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Representantes de la Unión Universitaria de Guatemala (UUGT) asistieron a una reunión con los diputados de la Comisión Extraordinaria de la Juventud para solicitar que se conozcan iniciativas que los favorezcan, tales como la ley del empleo para los jóvenes, reformas al Código de Trabajo y la propuesta de ley para la juventud que ya se encuentra en su fase de análisis.
Al conocer la solicitud de la UUGT, que aglutina a las distintas universidades del país, el diputado Juan Manuel Giordano, del Frente de Convergencia Nación (FCN-Nación), expresó: “Hemos estado trabajando muy de cerca estos temas, por lo que esperamos que los jóvenes diputados y los legisladores en general puedan apoyarnos para la aprobación de las normativas para el beneficio de muchos jóvenes que salen a las calles a buscar empleo tras graduarse del nivel medio o de la universidad”.
Por aparte, los congresistas escucharon una plática de la exdiputada Catalina Soberanis, quien explicó el proceso que deben seguir para conocer y aprobar leyes en el Congreso de la República, la forma de presentar los argumentos para las propuestas y obtener el apoyo para su aprobación.
Al finalizar la reunión, la parlamentaria Eva Nicolle Monte, de Alianza Ciudadana (AC), presidenta de la referida sala, destacó que se dará seguimiento a las solicitudes de la unión universitaria.
En cuanto la charla impartida por Soberanis mencionó: “Todo el conocimiento que podamos obtener para hacer un mejor trabajo es bienvenido, más para nosotros los jóvenes y recién electos diputados, que necesitamos de toda la orientación para legislar de una mejor forma, en beneficio de los guatemaltecos”.
Por Karla Herrera


 

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El presidente del Congreso, Mario Taracena, recibió este miércoles el proyecto de ley que busca reformar el Código Procesal Civil y Mercantil, presentado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el fin de agilizar el proceso de justicia y reducir la mora judicial.
Ranulfo Rafael Rojas Cetina, titular de la CSJ, explicó que la iniciativa cuenta con el respaldo de los 13 magistrados y dijo que las modificaciones tienen el objetivo de modernizar el Código. “Desde 1964 fue publicado y no ha sufrido modificaciones, lo cual hace que se tengan algunas dificultadas, pues la realidad socio económica y jurídica del país es distinta”.
Taracena afirmó que la iniciativa será conocida este jueves en la sesión ordinaria y trasladada a la Comisión de Reformas al Sector Justicia, presidida por el diputado Leonel Lira. “La iniciativa busca agilizar procesos y mejorar el sistema de justicia, por lo cual se debe buscar que sea aprobada lo más pronto posible”, afirmó.
Sergio Pineda, presidente de la Cámara Civil, explicó que las reformas son a 90 artículos consensuados con diferentes sectores, los cuales incluyen que las audiencias se reduzcan a 3 por un mes y que en la última se notifique a las partes, la inclusión de las notificaciones y firmas electrónicas, entre otras, “que harán más ágil el proceso”.
Entre los juicios que tendrían el benéficio de reducción de audiencias están los orales en temas de familia, pensión alimenticia, de división de la cosa común y de rendición de cuentas, así como los juicios sumarios en los cuales se discuten problemas sobre bienes inmuebles.
Taracena mencionó que la propuesta será una de las prioridades para su aprobación y discusión.
Piden detener discusión
En esa reunión la magistrada Silvia Verónica García Molina solicitó detener las reformas al Código de Trabajo, cuyo trámite está en segundo debate, “debido algunas dudas existentes”, a lo cual Taracena se comprometió a conformar una comisión para tratar el tema.
Por Byron Ramírez.
 

