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Después de superar una serie de análisis y discusión, los diputados al Congreso de la República aprobaron, con 89 votos, el Decreto 36-2016, mediante el cual se reforma la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo, que tiene como prioridad reorganizar la contratación de personal y el régimen salarial, entre otros asuntos.
En la nueva normativa destacan la creación de manuales de clasificación de puestos, salarios y evaluación de desempeño, y se evita el abuso de poder y el desorden administrativo, según el dictamen de la Comisión de Apoyo Técnico, que fue presidida por el legislador Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional.
A partir de la vigencia, los puestos y cargos se otorgarán por capacidad y eficiencia; se prohíbe la contratación de parientes de trabajadores y de diputados; el aumento del 10 por ciento anual será otorgado sobre el salario base y no sobre el total; se limita el pago de horas extras y se establece la figura del retiro voluntario con un incentivo de 5 salarios, hasta noviembre de este año.
“Me siento satisfecho por la aprobación de esta norma; es un logro también de la población, porque requería que se transparentara la administración del Organismo Legislativo, y un ejemplo de ello es que en el primer cuatrimestre de este año hemos ahorrado Q4 millones en horas extras”, dio a conocer el presidente del parlamento, Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza.
El jefe de la bancada uneísta, Orlando Blanco, también expresó: “Estamos terminando un proceso de alto nivel y pasamos la prueba, por lo que felicito al Congreso de la República. Hoy se tiene una ley que regula los procesos de salarios y contrataciones, que será una nueva plataforma para el desarrollo de las actividades legislativas”.
“Hemos aprobado una ley con enmiendas que es de beneficio para la población en general, por lo que con esto se harán mejores contrataciones de personal administrativo”, destacó la diputada Nineth Montenegro, del bloque Encuentro por Guatemala.
Al finalizar la aprobación, los legisladores se declararon en sesión permanente, con el propósito de que el martes 19, a las 14:00 horas, se conozca la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Administración Tributaria.
Por Karla Herrera y José Castellanos

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Con el apoyo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria se llevó a cabo el Foro sobre Reformas al Código de Trabajo, promovido por la Comisión de Probidad del Congreso de la República, que dirige el congresista Amílcar Pop, del bloque Winaq, en el cual Ricardo Changala, consultor de la Confederación Sindical Internacional, planteó una propuesta de reformas a la norma vigente.
Changala resaltó la importancia de las modificaciones, pues se estaría ajustando la legislación actual en materia sindical de forma coherente en relación con los convenios 87 y 98, ratificados por Guatemala ante la Organización Internacional de Trabajo.
Entre los puntos expuestos resaltan la eliminación de restricciones en la conformación de sindicatos a nivel de industria, debido a que actualmente estos se integran por 20 personas y la propuesta es que se reduzca a 12; promover la participación de extranjeros como dirigentes sindicales; evitar la criminalización de las movilizaciones sindicales y que la declaración de huelga sea hecha por los sindicalizados en asamblea.
Por su parte, Pop indicó que esa sala legislativa trabajará la propuesta para garantizar la imparcialidad y el trabajo probo del sindicalismo y los pactos colectivos de condiciones de trabajo.
“Hemos coincidido en la defensa de figura jurídicas, para resguardar los derechos laborales y no las acciones de corrupción y errores del movimiento sindical que todos han reconocido; estamos en una fase de propuesta importante y será necesario elevarlo a la Comisión de Trabajo, en su momento”, agregó.
Según el informe sobre violaciones sindicales que la Confederación Sindical Internacional presentó en Ginebra, Suiza, en 2013, Guatemala se ha convertido en el país "más peligroso del mundo para los sindicalistas", debido al irrespeto a los derechos de los trabajadores, además de la persistente violencia y persecución contra sus representantes sindicales.
Por Karen Mendoza

