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Por intervención de los diputados que integran la Comisión de Comunicaciones, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda iniciarán las reparaciones de la red vial de los tramos carreteros que conectan a distintos municipios del departamento de San Marcos.
“Es necesario que las rutas sean reparadas, pues al no hacerlo se perjudica a miles de habitantes que han tenido pérdida de tiempo y dinero; esperamos que lo antes posible empiecen estas reparaciones”, destacó el diputado Luis Contreras, del Movimiento Reformador e integrante de la sala de trabajo.
Por su parte, Ismael Ramos, jefe edil de Tajumulco y representante de la Asociación de Alcaldes de San Marcos, resaltó que son más de 600 mil habitantes quienes son afectados por el asfalto dañado.
El titular de la cartera, Aldo García, informó que para este año se han asignado Q400 millones a la reparación de la red vial de todo el territorio, y está contemplado que para nuevos proyectos del próximo año se necesitan casi Q 1 mil 500 millones, por lo que debe ser incluido en el presupuesto.
Por Karla Herrera

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Diputados de la Comisión de Paz y Desminado, presidida por el diputado Edwin Maldonado Lux, de la Unidad Nacional de la Esperanza, citaron a Victorina Salanic, titular de la Secretaría de la Paz, con el propósito de conocer y solventar diversas dudas sobre el funcionamiento del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), pues consideran que dicha dependencia está siendo copada por exmilitares que han llegado a sustituir a personas de la sociedad civil.
Los parlamentarios cuestionaron a la funcionaria sobre la falta de atención a las víctimas del conflicto armado interno y por qué el programa no entrega la ayuda a las víctimas, pues cuentan con información de que el 90 por ciento del presupuesto está destinado a gastos de funcionamiento.
Salanic dijo que desconocía de qué forma se están ejecutando los fondos, debido a que el PNR es responsable de esa tarea.
Asimismo, los integrantes de dicha sala de trabajo preguntaron si existe algún grado de parentesco entre el titular del PNR con uno de los viceministros de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. “Esto sería fomentar el nepotismo”, aseguró Maldonado Lux.
“Yo no soy quien designa al jefe del PNR, sino el presidente de la República, mediante un acuerdo gubernativo”, respondió Salanic, quien se comprometió a iniciar una investigación para verificar ese extremo.
El PNR tiene como atribuciones atender a las víctimas del conflicto armado interno. “Esta dependencia podría desaparecer debido a la crisis financiera; por eso es necesario realizar un análisis y una auditoría interna para conocer en qué y cómo han sido manejados los fondos”, finalizó el parlamentario.
Por Byron Ramírez

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Durante la novena sesión extraordinaria, los diputados aprobaron en tercer debate la iniciativa para reformar el Decreto 44-86, Ley de Servicio Civil del Congreso de la República y dejaron para una próxima sesión su aprobación por artículos y redacción final.
“En la agenda consensuada ayer se había definido aprobar las reformas, pero algunas dudas surgieron y por ello no se avanzó”, afirmó Mario Taracena, presidente del Organismo Legislativo, quien confía en que se avalen pronto para transparentar las acciones del Congreso y de los trabajadores.
Entre las dudas está la creación del Manual de Escala Salarial, regular las contrataciones y funciones del renglón 022 y del procedimiento que se dará a las personas que sean puestas a disposición, afirmó Juan Ramón Lau, jefe de la Bancada Todos, quien dijo que este retraso no es malicioso, sino se hace para no caer en ilegalidades.
Entre otros temas, se conoció en su tercer debate la iniciativa 4763, Ley de Implementación de Mecanismos de Regularización de Velocidad de los Vehículos de Transporte Colectivo de Carga.
Además, el pleno trató y envió a diferentes comisiones de trabajo las siguientes iniciativas: Código de Proceso Civil, Normas para la Prevención y Seguridad Vial, Iniciativa que dispone aprobar reformas al decreto 136-96, Ley de Tránsito, y Ley de Moratoria minera e hidroeléctrica.
Para este miércoles se espera avanzar en la Ley de Servicio Civil, en su redacción final, además de proseguir la aprobación del las reformas a la Ley de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Por Byron Ramírez

