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Representantes del Centro de Estudios de Guatemala (CEG) y World Vision presentaron a los diputados Walter Félix, Sandra Morán y Eduardo de Matta, de la Comisión del Menor y de la Familia, un estudio para modificar la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, que entre otros aspectos promueve reformas al Código Municipal, con el fin de que cada corporación cuente con una oficina de protección a la niñez, financiada con recursos del Estado.
Para Sandino Asturias, coordinador del CEG, es una normativa que necesita de más legislación para fortalecer el marco jurídico, que permita dotarla de los mecanismos para la implementación de políticas públicas de prevención de la violencia en ese sector de la población.
“Creemos firmemente que el Estado debe asumir la responsabilidad de crear un espacio que fomente políticas de protección, porque lo que está ocurriendo con la niñez y la adolescencia en Guatemala es una vergüenza como país y un desastre para el mundo”, agregó.
El congresista Félix resaltó la importancia del análisis y de las propuestas a corto, mediano y largo plazo, “que nos lleven a tratar de corregir los problemas, con el objetivo de hacer eficiente el uso de los recursos en función de la atención constitucional a la niñez y adolescencia”.
En la jornada los legisladores también atendieron a funcionarios de la organización no gubernamental Feed the Children, quienes buscan una exención de impuestos para la importación de productos que traen como donación para la niñez guatemalteca.
“Nos parece que ha sido una reunión muy productiva y estaremos colaborando a fin de elaborar una iniciativa de ley que permita que miles de niños sigan siendo beneficiados con esta ayuda; además, continuaremos el trabajo de fiscalización de las dependencias a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, que impulsa algunos programas de apoyo a la niñez y la adolescencia”, aseveró el parlamentario.
Feed the Children es una organización que desde 1994 presta ayuda a no menos de 35 mil niños guatemaltecos, proveyéndoles raciones de comida, vitaminas y calzado, focalizados en tres departamentos.
Por Karen Mendoza

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Diputados que integran la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca acordaron la instalación de una mesa técnica para encontrarle solución a la situación de los pequeños caficultores del país, debido a los atrasos en la regularización y el desembolso de Q10 millones por parte de los encargados del Fideicomiso del Café.
La decisión se tomó durante una reunión de trabajo con autoridades de los ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de Finanzas Publicas, así como con representantes del Banco de Desarrollo Rural y la Asociación Nacional del Café, a quienes se cuestionó sobre la ejecución de Q30 millones asignados para atender la problemática.
El congresista Julio Longo, del Frente de Convergencia Nacional y vicepresidente de la sala de trabajo, comentó que buscan resolver la crisis que enfrentan los pequeños caficultores con funcionarios y representantes de entidades bancarias, pues el fideicomiso no ha dado las respuestas inmediatas a los productores. “No tenemos contabilizada la deuda; nos estarán trasladando la información exacta en los próximos días”.
Agregó que los Q30 millones asignados en el presupuesto para el apoyo a los pequeños caficultores nacionales “pueden ser dispuestos para ese sector lo antes posible y palear la situación, y por eso citamos a las partes involucradas”. 
El diputado Mike Mérida, del Movimiento Reformador e integrante de la referida instancia, explicó que tienen la preocupación por los pequeños productores de Huehuetenango, pues en varias oportunidades les han pedido apoyo. “No solo es atender el tema del fideicomiso; hay que reestructurar todo lo relacionado con el sector del café”, expresó.
Fredy Mérida Muñoz, pequeño caficultor del municipio de Barillas, Huehuetenango, indicó que sus colegas se encuentran en una situación caótica desde hace varios años por los bajos precios, a lo cual se han sumado la roya y el cambio climático. “Definitivamente no podemos pagar el fideicomiso, porque se nos han incrementado los intereses y no tenemos cómo cancelar”, aseveró.
Por José Castellanos

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Este miércoles se reanudaron las audiencias públicas de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por el diputado Luis Pedro Álvarez, de Encuentro por Guatemala, con la participación de la Gerencia y Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGGS), Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Guatemala, (Fenasteg), y Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), entre otras entidades.
Durante este proceso, funcionarios del IGSS expresaron sus opiniones respecto de las posibles reformas de previsión social, proponiendo que se establezca el delito penal para la evasión contributiva al régimen. Además, que se asegure el pago de las obligaciones al Estado, sector privado, municipalidades y otras entidades autónomas.
David Soto, secretario de Conflictos de Fenasteg, sugirió que con el objetivo de fortalecer económicamente al sistema, “todos los contratos que se celebren en los renglones 029, 18 y otro que se utilice como proveedor de servicios, en los cuales se oculta la relación laboral, se descuente la cuota de Montepío que corresponda por los meses de trabajo sujetos al contrato”.
Arturo Ruíz, representante de Sindicatos Guatemaltecos Afiliados al Internacional de Servicios, coincidió con que el personal contratado bajo los renglones temporales, en las entidades centralizadas y descentralizadas del Gobierno, deberían empezar a cotizar al Seguro Social.
La CIG, representada por Javier Zepeda, afirmó: “El sistema actual es obsoleto y está al borde del colapso financiero; dentro de algunos años las aportaciones no van a alcanzar para cubrir las pensiones que se tienen previstas”.
Según dijo, es necesario implementar un modelo en el que este sistema funcione con eficiencia, en el cual son indispensables la competencia y capitalización individual, que garanticen a largo plazo al empleado el derecho sobre el fruto de su trabajo.
El presidente de la sala legislativa comentó que las audiencias continuarán jueves y viernes, para comenzar el proceso de análisis y la elaboración de una propuesta de ley que mejore las condiciones de seguridad y previsión social.
Por Rosemary Recinos

