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“Lo primero que haremos es un análisis para determinar si todos los artículos de la propuesta de reformas constitucionales en materia del Sector Justicia efectivamente pueden ser modificados por el Congreso, que no existan propuestas de modificar artículos pétreos o artículos que solamente una Asamblea Nacional Constituyente pueda conocer”, explicó el parlamentario Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
El congresista se refirió a la iniciativa 5179, entregada ayer por los organismos Ejecutivo y Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Esta fue conocida en la sesión plenaria de este jueves y remitida a la referida instancia para su análisis correspondiente.
García Rodas recordó que la sala que preside ha efectuado al menos 200 audiencias para evaluar posibles reformas constitucionales en la materia, y aseguró que no habrá mucho por discutir. “Lo que nos queda es ordenarlo y devolver al pleno el expediente con la opinión de la comisión, de que todos los artículos pueden ser conocidos y reformados por el pleno, tal y como lo establece la Constitución”, indicó.
Por su parte, el presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, Mario Taracena Díaz-Sol, manifestó que hay muchas expectativas respecto de la discusión y debate que se genere acerca de la propuesta planteada, por lo que se espera la participación de todos los jefes de bloque.
“He pedido al presidente de la comisión que busque integrar a la mayor cantidad de jefes de bancada, para que las cosas caminen de manera más fácil”, señaló el diputado de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La propuesta fue firmada el miércoles en el Palacio Legislativo por 52 parlamentarios de diferentes bloques.
Juan José Porras, jefe de la bancada Visión con Valores e integrante de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, opinó: “En general, la propuesta trabajada por muchos años ha sido enriquecida con el trabajo de la Secretaría Técnica, que amplió la participación de diversos sectores del país. Ahora tenemos que ser maduros para escuchar los pro y contra para emitir nuestra opinión”.
Lo que dice la Constitución
La Carta Magna, en el título VII, capítulo único, que consta de los artículos del 277 al 281, establece el procedimiento que debe seguirse para hacer reformas constituciones, desde la presentación de la iniciativa de ley.
En este articulado se indica, por ejemplo, que para modificar los artículos contenidos en el capítulo I del Título II, el Congreso de la República, con mayoría calificada (105 votos) debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. También establece que en ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165 inciso g), 186 y 187.
En otro tema, el pleno legislativo conoció y remitió a comisiones de trabajo 13 iniciativas de ley más, entre las cuales resalta la ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos, el cual tendrá como fin facilitar la investigación de hechos que involucren violencia sexual.
Sayda Galicia

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Los diputados que integran la Comisión Extraordinaria Nacional por la  Transparencia se reunieron con representantes del Organismo Ejecutivo ante el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), para tratar el tema de la inversión y las acciones del Organismo Ejecutivo y sobre sus funciones para proteger los intereses de la población.
“Yo vi nacer el banco, es una institución importante para el país, buscamos transparencia y lógicamente determinar el monto de las inversiones y de las acciones del Gobierno y quiénes son los responsables de cuidar y velar por los intereses del Ejecutivo y del cuentahabiente”, enfatizó el congresista Julio Ixcamey, de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien preside la sala legislativa.
Los parlamentarios pidieron conocer a cuánto ascienden los depósitos del Gobierno en el banco y qué solidez tiene después de los recientes escándalos de corrupción que han salido a luz en el país. Asimismo, solicitaron a los delegados que detallaran sus funciones y responsabilidades en la institución.
“Defendemos todos los interés de los guatemaltecos y pueden estar seguros de que Banrural tiene solvencia; la información solicitada por los congresistas sobre el estado del banco será enviada a la brevedad por tratarse de temas internos”, manifestó Rodolfo Orozco, representante del Ministerio de Finanzas ante la institución financiera.
Por Selvin Rustrián.

