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Como parte del proceso de la investigación que se lleva a cabo en el Congreso sobre el antejuicio promovido contra el presidente Jimmy Morales, por presunto financiamiento electoral ilícito, los diputados de la Comisión Pesquisidora, entraron en la fase de escuchar los audios de las  audiencias hechas  por el Ministerio Público  a los involucrados.

Este lunes escucharon las declaraciones de  Paulina Paiz  Figueroa,  quien aparentemente  era la encargada de recibir las donaciones de empresarios para los gastos de campaña del partido FCN Nación, durante el proceso electoral del 2015.

“Los audios son parte de las pruebas que debe analizar esta Comisión  según el  caso  185-2018, remitido por la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República. Durante los próximos días escucharemos otras grabaciones de más  implicados en proceso”,  destacó el diputado Luis Fernando Montenegro, presidente de esta instancia.

El legislador aseguró que luego de escuchar los audios, citarán a los declarantes para verificar los relatos sobre las declaraciones brindadas al Ministerio Público.

Por Karla Herrera

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A partir de esta semana, el Pleno Legislativo sesionará  todos los jueves a partir de las 10:00 horas, con el fin de avanzar en la aprobación de las reformas al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Los cambios están pendientes de ser aprobados en su tercer debate, por artículos y redacción final.

El anuncio, que  contó con el consenso de la mayoría de los jefes de bloque,  fue hecho por el presidente del Congreso de la República, diputado Alvaro Arzú Escobar, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) emitiera dictamen sobre los 39 artículos que busca reformar el proyecto de ley en mención, luego de siete meses de espera.

El oficio, con la solicitud del Pleno de los Diputados (Acuerdo 4-2018) de emitir dictamen respecto de la iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, fue remitido a la CC el ocho de febrero de 2018, luego de haber sido conocido por los congresistas, en su tercera lectura, el veintitrés de enero del mismo año.

El artículo 123 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo dice: “Cuando se discuta un proyecto de ley que proponga reformas a las leyes constitucionales, después de tenerlo por suficientemente discutido en su tercer debate, deberá recabarse el dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Cuando en la discusión por artículos se presenten enmiendas al texto del proyecto de ley, dichas enmiendas deberán igualmente remitirse a la Corte de Constitucionalidad para su opinión”.

El proyecto de decreto contiene la segunda generación de reformas a la LEPP. Entre las novedades está la segunda vuelta para la elección de alcaldes, se da validez al voto nulo, y eleva el porcentaje de afiliados del total de empadronados para que los partidos no sean cancelados…, entre otros.

La intención es que las posibles enmiendas a la LEPP tomen vigencia y sean aplicadas para las próximas elecciones. Ello, siempre y cuando sean aprobadas antes de la convocatoria a comicios, la cual hará el Tribunal Supremo Electoral, el 19 de enero del próximo año.

Durante la reunión de este lunes fueron aprobadas además las agendas legislativas que se conocerá en las sesiones ordinarias del martes 25 y miércoles 26 de septiembre, convocadas a partir de las 14:00 y 10:00 horas, respectivamente.

El martes, los Diputados al Congreso de la República conocerán, en primera y segunda lectura, dos iniciativas de ley. La primera que dispone aprobar reformas al Decreto 51-92, Código Procesal Penal (5311), procedimiento especial de aceptación de cargos. La otra es la iniciativa 5405, ley para el fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas.

De igual manera está previsto que sean aprobadas por artículos y redacción final, las reformas al Decreto 42-2010, Ley que Promueve el Turismo Interno. El proyecto que se encuentra bajo el registro 5222, tiene como principal fin establecer que los asuetos que caigan en martes, miércoles o jueves, sean trasladados al día hábil anterior o posterior (lunes o viernes) al fin de semana. Ello para incentivar el turismo nacional y el desarrollo económico de las comunidades que se consideran como atractivos turísticos.

En la sesión del miércoles, los legisladores retomarán la discusión por artículos y redacción final de la iniciativa 5241, ley de fortalecimiento al emprendimiento, que forma parte de la agenda de reactivación económica que impulsa la administración del presidente Arzú.

De aprobarse, el país se posicionaría a la vanguardia en la región centroamericana, ya que se establecerían figuras legales y mecanismos que apoyen directamente a personas emprendedoras, facilitándoles fuentes de financiamiento y capacitación.

