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En  la antesala de la celebración del Día del Niño, el diputado Germán Velásquez, acompañado de la diputada Stella Alonso de la bancada Patriota, presentaron a la dirección legislativa, una propuesta de ley para reformar el  Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, Código penal, para aumentar las penas por abuso contra la niñez.
La propuesta de ley pretende modificar el artículo 150 del Código Penal sobre las penas a imponer por los delitos de abuso físico, psicológico y sexual contra menores de edad, utilizando armas o influencia que amenace la vida y la integridad de la niñez guatemalteca.
“Esta propuesta de ley nace ante la creciente ola de violencia contra los niños, pues según las denuncias que se han presentado son varios niñas y niños que han sido agredidos físicamente, como el caso del menor que por haber sustraído dinero, se le quemaron las manos, por lo que es necesario que las penas contra  las personas que cometen los abusos, se incrementen”,  aseguró el diputado Germán Velásquez ponente de la propuesta.
El legislador agregó que, aunque ya existen varias leyes a favor de la niñez, es necesario que se aumenten las penas, por lo que se espera que la misma tenga el apoyo de los diputados.
Por Karla Herrera

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La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), realizó una citación al presidente en funciones del Banco de Guatemala (BANGUAT), Sergio Recinos y al Titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), José Alejandro Arévalo para analizar las Reformas al Decreto 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros.
Carlos Barreda diputado de la bancada UNE, afirmó que el planteamente del rescate de bancos es positivo debido a que es mejor tener un banco abierto que cerrado, con lo cual se protege a los depositantes.
Sin embargo cree que se debe tener cuidado cuando se habla de financiar la capitalización de un banco para preservar la estabilidad financiera y mantenerlo en operación, debido a que “los banqueros son responsables de dinero ajeno, del dinero de los depositantes, del pueblo de Guatemala”, dijo Barreda.
El parlamentario plantea que dentro de las reformas a la Ley, se establezca como sanción a los gerentes o directivos de bancos que cometieron abusos o algún delito, se aplique la extinción de dominio, para que sean los banqueros los que paguen sus irresponsabilidades y no el pueblo de Guatemala.
Barreda aseguró que las experiencias de rescate, intervención o exclusión de activos y pasivos ha tenido una serie de pérdidas o costos para el Estado de Guatemala, los cuales no han sido cubiertos por los banqueros hasta la fecha.
Por ello la bancada de la UNE  busca que se establezcan varios puntos, entre estos, la aplicación de extinción de dominio, “ya que si son responsables del manejo del dinero ajeno deben hacerlo de una forma transparente y profesional”, concluyó Barreda.
En la citación surgieron varias propuestas para no dejar impune la corrupción e irresponsabilidad de los banqueros, entre estas:

• Aplicar la Extinción de Dominio.
• Aportación de los banqueros para el rescate de bancos. 
• Fortalecer el Fondo de Protección al Ahorro.
• Pagar más impuestos para que con este dinero se cree un fondo de estabilización o intervención de bancos.
• Prohibir la repartición de utilidades y dividendos mientras esta intervenido.

“Ya que no se está de acuerdo que la irresponsabilidad, la corrupción y el abuso se pague con dinero público o del presupuesto, el cual podría  servir para  educación y salud y se utilice para el rescate de bancos”, concluyó Barreda.
La decisión de la Junta Monetaria de intervenir una institución bancaria bajo la modalidad de “banco abierto” permitiría que el banco pueda seguir funcionando en beneficio de los depositantes para proteger sus ahorros afirmó el presidente en funciones del BANGUAT.
José Alejandro Arévalo, titular del SIB, afirmó que lo que se haría con la intervención es sustituir a los banqueros y administradores bancarios quienes deberán afrontar la responsabilidad que en lo personal puedan tener tanto en el ámbito administrativo como penal, asegurando que las propuestas del parlamentario deberán de ser analizadas.
Para solventar las dudas y poder incorporar algunas de las propuestas realizadas por los parlamentarios, se acordó tener una próxima reunión con los funcionarios del BANGUAT y SIB para continuar con la discusión de la iniciativa de reformas.

