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Una iniciativa de ley que promueve la protección integral del adulto mayor, fue presentada por el Vicepresidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria, Daniel Bernabé Portillo, del bloque parlamentario Alianza Ciudadana.
La iniciativa de ley tiene como objetivo velar por los intereses y necesidades de los adultos mayores, garantizar y promover sus derechos para que tengan un nivel de vida adecuado en condiciones dignas.
En la iniciativa de ley se contempla la creación de centros u hogares estatales o privados que garanticen el derecho a la vida, libertad, alimentación, salud, educación, seguridad, vivienda y recreación. Promueve también la formación de agrupaciones, cooperativas, clubes de servicio y pequeña empresa que se dediquen a la atención de los ancianos.
La propuesta contempla también la creación de una Coordinadora Nacional del Sistema de Búsqueda Inmediata de las Personas Mayores desaparecidas o extraviadas, cuyo objetivo principal sea el de alertar y encontrar a toda persona mayor extraviada, la cual estaría integrada por la Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, RENAP, Dirección General de Migración, Comité Nacional de Protección a la Vejez y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
Finalmente, el diputado Portillo explicó que para que la ley sea integral, se reformará el Código Penal para que existan sanciones a las personas a quienes se les encuentre como responsables de abandonar o maltratar a un adulto mayor.
Se propone que este tipo de vejámenes sea penado con 3 a 5 años de prisión y de 5 mil a 50 mil quetzales como responsabilidades civiles en caso que falleciera la víctima.
Por: José Luis Hernández

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Ante la posibilidad de que los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus) sean cerrados en 2017 por la falta de presupuesto, el Foro de Diputadas al Congreso de la República se reunió con autoridades de los ministerios de Finanzas y Gobernación.
En la cita se dio a conocer por parte Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, que existen 9 centros en todo el país y que Q9.5 millones no son suficientes para atenderlos.
“Una de las mayores preocupaciones es que en el presupuesto previsto para el 2017 no existe un rubro otorgado para los Caimus, por lo que la atención a las mujeres que sufren agresiones físicas y sexuales puede desaparecer. Se conformará una comisión con diputadas, ministerios de Gobernación y Finanzas y representantes del sector de mujeres para buscar un acercamiento con la sala de Finanzas, para que se les otorgue un monto”, aseguró la parlamentaria Sandra Morán, de Convergencia.
Se destacó que para atender a las féminas se necesitan por lo menos Q20 millones, por lo que solicitará una asignación de Q60 millones para que los Caimus puedan funcionar durante los próximos 3 años.
Por aparte, en otra reunión de trabajo sostenida por las diputadas del Foro se calendarizaron diversas actividades para los últimos meses de este año y el 2017, y se espera tener acercamientos con distintas instituciones gubernamentales y de la sociedad civil para buscar programas en favor de las mujeres.
Por Karla Herrera

 

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A solicitud de los representantes de los 48 cantones de Totonicapán, la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), citó a los ministros de Salud y Asistencia Social, Lucrecia Hernández y Comunicaciones, Aldo García para que ofrecieran soluciones a la crisis por falta de medicamentos y de personal en los centros salud y hospital regional así como por el mal estado de las carreteras en dicho departamento.
“Lo que pedimos son evaluaciones al personal que no cumple con los perfiles. El abastecimiento de medicamentos es necesario porque nuestra gente entra enferma y sale peor, solo con una receta en la mano. Urgen medidas rápidas antes que nuestra población se levante ante la pasividad de las autoridades”, manifestó el presidente de la junta directiva de los 48 cantones, Jeremías Álvarez.
La ministra Hernández se comprometió a hacer el mejor esfuerzo de su cartera para mejorar la atención y abastecer con medicamentos a los centros asistenciales de ese departamento.
También se comprometió a iniciar un proceso de evaluación técnica a todos los trabajadores del ministerio para iniciar procesos de depuración para que solo se quede el personal adecuado y que llene los perfiles.
Más tarde fue cuestionado el ministro de Comunicaciones, Aldo García sobre la reparación de tramos carreteros del lugar así como por la construcción del paso a desnivel en cuatro caminos.
“A finales de año ya tendremos todos los estudios que se requieren y vamos a empezar los trabajos el próximo año. Dependerá del presupuesto asignado para iniciar el paso a desnivel en cuatro caminos y la reparación de la carretera que ya se adjudicó. Solo se debe esperar el proceso necesario”, expresó el Ministro García.
Dicha citación fue aprovechada por diputados distritales de la UNE, electos por Jutiapa, Alta Verapaz y Baja Verapaz para también cuestionar a los funcionarios sobre la infraestrutura vial y el desabastecimiento que están afectado a miles de personas en sus respectivos distritos.
Por Selvin Rustrián.