Por Karen Mendoza

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Con el propósito  de beneficiar a las personas con discapacidad visual y con otras dificultades para acceder a los textos de lectura, las diputadas Alejandra Carrillo, independiente; Eva Monte, de Acción Ciudadana (AC); Ileana Calles, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-NACIÓN) y el diputado Ronald Arango, TODOS, impulsan la iniciativa No. 5415, ley que aprueba reformas a la ley de derechos de autor y derechos conexos.

La iniciativa, que ya fue discutida en su segunda lectura, cuenta con el apoyo de la Comisión de Personas con Discapacidad Visual (CONADI), cuyos representantes a nivel internacional, Carlos Portanza y Gabriel Escobar, aseguran que la ley “representa mejores oportunidades en su formación”.

La norma facilitaría las versiones de libros, obras protegidas e intercambio de obras impresas en braille. También se plantea la edición e intrecambio de audiolibros y libros digitales, entre los 41 países que son parte del tratado de Marrakech.

La diputada Carrillo agradeció la participación de todos los diputados que han apoyado desde el año 2016 la aprobación de la ley. “Manifiesto mi compromiso de luchar  por los sueños de los niños y de otras personas para que no esté condicionado por el acceso limitado a educación y trabajo”, manifestó la legisladora.

El diputado Estuardo Galdámez, primer secretario de Junta Directiva del Congreso de la República, reiteró su compromiso para que dicha ley se incluya en la  agenda y se logre su  tercera lectura en el pleno del Congreso. “Exhorto a los 158 diputados para que se comprometan con estos niños y que voten favorable por esta ley”, dijo el congresista.

Por Astrid González

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Para modernizar la administración y garantizar la protección y conservación del Parque Nacional Tikal en Petén, diputados de la Comisión de Turismo se reunieron con el alcalde de Flores, guías turísticos y vecinos de la localidad quienes solicitaron que se retome la discusión de la iniciativa que dispone aprobar la ley para fortalecer la administración del Parque Nacional Tikal (5355), la cual está  encuentra pendiente de aprobación tercera lectura, por artículos y redacción final.

Los diputados manifestaron su total apoyo a la iniciativa, la cual busca crear una comisión interinstitucional que se encargaría de administrar dicho sitio turístico. Estaría constituida por autoridades del Instituto de Antropología e Historia, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Cultura, Instituto Guatemalteco de Turismo, Alcaldía de Flores y entidades locales.
Santiago Nájera, presidente en funciones de la Comisión de Turismo, expresó que la propuesta también incluye la redistribución de los fondos obtenidos por la admisión de visitantes y por los servicios que se prestan en el lugar. “Desde la comisión se estará impulsando la iniciativa para que sea conocida en su tercer debate, por artículos y redacción final”, dijo.
El diputado Marcos Yax aseguró que la iniciativa debe contar con 105 votos, debido a la conformación y creación de la Comisión que administrará el parque Tikal, por lo cual se comprometió a mediar y a buscar una reunión con la Instancia de Jefes de Bloque para que se dé a conocer la importancia de que dicha normativa sea una realidad.

“Se sugiere que el 85 por ciento de los recursos se destinen a los gastos de restauración, conservación y mantenimiento del lugar, mientras que el 15 por ciento restante sería otorgado a la municipalidad de Flores”, expresó el diputado Santiago Nájera, quien agregó que es un tema que se debe estudiar y explicar detenidamente para que no exista ningún mal entendido.

La diputada Elsa Leonora Cu dijo que “es necesario aprobar la iniciativa 5355, para que el Parque Tikal, sea modernizado y sobre todo sea descentralizado en sus procesos e incrementar sus recursos para que estos sean invertidos para su conservación”.

Los diputados acordaron citar para una próxima reunión a los representantes del Instituto de Antropología e Historia, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Cultura, Ambiente e Instituto Guatemalteco de Turismo para conocer sus criterios sobre esta iniciativa de ley.

Por Byron Ramírez

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Diputados de la Comisión de Apoyo Técnico se reunieron para continuar con el estudio de la iniciativa que propone reformas a la Ley Orgánica Legislativo, Decreto número 63-94 del Congreso de la República, el cual entra en su recta final.

Durante la reunión, los legisladores discutieron sobre la importancia de  liberar a la Junta Directiva de decisiones administrativa para que pueda dedicar más tiempo a la agenda legislativa. Las decisiones administrativas recaerán sobre la Dirección General y Dirección de Recursos Humanos, del Congreso.

La Comisión también  propuso  reforzar a la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa (DEIL). El objetivo es que esta dirección se ocupe  de la capacitación y selección de  personal que brinde asesoría especializada a diputados y comisiones de acuerdo al tema.

