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El diputado Julio Lainfiesta, jefe de bancada de Unión del Cambio Nacional (UCN), se reunió con Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), a quien cuestionó acerca del retraso de la reconstrucción del Hospital Regional del Occidente, pese a que la obra se inició en 2012.
Las denuncias que ha recibido dicho bloque consisten en que los trabajos “están a medias” y la obra no avanza, especialmente en alumbrado eléctrico y drenajes.
“Es lamentable dicha situación porque se afecta a la población que recurre al centro hospitalario y a los trabajadores, quienes no pueden hacer sus labores por los inconvenientes que provoca la obra inconclusa”, manifestó Lainfiesta.
Contreras manifestó que crearan una mesa técnica con los involucrados en el proyecto del Hospital de Quetzaltenango, para determinar qué hace falta y por qué la obra no se ha terminado.
En la misma reunión, representantes de jubilados del Estado expresaron su malestar por la mala atención que reciben en los  Centro de Atención Médica Integral para Pensionados. “Los pocos centavos que recibimos los tenemos que utilizar en compra de medicamentos, porque el Seguro Social nunca tiene; hay casos en que pensionados prefieren ir a los centros de salud porque no son atendidos”, expresó María De León.
“No es problema de esta administración; las pasadas causaron graves situaciones y es por eso que la crisis actual es evidente. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a esas personas”, dijo el presidente del IGSS.
El diputado Lainfiesta expresó que estará al tanto de ese asunto y le dará seguimiento, “para no dejar solas a las personas que cada día acuden al Seguro Social”.
Por Selvin Rustrián

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Diputados de la Comisión Extraordinaria de Asuntos Sobre Discapacidad, que preside el congresista Christian Boussinot, se reunieron con representantes de la Asociación de Sordos de Guatemala (Asorgua), Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y del Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, para analizar la iniciativa 3932, que contiene la Ley de Reconocimiento de la Lengua de Señas de Guatemala.
La normativa que está en segunda lectura tiene como fin reconocer el lenguaje de señas como un idioma más del país, permitiendo la inclusión de los guatemaltecos con discapacidad auditiva en un contexto social, dándoles acceso a servicios como salud, educación, seguridad y justicia, derechos contemplados en la Carta Magna.
Edilzar Castro Quiroz, director de Educación y Rehabilitación del Comité Pro Ciegos y Sordos, explicó la importancia del involucramiento de todos los sectores que representan a las personas con discapacidad, con lo cual se obtendría una ley que “obedezca a los intereses y la realidad de este sector de la población”.
Por su parte, Mauricio Méndez, coordinador general de la Asociación de Sordos de Guatemala (Asorgua) indicó: “La última propuesta que entregamos en mayo lleva el sentir de la comunidad de personas sordas y de las instituciones comprometidas a trabajar por el desarrollo de las más de 240 mil personas con sordera en el país, por lo que esperamos conocer el borrador de una nueva propuesta que permita que este lenguaje reconocido en Guatemala”.
Al finalizar la reunión, el diputado Boussinot dijo que la sala legislativa trabajará un nuevo borrador, que ayude a fortalecer la iniciativa existente. “Consideramos que a la iniciativa 3932 aún le faltan elementos importantes, como la creación de un instituto de lenguaje de señas, el cual tendría como función primordial la dignificación de personas con este tipo de discapacidad”, expresó.
Según datos de Asorgua, en Guatemala el lenguaje de señas es relativamente joven y aún está en un proceso de formación y formalización, pues no existe ningún ente regulador, y el material para su aprendizaje aún es escaso.
Por Karen Mendoza

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Integrantes de la Comisión de Turismo, que dirige el congresista Santiago Nájera, de la Unidad Nacional de la Esperanza, se reunieron con Julio César Cigarroa, alcalde de Champerico, Retalhuleu; Jorge Francisco Mejía, gobernador de dicho departamento, y Juan Carlos Ovalle, director de la Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado, para resolver la ocupación que varias familias han hecho en la orilla de la playa, obstaculizando el paso de los turistas.
El jefe edil dio a conocer que son aproximadamente 200 núcleos que se encuentran invadiendo el sitio. “El problema fue que varios dirigentes en ese entonces llevaron a estas familias a la playa con la esperanza de una vivienda. Han estafado a la gente cobrando grandes cantidades por casas que no cuentan con agua potable ni drenajes, y se encuentran robando energía eléctrica”, señaló Cigarroa.
Ante esta problemática, el diputado Nájera solicitó a las autoridades locales que se diseñe un plan para ubicar a las familias, de  modo que puedan tener una vida digna, y hacer una revisión para que el área de la playa quede limpia y apta para recibir a los visitantes.
“Vamos a comprobar si es cierto lo que está ocurriendo; de lo contrario tendrán que desalojar el lugar que es propiedad del Estado y es el único que puede autorizar el uso de estos bienes”, comentó el parlamentario.
Asimismo, aseguró que el 22 de este mes los integrantes de la sala de trabajo harán una visita para encontrar una solución en conjunto con las instituciones involucradas, pues debe fomentarse el turismo, “que es la base fundamental para el despegue del desarrollo económico social de un país”.
Por Elizabeth Linares