Por Byron Ramírez.

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La vigencia del Estado de Calamidad Pública, decretado por el Organismo Ejecutivo para atender las emergencias que ha provocado la época de lluvia en diferentes puntos del país, ha provocado opiniones encontradas en el Congreso de la República.
El debate fue sobre si el Ejecutivo puede o no ejecutar recursos durante el tiempo que el Congreso se demore en aprueba o improbar el  Decreto Gubernativo 7-2016.
Algunos diputados recordaron la resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad (CC) en febrero del 2015, en la que resolvió a  favor de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
De acuerdo, con Orlando Blanco, jefe de la bancada UNE, se debe tomar en consideración que en ese momento la CC, en el expediente 69-2015 establece que el parlamento “debe conocer y emitir decisión”.
“El Estado de Calamidad que suspende garantías constitucionales esta vigente De facto”, señaló Blanco al manifestar la necesidad de que el pleno del Legislativo discuta si aprueba, modifica o imprueba el Decreto 7-2016.
“El Estado de Calamidad no se encuentra en vigencia y cuidadito hacen compras”, sentenció el presidente del Congreso de la República, Mario Taracena Díaz-Sol, al agregar que la próxima semana en la plenaria convocada para el martes, si se cuenta con 105 votos se pondrá en discusión nuevamente el tema.
A juicio del directivo, si el tema no es debatido en el hemiciclo parlamentario, el Ejecutivo deberá emitir un nuevo Decreto Gubernativo y remitirlo al Congreso de la República para que sea conocido como un nuevo documento.
Sin embargo, para el diputado Leonel Lira de la bancada Encuentro por Guatemala, el Estado de Calamidad está vigente pues según él ya se cumplió con conocerlo en el pleno. “Existe un vacío legal que debe dilucidarse, no hay ninguna base legal que nos diga que debemos aprobarlo o improbarlo”, afirmó.
Avanzan puntos de agenda
Previo a la discusión de la vigencia o no del Estado de Calamidad, los diputados avanzaron con varios puntos de la agenda aprobada para la sesión ordinaria de este jueves, por lo que conocieron la renuncia de la licenciada Elizabeth Mercedes García Escobar, como Magistrada de la Corte de Apelaciones, para asumir la magistratura de la Corte Suprema de Justicia.
Además, los congresistas conocieron primeros y segundos debates con lo cual dan trámite a varias iniciativas de Ley, entre ellas: El Acuerdo de París, la Ley Marco para la Defensa y Protección del Consumidor y la Ley de Regulación de Apuestas, Casinos, Videoloterias, Bingos y Juegos de Azar.

