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Ante las denuncias de cobros irregulares por concepto de alumbrado público eléctrico y la falta de respuesta por parte de las autoridades, el Diputado Amílcar Pop de la bancada Winaq, solicitó al Estado la intervención de la empresa de energía eléctrica Energuate.
Durante la reunión a la que asistieron los alcaldes de los municipios de San Pablo, Ocos, La Reforma, El Quetzal y San José el Olivo del departamento de San Marcos, se dio a conocer que estas comunas mantienen una deuda por varios millones de quetzales con la distribuidora del servicio, la cual ya les ha emitido orden de corte del servicio del alumbrado eléctrico público.
A la reunión también asistieron el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos; la Directora de Atención al Consumidor (Diaco) Silvia Escobar, el gerente de Energuate, Luciano Galasso; el Ministro de Energía y Minas, Luis Alfonso Chang; así como representantes de la Procuraduría General de la Nación y Procuraduría de Derechos Humanos.
“Estamos viendo un problema grave en varios municipios del país con cobros ilegales y tráfico de influencias. Ante esta violación a la población guatemalteca, es necesario que se intervenga la empresa para resolver el problema de estos cobros ilegales”, dijo el diputado Pop.
Por su parte la directora  de la Diaco, destacó que se deben suspender las órdenes de corte en los municipios donde no está esclarecido el cobro  y los aumentos en las tarifas por el alumbrado eléctrico.
Finalmente se dio a conocer que se tratará de realizar una mesa de diálogo con los involucrados en el tema para buscar los mecanismos que permitan que las deudas de las municipalidades del país no continúen incrementándose.
Por Karla Herrera.

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La Comisión de Derechos Humanos, que preside Ronald Arango, promoverá una reforma integral al Sistema Penitenciario, para lo cual convocará al Ministerio Público, Instituto de la Defensa Público Penal, Organismo Judicial y autoridades gubernamentales.
La decisión se tomó después de escuchar los resultados del informe presentado por la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Sistema Penitenciario, Ministerio de Gobernación y Procuraduría de Derechos Humanos, respecto de los hechos violentos ocurridos el lunes 18 en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón.
“El control ha sido retomado en un 100 por ciento”, expresó Nicolás García, recién nombrado titular de la Dirección del Sistema Penitenciario: “Fue lamentable lo que sucedió; yo estoy comprometido con la institución que represento a velar porque esos hechos no vuelvan a suceder”, agregó.
Según dijo, en la medida en que la autoridad resuelva los problemas de los reclusos se tiene el control. “Si controlamos los penales controlamos la delincuencia en las calles, porque ahí se encuentra el centro de operación” aseveró García.
Sin embrago, Carlos Alberto Solórzano, relator presidente de la Oficina de Prevención de la Tortura, mencionó que el sistema “está completamente abandonado”, pues imperan la corrupción, hechos ilícitos, falta de custodios y hacinamiento. “Este no es un sistema penitenciario; es un sistema carcelario y se necesita su refundación; no es cierto que estos centros estén controlados, pues no se puede entrar allí sin poner en riesgo la vida”, indicó.
El diputado Arango, del bloque Todos, comentó que el sistema es un caos y no es operativo. “Es imperioso trabajar en una reforma integral, que involucre a los tres poderes del Estado y a todas las entidades involucradas, para analizar y cambiar las leyes que sean necesarias”, manifestó, al mencionar que se podría convocar en 15 días a la instalación de mesas de trabajo para tratar el tema.
Por Rosemary Recinos