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El presidente del Congreso de la República Mario Taracena se reunió este viernes con varios integrantes y de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), quienes solicitaron su apoyo para que se puedan resolver algunos temas que afectan a las municipalidades y su desempeño.
Edwin Escobar, Presidente de la ANAM hizo entrega del documento que contiene las solicitudes hechas por los Alcaldes de todo el país, el cual contiene cinco puntos, los cuales, entre otras solicitudes, contienen modificaciones a la Ley de compras y contrataciones del País.
El presidente Taracena expresó que los alcaldes pueden contar con el apoyo de la junta directiva así como de la presidencia.
Taracena se comprometió a servir de intermediario entre los alcaldes y los diputados para buscar mecanismos que agilicen el funcionamiento de las municipalidades, afirmando que el cabildeo y búsqueda de apoyo también se debe realizar en las comisiones de trabajo del Organismo Legislativo y con las distintas bancadas “para lograr que lo que se solicitó sea una realidad para los alcaldes”.
Edwin Escobar, señaló que las propuestas entregadas a Taracena buscan mejorar el funcionamiento de las alcaldías, las cuales han tenido dificultades para atender los problemas de sus comunidades en los últimos meses.
Entre las solicitudes de la Anam están
- Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado basadas en la propuesta planteada por la ANAM a la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.
- Reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para que del porcentaje (1%) que se traslada actualmente a CONADUR, 0.75% se traslade directamente a las Municipalidades del país y sólo 0.25% permanezca en CONADUR.
- Que el punto porcentual (1%) que se traslada actualmente a los Fondos para la Paz, 0.50% se traslade directamente a las Municipalidades del país para financiar proyectos de Educación, Salud, Agua y Saneamiento.
- Reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto y a las normas contenidas en las leyes que sustentan los ejercicios fiscales a fin de que, fundamentados en el espíritu constitucional, los fondos trasladados a los Consejos de Desarrollo como inversión programada en 2016 en adelante no se reintegren al Fondo Común sino que se garantice al 100% la inversión pública demandada y priorizada por cada Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) en todo el país, sin afectar la asignación presupuestaria del ejercicio fiscal siguiente.
- Analizar a profundidad la Ley Para Suministrar Alumbrado Público con Energía Eléctrica Mediante Tarifa Compartida
- Solicitud de continuar con la discusión y consenso para la aprobación de la Ley de Servicio Civil Municipal con ANAM como representante de las Municipalidades de la República.
- Solicitud de continuar con la discusión legislativa de las reformas planteadas por ANAM a la Ley del INFOM y otras temáticas relacionadas con las Municipalidades del país.
Taracena acordó que el próximo lunes, en la reunión de jefes de bloque se concederá un espacio a los alcaldes para que planteen las propuestas entregadas este viernes.

Por Byron Ramírez.

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El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad, se reunió con Aldo García, ministro de Comunicaciones; Alejandra Má Villatoro, viceministra de Infraestructura, y Manuel Antonio López, coordinador ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad, para dar seguimiento a la construcción de 2 puentes y 1 tramo carretero que comunica al municipio de Chuarrancho con Guatemala.
Durante la reunión el ministro García se comprometió a dar seguimiento al tema y a evaluar el tramo carretero para determinar si está en proceso o se debe hacer una contratación nueva.
Por su parte, Má Villatoro explicó que la construcción de los viaductos está contemplada en la asignación para el año 2017. “El puente Las Canoas estará costando alrededor de Q10 millones y desconozco el otro, pero se está analizando incluirlo con ajustes presupuestarios el próximo año”, comentó.
El congresista Pop, de la bancada Winaq, señaló que la citación a los funcionarios de debe a la preocupación de los habitantes de la aldea San Buenaventura, quienes denunciaron el atraso de las obras “que son de importancia para la comunidad”.
“Hoy quedó el compromiso de que los puentes estarán en el presupuesto para ejecutarse el próximo año, y la construcción de la carretera se encuentra bajo estudio y diagnóstico”, agregó.
Afirmó que dará seguimiento a los acuerdos adquiridos por los funcionarios, para verificar que sean ejecutadas estas obras “requeridas por la población que durante años ha estado esperando”.
Por Elizabeth Linares