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Diputados del Frente de Convergencia Nacional (FCN) se reunieron con integrantes de la Secretaría Técnica que promueve la discusión de las reformas constitucionales para el sector justicia, actividad en la cual participaron Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala; Jorge De León Duque, jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Ranulfo Rafael Rojas Cetina, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, y Rotman Pérez, secretario de Política Criminal del Ministerio Público.
Durante la mesa de Diálogo Nacional, los parlamentarios discutieron diversos temas, sobre el antejuicio, la temporalidad de los magistrados, la Ley de la Carrera Judicial, las reformas constitucionales y las Comisiones de Postulación, entre otros.
Rojas indicó que este tipo de diálogo es enriquecedor, y lo importante es que la Secretaria Técnica está trasladando los resultados obtenidos de las discusiones en los departamentos y la capital. “Hemos tenido acercamiento con varios sectores de la sociedad civil y estamos recibiendo todos los aportes orientados a mejorar el sector justicia, y luego trasladaremos estas propuestas al Congreso de la República”, comentó.
De León Duque señaló que existe un interés por fortalecer el sistema de justicia y a la propia Constitución, pero serán los diputados quienes tomen la última palabra para la aprobación de estas reformas. “Hay varios temas que nos han solicitado incluir, pero creo que la idea es establecer y limitarnos a los que competen al sector justicia”, expresó.
El diputado Fernando Linares Beltranena, de la bancada del Partido de Avanzada Nacional, agradeció la realización de este tipo de diálogo, porque permite discutir y opinar sobre los distintos temas. “Sobre el asunto de eliminar el antejuicio, considero que lo mejor sería reformar la Ley de Antejuicios porque es bueno que exista, pero habría que normarlo en la Ley y con plazos perentorios”, indicó.
Durante las próximas semanas, los integrantes de la Secretaría Técnica continuarán las presentaciones con los diputados de las diferentes bancadas, con el propósito de recopilar sus opiniones sobre los cambios al sector de justicia.
Por Elizabeth Linares

 

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Con el fin de fiscalizar los diferentes programas de beneficio social que ejecutan los ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y de Desarrollo Social (Mides), los diputados que integran el bloque Encuentro por Guatemala, coordinado por la representante Nineth Montenegro, se reunieron con Mario Méndez y José Moreno, titulares de ambas dependencias, para conocer la ejecución y el avance de los proyectos principales, como la entrega de bolsas de alimentos, bono, fertilizantes, comedores, becas y tarjeta condicionada, entre otros.
La parlamentaria Montenegro dijo que se estableció que el Mides ha ejecutado únicamente Q65 millones de su presupuesto, que equivale a un 6 por ciento. “También preocupa que existen transferencias internas, como la disminución de Q100 millones al bono para trasladarlos al Fondo de Desarrollo Social, con el fin de dar mantenimiento a centros educativos. Para eso está el Ministerio de Educación, por lo que es necesaria una auditoria forense antes de que se ejecute más inversión”, aseveró.
Agregó que al programa de la Bolsa se le disminuyen Q19 millones, del renglón 211, alimentos para personas, y lo trasladan al 419, transferencias a personas, para hacer entrega a los beneficiarios de dinero en efectivo. “Tenemos que fiscalizar todas estas acciones para evitar lo que sucedió en administración pasada”, afirmó.
Mario Méndez, titular del MAGA, indicó que afrontan dificultades financieras, pero resaltó que este mes deben empezar a nivelar la ejecución presupuestaria. “Creo que vamos a ir superando con la normalidad del caso; estoy muy confiado en que las cosas se están haciendo bien”, aseveró, al explicar que a la fecha han ejecutado el 27.32 por ciento de la asignación.
“En el primer cuatrimestre también sufrimos las carencias económicas y con suerte se han nivelado las aportaciones del Ministerio de Finanzas; en breve tiempo se reflejará el 40 por ciento, porque ya se hizo la transacción de los Q125 millones que se tenían de deuda con el 60 por ciento de los beneficiarios de las transferencias monetarias condicionadas, y las familias que no han recibido su segundo aporte de Q300 ya pueden acudir. Son más de 700 mil personas”, expresó Moreno.
“Estaremos pendientes, pues presentarán dentro de un mes los cambios; es interesante, ya que nosotros hemos presentando resultados de estudios en los cuales se demuestra que agricultores y campesinos no han obtenido resultados positivos, y los cultivos no tuvieron los frutos esperados”, añadió el congresista.
Por José Castellanos

