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Durante una reunión con diputados de la Comisión de Comunicaciones, el viceministro de Finanzas, Víctor Martínez, dio a conocer que hay Q38 millones destinados a atender los trabajos en Jerez, departamento de Jutiapa, por los deslaves que han causado daños en viviendas y carreteras.
En ese municipio se declaró Estado de Calamidad por treinta días, debido a los perjuicios registrados en las casas, por lo que durante la cita de este lunes se informó que ya se ha empezado a trabajar en la evaluación de los terrenos e inmuebles afectados.
“Se dio a conocer que aunque ya han pasado varios días desde que se declaro el Estado de Calamidad no se han avanzado como se esperaba, por lo que solicitamos a los Ministerios de Comunicaciones, Ambiente, Defensa y Finanzas, así como a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres que se agilicen las evaluaciones, se inicie la fase de reparación de viviendas y la construcción de un puente”, detalló el diputado Carlos Martínez, del Movimiento Reformador y presidente de la referida sala.
En la cita se especificó que los recursos saldrán de varios ministerios que darán aportes de su presupuesto para hacer el pago de resarcimiento a las familias afectadas.
Finalmente se comunicó que la próxima semana habrá otro encuentro para conocer los avances de los trabajos y determinar cuándo se podrá iniciar el pago a los damnificados.
Por Karla Herrera

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El diputado Luis Hernández Azmitia, de la bancada Movimiento Reformador, quien preside la Comisión de Salud, se reunió con el titular de la cartera, José Alfonso Cabrera, y distintos directores de la dependencia, con el fin de establecer los avances del acuerdo firmado el 28 de junio, cuando se retiró la solicitud de interpelación.
Cuando faltan 3 semanas para que concluya el plazo para mejorar el sistema de salud, el parlamentario afirmó “que no todos los hospitales cuentan con el abastecimiento de medicamentos al 100 %, pues muchos están entre el 70 por ciento y 80 por ciento”. Agregó que en los departamentos hay más preocupación, pues hay puestos de salud cerrados o con horario de oficina. 
El ministro Cabrera dijo que se trabaja para lograr el abastecimiento y indicó que en las próximas semanas esperan llegar a 95 por ciento, para mejorar la atención.
Otro de los temas abordados es el número de plazas en la cartera, aproximadamente 53 mil empleados. Cabrera anunció que ante la posibilidad de que haya plazas fantasma se implementó un programa de actualización de datos, el cual consiste en registrar la huella digital, fotografía, renglón y área de cada laborante.
“Esta es una segunda reunión de muchas que se tendrán con el ministro”, aseguró el diputado Hernández Azmitia, quien recordó que concluirán con un informe circunstanciado que se entregará el 28 de julio al Organismo Legislativo, la Presidencia de la República y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Por Byron Ramírez

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Con el objetivo de conocer más detalles sobre la forma en que se utilizará el préstamo de US $150 millones solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los diputados de la Comisión Legislativa de Finanzas Públicas y Moneda se reunieron con el ministro de Educación, Óscar  Hugo López,  y con representantes del Fondo de  Desarrollo Social y del BID.
“La solicitud de este préstamo se encuentra en la comisión y está siendo analizada, por lo que antes de tomar una decisión sobre un dictamen es necesario determinar en qué se gastará el dinero y si los programas que se ejecutarán son los necesarios para la educación de nuestros niños”, explicó el diputado Jairo Flores, de la Unidad Nacional de la Esperanza y presidente  de dicha sala de trabajo.
En la reunión, el ministro de Educación destacó que los fondos serán utilizados para reconstruir 3 mil escuelas, implementar programas de formación para maestros en todo el país y planes que incentiven la lectura, matemáticas y cultura entre los alumnos, así como estrategias para utilizar los edificios educativos para actividades extracurriculares por las tardes.
Después de escuchar la propuesta de la cartera educativa, los congresistas explicaron que el dinero también puede ser utilizado para otros programas, como mejorar las condiciones de las escuelas, la refacción escolar y entrega de libros.
Al concluir la reunión se dio a conocer que se llevarán a cabo otras mesas de trabajo para analizar si es necesaria la aprobación de este préstamo y si hay que quitar o añadir programas para el Mineduc, por lo que aún no se ha definido si se dará o no un dictamen favorable a esta solicitud de deuda pública.