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Las diputadas representantes del departamento de Chimaltenango, Delia Back y Eva Monte de la bancada Alianza Ciudadana, sostuvieron una reunión con funcionarios de salud para determinar las cifras reales de muertes materno infantiles en dicho departamento.
Los funcionarios citados fueron el director del Área de Salud, Miguel Ángel Gonzales; el Director General del Hospital de Chimaltenango, Amílcar Anleu Rodríguez; Mirna Monterroso, del Observatorio de Salud Reproductiva; Roberto Molina de la Mesa de Vigilancia de Muerte Materno infantil del Ministerio de Salud Pública y Varinia Pinto Directora de Materno Infantil del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a quienes increparon por el considerable incremento de ese tipo de decesos en lo que va del año.
“Estoy asustada, porque al nacer el bebé puede morir, es una vida. ¿Qué vamos hacer en Chimaltenango? Esta reunión no es solo para regañarlos, es para buscar soluciones a los 147 casos en este semestre, lo cual es preocupante”, manifestó la parlamentaria Delia Back.
Por su parte, las autoridades de Salud sostienen que las estadísticas que manejan las parlamentarias no son las correctas, ya que según ellos hasta la fecha van 124 casos, una cifra que es el estándar adecuado en estos casos.
Los funcionarios justifican que la cifra es aceptable dada la situación del país, en donde los hospitales funcionan con pocos insumos y las niñas embarazadas llegan a dar a luz con problemas de desnutrición los cuales también afectan a los fetos.
“Es un milagro lo que se hace dentro del hospital, estamos sin insumos no tenemos medicamentos, no hay personal. Es un milagro que los niños que nacen sobrevivan. No podemos remitir a las madres a otro centro asistencial por que están igual que nosotros, en condiciones de sobrepoblación y sin material para trabajar”, expresó el director del Hospital de Chimaltenango Amílcar Anleu Rodríguez.
Al finalizar la reunión, la parlamentaria Eva Montes manifestó que promoverán una serie de capacitaciones en el departamento para disminuir los índices de muertes materno infantiles con lo que esperan que dentro de tres meses la cifra disminuya.

Por Selvin Rustrián.
 

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El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, no acudió este martes a la segunda citación que le hizo la comisión legislativa del ramo, con el propósito de que rindiera información acerca de los hechos violentos registrados el lunes 18 en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón y otros temas relacionados con el Sistema Penitenciario, por lo que sería el primer ministro es ser sancionado por no acudir al Congreso de la República, de acuerdo con el Decreto 13-2016.
“Es preocupante la segunda excusa del Ministro de Gobernación; le hicimos la primera citación con el fin de verificar los hechos ocurridos en esa cárcel y hoy nuevamente lo citamos para que informara. Vamos a levantar dos actas en la Comisión, porque creo que es una falta de respeto para nosotros como diputados”, refirió Napoleón Rojas, de la bancada Unión del Cambio Nacional y presidente de la sala legislativa.
El Decreto 13-2016, mediante el cual se reformó el 17-73, que contiene el Código Penal, establece: “Comete el delito de incumplimiento de funcionarios y empleados públicos de acudir a citaciones legislativas, el Ministro o Viceministro que deba representarlo o el funcionario o empleado público que por cualquier concepto maneje, administre, custodie, ejecute o reciba fondos públicos, o que se le requiera para tratar asuntos relacionados con negocios del Estado, que no comparezca sin causa justificada luego de haber sido citado o invitado a asistir a informar ante el Congreso de la República, sus comisiones o bloques legislativos, con una anticipación de cuatro días hábiles, será sancionado con prisión de dos a tres años. Se tendrá por plena justificación la enfermedad plenamente acreditada antes o veinticuatro horas después de la hora fijada para la citación”.
Este martes, antes de la reunión de la Comisión de Gobernación acudió un asesor del titular de la cartera del Interior, quien explicó que Rivas no asistiría por estar en una gira departamental.
El parlamentario Rojas afirmó que citará de nuevo al funcionario para que la próxima semana informe de los temas aludidos.