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Representantes de la Alianza para el Congreso Eficiente integrada por Acción Ciudadana, CIEN, Congreso Transparente, Congreso Visible, entre otras organizaciones civiles, presentaron este día el primer informe sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo donde se destaca el ahorro de Q59 millones y avances importantes en el Acceso a la Información Pública, con un cumplimiento de un 94 %.       
La presentación del análisis se dividió en cinco partes: 1) Bloques legislativos, 2) Comisiones, 3) Arrendamientos, 4) Acceso a la Información Pública, y 5) Presupuesto.
Según el informe, la ejecución presupuestaria hasta agosto era del 46 %, mientras que el año pasado en la misma fecha se había ejecutado el 51%,  lo que refleja un avance significativo. 
Otro aspecto positivo es la reducción de empleados temporales, en el reglón 022; en agosto el Congreso había ahorrado Q 43 millones en ese rubro. 
Walter Menchú, analista del CIEN, dijo que “la idea es que los miembros de la Junta Directiva vean cuáles son los hallazgos y qué ajustes se tienen que hacer para que se cumpla a cabalidad la nueva ley”.
María del Carmen Aceña, representantes del CIEN, dijo que el monitoreo efectuado es positivo y que ha habido importantes avances en el cumplimiento de la nueva Ley del Organismo Legislativo, aunque aún hay retos que cumplir.
A su criterio el avance más grande es el acceso a la información pública, el cual hace unos años era imposible. “Como organizaciones constantemente solicitamos información al Congreso y antes esta nunca se daba”, asegura.
Otro logro destacado son los cambios en marco legal, en la ley de servicio civil y manuales de procedimientos. “Esperamos que se respeten los procesos y se cree una cultura de información y transparencia legislativa”.
Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos, refirió que los avances en transparencia han sido importantes y que hoy en día el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública es de un 98%.
Entre lo negativo, el informe revela que las Comisiones del Congreso no están realizando adecuadamente su trabajo, pues de las cinco comisiones a las que se les dio seguimiento en septiembre, solo tres realizaron sesiones de trabajo, algunas de las cuales no alcanzaron el requisito que establece la ley respeto a que es necesario contar con el 25% de asistencia de los integrantes para llevarla a cabo, y que las decisiones se toman con la mitad más uno de sus miembros.
“Encontramos que muchos diputados no asisten a las comisiones y mandan en representación a sus asesores”, comentó Marielos Fuentes, de Congreso Visible.
En el tema de los arrendamientos, Sindy Leiva de Acción Ciudadana comento que el precio de mercado de alquiler por metro cuadrado en la zona 1 oscila entre Q45 y Q60, sin embrago hay tres por los que se está pagando entre Q85 y Q140. Además dijo que hay un contrato por un monto total de Q3.8 millones por el que se está pagando un sobreprecio de 870 mil.
El informe concluye que los principales retos a vencer en el futuro para mejorar el desempeño del Congreso son:                                                                
1. Afinar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
2. Lograr una cultura de información y transparencia legislativa.
3. Acercar los bloques legislativos a la población.
4. Mejorar el desempeño de las comisiones a través de una mejor rendición de cuentas de su trabajo.
5. Hacer uso eficiente de los recursos financieros. 
6. Continuar con el proceso de ordenamiento del Recurso Humano respetando la Ley de Servicio Civil y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.     
Por José Castellanos. 