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El diputado Óscar Chinchilla, en su calidad de cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso, se reunió con Ricardo Guzmán, viceministro de Seguridad; Stu Velasco, subdirector general de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), y comerciantes de los distintos mercados de la capital, y solicitó que se incremente la seguridad debido a las extorsiones que afrontan.
“Estamos preocupados por el aumento de los problemas que padecen los vendedores y por eso que hemos citado a los funcionarios. Aquí nos han presentado varias denuncias de robos y asaltos por los pandilleros en todos los locales; el siguiente paso es que coordinen y se traslade la información para que se investigue y se proceda a las capturas”, informó Chinchilla, del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
Durante la reunión, representantes del mercado de La Terminal solicitaron que se refuerzo con más agentes a la Policía de Mercados, pues han notado una disminución del número de elementos. “Esto ha provocado que los delincuentes aprovechen para cometer los asaltos a los comerciantes y compradores; se han dedicado a asaltar en horas de tarde y noche, cuando los vendedores cierran los locales, y por falta de policías cometen sus fechorías”, dijeron.
Una comerciante, quien no quiso identificarse por razones de seguridad, comentó que ella y su familia sufren amenazas de muerte, por lo cual pidió el apoyo de la PNC para contrarrestar los hechos de violencia.
Guzmán manifestó que la mesa de trabajo será integrada por representantes de los diferentes mercados y realizarán un plan de trabajo,  orientado a obtener información de cuántas personas son afectadas y proceder a investigar para capturar a las personas responsables de los delitos.
Por José Castellanos

 

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Para el viernes 14 de este mes los diputados que integran la Comisión de Asuntos sobre la Discapacidad tienen previsto hacer la entrega simbólica de una versión de la Constitución Política de la República en Alfabeto Braille a representantes de bibliotecas y editoriales del país, acompañados por autoridades del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi).
“La entrega de nuestra Carta Magna en Braille es de suma importancia, pues permitirá que las personas no videntes puedan conocer parte de las leyes que rigen a nuestro país”, aseguró el parlamentario Chistian Boussinot, de la bancada Todos y presidente de la sala de trabajo.
El Alfabeto Braille es el principal medio de comunicación de una persona con discapacidad visual profunda; fue inventado en el siglo XIX y está basado en un símbolo formado por 6 puntos: los que están en relieve representan una letra o signo de la escritura en caracteres visuales. El tamaño y distribución de los 6 puntos forman el llamado signo generador, y las terminaciones nerviosas de la yema del dedo captan este tamaño. Este signo sólo permite 64 combinaciones de puntos.
Según estadísticas recientes, en el país se contabilizan 22,699 personas no videntes en el área urbana y 26,799 en la rural, entre hombres, mujeres y niños, que en su mayoría no han recibido educación adecuada a su limitación visual.
Finalmente se dio a conocer que el informe del primer examen de país, respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se realizó en Ginebra, Suiza, será presentado a diversas organizaciones del Estado y de la sociedad civil con el fin de mejorar la atención a la población objetivo.
“Para optimizar los programas es necesario que el presupuesto sea aumentado para el próximo año, por lo que estaremos solicitando una reunión con la Comisión de Finanzas”, puntualizó Sebastián Toledo, director del Conadi.
Por Karla Herrera

 