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Congresistas que integran la sala de trabajo de Turismo, que preside el parlamentario Santiago Nájera, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, se reunieron con los directores de Caminos y de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Armando Fuentes Roca y Armando Castillo, respetivamente, para conocer detalles del avance de la carretera que conduce de la cabecera municipal de El Progreso, Jutiapa, hacia la aldea San Cristóbal, frontera con El Salvador, pues es vía de acceso para los visitantes.
La reunión se llevó a cabo por petición de los directivos de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur), quienes solicitaron que los diputados intervinieran en el caso, pues existe la preocupación del sector porque durante este año se ha registrado una reducción considerable de personas que viajan a Guatemala.
“Compartimos la inquietud del sector turístico y tenemos que atender a las personas que nos visitan para que regresen; si queremos tener buenas carreteras tenemos que fortalecer el turismo internacional y nacional, y mejorar los ingresos financieros”, comentó Nájera.
MagdalenaSerra, gerente de mercadeo de Camtur, agradeció el seguimiento al tema y mencionó que representan a más de 300 asociados de forma directa y mil 700 agremiados indirectamente. “Tenemos entendido que existe un acuerdo entre los dos países, suscrito en el año 2013, para la reparación del puente El Jobo, ubicado en la frontera entre Guatemala y El Salvador, y fue ratificado por autoridades de ambas naciones”.
El director de Caminos recalcó que en el tema de las carretas el conflicto es recurrente, y explicó que la referida estructura sí fue reparada, “pero debido al constante uso y la recarga vehicular se está dañando”.  “Hemos instalado dos plantas en el puente Bailey, por donde se ha facilitando el paso, y en estos momentos circulan, pero en cada ejecución debemos tener el respaldo de un contrato, pues de lo contrario no podemos invertir los fondos”, concluyó.
Por José Castellanos

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El director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social Fodes, Carlos Roosenberg, acudió a una citación efectuada por el nuevo jefe de la bancada Todos, Juan Ramón Lau, acompañado por el congresista José Rodrigo Valladares, con el fin de rendir cuentas sobre la ejecución de los diferentes proyectos de infraestructura que tiene a su cargo, entre ellos la construcción de una escuela publica en el municipio de San Gabriel, Suchitepéquez, así como el avance de los trabajos en el Hospital de Salud Mental Federico Mora, en la zona 18.
Lau mencionó los procesos de fiscalización que están realizando a las diferentes instituciones del Organismo Ejecutivo. “Hemos tenido varias inquietudes de cómo se está ejecutando el Fondo de Desarrollo Social. Como representante de Suchitepéquez estoy preocupado por el retardo de la construcción de un centro educativo en el distrito, que data de 2012”, afirmó.
Además, explico que en el tema del Hospital Federico Mora se desea saber cuál es la situación actual, “pues Guatemala estuvo a punto de ser sancionada moralmente y económicamente a nivel internacional”, por lo cual anunció que efectuará una visita de campo para verificar los trabajos.
Roosenberg dio a conocer que en su gestión ha presentado 31 proyectos de distintas obras y tiene más de 58 a nivel nacional que vienen de administraciones anteriores, los cuales están suspendidos por diferentes causas. “Por ejemplo, hay algunos alcaldes que se oponen a la inversión y en otros casos los líderes de los Comités Comunitarios de Desarrollo no quieren la obra; estamos preparando las denuncias penales”, aseveró.
Por José Castellanos