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Para garantizar un mejor acceso a la justicia a toda la población, los presidentes de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial presentaron en el Congreso de la  República, el proyecto de reformas a 20 artículos de la Constitución Política de la República y seis artículos transitorios que deberán ser aprobados mediante una consulta popular.
Mario Taracena, presidente del Congreso de la República, calificó de  transcendental e histórico el que los tres presidentes del Estado se pusieran de acuerdo para apoyar las reformas constitucionales.
“Es un gran paso para la democracia del país y como presidente impulsaré los consensos necesarios para que las reformas sean una realidad lo más pronto posible”, aseguró Taracena.
"Que 52 diputados hayan firmado hoy la iniciativa es una muestra del interés por el tema de justicia en la Carta Magna. Son diputados de todas las bancadas”, concluyó el presidente del Congreso.
El presidente Taracena anunció que este jueves 6 de octubre se conocerá la propuesta en el Pleno y luego será trasladada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. “Debido a que son reformas a la Constitución convocaremos a una sesión extraordinaria con carácter de constituyente”, explicó Taracena.
El presidente Jimmy Morales, expresó que las reformas presentadas por la Secretaría Técnica son un paso importante para el combate a la impunidad y la corrupción, y fortalecer el sistema de justicia.
“Es un momento histórico. Miles de guatemaltecos se sentaron en mesas a discutir ideas y propuestas con total respeto. Todos los sectores representados tenían un mismo sentir”, dijo el mandatario.
Morales exhortó a que se llegue a consensos para aprobar esta propuesta. “Es un hecho que habrá divergencias con lo planteado en la iniciativa, porque es fruto del trabajo y los aportes de muchos sectores, pero los exhorto a trabajar por el bienestar de la nación. No es fácil el camino, pero si seguimos unidos lograremos el gran objetivo: transformar y fortalecer la justicia en Guatemala”, concluyó el presidente.
Ranulfo Rojas, presidente de la Corte Suprema de Justicia, felicitó el trabajo realizado por los integrantes de la Secretaría Técnica y dijo que ahora depende del Congreso su aprobación.
Hilda Morales, procuradora adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos, comentó que es necesario fortalecer el sector justicia para promover que en Guatemala exista un clima de paz, para combatir la corrupción y la inseguridad.
“Es necesario corregir el proceso de elección de magistrados y la temporalidad de sus cargos, esto vendrá a ayudar a todo el sector de justicia”, dijo Morales.

Esta reforma constitucional busca mejorar el sistema de justicia, consolidando la lucha contra la impunidad y la corrupción. Además, las reformas toman en cuenta estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y se centra en cinco temas estructurales que son:
a) El reconocimiento expreso del sistema jurídico de los pueblos indígenas y su control constitucional;
b) Garantías y principios rectores para el sistema de administración de justicia;
c) Separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia;
d) Creación de carreras profesionales; y
e) El fortalecimiento de los mecanismos republicanos de ejercicio del poder a través de la adopción de un sistema de control inter-orgánico para la selección de las más altas autoridades judiciales, entre ellas, la elección de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.
La reforma constitucional surge como resultado de los Diálogos Regionales y de la Mesa Nacional de Diálogo; de las propuestas escritas presentadas por varios sectores y actores sociales a la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional.
Así también, se tomó en cuenta que en abril de 2015 la ciudadanía exigió cambios de fondo para sanear el Estado, erradicar la corrupción y la impunidad.
En abril de 2016, los tres poderes del Estado iniciaron el Diálogo Nacional coordinado por la Secretaría Técnica conformada por el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Nacionales Unidas en Guatemala.
En el proceso participaron más de 1 mil 500 representantes de distintos sectores, en 148 mesas de trabajo y fueron recibidas 247 propuestas escritas.
Tras finalizar el proceso de Reforma Constitucional por parte de los legisladores, esta será sometida a una consulta popular.
Si desea conocer el contenido de las propuestas puede ingresar al sitio web: www.reformajusticiagt.org.
Por Byron Ramírez y Estuardo Martínez.

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Por tercer día consecutivo, la delegación de parlamentarios guatemaltecos participa en la Cumbre de Integración por la Paz (Cumipaz) que se lleva a cabo en Asunción, Paraguay, con el objetivo de generar un espacio de diálogo orientado a desarrollar y fortalecer diferentes propuestas de superación, paz y felicidad del ser humano integral, basados en los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenibles y en Armonía con la Madre Tierra.
Durante el evento efectuado en la Sala Bicameral de Sesiones del Honorable Congreso de la República del Paraguay, los congresistas, autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, personalidades e invitados especiales de América Latina y Estados Unidos socializaron en plenaria las conclusiones de las mesas de trabajo de la sesión diplomática, parlamentaria y política de la Cumipaz.
El parlamentario Raúl Romero, de la bancada Fuerza, dio a conocer que durante la plenaria se discutieron diversos temas, como la construcción de una alianza para la gobernanza global e integradora por los derechos humanos y de la Madre Tierra, el Desarrollo Sostenible más allá de la Agenda 2030 de la ONU, nuevos enfoques para la preservación y restauración de la Madre Tierra, entre otros.
“Es importante la construcción de estos espacios de diálogos que nos permitan tener un intercambio de experiencias que nos lleve a enriquecer la institucionalidad en cada una de nuestras naciones, así como fortalecer las propuestas y acuerdos que estén dirigidos a una cultura de paz”, refirió el congresista.
Además de Romero participan los parlamentarios guatemaltecos Carlos López Maldonado, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Ovidio Monzón, de Todos, y Jorge Arévalo Canales, del Movimiento Reformador (MR).
Por Elizabeth Linares