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Supuestos actos de corrupción, por un monto de al menos Q1 mil 700 millones, fueron denunciados por la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG) ante el jefe de la Contraloría General de Cuentas, Carlos Mencos. 
En conferencia de prensa, la legisladora explicó que por información que suministró Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la Vicepresidencia, en los tribunales de justicia, fiscalizaron diferentes obras en los departamentos, “con la sorpresa de localizar contratos nuevos que no habían salido a luz”.
Según dijo, encontraron contratos de dragados, alquiler de maquinaria y equipo y compra de materiales de construcción otorgados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a empresarios que están involucrados en el caso de Cooptación del Estado.
Montenegro detalló cada uno de los 36 contratos de dragado y 32 de supervisión, por un monto de Q1 mil 704 millones, asignados a contratistas señalados en ese proceso. Las adjudicaciones para dragados fueron 23 y ocurrieron de 2012 a 2015.
“La fiscalización ha sido en el propio lugar, donde, por ejemplo, se han encontrado ríos en los cuales se iniciaron trabajos pero no concluyeron; sin embargo, los supervisores reportaron que sí, por lo que las obras que fueron canceladas en su totalidad”, manifestó.
Otros casos citados son en reconstrucción y equipamiento, como la Comisaría de la Policía Nacional Civil en Quetzaltenango, donde supuestamente sobrevaloraron materiales para la obra, pues “cada inodoro de mediana calidad, que se puede encontrar en el mercado ferretero a unos Q800, lo facturaron en Q4 mil, y así mingitorios, puertas de madera y ventanas, entre otros objetos”.
Mencos dijo estar dispuesto a iniciar las investigaciones correspondientes y resaltó el trabajo de la congresista Montenegro, “que coadyuva a sembrar confianza en la población”. “Se hará un trabajo arduo para crear entes especializados, que permitan una labor más profesional e inmediata”, agregó.
Por José Luis Hernández

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Integrantes del Sindicato del Magisterio Nacional, liderado por Joviel Acevedo, se reunieron con diputados de las comisiones de Trabajo y Educación del Congreso de la República, para entregarles varias peticiones, entre ellas que se ratifiquen convenios internacionales referentes a la libertad sindical y la negociaciones colectivas.
La reunión se produjo luego de que los docentes realizaran una caminata desde el Obelisco, en la zona 10 de la capital.
“Lo que pedimos al Congreso es que ratifique los convenios 97 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, referentes a la libertad sindical y los pactos colectivos, y que a su vez haga un llamado al Ejecutivo para que se respeten las negociaciones sindicales del Estado.  Esperaremos que el próximo martes nos den respuesta; de lo contrario seguiremos en las calles y en asambleas permanentes”, manifestó Acevedo.
Los parlamentarios se comprometieron a presentar un punto resolutivo en la siguiente sesión ordinaria del pleno, para ratificar dichos convenios, a lo que el magisterio estuvo de acuerdo.
“Nosotros estamos rn favor de las peticiones del magisterio. Estamos a la espera del llamado del Ministerio de Educación para el gran Diálogo Nacional por la Educación, en el cual se conocerán todos los problemas que afronta este sector. Se deben buscar las soluciones más acertadas a la realidad del país”, expresó el presidente de la comisión de Educación, Dalio José Berreondo, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza.
Los docentes aseguraron que de no obtener respuesta a sus demandas saldrán nuevamente a las calles y declararán asambleas permanentes a nivel nacional.

Por Selvin Rustrián
 

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La Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso, presidida por el diputado Luis Pedro Álvarez, de Encuentro por Guatemala, en su séptima jornada de Audiencias Públicas recibió a  representantes de la Asociación de Cantantes Profesionales de Guatemala, de la Fundación Mariano López Larrave, así como de personas individuales, para recibir sus sugerencias de cara al proceso de reforma al sistema actual.

La cantante Miriam Edith Cárdenas solicitó que el Instituto de Previsión Social del Artista (Ipsa) le brinde cobertura a este gremio.

Cárdenas aseguró que es necesario hacer una revisión de la ley, pues en ella se establece que pueden afiliarse a dicho ente todos los miembros de  entidades artísticas y artistas en lo individual, pero que en la actualidad no se les ha permitido gozar de este beneficio.

Por su parte, la ciudadana Miriam Maldonado indicó que la tendencia mundial se dirige hacia la capitalización individual; sin embargo, explicó que no se debe privatizar ni eliminar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero sí es necesario permitir el acceso de la competencia, para que cada trabajador decida si quiere cotizar allí o en otra entidad. “De esta manera se obtendría una atención médica inmediata  y de calidad, y los cotizantes serian dueños de sus ahorros”, expresó.