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Diputados de la bancada Todos se reunieron con Armando Castillo, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, para fiscalizar el mantenimiento y limpieza de la red carretera en los departamentos del norte del país.
“Nos preocupa el mal estado de los tramos que atraviesan los municipios de Chiantla a Barillas, así como de Santa Eulalia a San Mateo”, indicó el diputado Cornelio García, representante de Huehuetenango.
Castillo señaló que para realizar estos trabajos se cuenta únicamente con un presupuesto de Q19 millones para Huehuetenango y Q20 millones para San Marcos. “El proyectos de Huehuetenango a Cuilco ya está asignado y el de San Antonio Huista ya se comenzó a reparar”, afirmó. Agregó que la carretera que va a Cuatro Caminos le compete al Fondo de Desarrollo Social.
“Personalmente saldré a supervisar y verificar que se inicie lo que hace falta y continúen los trabajos asignados, indicó el representante García.
“Ellos están enfocados en el tema de bacheo, pues la renovación de carpeta asfáltica no le corresponde a Covial; sin embargo, nos reuniremos nuevamente para que se nos informe del avance en el mantenimiento de infraestructura vial”, comentó el parlamentario Rodrigo Valladares, subjefe de la bancada.
Este año el presupuesto general de Covial es de Q800 millones y se solicitará un incremento de Q200 millones para el 2017. “Iniciamos con una deuda de arrastre de Q400 millones y trataremos de no dejar deuda para el próximo, aunque hay algunos proyectos que no se podrán concluir”, manifestó Castillo.
“Si el Congreso aprueba lo solicitado podríamos dar una mayor cobertura al país, aunque para levantar la red vial se necesitarían aproximadamente Q2 mil 800 millones”, declaró el funcionario.
Por Rosemary Recinos

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Diputados de la Comisión de Apoyo Técnico que preside el representante Manuel Conde Orellana, proponen que los funcionarios y empleados públicos no sean ser citados más de tres veces en un mes por las diferentes comisiones parlamentarias del Congreso.
Esta y otras propuestas surgieron durante una reunión de dicha sala legislativa en la que se le dio seguimiento a la Iniciativa 5064, que pretende reformar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
Otras propuestas de la comisión son que las citaciones se efectúen en las instalaciones del Congreso de la República y que estén relacionadas con la materia de competencia de la comisión, entre otras.
De acuerdo a la Constitución Política de Guatemala se faculta a los bloques legislativos y a las comisiones de trabajo citar a los funcionarios. Sin embargo un informe enviado por el Ejecutivo, indica que se han registrado más de 1 mil 300 citaciones a funcionarios en un período de 7 meses.
El Parlamentario Conde Orellana comentó que se ha dado de alguna manera un mal manejo en la figura de la citación a funcionarios y empleados públicos debido a que no son decisiones colegiadas de comisiones o de bloques legislativos.
“Tenemos que respetar la Constitución y tiene que haber una decisión colegiada del bloque o la comisión de trabajo. Hoy el Congreso está teniendo muy buena relación con el gobierno y esto facilita que los ministros acudan a las citaciones de este Organismo”, expresó el diputado de la bancada del PAN.
“Queremos llegar a una reglamentación de nuestra  Ley Orgánica, a un acuerdo político o bien a una reforma, que establezca normas básicas, pero es lo que estamos discutiendo en la comisión”, concluyó el diputado Conde.
Por Elizabeth Linares

