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Los diputados Carlos Enrique Chavarría y Amílcar Pop, de la Comisión de Integración Regional, se reunieron con funcionarios del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), con el objetivo de conocer el avance del plan para la reapertura del Parque Natural Semuc Champey, en Lanquín, Alta Verapaz, después que las fuerzas policiales desalojaran a pobladores que habían tomado el centro turístico en demanda del pago del 30 por ciento de recursos económicos obtenidos por la administración del lugar que por ley les corresponde.
La conflictividad se originó porque, según pobladores de las comunidades de Semil, Chisubin, Chicanutz y Santa María, situadas alrededor del Parque Nacional, el exjefe edil del municipio de Lanquín, Francisco Pop Pop, evadió la conformación del Consejo Directivo del área protegida con representantes de cada comunidad, quienes serían los encargados de la administración del referido centro.
Juan Carlos Funes, director técnico del Conap, explicó que esa institución ha formulado una hoja de ruta, con la cual se acordó la conformación del Consejo Directivo integrado por funcionarios del Instituto Guatemalteco de Turismo, municipalidad, Conap y los representantes de las cuatro comunidades.
“Mañana nos reuniremos para que el Consejo tome posesión y pueda iniciar la toma de decisiones en relación con el porcentaje que según el Decreto 25-2005 le corresponde para la ejecución de proyectos de desarrollo, y que asciende a Q1 millón 900 mil, que representa el 30 por ciento de los fondos generados por el turismo en el lugar”, agregó.
El congresista Amílcar Pop, del bloque Winaq, indicó que dará acompañamiento a los pobladores en el proceso de denuncia del anterior alcalde y la revisión del decreto que le da vida a la distribución de los recursos monetarios, y que actualmente destina 10 por ciento a la municipalidad de la localidad, 30 por ciento a los pobladores concentrados en 4 comunidades y 60 por ciento a las actividades de la administración del Parque Nacional.
Al concluir la reunión, los participantes acordaron que se reunirán el jueves 29 de julio en el salón comunal del Parque Las Victorias, en Cobán, Alta Verapaz. “Todos los involucrados daremos seguimiento al caso a fin de resolver el problema apegados a la ley, de manera que el parque pueda abrir sus puertas lo antes posible, en beneficio de todas las partes”, aseguró el diputado Chavarría, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden.
Antecedentes
El 14 de septiembre del 2015, no menos de mil pobladores tomaron el sitio turístico como medida de protesta, pues demandaban al Conap el porcentaje de los ingresos que pertenecen a las comunidades.
El 19 de diciembre de ese año, un grupo de al menos 300 pobladores nuevamente tomó las instalaciones, expulsando a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Conap.
El 8 de febrero de este año, unos 150 pobladores ocuparon la Municipalidad de Lanquín, para exigir se les otorgara la administración de la atracción turística.
El 5 de julio, los pobladores fueron desalojados por la PNC y el Ejército. Desde ese día el parque tiene las puertas cerradas al turismo.
Semuc Champey, nombre proveniente del idioma Maya Q’eqchi’ que significa “donde el río se esconde en la montaña”, es un enclave natural localizado a 12 kilómetros al sur del municipio de San Agustín Lanquín, en el departamento de Alta Verapaz, considerado por locales y extranjeros un paraíso natural y que representa uno de los principales referentes de Guatemala para el mundo.
Por Karen Mendoza