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Este lunes empezaron las audiencias públicas que impulsa la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso, que dirige el diputado Luis Pedro Álvarez, de la bancada Encuentro por Guatemala, sobre reformas a los sistemas de previsión y protección del país.
Dichas audiencias tienen como objetivo recibir las propuestas y sugerencias de más de 70 organizaciones, personas jurídicas e individuales interesadas en enriquecer un proyecto de ley que permita mejorar y eficientar los servicios que da el Gobierno a la clase trabajadora.
“Es necesario reformar el sistema, optimizar el servicio y la atención que se brinda a los guatemaltecos, mejorar las pensiones y ampliar la cobertura que hoy es muy baja”, comentó el parlamentario Álvarez.
“Durante los 70 años de existencia, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se ha mantenido con una estructura presidida por representantes del Gobierno, con resultados desastrosos. Ahora se propone que sea administrada por los patronos y trabajadores, quienes mediante sus cuotas y aportaciones son los que le dan el sustento material”, expuso el ciudadano Juan Bautista Maselli.
El señor Alfonso Abril señaló que es necesario terminar con el monopolio existente, pues de lo contrario “continuarán con el despilfarrando de valiosos recursos para la sociedad”. “Es necesaria la competencia dentro del sistema y apostarle a la libertad del trabajador para que decida con qué modelo desea cotizar”, mencionó.
Se debe regular la apertura, para que el seguro social y los centros hospitalarios privados, públicos y mixtos puedan prestar estas asistencias, tanto de salud como de pensiones para el retiro, coincidió Alejandro Quinteros, representante de la Organización Primero Guatemala.
Werner Muñiz, representante de la Asociación Escuelas para Padres, Aprender para Crecer, propuso la ampliación en la cobertura de enfermedad común y de accidentes de los niños y adolescentes beneficiarios, hasta que alcancen la mayoría de edad.
El diputado Álvarez no descartó que la comisión pueda accionar judicialmente para que la deuda que el Estado tiene con el Seguro Social, que asciende a más de Q30 mil millones, sea reconocida y se busquen los mecanismos de pago.
Por Rosemary Recinos

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El legislador Víctor Manuel Estrada, quien preside la Comisión de Seguridad  Alimentaria, del Movimiento Reformador, se reunió con Felipe Orellana, vicetitular de Desarrollo Económico y Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), con representantes de la Unidad de Riego Palo Amontonado, de El Progreso Guastatoya, y de Agro Cadena del Limón, para evaluar la posibilidad de condonar la deuda que adquirieron unos 2 mil 892 pequeños agricultores con el Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje, que ejecutó esa dependencia.
“Estamos abordando el tema con las unidades ejecutoras de riego, con el fin de ayudar a miles de pequeños agricultores que se vieron afectados con la pérdida de sus cosechas por el paso de distintas tormentas. Además, se busca contribuir con los afectados, pues en algunos casos se les han embargado sus propiedades y la deuda va en aumento”, expresó el parlamentario.
Estrada comentó que la deuda de los pequeños agricultores asciende a más de Q150 millones, “que es muy mal manejada a través de un fideicomiso por el MAGA”. Esperamos que se pronuncie el Ministerio de Agricultura y soliciten la condonación de la deuda ante el pleno de diputados”, expresó.
El viceministro Orellana explicó que en dicha cartera se analiza la viabilidad de la condonación como una posible respuesta para los agricultores afectados.
Por José Castellanos

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Con el propósito de regularizar el transporte público colectivo, los diputados Álvaro Velásquez, Sandra Morán y Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia, presentaron en la Dirección Legislativa el anteproyecto de Ley Reguladora del Transporte Público y Creación de la Intendencia del Transporte Público.
La propuesta contempla el establecimiento de la Intendencia Nacional de Transporte Público de Guatemala (Intrap) como una entidad autónoma, la cual absorbería todas las funciones de la Dirección General de Transportes y sería responsable del control, monitoreo y verificación de la calidad del servicio que recibe subsidio del Estado.
Otras funciones serían: velar por el pago puntual del aporte al transporte a las entidades que indica la ley, actualización de los criterios de distribución cada seis meses, promoción de la competencia en cuanto a la prestación del servicio con el fin de elevar la calidad y precios e incentivar la capacitación de pilotos en aspectos como servicio al cliente y adecuado manejo de los automotores.
Además, se propone la integración de una Policía Nacional de Transporte Público y la creación de una Política de Transporte, que a su vez crearía un mecanismo de pagos automatizados en efectivo y/o prepago en todo el territorio nacional.
“Esperamos que esta nueva ola de lucha contra la corrupción y de fomento de la transparencia y competencia en el mercado facilite la aprobación pronta y expedita de esta iniciativa, la cual es una demanda social que pide se potencie la calidad del servicio del transporte a precios justos”, expresó el congresista Velásquez.
Vías mortales
En Guatemala se registran accidentes en las distintas carreteras debido a la irresponsabilidad de pilotos, escasa señalización, modificación ilegal de los buses y malas condiciones de las vías.
En el primer trimestre del año se contabilizan no menos de 40 víctimas mortales y un estimado de 230 lesionados. Según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en los últimos 10 años han muerto en percances de autobuses más de 1 mil 238 usuarios y unos 7 mil 333 han quedado heridos.
Por Karen Mendoza