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Durante la tercera audiencia pública para analizar la propuesta de Presupuesto 2017, organizada por la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dio a conocer que la entidad cerrará temporalmente la cartera de préstamos para Guatemala debido a la baja ejecución de fondos.
“Nos preocupa esa baja ejecución que se ha realizado en los préstamos y eso ha llevado al banco a decir que hay que esperar y cerrar la cartera temporalmente”, dijo Fernando Quevedo, representante del BID.
De los fondos erogados en concepto de préstamos para el ejercicio fiscal 2016, hasta la fecha solo ha sido ejecutado un 13 por ciento argumentó el directivo de la banca internacional.
No obstante, Quevedo explicó que hace 10 días se liberaron 250 millones de dólares como apoyo al presupuesto de este año.
A los diputados de la comisión de Finanzas les alarmó la decisión del BID. “Se tiene cerrada la cartera para más préstamos por baja ejecución lo cual será un grave problema para financiar el presupuesto que se pretende aprobar, pero dependerá del Ministerio de Finanzas encontrar una solución a este problema con la banca internacional y nosotros analizaremos el tema también en el seno de la comisión”, enfatizó Jairo Flores, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas.
“Solicitaremos tiempo presupuestario para poder ejecutarlos, y además pediremos normas presupuestarias para que las entidades ejecutoras presenten informes cada cuatro meses al Congreso y a la Contraloría General de Cuentas. Lo que buscamos es que se puedan ejecutar esos préstamos en el tiempo requerido por los convenios”, dijo el viceministro de Finanzas Víctor Martínez.
En el anteproyecto del presupuesto de la nación del próximo año están contemplados más de 17 mil millones de quetzales para financiarlo, de los cuales 3 mil 520 millones  de quetzales son préstamos.

Por Selvin Rustrián.

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Cumpliendo su papel de fiscalización y preocupados por las acciones de diferentes ministerios del Organismo Ejecutivo, diputados del bloque Alianza Ciudadana (AC) se reunieron con Aldo Estuardo García, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), para que explicara el 25.92 por ciento de ejecución este año.
En la reunión se contó con la presencia de Carlos Estuardo Barillas, viceministro de Vivienda, y los directores del Fondo Social de Solidaridad y de Caminos, Manuel Antonio López y Armando fuentes, respectivamente.
Según García, el rezago se debe a la rigidez del presupuesto asignado para el 2016, que actualmente asciende a no menos de Q4 mil millones, de los cuales Q1 mil 725 millones están destinados a 4 grandes proyectos carreteros: CA-2 Occidente, CA-2 Oriente, Franja Transversal del Norte y el tramo de El Rancho a Sanarate, en El Progreso.
El titutal del CIV indicó que el primer tramo, de 140 kilómetros, de Cocales, Suchitepéquez, a Ayyutla, San Marcos, se adjudicó en diciembre del 2012 por Q650 millones a la constructora brasileña Norberto Odebrecht, S. A., y la obra comenzó en junio del 2013, pero debido a un contrato modificatorio se cambiaron algunas de las clausulas  con las cuales quedó solamente de 45 kilómetros.
Otro de los contratos que presenta inconsistencias es el de la CA-2 Oriente, de Escuintla  a Ciudad Pedro de Alvarado, frontera con El Salvador. El original contemplaba trabajos en un tramo que comprende 102 kilómetros, pero por las modificaciones podrían solo ejecutarse 60. Los costos ascienden a no menos de Q295 millones.
“Estamos en el análisis de estos convenios por considerar que no cumplen con lo pactado originalmente con las empresas constructoras, y de encontrar ilícitos trabajaremos en la estructuración de una denuncia ante los órganos jurisdiccionales”, aseguró García.
Por su parte, el congresista Óscar Escribá cuestionó al funcionario en el tema de las empresas encargadas de las obras debido a que algunas de ellas están vinculadas con actos de corrupción, por lo cual funcionarios de la administración pasada enfrentan procesos penales.
En ese tema, el diputado Marvin Orellana aseveró que el lunes ese bloque presentará un proyecto de ley para que las compañías constructoras vinculadas con actos ilícitos sean separadas de los proyectos adjudicados, y se proceda a una nueva licitación con los fondos del remanente no ejecutado.
Al finalizar el encuentro, el diputado Francisco Tambríz y Tambríz, jefe del bloque, mostró su preocupación porque en 8 meses de este Gobierno la ejecución no presenta los resultados esperados en materia de infraestructura vial. “Continuaremos con la fiscalización en el tema carretero y citaremos nuevamente a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones para conocer los avances, así como la proyección de su presupuesto para el 2017, ya que tenemos conocimiento de que están pidiendo una ampliación de Q1 mil 600 millones”, concluyó el parlamentario.
Por Karen Mendoza

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