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Con el propósito de solventar la crisis provocada por la falta de disponibilidad presupuestaria para el abastecimiento de medicamentos e insumos en la red hospitalaria nacional, los diputados que integran la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de la República se reunieron con 16 directores de diferentes centros asistenciales con quienes discutieron la falta de presupuesto para funcionamiento.
Luís Hernández Azmitia, diputado que preside dicha Sala Legislativa dio a conocer que valora los esfuerzos que han realizado los 16 directores de centros hospitalarios para brindar atención a la población y aseguró que los responsables de esta crisis son las autoridades del Ministerio de Salud, quienes no han podido plantear una nueva ampliación presupuestaria para garantizar la atención médica a millones de guatemaltecos.
“Contamos con información que varios de esos centros asistenciales cuentan con fondos para funcionar por 10, 21, 30 y 66 días, situación que los hará colapsar en los próximos dos meses debido a la mala asignación y debido a que no se solicitó a tiempo una ampliación presupuestaria por parte del Ministerio de Salud”, aseguró Hernández Azmitia.
Gilmar Morales, gerente Administrativo del Ministerio de Salud, quien tiene 2 meses de haber asumido el cargo, comentó que en dicha cartera priorizaron el pago de Q 700 millones de deuda para no incurrir en el delito de homicidio culposo ya que los proveedores iban a dejar de proveer insumos escenciales, como el oxígeno, lo cual pondría en riesgo a los pacientes.
Morales aseguró también que han planteado la necesidad de una ampliación presupuestaria de Q 1 mil 100 millones que servirán para paliar la crisis de la red hospitalaria del país.
Hernández Azmitia aprovechó para solicitar la renuncia del Ministro de Salud, Alfonso Cabrera debido a que ha incumplido con el acuerdo alcanzado días atrás en el que se comprometía con abastecer los hospitales, a más tardar el 28 de julio de este año. “Si hasta hoy no pudieron planificar el presupuesto asignado para solucionar la problemática en la red hospitalaria, no creo que el ministro pueda cumplir en los próximos ocho días”, finalizó el parlamentario.
Varios de los directores hospitalarios presentes en la citación brindaron su total respaldo al Ministro de Salud y abogaron ante los integrantes de la Comisión de Salud porque le otorguen más tiempo para solucionar la crisis en la red de salud.

Por Estuardo Martínez
 

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Diputados de la sala de Probidad, que preside Amílcar Pop, se reunieron con Carlos Rosenberg, director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), e integrantes de la Comisión de Evaluación de Licitación Pública de dicha entidad, para fiscalizar el proceso de licitación internacional para adquisición e instalación de módulos educativos.
El diputado Pop, de la bancada Winaq, indicó que en el año 2008 el Congreso aprobó un préstamo por US $150 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el mejoramiento del sistema educativo en el país, el cual se encuentra en un 50 por ciento de ejecución. “Lo que buscamos es verificar la transparencia y evitar el clientelismo durante adjudicación de los contratos”, expresó.
Rosenberg explicó que el proyecto consiste en la construcción de aulas modulares para escuelas ya existentes, lo cual permitirá proporcionar más espacios, con mejores condiciones y mobiliario respectivo a los establecimientos.
Comentó que actualmente hay 2 procesos en espera de resolución del BID, ya que es esta entidad que avala o rechaza la propuesta de la Comisión. “Todo se está llevando conforme a lo que establece la ley y con total transparencia; de mi parte no he recibido ningún tipo de presión, y de ocurrir esto, presentaría las denuncias correspondientes” indicó el funcionario.
“Seremos vigilantes del proceso y esperamos que la comisión evaluadora tome las decisiones correctas, pues existen muchas necesidades educativas en Guatemala y no es posible que se tengan los recursos y no se ejecuten”, concluyó el parlamentario Pop.
Por Rosemary Recinos

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El legislador Walter Félix, del bloque Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Maíz, se reunió con María Alejandra Má Villatoro, viceministra de Infraestructura, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y con funcionarios del Fondo de Solidaridad, de la Zona Vial de Huehuetenango y representantes de las empresas ejecutoras, para que explicaran sobre el atraso en la construcción de varios tramos carreteros en dicho departamento.
El parlamentario indicó que son varios los proyectos inconclusos, entre ellos el de San Mateo Ixtatán a Santa Cruz Barrillas; de Chepito a Oaxaqueño; de Huehuetenango a Cuatro Caminos y algunos de mantenimiento en Malacatancito.
“Sabemos que no solo la red vial de este departamento tiene este problema, sino que es de todo el país. Las carreteras están en mal estado, pero es un compromiso que hicieron las autoridades de retomar los trabajos”, expresó el congresista.
Por su parte, la funcionaria indicó que estos proyectos quedaron suspendidos por falta de pago a las empresas constructoras, y se comprometió a realizar una reprogramación de obras y proyectos que se encuentran pendientes, para finalizarlas.
“Las obras están suspendidas por falta de pago y las deudas ascienden a más de Q120 millones, por lo que es difícil hacerlas en lo que resta del año. Vamos hacer una reprogramación y una planificación en el presupuesto, para poder incluirlas el próximo año”, comentó la viceministra.
Por Elizabeth Linares

 