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Integrantes de la Comisión de Deportes, que preside el diputado Mario Velásquez, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, se reunieron para dar seguimiento a la mesa técnica que se conformó para elaborar un nuevo proyecto de ley que pretende reformar el Decreto 76-97, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte.
Durante la reunión, el parlamentario Velásquez indicó que el deporte se ha deteriorado en Guatemala por lo que es necesario crear otra norma. “La mesa técnica ha progresado en la discusión, pues el decreto lleva más de 19 años vigente y no se apega a la actualidad”, comentó.
Dijo que continuarán analizando el proyecto con los diferentes sectores involucrados, para que en breve tiempo se pueda tener una iniciativa consensuada.
De acuerdo con el parlamentario Julián Tesucún, del Frente de Convergencia Nacional e integrante de la sala de trabajo, es necesario proponer una nueva normativa, pues “el actual decreto se encuentra obsoleto y se debe readecuar acorde a las necesidades actuales, especialmente en apoyo e inversión en los deportistas del interior del país”.
“El deporte hay  que fortalecerlo en todas sus ramas. La distribución económica del aporte constitucional que el Estado da al Comité Olímpico y a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala debe ser equitativa, redistribuida y ejecutada adecuadamente”, explicó.
Por Elizabeth Linares

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Con el voto de 84 parlamentarios quedó aprobado el Decreto 32-2016, que da vida a una nueva la Ley de la Carrera Judicial, la cual contempla diversos aspectos que fortalecerán el sistema judicial y facilitarán el trabajo de quienes imparten justicia.
“Esta nueva ley sale de la discusión de dos propuestas que se analizaron en las mesas de trabajo del sector justicia, en las cuales participaron representantes de diversos sectores de la sociedad civil”, destacó Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales e integrante del Movimiento Reformador.
Por su parte, el presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, explicó que “la nueva ley reforma el Consejo de la Carrera Judicial, cuyos integrantes calificarán el accionar de los jueces y las penas que se impondrán a quienes cometan faltas”.
Según lo establecido en el artículo 1 de la normativa, el objetivo es establecer los principios, garantías, normas y procedimientos, así como crear los órganos necesarios para la administración y funcionamiento de la carrera judicial, el sistema de regular el ingreso, permanencia, promoción, ascenso, traslados, prestaciones, capacitación y formación profesional mediante evaluaciones del desempeño de los juzgadores.
Durante la plenaria de este miércoles también se conocieron cinco iniciativas, las cuales fueron enviadas a diversas salas de trabajo: la que propone la prohibición del uso de teléfonos celulares al conducir vehículos de motor, el código de ética y conducta parlamentaria, así como las propuestas para la posesión de piezas culturales arqueológicas por personas particulares, ley reguladora de la ley contra el femicidio y para el fortalecimiento del proceso penal guatemalteco.
En primer debate fue conocido el dictamen para exonerar por única vez el pago de todo impuesto sobre la importación de cuatro vehículos automotores tipo motobomba, en favor del Cuerpo de Bomberos Municipales.
Asimismo, pasaron en su segunda lectura las iniciativas del Servicio Civil del Legislativo, ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria y la regularización de velocidad de los vehículos de transporte colectivo o de carga.
Por Karla Herrera

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La Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) firmará en agosto un acuerdo para que las multas e intereses, que ascienden a por lo menos Q1 mil millones, que adeudan las municipalidades por cuota patronal, sea exonerada al 100 por ciento.
Lo anterior se conoció en la reunión de los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales con funcionarios de los ministerios de Finanzas y de Trabajo, Procuraduría General de la Nación (PGN), Asociación Nacional de Municipalidades y Contraloría General de Cuentas.
“Se analizaron varias salidas de las exoneraciones y la Junta Directiva del seguro social firmará un acuerdo para que las municipalidades ahora solo paguen la deuda nominal, sin multas e interés, determinando que muchas de ellas están sin fondos”, manifestó Mynor Araujo, representante del IGSS.
La autonomía les permite modificar su reglamento y con ello podrían darse las transacciones necesarias por las deudas existentes, dijo José Manuel Roca Cruz, de la PGN.
Según el jefe de la Contraloría, Carlos Mencos, se pueden hacer convenios de pago y la exoneración es procedente si las autoridades del IGSS tienen la disponibilidad de hacerlo.
Al finalizar la reunión, los integrantes de la sala de trabajo manifestaron que estarán pendientes de las reuniones para determinar la firma de ese acuerdo, que favorecerá a las municipalidades y a más de 40 mil trabajadores que podrán gozar de la cobertura.
“Fue satisfactoria la cita porque se consiguió que los funcionarios vean las necesidades de las personas que laboran en las comunas y no pueden obtener los beneficios por la falta de pago”, dijo el diputado Germán Velásquez, del Partido Patriota.
Por Selvin Rustrián

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