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La diputada Eva Nicolle Monte se reunió con Héctor Estrada, ministro de Finanzas Públicas; Armando Fuentes, director de Caminos, y Luis Rojas, titular de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, para fiscalizar la ejecución de la obra denominada Libramiento Vehicular de Chimaltenango.
El proyecto consiste en la construcción de una carretera de 15.3 kilómetros con el objetivo es desviar el tránsito de los automóviles y transporte que viaja rumbo al occidente. “Lo que queremos es evitar que existan más colas de hasta 3 horas y accidentes, especialmente en el área de San Miguel el Tejar”, indicó la diputada Monte, de Alianza Ciudadana.
Rojas señaló que el estudio de valores para la posterior compra de derechos de vía fue concluido en septiembre y le corresponde a la Dirección General de Caminos continuar el proceso.
Por su parte, Fuentes dijo que actualmente se tienen liberados 2 kilómetros con sus planes de desmembramiento, pero “esto no es suficiente para disminuir el tránsito”.
El ministro Estrada comentó que de forma inmediata la empresa constructora realizará trabajos temporales para evitar el impacto que tiene la carretera principal; sin embargo, es necesaria la aprobación de Q150 millones en la asignación presupuestaria para el 2017, a fin de garantizar los recursos y avanzar con el proyecto.
Durante la reunión, la parlamentaria Monte manifestó su inconformidad y preocupación “por el poco avance” de la obra. “Estamos hablando de 5 años de retraso aproximadamente; en el departamento hay mucha actividad, lo cual perjudica mucho a la población, pues recordemos que es la puerta de occidente y es urgente que se descongestione su trayecto”, comentó.
Por Rosemary Recinos.

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El Registro de Información Catastral (RIC) sería la primera institución estatal a la que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda le podría aumentar el techo presupuestario propuesto para el ejercicio fiscal 2017.
En su intervención del director ejecutivo del RIC, Juan Manuel Álvarez indicó a los integrantes de la Comisión que solicitaron un aumento a su techo presupuestario del 2016 que fue de Q98 millones y que en el del 2017 es de Q58 millones.
“Es necesario aumentar nuestro presupuesto. Para el próximo es menor y nuestras proyecciones de gasto e inversión son mayores por los proyectos a nivel nacional que están programados, así mismo nos ayudarían a poder hacer el catastro a todas las áreas protegidas del país”, manifestó Álvarez.
Tras la intervención del director del RIC, para la mayoría de parlamentarios integrantes de la sala legislativa, es muy probable que se le incremente unos 20 millones a lo que se ha solicitado.
“Están regados 200 millones en el MAGA y porque no darle algo de esos fondos al registro, para que agilice el proceso catastral y resolver con eso varios conflictos territoriales que hasta muertos han dejado”, enfatizó el congresista Haroldo Quej Chen.
En la audiencia también estuvieron presentes los representantes de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, quienes manifestaron estar preocupados por la situación actual de la red vial a nivel nacional situación que se agravaría debido a que varias empresas señaladas de corrupción no podrán terminar esos tramos, a lo que se suma la dificultad de que las mismas sean otorgadas a las constructoras nacionales.
Por Selvin Rustrián.