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Durante el desarrollo de la quinta jornada de audiencias públicas que realiza la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la cual preside el diputado Luis Pedro Álvarez, de Encuentro por Guatemala, se conoció la necesidad de evaluar las mejores opciones para que Estado pague la deuda que tiene con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la cual asciende a más de Q30 mil millones.
El congresista Álvarez comentó una de las primera acciones al finalizar las audiencias será propiciar una reunión con las autoridades de Finanzas Públicas, para abordar mecanismos como el canje de deuda por bonos ambientales.
“El objetivo será incentivar a las empresas, destinando un porcentaje del dinero al Seguro Social y reduciendo deuda al Gobierno mediante acreedores internacionales; también se podría considerar reformar la ley de Alianzas Público Privadas, que permitan hacer inversiones en infraestructura al IGSS, con medidas más convenientes para los inversionistas”, explicó.
También se recibieron sugerencias sobre la desmonopolización del sistema actual. “En el sistema de capitalización individual, el esquema de incentivos permite una mayor eficiencia cuando existe suficiente competencia”, expresó Froilán Solís.
Según dijo, se pretende que cada trabajador pueda elegir el sistema de ahorro individual con una empresa privada o permanecer en el IGSS. “La libertad de elegir es la máxima expresión de la dignidad humana” refirió.
Por su parte, German Girón, integrante de la Junta Directiva de la Cámara de Finanzas de Guatemala, opinó: “Se debe considerar la adhesión voluntaria, no necesariamente obligatoria, sin que se tenga que eliminar al IGSS, así como establecer una neutralidad fiscal parar el ahorrante en cuanto a sus pensiones”.
Aclaró que esto se logra cuando los ingresos afectos al Impuesto Sobre la Renta tienen una ventaja fiscal, como un gasto deducible, y la devolución de esos fondos a la persona que lo aportó en el momento de devengar su pensión.
Ádolfo Lacs Palomo, secretario de Conflictos de la Federación Sindical de Empleados Bancarios de Servicios y del Estado de Guatemala, expresó: “El mundo no va a la privatización; la mayoría posee sistemas de pensiones públicos, realizando reformas para asegurar su sostenibilidad. En los países en donde se privatizó la salud las personas sufren mayores problemas, pues los costos sociales son más altos con pagos de deducibles enormes y límites al gasto”.
Compartió que 23 países privatizaron su sistema entre 1981 y 2008; sin embargo, dijo que cerca de la mitad ha revertido las reformas, re-nacionalizando parcial o totalmente el sistema de pensiones.
Por Rosemary Recinos

 