Por José Castellanos

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El diputado Marcos Yax, quien preside la comisión Legislativa de Pueblos Indígenas, dio a conocer que Guatemala se prepara para ser el país anfitrión de la décimo sexta Asamblea del Parlamento Indígena de América (PIA).
La XVI PIA tendrá la participación de parlamentarios que representan a la comunidad indígena de 22 países de Latinoamérica, según explicó el diputado Yax de la bancada Frente de Convergencia Nacional.
Dicho evento se llevará a cabo los días 18 y 19 de agosto y tiene como objetivo principal discutir diferentes temas como la discriminación y el racismo en las sociedades latinoamericanas, la contaminación de ríos y lagos, el medio ambiente y las oportunidades políticas que se necesitan para obtener avances en sus comunidades.
El congresista indicó que hay varias instituciones que participan en la coordinación de este evento, el cual pretende exponer al mundo la cultura, la riqueza que tiene el país. Esta reunión continental también aprovechará la oportunidad para que la asamblea sea dada a conocer como un acontecimiento histórico para los países latinoamericanos.
“Quiero agradecer al presidente del Congreso de la República, diputado Mario Taracena por su apoyo, así como al Ministerio de Cultura y Deportes, al Inguat, por el aporte y el compromiso para este magno evento”, resaltó el diputado Yax.
El Parlamento Indígena de América (PIA), es un organismo continental y supranacional, permanente donde los Parlamentarios Indígenas de América discuten y dan a conocer los problemas que afectan a los indígenas y proponen medidas adecuadas para la superación de los mismos.
El AIP fue fundado el 29 de agosto de 1987, en la ciudad de Panamá y ratificado en la segunda reunión de legisladores indígenas, realizada en la ciudad de Managua, Nicaragua, del 29 al 31 de agosto de 1988. Este foro promueve la libertad, la paz, la justicia, la equidad de género, respeto a los derechos humanos, el bienestar y el desarrollo en beneficio de los Pueblos Indígenas de América así como la legislación a favor de los mismos.

Por Elizabeth Linares
 

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Con la finalidad de conocer los gastos de la delegación guatemalteca que participará en los juegos olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, el diputado Leonel Lira, de la Bancada de Encuentro por Guatemala, se reunió con Gerardo Estrada Mayorga, gerente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).
Durante la reunión el congresista manifestó su preocupación por “el alto costo” del boleto aéreo del presidente del Comité Ejecutivo, Gerardo Aguirre, con un valor de al menos Q14 mil, en primera clase, “mientras que los atletas y otros integrantes de esa instancia viajarán en clase económica, con boletos de aproximadamente Q7 mil”.
“Me parece algo injusto que 2 personas del Comité viajen en primera clase y con viáticos de US $240 diarios, sin necesidad de presentar facturas, mientras los atletas, que nos representan y se han esforzado, viajan en clase económica y con US $100 dólares diarios”, expresó.
El gerente del COG explicó que la diferencia de precios se debe a las fechas de los boletos, “porque se compraron sin licitación y los gastos son más por el transporte y los precios altos en Brasil”.
Según lo dado a conocer, la delegación guatemalteca consta de 45 personas: 21 atletas, 16 entrenadores, 3 fisioterapistas y 5 integrantes de misión.
Al finalizar la reunión se acordó que al retornar de Río de Janiero se espera tener una nueva cita, para conocer un informe de los gastos realizados durante la justa deportiva.
Por Karla Herrera

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La diputada Sandra Morán, jefa de la bancada Convergencia, instaló la mesa de trabajo para la construcción conjunta de una propuesta de Política Pública para la Reparación Digna y Transformadora de Víctimas de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada dirigida a Niñas y Adolescentes en Guatemala.
A la convocatoria acudieron María Eugenia Morales, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia y representantes del Ministerio Público, Ministerio de Educación e Instituto de la Defensa Pública Penal.
La magistrada Morales hizo ver la necesidad de establecer un registro de delincuentes, que permita el control y ubicación de quienes han sido agresores sexuales, aún después de cumplida su condena. “El objetivo es el de evitar que puedan agredir nuevamente a otras víctimas”, señaló la magistrada.
Dentro de las temáticas principales se encuentran reformas legales que viabilizarían la efectiva reparación integral a sobrevivientes de este tipo de violencia, así como educación en temas reproductivos.
“El objetivo es garantizarles a las víctimas de estos hechos el último eslabón del acceso a la justicia, con medidas que les permitan continuar con su proyecto de vida, ya que en la actualidad enfrentan la maternidad o embarazos forzados sin ayuda del Estado”, indicó Paula Barrios de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo.
Señaló que tanto niñas como adolescentes quedan en una situación desprotegida, al no poder solventar económicamente la manutención y cuidados de los niños nacidos como consecuencia de una violación.
“Lo que pretendemos es que en el término de dos meses podamos presentar una Iniciativa de Ley o una propuesta de Política Pública” expreso la diputada Morán.
Agregó que el Estado ha fallado por que no se ha logrado fortalecer la prevención de la violencia sexual.
“Se debe establecer qué función le corresponde a cada Ministerio, Secretarias  y Organizaciones, en la construcción de esta política integral de reparación” concluyó la parlamentaria.