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Este miércoles, la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional, integrada por Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala; Jorge De León Duque, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Ranulfo Rafael Rojas Cetina, presidente del Organismo Judicial, y Rotman Pérez, representante del Ministerio Público, presentaron a los diputados de Encuentro por Guatemala (EG) y Convergencia el documento con las propuestas de reformas constitucionales en materia del sector justicia.
En la exposición del documento, el jefe de la CICIG resaltó la trascendencia del  diálogo nacional. “Es un elemento importante este propósito de construir proyectos de reforma. Guatemala tiene urgencia de conversación, de diálogo, de acercamiento, y ese es un escenario que podría entenderse como un laboratorio observado por ustedes, como diputados, como políticos o por organizaciones en el país”, explicó.
La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, indicó que es conveniente la búsqueda de consenso para llegar a acuerdos. “Sabemos mediante estas propuestas lo que la población quiere en relación con el tema de reformas al sector justicia; podremos coincidir en algunas propuestas, pero habrá puntos de disenso que habrá que discutir dentro del Congreso”, agregó.
Por su parte, el congresista Álvaro Velásquez, del bloque de Convergencia, felicitó a la Secretaría Técnica por el trabajo de las mesas, y dijo esperar que se dé el mayor consentimiento posible a estas propuestas por parte de las diferentes posiciones del Organismo Legislativo.
“Espero que quienes venimos acompañando este proceso logremos el mayor acuerdo posible en estas modificaciones. Estamos pendientes de otros temas de reformas políticas”, comentó.
Este jueves, la Secretaría Técnica expondrá las propuestas a los diputados de los bloques Fuerza, Partido de Avanzada Nacional y Unión del Cambio Nacional.
Por Elizabeth Linares

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La Secretaría Técnica del Diálogo Nacional sobre las Reformas Constitucionales en materia del Sector Justicia presentó a los diputados de los bloques legislativos de Compromiso Renovación y Orden (Creo), Partido Unionista, Partido Patriota, Visión con Valores y Partido de Avanzada Nacional, el documento que contiene las diferentes propuestas recabadas a nivel nacional.
La instancia es conformada por Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala; Ranulfo Rafael Rojas Cetina, presidente del Organismo Judicial; Jorge Eduardo De León Duque, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos y representantes del Ministerio Público.
Después de escuchar la exposición sobre las reformas, los congresistas manifestaron su intención de exponer sus propias propuestas y aportaciones para fortalecer el contenido del documento base, el cual contiene las opiniones y sugerencias obtenidas de las 148 mesas de trabajo efectuadas con diversas organizaciones sociales.
El parlamentario Carlos Fión, jefe de bloque Creo, comentó que ve positivo el esfuerzo que la Secretaría Técnica hace en esa materia. Asimismo, considera que las modificaciones “son impostergables y necesarias para el Estado de Derecho, pues garantizarán mejor adaptación y mejor funcionamiento de la justicia”.
“Esta dinámica que la mesa técnica está desarrollando nos parece correcta; ellos están preparando un documento que vendrá al Congreso como una iniciativa de ley, la cual seguirá el proceso debido, para que sea conocida en el hemiciclo y luego enviada a una comisión de trabajo para su dictamen correspondiente”, explicó el congresista.
Este miércoles participarán legisladores de Encuentro por Guatemala y Convergencia.
Por Elizabeth Linares

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Los diputados Iliana Calles, Luis Alonzo y Flor de María Chajón, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN), presentaron en la Dirección Legislativa una iniciativa de ley mediante la cual pretenden que el pleno del Congreso apruebe, en una de las sesiones extraordinarias de esta semana, la donación de Q1 millón para la Teletón que organiza anualmente la Fundación Pro Bienestar del Minusválido (Fundabiem).
“Cada año nosotros los apoyamos y ahora como diputados queremos colaborar con esa cantidad para los programas que realizan con niños especiales, y esperamos el apoyo de los demás legisladores; necesitamos 80 votos para que la ayuda económica llegue a esta población que la necesita”, manifestó la congresista Calles.
Alonzo expresó que si el pleno decide hacer la donación, los fondos provendrían de los ahorros del Organismo Legislativo.
Desde el 2009, cada año el Congreso aprueba una asignación anual de Q10 millones a Fundabiem, contemplada en el presupuesto del Ministerio de Salud Pública.
Por Selvin Rustrián

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Los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, Marleni Matías, Carlos López y Jorge Vargas, se reunieron con el gobernador de Baja Verapaz, Erick Fernando Herrera; la directora del Hospital Regional Nacional de Salamá, Marta Molina Sosa, y representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Procuraduría General de la Nación (PGN), así como con delegados del Ministerio de Salud Pública y del Refugio de la Niñez, para tratar el tema de la adolescente que no fue atendida y dio a luz en las afueras de dicho centro asistencial.