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Con el objetivo de analizar la propuesta de ley 5111, la cual busca reformar la “Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte”, diputados que integran la Comisión Legislativa de Deportes, presidida por el  representante Mario Velásquez Pérez del bloque CREO, se reunieron este miércoles con Directivos de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut) y de la Asociación de  Cronistas Deportivos (ACD) quienes dieron a conocer sus aportes en la discusión que se lleva a cabo para modificar el Decreto 76-97.
Según el texto de la propuesta, de no aprobarse las modificaciones, el deporte nacional corre el riesgo de no ser tomado en cuenta para participar en eventos internacionales, ya que la ley actual no cumple varios estatutos obligatorios de la Federación Internacional  de Futbol Asociado (FIFA), entre otros.
“Estamos evaluando los cambios a la iniciativa 5111 con todos los sectores involucrados en el deporte para que lleve un consenso general. Lo  interesante de la reforma es que con su aprobación se acatarían los estatutos internacionales de las asociaciones y federaciones afiliadas los cuales prevalecen por sobre la ley nacional”, dijo Carlos Fión, diputado ponente de la reforma a la ley del deporte.
Fión explica que, por ejemplo, la FIFA exige que los comités ejecutivos municipales, departamentales y nacional sean integrados por 11 miembros, pero la ley dice que son 5.
El congresista Carlos Chavarría, también ponente de la iniciativa de reforma, refirió que han convocado a diversos sectores para conocer sus propuestas. 
“Nosotros estamos presentando una propuesta interesante en el artículo 98 de la misma ley, para que en el caso de que nuestra reglamentación no  se adapte a los estatutos internacionales esta se ajuste al régimen internacional”, aseguró el diputado Chavarría.
La ley del deporte (decreto 76-97) no ha sido actualizado desde hace más de 15 años.
Juan Carlos Ríos, representante del Comité de Normalización de la  Federación Nacional de Futbol, comentó que es importante que se flexibilice este tema y se armonicen los términos de la normativa internacional con la ley interna.
“Debemos aclarar que no solo es el futbol sino las demás federaciones deportivas quienes piden que sean modificadas sus normativas y estatutos.  En su mayoría están sujetas a la ley del deporte, lo que en ocasiones ha afectado la participación internacional de algunas disciplinas y el propio desarrollo del deporte”, dijo el funcionario del deporte.
Esta comisión legislativa continuará con las reuniones de la mesa técnica, la cual recoge las propuestas de los diferentes sectores involucrados, entre ellos, las federaciones deportivas.


Por José Castellanos.                    

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Parlamentarios del bloque Alianza Ciudadana citaron a las autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sit), Contraloría General de Cuentas (CGC), Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación (PGN), Ministerio Público (MP) y la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel), con el fin que estos últimos les presentaran un informe sobre el avance del cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 394-2001, el cual establece el traslado de 1 millón 530 mil líneas telefónicas con Telecomunicaciones de Guatemala (Telgua).
Francisco Tambríz, jefe la bancada, aseguró que el seguimiento al compromiso de Estado que se adquirió en el año 2000 se debe a que el contrato entre las dos empresas telefónicas abarca un pago de un poco más de Q150 millones por parte de Guatel, a pesar que no se sabe el paradero de los teléfonos y de las líneas.
El convenio estableció que Telgua tendría que cumplir con varios compromisos, entre estos la entrega líneas, teléfonos públicos, comunitarios y líneas inalámbricas (celulares), los cuales a la fecha no han sido entregados a Guatel. Por ello, Tambriz, solicito a la PGN y a la Contraloría actuar de oficio e interponer las denuncias contra quien corresponda.
Uno de los problemas identificados  en el proceso de fiscalización fue que el informe del proceso de cumplimiento y de auditoría al acuerdo 394 fue realizado por la SIT en 2006 mediante una empresa privada, algo que Carlos Mencos, titular de la CGC, afirmó que no debía realizar, por lo cual se analiza si se acciona penalmente contra la Sit.
La Sit está por remitirle un informe a la PGN referente al avance de los acuerdos contraídos y si estos no se han cumplido “por lo que tendrá que actuar como representante del Estado”, indicó Tambríz.
Anabella Morfín, jefa de la PGN, explicó que se atendió la denuncia de los diputados y se dará seguimiento al asunto, para tener un informe del proceso de cumplimiento.
“El propósito de las reuniones es que se cumplan los compromisos, por lo que se solicitó a la PGN, CGC y Sit que por separado traslade un análisis de las acciones que se puedan tomar, y se convocará a una próxima reunión”, aseveró el congresista.
Por: Byron Ramírez