Juan Francisco Mendoza, de la Fundación Mariano López Larrave, declaró que es obligación del Estado cumplir con estos servicios de salud y protección para los trabajadores, y solicitó que no sea privatizada esta atención, sino que se avance hacia el fortalecimiento organizacional e institucional.

“Se deben fortalecer los programas en cuanto a su sostenibilidad económica y financiera, controlar la evasión y la mora; recobrar los adeudos del Estado, así como otros organismos púbicos y empresas privadas”, agregó.

Este viernes 15 de julio concluyen estas jornadas de audiencias públicas, las cuales son un primer acercamiento con las organizaciones y la sociedad civil, para avanzar hacia una reforma responsable, manifestó  el diputado Álvarez.

Por Rosemary Recinos
 

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“Lo que podemos percibir es que le quedó grande el tacuche de Presidente”. Así se expresó el diputado Orlando Blanco, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza,  quien en conferencia de prensa expuso los aciertos y desaciertos de los seis meses de gestión de Jimmy Morales al frente del Organismo Ejecutivo.

Blanco expuso que entre los desaciertos están la salud, infraestructura, programas sociales y agricultura, y aseguró que se percibe que “no hay una ruta de trabajo y no hay presidente”, debido “a la mala administración de Morales”, pues carece de un equipo de trabajo capacitado por “haber colocado a personas cuestionadas en algunos puestos de trabajo”, algo que a criterio de Blanco ha provocado un desgaste innecesario para el mandatario.

Durante estos seis meses las acciones del gobernante han generado una imagen negativa y de desaprobación de los ciudadanos, algo que no se había dado en la era democrática del país, expuso el jefe de la bancada UNE.

Puntos cuestionados

• Ministerio de Desarrollo Social: Ejecución baja del presupuesto y poca atención a los beneficiarios de los programas sociales.

• Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda: Falta de atención a la infraestructura del país y solo se han dedicado a cancelar deuda.

• Ministerio de Salud: Desabastecimiento de medicamentos e insumos por que se dedicaron a cancelar deuda no registrada.

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación: Ha sido destinado al clientelismo político debido que se tiene una contratación grande de personas afines al partido oficial.

El jefe de la bancada de oposición indicó que lo único aplaudible en estos meses es la designación de los ministros de Finanzas y Gobernación, además del titular de la Superintendencia de Administración Tributaria.

Los integrantes del bloque uneísta recomendaron a Morales exigir la renuncia de los funcionarios que no están dando los resultados, para mejorar el funcionamiento del país, a la vez de manifestar que se debe poner atención en los temas que realmente están afectando a los guatemaltecos "antes que sea tarde para revertir los efectos provocados por la incapacidad evidenciada actualmente". 

Por Byron Ramírez

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Con el apoyo de 112 diputados este martes se aprobó el Decreto 35-2016, que contiene reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, propuesta que era necesaria avalar antes de la Ley del Servicio Civil.
La primera fue impulsada por el presidente del Congreso, Mario Taracena, para fomentar la transparencia. El dictamen de la Comisión de Apoyo Técnico establece que el objetivo es “cerrar las puertas a los abusos de poder y al desorden administrativo”.
Entre lo aprobado este martes destaca la reforma al artículo 14, referente a las atribuciones de la Junta Directiva del Congreso, y determina que esta “podrá nombrar, remover y trasladar al personal del Organismo Legislativo, de conformidad con la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo”.
Además, se crea la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa, integrada por un cuerpo de asesores que será sometido a proceso de evaluación y actualización, en forma anual, y será escogido por sistemas de oposición debidamente establecidos.
También se ordena todo lo referente a la contratación de asesores parlamentarios de comisiones de trabajo y se establece la creación o actualización de los manuales para el desempeño de las diferentes funciones del personal del Organismo Legislativo, entre otros.
El Decreto 35-2016 aprobado no necesita la sanción del Organismo Ejecutivo, por lo que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.
Durante la sesión de este martes también se inició la aprobación por artículos de la Ley del Servicio Civil y se avanzó hasta la aprobación del artículo 68, de 155; el proceso continuará el martes 19, según informó Taracena.
Entre lo aprobado se establece que los puestos y cargos del personal se otorgarán por méritos de capacidad, idoneidad, eficiencia y honradez. Se prohíbe la contratación de parientes de diputados y trabajadores; no se podrá contratar personal con salarios superiores al de un diputado y se establece la figura de retiro con un incentivo del equivalente a tres meses de salario.
“Yo lo que siento es que hay mucho relajo y demasiadas enmiendas; les pido es que lo hagan legítimamente, sobre la mesa, de frente, no bajo de agua. Hay unos que están metiendo solo por meter y atrasar unas cosas tan ridículas. Entonces, lo más tranquilo es que paremos ahorita y se analicen. Tienen una semana para discutir qué están haciendo”, manifestó Taracena, al ser preguntado acerca de la suspensión del trámite legislativo.
Por Karla Herrera

