diputado Luis Hernández Azmitia, presidente de la Comisión de Salud y miembro del Movimiento Reformador (MR); sin embargo, minutos antes de empezar retiró su petición, aduciendo que se firmó un convenio con el funcionario y se fijó el plazo de un mes para resolver la crisis de la red hospitalaria.
“Es mejor que el ministro haga su trabajo en los hospitales, por lo que el tiempo que nos llevaría interpelarlo debe usarlo para trabajar en los programas, para que los hospitales y centros de salud del país tengan un mejor abastecimiento y se atienda de una forma eficaz a la población guatemalteca”, enfatizo el parlamentario.
En la sesión extraordinaria también se conoció que tras la renuncia de los presidentes de las comisiones de Economía y de Relaciones Exteriores se nombró a los diputados José Alejandro De León Maldonado, del MR, y Héctor Melvyn Caná Rivera, de la Unidad Nacional de la Esperanza, respectivamente.
También se conocieron seis iniciativas de ley que fueron enviadas a distintas comisiones de trabajo; la que pretende aprobar reformas a la Ley de Contrataciones, Ley de Concentración de Autoridades sobre Lagos, Lagunas y Ríos, reformas a la Ley del Fondo de Desarrollo Económico de la Nación, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos sobre la Votación Nominal, así como la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
Asimismo, se conoció en primera lectura la iniciativa de ley de las reformas al Servicio Civil del Organismo Legislativo, Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Física y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria, y la Implementación de los Mecanismos de Regularización de Velocidad de los Vehículos de Transporte Colectivo y de Carga.
Los legisladores fueron convocados para sesionar de nuevo este miércoles, a partir de las 10:00 horas.
Por Karla Herrera

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Integrantes de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso se reunieron con vecinos de Santa Rosa y María Alejandra Má, viceministra del ramo, para tratar la reparación de un tramo carretero que comunica Chiquimulilla con la cabecera Cuilapa.
En la cita se determinó que dicho proyecto no se podrá ejecutar este año por falta de presupuesto, y los pobladores necesitan reunir al menos Q2.5 millones para efectuar el estudio de impacto ambiental, pues la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no posee fondos para ejecutar ello y ni para ejecutar la obra.
“Estamos aquí pidiendo a las autoridades que se haga algo por esa ruta, porque muchas vidas se han perdido por el mal estado; las personas pierden tiempo en esquivar los baches y no les da tiempo de llegar a un centro asistencial”, manifestó Héctor Solís, vecino de Santa Rosa.
Los diputados dijeron que estarán detrás de las autoridades para que la obra avance, porque es necesaria para ayudar a esa población y es de flujo económico para el departamento. “No puede ser que más vidas se sigan perdiendo por falta de esa vía de comunicación”, enfatizó el congresista Luis Contreras.
“Las condiciones del tramo carretero son complicadas, porque su reconstrucción no será este ni el próximo otro año por falta del estudio ambiental, y no está contemplado en las ejecuciones; es por eso que se hará lo necesario para buscar alternativas y ayudar a esa población que sufre todos los días”, manifestó la viceministra Má.
Por Selvin Rustrián

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