Sayda Galicia y Selvin Rustrían

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Representantes de la oficina de Acceso de Información del Congreso de la República, que coordina la licenciada Karina Paz, participaron en el curso de capacitación “Acceso a la Información de las Personas con Discapacidad Auditiva”, impulsado por el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque,  por medio de la Defensoría de las Personas con Discapacidad.
El objetivo fue dar a conocer las diversas formas de generar información accesible para las personas con discapacidad auditiva, a efecto de que se garantice su derecho a saber, conocer, educarse y fortalecerlas en la toma de decisiones.
Entre los expositores estuvieron José Antonio Estrada, experto en información accesible para personas con discapacidad; Karen Galindo, experta en interpretación de lenguaje de señas; Eduardo Valdez, profesor de educación inclusiva; y  Simkhat Mijangos, activista de derechos humanos.
Para el PDH, Jorge de León Duque,  la inclusión de las personas con discapacidad auditiva es compromiso de Estado, por lo que en la semana en que se conmemora la lucha por el respeto y reconocimiento de sus derechos, se hace el llamado a la población en general a realizar acciones que garanticen el desarrollo de este grupo de la población y exhorta al Congreso de la República que priorice la aprobación de la iniciativa de Ley de Lenguaje de Señas.
En 1958 la Federación Mundial de Sordos impulsó la conmemoración del Día Internacional de la Persona Sorda. Años más tarde se acordó que esta rememoración fuera durante una semana, la última de septiembre. El propósito es llamar la atención de políticos, autoridades y población en general acerca de los logros de las personas sordas y las preocupaciones de esa comunidad. Durante esos días se impulsan campañas informativas acerca del trabajo desarrollado por este grupo poblacional, así como sus demandas.
Según esa federación, en el mundo hay alrededor de 70 millones de personas con deficiencias auditivas. En Guatemala se estima que el 1 % de la población presenta esa condición, que equivale aproximadamente a 170 mil personas, quienes se enfrentan a diario con barreras de acceso a la información, lo cual dificulta su plena participación en su entorno.
Para las personas con discapacidad auditiva, el acceso a la información y comunicación es clave, supone tener en cuenta aspectos como la lengua de señas, el uso de subtítulos, el incremento de la visibilidad, entre otros. Las personas sordas tienen el derecho de informarse, sin que existan barreras.
Guatemala está obligada a generar estas condiciones para facilitar el acceso a la Información y la comunicación, según el artículo 21 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual establece que los Estados deben adoptar todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones que las demás, con el debido respeto a la forma de comunicación que elijan.

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Con 117 votos a favor, el Pleno de los diputados eligió a Elizabeth Mercedes García Escobar como magistrada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en sustitución de Douglas René Charchal, quien renunció a la magistratura tras su supuesta vinculación en el contrato anómalo de usufructo oneroso firmado por 25 años entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal TCQ.
Para el efecto, el Congreso aprobó el Acuerdo 26-2016, por medio del cual se declaró formalmente electa a García Escobar para finalizar el periodo 2014-2019. Seguidamente, el presidente Mario Taracena Díaz-Sol procedió a juramentar a la nueva magistrada, quien juró fidelidad a la Constitución  Política de la República de Guatemala.
García Escobar, quien fue propuesta por el bloque  de FCN-Nación, fue electa de entre una nómina de 12 aspirantes integrada por  Marco Aurelio Alveño Ovando, Hugo Haroldo Calderón Morales, Nidia Violeta Domínguez Tzunum, Manuel Reginaldo Duarte Barreda, Guillermo Demetrio España Mérida, Selvin Wilfredo Flores Divas, Mario Estuardo Gordillo Galindo, María Consuelo Porras Argueta de Porres, Brenda Anabella Quiñónez Donis, Ana María Rodríguez Cortéz y Rogelio Zarceño Gaitán.
La nueva magistrada dijo que va a trabajar para promover el respeto al debido proceso y la ley en Guatemala.
Un informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –divulgado hace algún tiempo con ocasión de la elección de la Corte de Constitucionalidad, a la que también optó Elizabeth Mercedes García Escobar–, dio a conocer parte de la hoja de vida que se resume a continuación.
García Escobar es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1984. Colegiada activa No. 2949.  Nacida en Malacatán, San Marcos. Fue magistrada Vocal Primero de la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de 2009 a la fecha;  magistrada Vocal Primero de la Sala de la Corte de Apelaciones de Familia y posteriormente Presidenta de la Sala de la Corte de Apelaciones de Familia, 2004-2009; magistrada Titular Vocal I de la Sala de la Corte de Apelaciones de Familia; presidenta de la Sala de la Corte de Apelaciones de Familia (sin indicar fecha), y magistrada Titular Vocal I de la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (sin indicar fecha).
También fungió como asesora del Ministerio de Trabajo, 1997; del Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación, 1997-1998; y trabajó como abogada litigante de propio bufete, durante quince años (sin indicar fecha).