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Representantes de las diferentes organizaciones que integran la Mesa de Seguridad y Justicia, que coordina el diputado Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, escucharon  la opinión de Iván Velásquez, Comisionado contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sobre la propuesta de Ley de Aceptación de Cargos.
Durante la reunión, los integrantes de dicha mesa, conocieron y analizaron las propuestas presentadas por las diferentes entidades que la conforman, la cual contempla rebajas de penas como incentivo para los imputados que acepten los cargos atribuidos por el Ministerio Público, con el propósito de descongestionar el sistema de justicia en Guatemala.
La propuesta busca reformar el Código Procesal Penal, Decreto 51-92 para introducir la figura de Aceptación de Cargos.
“Se habló de aceptación de los cargos unilateral, de aceptación de cargos bilateral mediante un proceso de conformidad entre sindicado y MP, beneficios penados condicionados a la colaboración del sindicado en una  sentencia anticipada”, comentó Juan Manuel Aquino, abogado  de la Misión Internacional de Justicia, quien tuvo a su cargo la presentación de las propuestas de reformas.
Aquino expresó su satisfacción por la participación de los entes interesados en el tema, quienes hacen aportes valiosos para la construcción de estos proyectos que permiten establecer una reestructuración y readecuación  de un sistema que permita una justicia pronta y cumplida en el país.
Ante las propuestas de esta reforma, Iván Velásquez, comisionado de la CICIG  indicó que se debe dejar que el legislador establezca los límites y establezca los procedimientos adecuados. “Creo que debe ser un criterio que establezca la ley y que se agilicen los procesos que permitan mejorar un sistema de justicia colapsado”, refirió el comisionado.
Por su parte, el congresista Juan Ramón Lau  Quan, integrante de esta sala de trabajo, dio a conocer que el objetivo de esta reforma es hacer más efectivo el  procedimiento que existe dentro del Código Procesal Penal. “Creemos que hay aspectos importantes que se deben realizar con el tema de las penas o delitos y que de alguna manera podrían apoyar a reducir los procesos judiciales”, comentó.
“Dentro de la comisión vamos analizar  estos temas para poder ver a qué delitos si podrían ser aplicables y a cuales no”, expresó el diputado de la bancada Todos, quien añadió que para el próximo martes estarán emitiendo un dictamen al respecto de esta Iniciativa de Ley.
Por Elizabeth Linares.

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Tras los desastres ocurridos en junio en el municipio de Jerez, departamento de Jutiapa, por los deslaves registrados a orillas del volcán Chingo, que dejaron varias viviendas y calles dañadas, los diputados que integran la Comisión de Turismo se reunieron con autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres para verificar los avances en la reconstrucción y reparación de carreteras.
El titular del CIV, Aldo García, destacó los trabajos para desviar los deslaves del volcán hacia un río cercano y evitar que restos volcánicos lleguen a las comunidades cercanas y las dañen. En cuanto al tema de las carreteras se aseguró que se hará el pago de Q67 millones a la empresa que está trabajando los primeros kilómetros de la vía que conduce de Jutiapa a la frontera con El Salvador, y luego se destinará un monto de Q30 millones para concluir la reparación en esos tramos.
“Como Comisión de Turismo estamos interesados en que las carreteras estén en buen estado, para que quienes viajan de la capital a Jutiapa o hacia El Salvador lo hagan sin dificultades; asimismo, esperamos que continúen los trabajos para evitar que un nuevo deslave por las lluvias o por la erupción del volcán Chingo dañen nuevamente viviendas y calles de Jerez”, aseguró el presidente de la sala de trabajo, Santiago Nájera, de la Unidad Nacional de la Esperanza.
Por su parte, el gobernador de Jutiapa, Milton Sánchez, dijo esperar que avancen las obras y los avalúos para las viviendas dañadas.
Los legisladores argumentaron que seguirán de cerca los asuntos pendientes, tomando en cuenta el decreto de Estado de Calamidad que se había aprobado en julio terminó su vigencia en agosto.
Por Karla Herrera

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La comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, presidida por el Diputado Ronald Arango instaló este martes la mesa técnica multisectorial para discutir, elaborar y presentar el proyecto de ley para fortalecer el derecho de acceso de la información pública, archivos institucionales y a la institución reguladora.
La mesa técnica de trabajo busca impulsar las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, dando cumplimiento así al plan de trabajo de compromisos al plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018 impulsado por diversas entidades estatales y de la sociedad civil.
Ronald Arango, señaló que la Ley de Acceso a la Información Pública “sufre de algunas deficiencias que han hecho que no todas las instituciones cumplan con dar información”, por lo cual aseguró que los cambios fortalecerán el acceso de información para la ciudadanía en general.
Mario Taracena, Presidente del Congreso expresó que el acceso a la información  es un derecho de todos, por lo que el Congreso “ha empezado a dar esos pasos enormes de transparencia, para tener la calidad moral de pedir información y legislar para mejorar la Ley de Información Pública”, puntualizó.
Las mesas de trabajo tendrán como objetivo recoger la información y propuestas para mejorar dicha Ley.
Entre los cambios que se analizan están:
-Dar mayor presupuesto a la Procuraduría de los Derechos Humanos, como ente rector de la Ley.
-Incluir mayores sanciones a las entidades que no cumplan con la entrega de la información.
-Reducir el plazo para entregar la información.
-Incluir la información en los idiomas de las localidades.
Dentro del cronograma de la comisión se estableció que en los primeros quince días de noviembre estarán listas las propuestas y recomendaciones para tener un proyecto de ley que sería entregado el 16 de noviembre a Dirección Legislativa y así sea trasladado lo más pronto posible al pleno para su aprobación.
Por Byron Ramírez