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La Comisión extraordinaria para la Integración y Desarrollo del Petén dirigida por el diputado Jaime José Regalado de la bancada Movimiento Reformador alzó la voz de alarma por la deuda de 32 mil millones de quetzales que el Estado mantiene con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss).
Esta elevada cifra fue revelada por el presidente de la Junta Directiva del Igss, Carlos Contreras durante una reunión sostenida con los parlamentarios, así como con el Viceministro de Finanzas Públicas (Minfin), Víctor Martínez.
Contreras solicitó a los diputados buscar la forma para reducir el millonario adeudo, ya que según él, este aporte permitiría ampliar la cobertura del Igss a todo el país.
Hasta el momento, agregó Contreras, apenas reciben del Estado 3 mil millones de quetzales repartidos entre la cuota patronal y la cuota laboral, mientras que el IGSS requiere de unos 4 mil 626 millones de quetzales para reducir la deuda y brindar mejores servicios.
Por su parte, el Viceministro de Administración Financiera del Minfin, Víctor Manuel Martínez, aseguró que la deuda de 32 mil millones de quetzales no está registrada en la contabilidad del Estado y que únicamente saben de 84 millones 234 mil quetzales, debido a que la Constitución regula las aportaciones que se deben ejecutar y le prohíbe al estado arrastrar deuda.
El parlamentario Jaime Regalado mostró su preocupación por que el adeudo del Estado con el Igss limita la cobertura de los servicios, algo que a la postre, afectará a los afiliados.
El parlamentario agregó que en la actualidad el Estado debió presupuestar 1,600 millones de quetzales y solo 600 millones de quetzales son los que aparecen en el presupuesto del presente año.

Por José Luis Hernández.

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En reunión sostenida en la Comisión Extraordinaria para la Integración y Desarrollo del Petén, que preside el diputado Jaime José Regalado, de la bancada Movimiento Reformador, con Víctor Martínez, viceministro de Finanzas Públicas, y Carlos Contreras, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se dio a conocer el adeudo que el Estado, como patrono, mantiene con esa dependencia, que asciende a por lo menos Q32 mil millones.
Contreras solicitó a los congresistas buscar la forma de reducir la millonaria deuda, pues con ello se estaría ampliando la cobertura a todo el país. Hasta el momento, agregó, reciben del Estado entre cuotas patronal y laboral Q3 mil millones, en tanto que el IGSS requeriría de unos Q4 mil 626 millones para brindar mejores servicios.
Por su parte, Martínez explicó que la cifra de Q32 mil millones no la tienen registrada, únicamente Q84 millones 234 mil, debido a que la Constitución regula las aportaciones que se deben ejecutar.
El parlamentario Regalado mostró su preocupación porque “esa situación no solo dificulta la falta de cobertura de los servicios y afecta a los afiliados”. Agregó que el Estado debió contemplar Q1 mil 600 millones y no solo Q600 millones que aparecen en el presupuesto del presente año, por lo que seguirán analizando la forma de resolver el problema.
Por José Luis Hernández

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El diputado Carlos Martínez, presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, acompañado del representante Boris España, jefe del bloque Movimiento Reformador, se reunió con las autoridades encargadas de los trabajos en el municipio de Jerez, Jutiapa.
Los funcionarios informaron que hay 47 casos de viviendas afectadas que no cuentan con la certeza jurídica de sus terrenos, y para buscar la solución un grupo de abogados se trasladará al lugar para identificar los inmuebles, pues se tiene que realizar la compra de un terreno para efectuar el traslado y se dispone de Q5 millones.
Carlos Martínez Gularte, secretario general de la Presidencia informó que en Consejo de Ministros se aprobó la ampliación del Estado de Calamidad Pública por 30 días, por lo cual el Organismo Ejecutivo trasladará al Congreso de la República la solicitud, pues aún no han concluido los trámites administrativos ni los trabajos.
El congresista Martínez, representante de Jutiapa, comentó que “es lamentable que a la fecha no haya mayor avance ni solución para las personas perjudicadas”.
Agregó que cuando sean notificados oficialmente de la solicitud para ampliar el Estado de Calamidad se analizará el contenido y se buscarán los votos para que sea ratificado. “Hasta el momento no se ha hecho casi nada y 30 días es muy poco tiempo para terminar con los trabajos en el lugar”, concluyó. 
“Nosotros estamos trabajando con la mejor disponibilidad y eficacia del caso; somos los más interesados en que la población esté bien”, respondió Martínez Gularte.
Por José Castellanos  

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