Para concluir, el diputado Raúl Romero, recomendó “cuidar la redacción para del documento para evitar malos entendidos¨.

El presidente de la comisión, Oscar Argueta, manifestó que espera lograr que en la próxima reunión emitan el dictamen correspondiente.

Por Astrid González

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La diputada independiente, Dunia Marisol Espina, solicitó agilizar la aprobación de la iniciativa 5114,  Ley para Promover y Fortalecer la Actividad Chiclera, la cual se encuentra pendiente de ser aprobada por artículos y redacción final.

La parlamentaria hizo la propuesta ante los diputados Carlos Enrique Chavarría, subjefe de la bancada Compromiso Renovación y Orden (CREO); German Velásquez, independiente; Enrique Álvarez, de Convergencia; y Julián Tesucún, de (FCN-Nación), representante por el distrito de Petén.

A la reunión también acudieron miembros de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén -ACOFOP-, quienes apoyaron la petición de la legisladora y resaltaron la importancia que tiene esta propuesta de ley en beneficio de los productores de chicle de la localidad. “La ley dignifica nuestra labor, incrementando el porcentaje de ganancia que actualmente es de un 48%,  el cual es reducido a comparación de la producción que se ha visto afectada por el uso de sustitutos para la elaboración del producto”.

La diputada Espina coincidió con los comunitarios en que: “Este es un tema social que dignifica la actividad chiclera de la región. Además representa el desarrollo de la comunidades y sobre todo promueve un comercio justo”.

La iniciativa deroga el Decreto Número 99-96 del Congreso de la República, Ley para el Aprovechamiento y Comercialización del Chicle y para la Protección del Árbol del Chicozapote, el cual a criterio de los ponentes “se encuentra desactualizada”, lo que limita la producción y por ende las ganancias obtenidas mediante esta actividad comercial.

“Más allá de un ingreso económico, estamos hablando de una cultura. No es una actividad inicial, podemos afirmar que es una actividad de la cual se han beneficiado miles de familias”, explicó Jorge Sosa, representante de los productores de chicle en Petén.

Al finalizar, los parlamentarios indicaron que impulsarán la propuesta, aunque solicitaron una reunión con autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- para conocer su punto de vista. No descartaron elaborar algunas enmiendas para fortalecer la iniciativa con el fin de definir la temporalidad y sus alcances.

Por Isabel Mazariegos

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Este día entró en vigencia el decreto 16-2018, por medio del cual se declara el 8 de marzo, \"Día Nacional de las Víctimas de la Tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción\".

El  proyecto fue presentado por diputados de los partidos FCN-Nación, Movimiento Reformador, TODOS, UNE, Alianza Ciudadana, UCN y legisladores independientes. También se unieron algunos representantes de organizaciones del Estado y sociedad civil.

El decreto establece en el artículo 2, una pensión vitalicia (fondos propios del Congreso de la República), para cada una de las sobrevivientes de Q5 mil, durante los tres primeros años de vigencia, y lo equivalente al salario mínimo establecido para trabajos no agrícolas, a partir del cuarto año. El propósito es garantizar un plan  que brinde mejores oportunidades de vida a  las víctimas.

En el artículo 7, se establece que “de no manejarse apropiadamente el dinero, el Congreso de la República podría suspender de forma temporal o definitiva la pensión vitalicia. Las causas podrían ser: a) incumplimiento al remitir informes de ejecución presupuestaria b) negligencia en el uso de recursos c)  quienes cometan actos ilícitos y hayan sido condenadas en sentencia firme”.

La tragedia sucedió el 8 de marzo de 2017, cuando las menores albergadas se disponían a denunciar abusos sexuales y físicos dentro del hogar. La situación se salió de control debido a un incendio que se originó en el salón donde varias jovencitas estaban encerradas, bajo llave. De acuerdo con los reportes de investigación el incendio duró varias horas y no pudo ser extinguido por los bomberos.

41 menores fallecieron, y 15 resultaron con graves quemaduras. El tratamiento es largo y doloroso, y las jóvenes no cuentan con ayuda social, razón por la cual el Congreso aprobó la pensión vitalicia.

Tras la aprobación de la ley, las sobrevivientes acudieron al Congreso para mostrar su agradecimiento  a los diputados por el apoyo que les dará una oportunidad de tener una vida digna.

