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Con el objetivo de colaborar con no menos de 2 millones de usuarios de telefonía móvil celular que no registraron sus números en el plazo establecido en el decreto 8-2013, Ley de Equipos de Terminales Móviles, los diputados de Encuentro por Guatemala (EG) presentaron este miércoles en la Dirección Legislativa una iniciativa para modificar 3 artículos de la referida normativa.
La ley establecía como fecha límite el 8 de octubre para el registro de las terminales móviles, so pena de suspender el servicio. Con las reformas se pretende ampliar por 4 meses el plazo y de no cumplir los operadores serán los responsables de proceder con la cancelación de la línea.
Nineth Montenegro, jefa del bloque EG, indicó: “Tenemos conocimiento que durante 36 meses los operadores no hicieron ningún esfuerzo para informar a la ciudadanía sobre este proceso y dónde debía realizarse; no fue hasta el último mes y medio”.
Los diputados solicitan que se haga un registro cruzado con el Registro Nacional de las Personas, para establecer que los números de Documento Personal de Identificación que se presenten sean los correctos, con lo cual se espera mantener un control estricto de los teléfonos móviles activos e identificar la procedencia de llamadas para extorsionar a la población, lo cual ayudaría a reducir el índice de robos.
Según el boletín estadístico del segundo semestre del 2015 de la Superintendencia de Telecomunicaciones, los operadores de telefonía han asignado 24 millones 900 mil números, de los cuales se encuentran activos 18 millones 121 mil 390; de esta cifra queda pendiente de registro el 11 por ciento, equivalente a 2 millones 184 mil 245 terminales móviles.
Por Karen Mendoza

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El presidente del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH),  diputado Leonel Lira, acompañado por las diputadas Ileana Calles y Marleny Matías  y  por representantes de distintas instituciones nacionales e internacionales, instalaron la mesa técnica para el estudio de la propuesta de ley para el etiquetado de Alimentos.
La mesa técnica será integrada por representantes del Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición (ODAN), la Gremial de Alimentos y Bebidas, Gremial de Envasados de Agua y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quienes asistieron a la instalación de la misma.
“El principal objetivo de la iniciativa de ley es que los alimentos sean etiquetados para que los consumidores puedan saber la cantidades de calorías, azucares o nutrientes que están adquiriendo al comprar los productos, y mantener un balance en una sana alimentación, evitando enfermedades como el sobrepeso, diabetes entre otras”,  puntualizo Diego Recalde de la FAO.
Por su parte del diputado Leonel Lira, presidente del FPH destacó la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios y evitar problemas de salud, por lo que se espera que durante las próximas reuniones se pueda avanzar en el análisis de las propuesta de una nueva iniciativa de ley.
Se espera que sea una vez por semana que los integrantes de la mesa técnica se reúnan y avancen, por lo que para el próximo lunes cada una de las organizaciones representadas que estarán en las reuniones lleven sus propuestas.

Por Karla Herrera.
 

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Organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil manifestaron este miércoles su apoyo al diputado Leocadio Juracán, del bloque Convergencia, quien denunció ser víctima de una campaña de desprestigio y difamación por su trabajo en pro de iniciativas como la ley de aguas, desarrollo rural y radios comunitarias, entre otras.
“Me emocionan estas muestras de solidaridad de las diversas organizaciones que tienen presencia en los 22 departamentos, a las que reitero mi compromiso y el de mi bancada de continuar trabajando por el desarrollo de sus comunidades. Nos quieren amedrentar, pero eso no cesará nuestro espíritu de servicio a los más necesitados”, afirmó el parlamentario.
Según expresaron “se han tocado intereses de sectores económicos poderosos”, razón por la que se han registrado enfrentamientos con representantes de algunas empresas en el altiplano, lo cual motivó la presentación de una denuncia penal ante el órgano jurisdiccional correspondiente.
Marcelo Sabuc, coordinador del Comité de Campesinos del Altiplano (CCDA) dijo: “Conocemos el trabajo del compañero Leocadio Juracán en favor de la lucha y el respeto de los pueblos indígenas, la comunidades de campesinos, mujeres y jóvenes al frente del CCDA, desde donde ha promovido la unidad y ha generado propuestas de desarrollo que beneficien a los más vulnerables a lo largo de 24 años; en ese sentido nuestro apoyo incondicional es para el diputado”.
Asimismo, Juracán indicó que continuará impulsando iniciativas de ley que representan el clamor de los pueblos menos favorecidos de la sociedad, que constituyen la mayoría. Además, rechazó el movimiento de desacreditación promovido en su contra a través de las redes sociales, “lo que no será un obstáculo para el desarrollo de nuestros pueblos originarios”.
Por Karen Mendoza