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Con el voto de 114 diputados, el Congreso aprobó en tercer debate la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria, la cual busca eficientar el trabajo de la Superintendencia de Administración (SAT), recuperar la confianza de los contribuyentes y aumentar la recaudación fiscal, entre otros fines.
Los diputados avanzaron hasta el artículo 47 de los 72, y en lo aprobado este miércoles destaca que el titular de la SAT ya no será designado por el Presidente de la República, sino por el Directorio de la entidad.
“La iniciativa da mayores herramientas a la SAT para cumplir con las metas de recaudación”, expresó Jairo Flores, presidente de la Comisión de Finanzas y Moneda, quien explicó que entre los cambios fundamentales de esta Ley está que el nombramiento del jefe de la SAT se hará mediante una convocatoria pública.
Juan José Porras, del partido Visión con Valores, dijo que con la norma la SAT pondrá en marcha los nuevos mecanismos para fortalecerse la institución y lograr una mayor recaudación.
La normativa da la potestad a la SAT a acceder a la información bancaria de los contribuyentes, expreso el diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza. “El acceso se hará bajo normas de secretividad y con el aval de un juez”, explicó, aunque este aspecto será conocido en la próxima sesión plenaria.
Entre las reformas está que el Directorio tomará sus decisiones por mayoría absoluta, y en el ámbito de su competencia tendrá las funciones siguientes:
a) Aprobar a propuesta del Superintendente los reglamentos internos de la SA T que regulen aspectos estratégicos del funcionamiento de la institución, incluyendo la estructura organizacional y funcional de la SAT, su régimen laboral y de remuneraciones, el funcionamiento del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero y su Unidad de Apoyo Técnico, de la Unidad de Investigaciones Internas y de la Auditoría Interna.
b) Nombrar y remover al Superintendente.
c) Nombrar y remover a los integrantes del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero.
d) Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la SAT, así como las modificaciones durante su ejecución.
e) Aprobar el Plan Operativo Anual y el Plan Estratégico Institucional.
f) Evaluar la gestión del Superintendente y de la SA T. Para el efecto, establecerá el cumplimiento de metas, indicadores y los instrumentos y herramientas de evaluación y seguimiento disponibles y los informes que el Superintendente esté obligado a rendirle.
g) Nombrar mandatario judicial, para presentar denuncias y realizar las acciones que de conformidad con la Ley procedan, derivadas o asociadas a los informes recibidos de la Unidad de Investigaciones Internas y de la Auditoría Interna.
Otras aprobaciones
Con el voto favorable de 96 legisladores se aprobó en su tercer debate, por artículos y redacción final, el proyecto que exonera por única vez el pago de impuestos que recaiga sobre la importación e internación de 4 vehículos tipo motobomba y 1 módulo de entrenamiento ambulancia tipo II, en favor del Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala, al cual le correspondió el Decreto 33-2016.
Mediante una moción privilegiada se alteró el orden del día y con 114 votos a favor se aprobó de urgencia nacional la renegociación de la donación de US $50 millones del Gobierno de España y 1 préstamo por el mismo monto otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados al proyecto de agua potable y saneamiento en diferentes comunidades, el cual será ejecutado por el Instituto de Fomento Municipal.
Durante la sesión la décima sesión extraordinaria se conocieron las siguientes iniciativas: Ley para el Reconocimiento de los Derechos y Necesidades de las Personas Zurdas (5094); Ley General de Aguas (5095); Día de la Madre Universal (5096); Ley para la Promoción, Apoyo y Protección de la Lactancia Materna (5099), y la iniciativa de Ley de Abolición de la Pena de Muerte (5100).
Además, se reservó para su trámite siguiente en segundo debate las reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
Por Byron Ramírez

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Con el propósito de identificar los procedimientos efectuados para entregar la administración del Campo Marte al Instituto de Previsión Militar (IPM), y la concesión que  éste habría hecho a una empresa privada para edificar un estadio y un centro comercial, diputados de la Comisión de la Defensa Nacional, que preside la congresista Ana Victoria Hernández, acordaron citar la próxima semana al jefe de la Contraloría General de Cuentas, Carlos Mencos, así como a  funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, Dirección de Bienes del Estado, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y de la Escribanía de Gobierno.
La decisión de los parlamentarios se tomó después de conocer recientes hallazgos relacionados con la remodelación de las instalaciones del Estadio del Ejército, construcción que abarcaría un aproximado de 51 mil 650 metros cuadrados, incluyendo un centro comercial.
El 26 de julio de 2012, el Ministerio de Finanzas, por medio de la Dirección de Bienes del Estado, entregó 3 fincas, sin pago, al IPM. Una de estas es el terreno ubicado al lado del Campo Marte y el Estadio del Ejército, valorado en Q34.2 millones.
“La idea de la convocatoria es aclarar ciertas dudas que tienen los integrantes de la comisión, en relación a cuál fue la figura administrativa con la que se adscribieron estos terrenos al IPM”, afirmó Hernández.
El Estadio del Ejército o  Coronel Guillermo Reyes Gramajo es una instalación situada en la zona 5 de la capital y fue inaugurado en 1973.
Por Karen Mendoza


 