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Manuel Conde es integrante de la bancada Partido de Avanzada Nacional (PAN) y presidió la Comisión de Apoyo Técnico del Congreso que dictaminó en favor de las reformas a la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo.
En diferentes medios se ha señalado la existencia de una supuesta reforma a la Ley Orgánica del Congreso, la cual exoneraría de responsabilidades administrativas y penales a diputados que hayan participado en las contrataciones de personal en años anteriores. ¿Es cierto que se pretende ello con la modificación al artículo 100?
“No es una enmienda, porque ni firmas lleva, y yo no apoyaría algo que contribuiría a la corrupción, que es lo que pasaría con lo que se establecía en la hoja que circuló”.
¿De dónde podría provenir una reforma como la que se ha mencionado, si es que fuera cierta?
“No le podría decir, porque lo desconozco”.
¿Cuál cree que fue el fin de hacer circular esa supuesta enmienda?
“Querían crear confusión y detener las reformas a la Ley de Servicio Civil. Que si creó la confusión sí, lo hicieron; pero no se detuvo la aprobación”. 
¿Por qué son importantes las reformas a la Ley de Servicio Civil del Congreso?
“Esta iniciativa es un beneficio y favorece al buen trabajador; si hay un ujier que es abogado podrá optar a un puesto mejor, porque habrá capacitación, formación evaluación y ascensos”.
De cualquier manera, el famoso artículo 100 sí busca modificarse, aunque no en el sentido que han señalado algunos medios. ¿De qué se trata esa enmienda?
“Al famoso artículo 100 nosotros proponemos agregarle un tercer párrafo, estableciendo que, por tratarse de una Ley del Servicio Civil, las controversias que puedan surgir como consecuencia de los manuales de puestos y salarios se resuelvan en la vía directa o administrativa. Y si en esa vía no se da la solución, entonces que se pueda acudir a los tribunales de trabajo”.
¿Qué mensaje quiere enviar el Congreso con los cambios a esta normativa?
“En el Congreso hay voluntad de cambio y se está viendo y materializando todos los días. Guatemala volverá a tener confianza en su Congreso, porque se están haciendo las cosas bien”.
Por Byron Ramírez

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Los diputados integrantes de la Comisión de la Juventud del Congreso de la Juventud, Eva Monte y Juan Manuel Giordano, en reunión de trabajo  analizaron la iniciativa de ley de las pasantías o aprendices.

La propuesta 4558ya cuenta con dictamen favorable desde el año pasado, pero los integrantes de esta nueva legislatura analizan hacerle reformas, debido a que creen que contraviene principios algunos principios constitucionales.

Otra alternativa que estudian los diputados de esta sala de trabajo es cambiar cuatro artículos de Código de Trabajo, para buscar que los adolescentes puedan hacer ejercicios laborales si ningún problema patronal.

“Lo que queremos es que los jóvenes realicen las pasantías en la iniciativa privada o en el Estado y que realmente aprendan para que en su futuro puedan tener experiencia laboral, y que el Ministerio de Trabajo pueda inspecciónarlos mientras realicen dichas actividades”, manifestó Monte, presidenta de dicha comisión.

Asimismo, debido a que el 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud, los diputados proponen que el Legislativo condecore a 8 jóvenes guatemaltecos que hayan sobresalido en el país o que destaquen fuera de nuestras fronteras. Los congresistas Giordano y Monte también proponen que 158 jóvenes sean nombrados “diputados por un día” en esa fecha, para que se produzca un debate sobre temas de interés para este sector de la población.

Por Selvin Rustrián
 

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