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En las audiencias públicas que realiza la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, del Congreso, para analizar la propuesta de presupuesto para 2017 que presentó el Organismo Ejecutivo, este martes le tocó el turno al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) defender el techo propuesto, de Q5 mil 800 millones.
“En mi opinión es necesario realizar una reducción de esos Q1 mil 200 millones”, expresó el parlamentario Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), al referirse a los problemas legales que 4 constructoras tienen por acusaciones de corrupción en tribunales, las cuales aparecen nuevamente en el listado para ejecutar proyectos el próximo año.
Con mayoría de votos, los integrantes de la sala legislativa decidieron que se realizará una disminución en el techo presupuestario en el rubro donde estas compañías aparezcan.
Sin embargo, en un plazo de ocho días el CIV deberá de presentar argumentos legales y decir qué camino tomará para que dichas sociedades ya no sean las encargadas de ejecutar tramos carreteros del país.
“Sí se necesita ese espacio presupuestario, por que las obras son importantes y hay que buscar, por la vía legal, el procedimiento para rescindir los contratos a estas empresas”, dijo el encargado de la cartera, Aldo García.
Según información de las autoridades, hasta septiembre el CIV reportaba un 25 por ciento de ejecución y esperan cerrar el año en un 62 por ciento.
Por Selvin Rustrián.

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Debido a los incrementos en el cobro de diferentes servicios, representantes del Movimiento de Vecinos Unidos de Jalapa se reunieron con el diputado Luis Fernando Sanchinel, de ese departamento, y la parlamentaria Thelma Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, a quienes solicitaron mediar para evitar conflictos.
Los inconformes rechazan el alza del el agua potable, tasa municipal por la energía eléctrica, la construcción de una galera cerca del edificio del instituto municipal, la ubicación de un pozo mecánico a inmediaciones de un parque infantil, la posible colocación de parquímetros en el casco urbano y el cobro de un nuevo arbitrio de apertura de puertas de nuevos negocios.
Leonel Mazariegos, coordinador del Movimiento, destacó que no están de acuerdo con los aumentos, “pues afectan la economía”, por lo que pidieron a los legisladores mediar para conseguir un diálogo con el alcalde de la cabecera, Mario Estrada.
“Estamos preocupados por estos incrementos, pues afectan a la población, por lo que esperamos conversar con las autoridades de la municipalidad para negociar y tratar que los cobros no afecten, pues según las denuncias, de los Q20 que se cobran por el servicio de agua potable se ha aumentado a Q60”, afirmó Sanchinel, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La denuncia también será interpuesta en el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y se solicitara una auditoría interna en la comuna, mediante un documento firmado por 6 mil 73 vecinos de Jalapa.
Se buscó la postura del alcalde Estrada, pero no se logró respuesta de él en su teléfono personal ni en la municipalidad.
Al finalizar la reunión se dio a conocer que se intentará una reunión con las autoridades ediles, con la presencia del jefe de la PDH, el Viceministerio del Patrimonio, de Cultura y Deportes, para llegar a un acuerdo y solucionar los conflictos.
Por Karla Herrera

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