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La parlamentaria Sandra Morán, de la bancada Convergencia, se reunió con Mario Álvarez, viceministro de Gobernación, para conocer detalles del presupuesto dirigido a programas de prevención del delito y otros relacionados con la seguridad ciudadana.
“En esta primera sesión de trabajo buscamos cómo fortalecemos y ayudamos a los programas de prevención y persecución del delito, y si podemos trabajar en hacer una propuesta de traslados de fondos al Ministerio de Gobernación”, manifestó la legisladora.
También pidió a los funcionarios una explicación de en qué utilizarían los más de Q800 millones que solicitaron de aumento en el presupuesto del próximo año.
Álvarez dijo que si se aprueba la ampliación de fondos se utilizará “muy bien en lugares de alto riesgo o peligrosos, para fortalecer a las fuerzas de seguridad”.
“Se tiene previsto utilizar los recursos en la construcción de dos cárceles, compra de tecnología, equipamiento para la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario, adquisición de autopatrullas, repuestos, baterías y llantas, que necesitamos para mejorar y ayudar a las fuerzas de seguridad en el combate que diariamente se tiene contra los delincuentes”, expresó el funcionario.
Comentó que existe una mesa técnica que analiza cuándo y cómo se dará el retiro paulatino de las fuerzas castrenses de las calles, donde brindan seguridad ciudadana.
Por Selvin Rustrián.

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En acto especial, la Asociación para el Desarrollo Legislativo (Legis), hizo entrega oficial a la Comisión de Apoyo Técnico y  a la Junta Directiva del Congreso de la República de un ejemplar de la obra que contiene la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, con concordancias, precedentes y su interpretación por la Corte de Constitucionalidad.
El director de la Asociación Legis, Víctor Valverth, resaltó la importancia de la obra “que será una herramienta útil para el desarrollo de las actividades de los legisladores”. Dijo que con Luis Eduardo López, exdirector legislativo, se dieron a la tarea de recopilar los precedentes que tratan de disposiciones interpretativas aprobadas por el pleno del Congreso en materia de debates.
El trabajo incluye la concordancia entre las diferentes disposiciones de la norma y ordenamiento jurídico, entre ellas la Constitución Política de la República, así como agregan fallos, opiniones y dictámenes de la CC.
Por su parte, Rudy Castañeda, tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso e integrante de la Comisión de Apoyo Técnico, resaltó la importancia del trabajo realizado por Legis. “Será utilizada como una importante herramienta para el desarrollo de la labor parlamentaria”, aseveró.
“Casi siempre se cometen errores al elaborar un dictamen o una iniciativa de ley; esta obra será un instrumento valioso que permitirá desarrollar una mejor labor en ese alto organismo del Estado”, agregó.
Por José Luis Hernández

 

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Integrantes de la Mesa Técnica de Seguridad y Justicia, coordinada por el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, diputado Oliverio García Rodas, iniciaron el análisis de  las propuestas de Reformas Constitucionales, iniciativa 5179, la cual fue presentada recientemente al Congreso de la República por los tres Organismos del Estado.
“La mesa técnica (que elaboró la propuesta) produjo un buen documento pero siempre hay algunos aspectos que a consideración de algunas asociaciones,  deben ser ampliados para que no entren el contradicción con otros artículos constitucionales”, comentó el diputado García.
Nidia Arévalo,  directora general del Instituto de la Defensa Publica Penal (IDPP), indicó que ha generado polémica en su discusión el artículo 203 de la Constitución Política de la República, que se refiere a la independencia del Organismo Judicial y su potestad para juzgar.
“Se está ampliando para respetar la justicia  de los pueblos mayas y creemos que la redacción podría mejorarse para que  se reconozca este derecho”, comentó Arévalo.
Dicho Instituto se pronunció  en relación a la reforma del artículo constitucional 205, que establece asistencia legal gratuita para las personas de escasos recursos en todas las ramas de la administración de justicia, y no solo en el área penal. “Nos preocupa debido a los problemas presupuestarios  con que cuenta actualmente el instituto”, añadió la directora del IDPP.
“Nosotros daremos una opinión relacionada con este proyecto  que viene del Ejecutivo, no le podemos hacer cambios,  pero  si  se les harán en el pleno y allí la discusión será pública y transparente”, indicó el parlamentario Fernando Linares, jefe de a bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN).
Por su parte el legislador García Rodas expresó que continuarán recibiendo estos aportes, los cuales son muy importantes ya que nutren la discusión en dicha mesa, con lo cual podrán hacer un informe  completo.
“Estas reformas en materia de justicia son  urgentes, necesarias e indispensables” concluyó.
Por Rosemary Recinos