Por Rosemary Recinos.
 

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La Comisión Permanente del Congreso de la República, que preside el diputado Mario Taracena, y la Instancia de Jefes de Bloque acordaron convocar a los diputados para que asistan el martes 2 y el jueves 4 de agosto para iniciar el segundo período ordinario de sesiones del año, con el propósito de continuar con la agenda legislativa.
Entre los temas a tratar están la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone aprobar el Código Guatemalteco de Migración, así como el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de US$ 120 millones, para ejecutar el programa de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para la Universidad de San Carlos.
Taracena también informó sobre la necesidad de ejecutar un proyecto de ampliación de la infraestructura de las instalaciones del Parlamento, debido a que las actuales son deficientes para atender los requerimientos de los congresistas, por lo que se plantea un proceso de expropiación para adquirir dos inmuebles y no pagar más alquileres.
“Se va a pagar lo que el avalúo diga; las propiedades están en la 9ª. avenida y 10ª. calle, que tiene varios locales comerciales, y el otro es el Edificio Fernández, contiguo a la Casa Larrazábal. Lo primero que el Congreso tiene que hacer es ser dueño de los terrenos y esto nos va a permitir contar con más espacio”, señaló Taracena.
En otro tema, dijo esperar que esta semana se publique en el Diario de Centro América el Decreto 36-2016, que contiene la Ley de Servicio Civil del Congreso de la República, la cual establece la creación de manuales de clasificación de puestos, salarios y evaluación de desempeño, y evita el abuso de poder y el desorden administrativo.
“Con esta normativa se prohíbe la contratación de familiares de trabajadores y diputados; el aumento del 10 por ciento anual será otorgado sobre el salario base, se promueve el retiro voluntario y los trabajadores no podrán ganar más que un congresista, entre otros aspectos positivos”, refirió Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza.
Por Elizabeth Linares

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Después de los hechos registrados en el Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, donde fallecieron 14 privados de libertad y 2 resultaron heridos, diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), citaron al viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán; al director en funciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Lemus; al titular del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Jorge Cabrera; y al jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, para que detallaran las acciones ejecutadas como parte de las investigaciones para esclarecer el suceso e identificar a los autores.
Orlando Blanco, jefe del bloque uneísta, expresó que lo ocurrido “es un reflejo del abandono” de las prisiones, donde los reclusos “son los que mantienen el poder”.
El parlamentario indicó que “es preocupante” que la Dirección General de Inteligencia Civil, Inteligencia Militar, Dirección General del Sistema Penitenciario y Consejo Asesor de Seguridad no hayan advertido la posibilidad de algún ataque dentro del penal.
Al respecto, el viceministro Guzmán aseguró que no se tuvo ninguna información, pero que las investigaciones de lo ocurrido las realizan el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. El funcionario descartó por el momento que existan sospechas acerca de una participación de guardias del penal en el suceso.
De León Duque aseguró que la reacción de la PNC se dio tres horas después del ataque contra los reos, según se estableció después de la entrevista al director del penal y a los guardias que estaban de turno el lunes 18.
Las autoridades afirman que la teoría principal del ataque contra Byron Lima Oliva fue coordinada por Marvin Montiel, alias “El Taquero”, por una riña por el control del lugar.
Cabrera, director del Inacif, dijo que no se localizaron esquirlas de granada en los cuerpos, que todos fueron asesinados con armas de fuego y que, posiblemente, puedo haber alteración de la escena.
Según Blanco, el ataque fue bien planificado y genera dudas que ninguno de los entes de Inteligencia hayan tenido información o indicios de alguna acción delictiva, por lo que se citará nuevamente a las autoridades para saber cómo avanzan las investigaciones.
Datos:
• Los disparos se dieron a una distancia de 40 centímetros.
• Las armas utilizadas fueron calibre 9mm.
• Solo había 25 agentes de presidios para resguardar a 2 mil 800 reos.
• El protocolo de seguridad de los guardias fue resguardarse en una oficina, para salvaguardar su vida.
• El Inacif solo evaluó 2 personas heridas.
Fuentes: Inacif y PDH.
Por Byron Ramírez

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