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La Secretaría Técnica que analiza las reformas constitucionales en materia del sector justicia continuará la próxima semana con el diálogo nacional, en el cual participan diputados de distintos bloques, con el propósito de trasladar la información que han recabado en las audiencias con distintos sectores del país.
Entre los temas que se analizan se encuentran la Carrera Judicial, la integración del Organismo Judicial, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, el pluralismo jurídico y el antejuicio.
Para agilizar la discusión y procurar que los bloques puedan escuchar las propuestas sobre el tema, se recalendarizó de la siguiente manera:
El martes 12 de este mes participarán las bancadas del Partido de Avanzada Nacional, Fuerza, Partido Patriota, Visión con Valores, Compromiso, Renovación y Orden-Unionista y Unión del Cambio Nacional.
El miércoles 13 de julio será el turno de los bloques Convergencia y Encuentro por Guatemala. Todas reuniones se efectuarán a partir de las 10:00 horas en el Congreso de la República.
Esta semana las jornadas se efectuaron con los congresistas de la Unidad Nacional de la Esperanza, Frente de Convergencia Nacional y Movimiento Reformador.
Este diálogo se lleva a cabo con la participación del presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rafael Rojas; el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez; el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, y el secretario de Política Criminal del Ministerio Público, Rotman Pérez.
Por Elizabeth Linares

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Este jueves se recibieron las propuestas de reformas al seguro social por parte de representantes de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Bufete Mayora Mayora, Asociación Guatemalteca de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (AGIVS), así como de personas individuales, en la cuarta jornada de audiencias públicas convocadas por la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Organismo Legislativo, que coordina el diputado Luis Pedro Álvarez.
Carmen Lucía Salguero, de Fundesa, expresó que las modificaciones deben enfocarse en un modelo basado en la demanda y no en la oferta, con cobertura universal, pues el IGSS solo cubre al 18 por ciento de la población; también señaló que debe respetarse el artículo 100 de la Constitución, el cual indica que dicha institución es el ente rector de la seguridad social en el país.
Por su parte, el ciudadano Alejandro Argueta se refirió a que existe un encubrimiento de las formas extra laborales por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). “Hay centenares de sentencias de la Corte de Constitucionalidad que  establecen la existencia de una relación laboral en los contratos 029 y 189, y no se exige el pago de las contribuciones patronales y de los trabajadores”, expresó.
Ángel Antonio Vásquez, de  AGIVS, comentó que debido a la coyuntura política del país no es aconsejable emprender una transformación de las pensiones, pues “es un tema muy delicado que pone en riesgo el retiro digno de los  trabajadores”.
Comentó que lo pertinente es fortalecer económicamente al Instituto, comenzando con el cumplimento de la deuda del Gobierno. “Hay muchas leyes que no necesitan modificaciones, solo cumplirlas”, concluyó.
“Tengan la certeza de que cualquier propuesta que se reciba en esta sala de trabajo será analizada detenidamente, para incluirla en el proyecto que elaboraremos próximamente, siempre en busca de mejorar las condiciones actuales de seguridad social”, dijo el diputado Álvarez.
Por Rosemary Recinos

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Por intervención de los diputados que integran la Comisión de Comunicaciones, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda iniciarán las reparaciones de la red vial de los tramos carreteros que conectan a distintos municipios del departamento de San Marcos.
“Es necesario que las rutas sean reparadas, pues al no hacerlo se perjudica a miles de habitantes que han tenido pérdida de tiempo y dinero; esperamos que lo antes posible empiecen estas reparaciones”, destacó el diputado Luis Contreras, del Movimiento Reformador e integrante de la sala de trabajo.
Por su parte, Ismael Ramos, jefe edil de Tajumulco y representante de la Asociación de Alcaldes de San Marcos, resaltó que son más de 600 mil habitantes quienes son afectados por el asfalto dañado.
El titular de la cartera, Aldo García, informó que para este año se han asignado Q400 millones a la reparación de la red vial de todo el territorio, y está contemplado que para nuevos proyectos del próximo año se necesitan casi Q 1 mil 500 millones, por lo que debe ser incluido en el presupuesto.
Por Karla Herrera

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