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Organizaciones de la sociedad civil y personas individuales continúan exponiendo sus quejas, denuncias y comentarios respecto del servicio y cobertura que presta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en las audiencias oúblicas que realiza la Comisión de Previsión y Seguridad Social, dirigida por el diputado Luis Pedro Álvarez, de Encuentro por Guatemala.
Durante la fase de este miércoles, Luis Felipe Linares, coordinador del área laboral de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, indicó que no es necesaria una reforma a la Ley Orgánica del IGSS, pero es importante ampliar la cobertura para hacer el sistema más sostenible, teniendo como grupo meta los trabajadores asalariados que no están afiliados y a quienes lo hacen por cuenta propia.
Por su parte, Mario García, director de la Fundación 2020, señaló que debería implementarse una separación entre el sistema de salud y el de previsión social. “El IGSS es solamente un pequeño componente de una estructura de salud mucho más compleja, por lo que debe ser considerado un enfoque integral al momento de realizar reformas”, añadió.
“Quisiéramos que se derogara el artículo 4 de la ley Orgánica del IGSS, para que el Gobierno no incida en los cargos de presidente y vicepresidente, sino que estos sea nombrados por la institución, en aras de evitar los casos de corrupción y desfalcos”, dijo Benjamín Tesucún, integrante del Sindicato Nacional Multidisciplinario de Trabajadores de dicha entidad.
“Por todos son conocidas las humillaciones, tratos indignos y malas prácticas de que son víctimas los afiliados al seguro social, sin que los responsables sean enjuiciados; por eso hay que dar el salto cualitativo que el trabajador merece y otorgarle la oportunidad de elegir qué clase de atención necesita”, expresó Dina Castro, presidenta de la Liga Pro-Patria.
Al terminar las ponencias, el diputado Álvarez informó que citará a funcionarios del Ministerio de Finanzas Públicas para abordar el tema de la deuda millonaria que el Estado tiene con el IGSS, la cual, según dijo, no ha sido registrada en el sistema de contabilidad gubernamental.
Por Rosemary Recinos

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En la tercera reunión en el Congreso, los integrantes de la Secretaría Técnica por las reformas constitucionales y del sector justicia presentaron a los diputados del bloque legislativo Movimiento Reformador (MR), los planteamientos que han obtenido con diversos sectores de organizaciones sociales en ese tema.
La mesa de diálogo se efectúa con la participación de Ranulfo Rafael Rojas, presidente del Organismo Judicial; Jorge Eduardo De León Duque, procurador de los Derechos Humanos; Iván Velásquez, de la Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala, y Rotman Pérez, secretario de Política Criminal del Ministerio Público.
Durante la reunión, De León Duque informó a los congresistas que las propuestas son el resultado de la participación de diversos sectores interesados en fortalecer la justicia en Guatemala. “Estamos tratando de llegar a esos consensos para  redactar un documento final, el cual será presentado como una iniciativa de ley que el pleno deberá aprobar o no”, comentó.
El jefe de la CICIG expresó que en el proceso han recibido varias sugerencias que contribuyen a adoptar acuerdos en las normas constitucionales y “para diseñar un buen sistema de justicia”.
El diputado Oliverio García Rodas señaló la importancia del trabajo y propuso una mesa de trabajo conjunta con la Secretaría Técnica, para revisar el documento y hacer las observaciones necesarias. “Coincido con el Comisionado en que esta reforma debe ser analizada detenida,  objetiva y profesionalmente. Queremos hacer una sesión de trabajo con ustedes, ver el documento y cuáles son las sugerencias, y sobre esa base hacer las recomendaciones”, aseveró.
Finalmente, el diputado Boris España, jefe del bloque legislativo, agradeció la información proporcionada así como la tarea de recopilar las ideas. “Sabemos que se están enfocando solo al sector justicia, por lo que podrían utilizar este mecanismo para aplicarlo a otros temas de cambios que el país requiere”, puntualizó.
Por Elizabeth Linares

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