Por Astrid González

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La diputada Mayra Alejandra Carrillo, ofreció una conferencia de prensa este día, para dar detalles de la acción de amparo que presentó ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia del Organismo Judicial, en contra del Consejo Superior Universitario (CSU), y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Murphy Paiz, por la posible malversación de Q288 millones.

Según lo expuesto por la congresista, el trámite se originó luego de la negativa de las autoridades de la USAC, de presentar información acerca de un traslado del recurso económico en mención,  el cual pudo haber sido utilizado para la contratación de personal bajo el renglón 029.

“Tenemos conocimiento que la anterior administración a cargo del exrector Carlos Alvarado Cerezo, autorizó una transferencia de recursos que estaban destinados a beneficiar a los empleados de la universidad. No sabemos si estos 288 millones han servido para financiar pagos políticos, plazas fantasmas o peor aún para desfinanciar el plan de prestaciones que tiene esta casa de estudios”, lamentó la legisladora.

La representante por listado nacional aseguró que dentro de los requerimientos incluidos en esta acción legal resalta la solicitud para que el ente jurisdiccional ordene al CSU y al Rector trasladar los fondos  al plan de beneficios de los trabajadores, para que este no incurra en atrasos, además de que se prohíba cualquier traslado de este régimen para el pago de personal 029.

“Si queremos defender la autonomía de la San Carlos, se debe de garantizar la transparencia en sus acciones, permitiendo el escrutinio público de su situación financiera, debido a que las anteriores autoridades tienen cierto grado de responsabilidad al haber comprometido recursos sin tener disponibilidad financiera para hacerlo”, dijo enérgicamente la parlamentaria.

Carrillo no descartó presentar acciones penales y civiles en contra de quienes puedan tener responsabilidad en este desvío de fondos. “Debemos recordar que si bien la USAC es autónoma, recibe el 5 por ciento de los ingresos totales del Estado, razón por la cual tiene la obligación de rendir cuentas”, agregó.

Por Karen Mendoza

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Diputados de la Comisión Específica del Congreso de la República que analiza la compra de un edificio para uso Ministerio Público, valorado en más de Q 35 millones, acordaron solicitar la clausura  del edificio mientras se desarrollan las investigaciones.

Los congresistas visitaron hoy el inmueble ubicado en la Diagonal 14, 21-32, zona 5, Colonia Arrivillaga, para evaluar si las instalaciones son las adecuadas para albergar la sede del MP. Después de la inspección ofrecieron una conferencia de prensa en donde señalaron ciertas irregularidades.

Tras examinar el edificio adquirido durante la administración de la exfiscal del MP, Thelma Aldana, los parlamentarios objetaron que el costo no equivale a su infraestructura, ya que no existen áreas adecuadas para los trabajadores, los accesos son reducidos y la zona en la cual se encuentra no es la más idónea.

“Se han invertido Q3.5 millones s después de la compra. en pocas palabras yo afirmo que lo que compró el Ministerio Público es un cascaron que le salió muy caro al pueblo de Guatemala”, explicó el presidente de la comisión, diputado Juan Ramón Lau (TODOS).

La visita se hizo con el acompañamiento del arquitecto Byron Plaza Natareno, jefe de infraestructura del ente investigador, quien brindó detalles de la remodelación a los parlamentarios, y confirmó que el inmueble ha sido modificado a partir de su adquisición.

“No entiendo cuál es el objetivo de esta compra, por simple inspección se puede determinar que este contrato debe ser declarado lesivo porque violenta flagrantemente los intereses del Estado”, opinó el diputado Estuardo Galdámez (FCN-Nación).

La diputada Delia Bac (AC), recalcó la necesidad de continuar con el proceso de investigación, y de que las remodelaciones se paren debido a que “se debe realizar un avalúo y los cambios que tenga el edificio pueden alterar el resultado”.

El diputado Lau convocó a una nueva reunión el próximo martes 25 de septiembre, a las 10 de la mañana, en el Salón de “Pasos Perdidos”, para continuar con la fiscalización. Para tal efecto fue citada a esa sesión la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, así como agentes fiscales de la Unidad de Asuntos Internos y Administrativos, a quienes solicitarán la clausura del inmueble para que la remodelación no continúe mientras la comisión realiza su labor.

Según reportes de prensa, la Contraloría General de Cuentas entregó al Ministerio Público (MP) los resultados de un informe de habitabilidad relacionado con el edificio ubicado en la zona 5, el cual fue solicitado por la fiscal Consuelo Porras.

Por Isabel Mazariegos

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