Por Myriam Larra

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Con mayoría absoluta (80 votos), el pleno del Legislativo aprobó el Decreto 45-2016, Ley de Implementación de Mecanismos de Regulación de Velocidad de los Vehículos de Transporte Colectivo o de Carga, por medio del cual se endurecen las sanciones de prisión, económicas y administrativas contra los pilotos del transporte colectivo que se vean involucrados en los accidentes de tránsito.
La norma, que cobrará vigencia ocho días después de su publicación en el Diario de Centro América, establece, entre otros asuntos:

 La retención y suspensión de la licencia de 1 a 2 años y una multa de Q5 mil a Q25 mil a quienes conduzcan vehículo automotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

 La retención y suspensión de la licencia de 2 a 4 años y una multa de Q10 mil a Q50 mil a quienes conduzcan transporte colectivo o de carga bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

También se aprobaron modificaciones al Código Penal respecto de los delitos de Homicidio Culposo y Lesiones Culposas; en el primero de los casos se especifica que al autor del homicidio se le impondrá prisión de 2 a 5 años, mientras en el segundo delito la sanción carcelaria será de 3 meses a 2 años.
La ley además faculta al Ministerio de Comunicaciones para que a través de las direcciones generales de Transportes y de Protección y Seguridad Vial a desarrollar las acciones encaminadas al fortalecimiento de la seguridad vial.
Se reducirán los accidentes
La regulación de las bombas de inyección, para limitar en 80 kilómetros la velocidad del transporte colectivo, es uno de los aspectos incluidos en la ley para reducir el número de accidentes que, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Transporte, en el año se han registrado 88 accidentes de tránsito, principalmente en la carretera al occidente.
“Es una ley bastante dura para las personas irresponsables, porque no es posible que se sigan generando accidentes. Es una norma que desde hace tiempo debimos aprobar”, aseguró el segundo secretario de la Junta Directiva, Luis Contreras, de la bancada Movimiento Reformador.
En tanto, el diputado José Conrado García, de la bancada Lider, expresó su complacencia por la aprobación de la normativa, por la “importancia que tiene para los guatemaltecos”.

En la plenaria de este martes también se empezó a discutir el Estado de Calamidad decretardo por el Organismo Ejecutivo, pero por falta de quórum se postergó el asunto para el jueves 29, a partir de las 10:00 horas.
Por Sayda Galicia
 

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La comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República presidida por la diputada Thelma Ramírez de la Unidad Nacional de la Esperanza dio dictamen favorable a la reformas a la Ley del Instituto de Fomento Municipal (INFOM), las cuales se modifican con el fin de fortalecer el trabajo de los alcaldes y sus corporaciones municipales.
Para formular las reformas se llevaron a cabo mesas de trabajo en las que participaron representantes del INFOM, Ministerio de Finanzas Públicas, de Trabajo, Procuraduría de General de la Nación y de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).
“Este es un gran paso para fortalecer la autonomía de los alcaldes del interior de la República”, afirmó la presidenta de la comisión Thelma Ramírez, quien destacó el consenso y compromiso de todas las dependencias que participaron y de los integrantes de la comisión.
“En febrero de 1961 fue creada la Ley Orgánica del INFOM, cuando solamente existían 150 alcaldías; es por ello la urgencia de realizar los cambios debido a que los tiempos han cambiado y el número de municipios ha crecido”, afirmó Ramírez.
German Velásquez del Partido Patriota, afirmó que entre las reformas destaca el que el INFOM, “conforme grupos técnicos de asesoría que orienten a las municipalidades para que creen algunos tributos”, entre ellos el Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), el cual no es recaudado por muchas municipalidades, por lo que solo dependen del situado constitucional, dijo Velásquez.
El parlamentario agregó que el INFOM tendrá la capacidad administrativa y técnica de fortalecer los conocimientos a modo que las municipalidades puedan recaudar este tipo de tributos, sin que tengan mayores consecuencias al final de su periodo.