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En un foro abierto, convocado por los miembros de la Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País del Congreso de la República, se analizaron las experiencias de otros países para la despenalización de la mariguana.
En el foro participó la doctora Carmen Fernández Cáceres, de la Federación Contra las Drogas de México y directora de una organización de Centros Juveniles para la Prevención del Consumo de Marihuana, quien expuso la legislación aprobada en el vecino país con la que se autorizó el uso de esta sustancia con fines terapéuticos.
De acuerdo a lo expuesto por Fernáncez Cáceres, en su país se ha regulado el cultivo y consumo de la marihuana. Inclusive la Suprema Corte de Justicia mexicana autorizó a 4 ciudadanos el consumo de la droga con fines medicinales atendiendo al mismo tiempo sus derechos humanos, sin embargo, los problemas existen y se mantendrán mientras no se lleve a cabo una exhaustiva campaña de prevención.
La experta mexicana explicó los alcances legales y medicinales sobre el cultivo, posesión y consumo de la planta “cannabis”, así también resaltó las ventajas de la despenalización de la siembra con fines puramente medicinales.
Fernández dijo que a la vez que se autorizó su cultivo y uso medicinal, también contemplaron la creación de los mecanismos legales para su control.
Por su parte, el diputado José Conrado García, ponente de una iniciativa de ley cuyo objetivo es la legalización del cannabis, resaltó la importancia en la regularización del cultivo, su producción, comercialización y uso de la planta con fines medicinales, legalizando al mismo tiempo el consumo humano reglamentado para evitar su adicción excesiva.
Finalmente, el doctor Oscar Cóbar, Director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concyt) expuso las bondades de la planta con fines curativos en algunas enfermedades, sin embargo, resaltó que lo que se debe crear es un órgano que permita su vigilancia y control, pero en esencia, la idea de la despenalización y descriminalización es buena.
La mariguana ha sido criminalizada en casi todos los países del mundo desde comienzos del Siglo XX y con mayor énfasis en los países en vías de desarrollo, no así en los Países Bajos, como Holanda, en  la Unión Europea, donde se permite el consumo de este producto en cafeterías debidamente autorizadas y controladas por la justicia para evitar la violencia.
Según organizaciones internacionales, la marihuana, es y ha sido utilizada como planta medicinal y como droga para los adictos al consumo de esta hierba alucinógena, siendo Gran Bretaña uno de los primeros países en legalizarla en el año 1928, al adherirse a la Convención Internacional del Opio, aprobada en Ginebra, Suiza en 1925.
Por José Luis Hernández.

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Integrantes de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN) se reunieron con Aldo García, titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para cuestionarlo sobre la posible compra de 5 puentes Bailey, supuestamente a un costo mayor al aprobado por la junta licitadora.
“Yo improbé la resolución de la junta licitadora que otorgó la compra a una empresa al costo más alto, pues había otras que daban los precios más bajos. Al improbarlo, por ambigüedad en las bases, nuevamente regresó a la junta y ahora debe ratificarlo o improbarlo, porque la compra sería muy alta”, manifestó el funcionario.
Los diputados de la UCN afirman que es improcedente gastar en las referidas estructuras “por no haber emergencia y al costo más alto”.
“Se analizara la documentación entregada por el ministro García y se determinará qué procedimiento utilizaron los integrantes de la junta licitadora para otorgar la compra a dicha empresa, hasta saber esa dedición tomaremos las acciones que sean necesarias”, enfatizó el jefe de bancada, Julio Lainfiesta.
García comentó que hasta la fecha reportan al menos el 40 por ciento de ejecución presupuestaria y esperan cerrar el año con un 62 por ciento.
Por Selvin Rustrián.

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Con la firma de la mayoría de diputados, la Comisión Extraordinaria de Asuntos sobre la Discapacidad firmó el dictamen favorable a la iniciativa de ley 5149 para reformar el Decreto 3398, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Guatemala.
Durante la reunión sostenida por los legisladores que integran la sala de trabajo, el presidente Christian Boussinot aseguró que con la firma se espera que la propuesta sea conocida por el pleno para su pronta aprobación.
La propuesta pretende reformar el artículo 63, adicionando 2 literales para autorizar a entidades específicas para reproducir en sistema braille textos impresos que están protegidos por la Ley del Derechos de Autor y facilitar la educación a las personas no videntes.
Asimismo, se agregará otro punto en el mismo artículo que determina que solo podrán realizar la reproducción de la lectura de las obras en sistema braille las personas con discapacidad visual total o parcial y que estén autorizadas; de lo contrario serán sancionadas.
Los legisladores destacaron que las modificaciones pretenden que las personas con discapacidad visual puedan obtener libros y obras literarias que les ayuden a su formación.
Por Karla Herrera


 

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