 

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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entregaron al Presidente del Congreso, Mario Taracena, el proyecto de ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos, el cual tendrá como fin facilitar el esclarecimiento de los hechos que involucren violencia sexual que sean objeto de una investigación judicial.
Mario Taracena, Presidente del Congreso afirmó que la iniciativa busca prevenir y evitar agresiones sexuales, por lo que esta propuesta se convertiría en una importante herramienta para evitar este tipo de delitos, los cuales afectan tanto a hombres como a mujeres.
El presidente Taracena aseguró que el proyecto será ingresado al pleno del Congreso de donde luego será enviada a una comisión y luego de su dictamen será conocida en el pleno del Congreso para su aprobación lo más pronto posible.
“El proyecto nació como una necesidad de contar con una base de datos que ayude a fortalecer la justicia”, señaló María Eugenia Morales, magistrada de la CSJ, quien agregó que la iniciativa cuenta con los aportes del Ministerio Público (MP) y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La propuesta contempla la creación de un banco de datos genéticos que permitirá al Inacif identificar a los agresores en caso sean capturados por otros delitos similares.
Thelma Aldana, Fiscal General del Ministerio Público (MP),  expresó que esta iniciativa será una herramienta de gran ayuda para el MP debido a que esta ley pretende tener el registro de todas aquellas personas que cumplieron condena por violación y agresión sexual.
La iniciativa contempla un mecanismo en el cual el MP sabrá durante 5 años, dónde viven y trabajan y cuando salen libres las personas que cumplieron su condena por delitos sexuales.
La magistrada Morales afirmó que “la idea también es reducir la reincidencia de los agresores considerados como agresores seriales”.
El registro almacenará y sistematizará la información genética asociada de las personas que hayan sido condenadas.
Según del Organismo Judicial, en 2014 se ingresaron 1 mil 471 expedientes de delitos por violación y agresión sexual, mientras que el año pasado 2 mil 966 expedientes y en lo que va del 2016 se han ingresado 1 mil 142.
Por Byron Ramírez.

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Después de la entrega del informe de la primera evaluación de Guatemala ante las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizado en Ginebra, Suiza, el diputado Chistian Boussinot aseguró que son analizadas tres iniciativas de ley que beneficiarían a las personas con discapacidad visual, auditiva, física y psicológica.
El congresista del bloque Todos, presidente de la Comisión Extraordinaria de Asuntos sobre Discapacidad, explicó que una de las propuestas es la 5128, Ley de Personas con Discapacidad, que tiene por objetivo garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos en condiciones de igualdad mediante la adaptación de medidas de inclusión, acción y eliminando la discriminación.
Otra es la 5128 que dispone aprobar la Ley de Lenguaje de Señas, que fue presentada tras conocerse que en el país el 1% de la población padece sordera y un número mayor tiene deficiencia auditiva, por lo que es necesario que tenga acceso a la comunicación; la propuesta 5149 sobre los Derechos de Autor es parte del Tratado de Marrakech, firmado el 27 de junio del 2013, para garantizar los derechos de las obras publicas para personas no videntes.
“Estas iniciativas serán de ayuda, por lo que estamos trabajando para que sean conocidas antes de concluir este año legislativo”, puntualizó.
Asimismo, se hizo entrega por parte del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala del informe escrito en Braille, para que los no videntes puedan conocer los resultados y las propuestas realizadas en Ginebra.
Por Karla Herrera

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