“Ya se hizo la denuncia a la PDH y el Ministerio Público, porque se dieron varios delitos al no atender a la menor en el hospital por parte del médico tratante”, manifestó Claudia Patricia Cano, auxiliar de la PGN en Baja Verapaz.
Además, se informó que el centro hospitalario inició el proceso de destitución del médico Otto Estrada, por negligencia y por falta de respeto al paciente, y el Ministerio de Salud Pública remitió el expediente al área jurídica, por estar en el renglón 011.
“Lo que solicito es que se investigue más allá de lo sucedido, porque las fotografías y las llamadas se hicieron en el hospital; hay más casos y este no es aislado del problema real”, expresó Marta Molina, directora del Hospital de Salamá.
En la misma reunión ocurrieron señalamientos entre Molina y Herrera por la contratación de personal en el nosocomio y solicitudes de despidos.
“Estaremos pendientes de dicha situaciones, porque hay roces entre estas personas, pero lo importante es la salud de los habitantes y no los problemas personales; además, ahora hay que determinar las responsabilidades en el tema de la adolescente y comprobar la culpabilidad de este hecho, que es lamentable e indigna por no tratarse con respeto a la vida”, expresó la parlamentaria Matías.
Por Selvin Rustrián

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Durante la reunión de jefes de bloque efectuada este lunes se acordó que en la sesión extraordinaria del martes serán aprobadas las reformas a la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo, por artículos y redacción final. Mario Taracena presidente de la Comisión Permanente y diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza, expresó que la iniciativa es un mecanismo que dará mayores herramientas de transparencia en los procesos de contratación de personal. “Es el tema de mayor importancia y será una realidad a pesar de varios tropiezos”, afirmó.
Entre las modificaciones está la creación del Manual de Escala Salarial, regular las contrataciones y funciones del renglón 022 y tener un procedimiento para el personal 011 que sea puesto en disposición.
A criterio de Raúl Romero Segura, jefe de la bancada Fuerza, los cambios a la normativa “le darán otra cara al Organismo Legislativo en transparencia y credibilidad”.
Nineth Montenegro, jefa del bloque Encuentro por Guatemala y ponente de dicha iniciativa, afirmó que su contenido es el producto de 18 mesas de trabajo. “Con esas reformas se pretende modernizar y hacer eficiente al Congreso. El proyecto establece un sistema de servicio civil en el Legislativo y crea la carrera administrativa, respaldado de sus respectivos reglamentos y manuales”, puntualizó.
Además, los jefes de bancada acordaron que el miércoles sea aprobada la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria, la cual busca que el trabajo de la Superintendencia de Administración sea más eficiente. Según Taracena, se espera que durante la sesión pueda surgir una enmienda al artículo 49 bis, el cual refiere que el secreto bancario no será retroactivo a partir de la aprobación de la norma.
Por Byron Ramírez

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Una acción de amparo contra la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el ministro de Salud, Alfonso Cabrera, y titular de la cartera de Finanzas, Julio Héctor Estrada, fue presentada por la diputada Nineth Montenegro, jefe de la bancada Encuentro por Guatemala, debido al riesgo de que se pueda dar un desabastecimiento de medicamentos e insumos por la “negligencia” de no querer aplicar la Ley de Contrataciones del Estado para la renovación de contratos.
La acción legal, presentada en la Corte Suprema de Justicia, establece que la crisis de desabastecimiento responde a la no renovación de los siguientes contratos para adquirir medicamentos e insumos:
A) Material de diagnósticos por imágenes (NOG. 2512599).   
B) Material médico quirúrgico menor paquete 2 (NOG. 2364115).
C) Productos medicinales y farmacéuticos paquete 1 (NOG. 1850725).
D) Productos medicinales y farmacéuticos paquete 3 (NOG. 96512).
E) Productos medicinales y farmacéuticos paquete 2 (NOG. 1850733).
F) Productos medicinales y farmacéuticos paquete 3 (NOG.1850741).
Montenegro aseguró que esta acción se da porque “existe un riesgo inminente de que los guatemaltecos puedan fallecer por la falta de medicamentos”. El amparo busca que el IGSS y el Ministerio de Salud utilicen la Ley de Contrataciones del Estado para adquirir los insumos “lo antes posible y así evitar la muerte de un guatemalteco”.
La parlamentaria afirmó que los encargados de la salud del país se escudan en que no pueden usar la norma, “debido a los tiempos y los tropiezos que representa hacer una licitación pública”, pero expresó que son los únicos que pueden utilizar la compra directa.
Por Byron Ramírez

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