Entre los cambios están:
• Proveer de líneas de crédito a través de la banca privada a favor de las municipalidades cuando los recursos propios no fueran suficientes para cubrir las demandas financieras municipales.
• Los préstamos que otorgue el Instituto a las municipalidades no requieren autorización ni aprobación por parte del Ejecutivo, ni la opinión de la Junta Monetaria, a que se refiere el artículo 57 del decreto 16-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Banco de Guatemala.
• No pueden integrar la Junta Directiva del INFOM en calidad de Directores titulares o suplentes: a) Los parientes dentro de los grados de ley del Presidente y Vicepresidente de la República, de los Ministros y Secretarios de Estado.
• Diseñar, planificar e implementar Diplomados, certificados por Universidades del país, dirigido a las corporaciones municipales que hayan sido electas, quince días después del proceso electoral a efecto de promover una transición ordenada.

Por Byron Ramírez.

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La bancada de Alianza Ciudadana solicitó del Ejecutivo, más información para poder considerar si apoyan en el pleno del Congreso, la ratificación del Estado de Calamidad solicitada a mediados de septiembre.
Este anunció fue hecho durante una reunión entre diputados de dicho bloque legislativo con José Luis Benito, vice ministro de Comunicaciones, Alex Waldemar Cal, subsecretario de Coordinación y administrativo de la Conred; Manuel Antonio López, director del Fondo Social de la Presidencia y Jorge Arreaga Cifuentes, secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, a quienes requiriron más información para conocer los motivos que motivaron al Ejecutivo a decretar estado de calamidad para si apoyan su ratificación al decreto 7-2016.
“No apoyaremos el estado de calamidad hasta que nos brinden la información real, porque no creo que exista una emergencia en el país por tema de lluvias. Más aún, las mismas autoridades andan fuera del país. ¿Qué emergencia es esa? Las instituciones tienen sus propios rubros, para eso entonces no es necesario ratificar ese decreto”, manifestó el jefe de bancada de Alianza Ciudadana.
Pero para el ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, es necesario ese Estado de Calamidad para agilizar procesos, por el tiempo de reacción en las emergencias y aseguró que no estarían dejando a un lado la transparencia. “Los tiempos de los procesos es lo que queremos evitar porque dinero si hay”, expresó el funcionario de dicha cartera José Luis Benito.
“Es una Justificación para gastar dinero, hay cosas más importantes en Guatemala”, dijo el jefe de bancada de AC Francisco Tambríz y Tambríz.
La Conred, en el estado de calamidad colocó solo 26 puntos específicos que se encuentran en alto riesgo de 10 mil focalizados a nivel nacional, que para la bancada Alianza Ciudadana, no es válida la información otorgada por los funcionarios, por lo cual aún condicionan sus votos para ratificar el decreto que autorizaría el estado de calamidad solicitado por el Organismo Ejecutivo.

Por Selvin Rustrián.

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Al recibir denuncias de venta de carne contaminada, los diputados que integran la Comisión de Agricultura, buscan consenso con autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Asociación Nacional de Municipalidades y gobernadores de los 22 departamentos, con el objetivo de crear una ley específica para la regulación de rastros en el país.
La propuesta se dio durante la reunión que sostuvieron los legisladores con Byron Acevedo, viceministro de Sanidad Agropecuaria, en la cual se dio a conocer que aunque existe un reglamento es necesario aprobar una ley que regule las referidas instalaciones, a fin de garantizar la calidad de carne para el consumo humano.
“En la propuesta, que será elaborada lo antes posible, se espera que sean los alcaldes de cada municipio quienes tengan que velar porque los rastros cumplan con los requisitos y evitar la contaminación de bacterias”, destacó el diputado Gabriel Heredia, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presidente de la sala de trabajo.
Por su parte, el parlamentario Haroldo Quej, del mismo bloque, aseguró que es necesario que los jefes ediles se comprometan a verificar que los rastros sean higiénicos.
Los legisladores acordaron realizar una reunión con los ministros de Salud, Gobernación y Agricultura, y delegados de la sociedad civil para tratar el tema de los rastros clandestinos.
Por Karla Herrera

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