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En una reunión convocada por la congresista Nineth Montenegro, del bloque Encuentro por Guatemala, se cuestionó el beneficio que traería para el país la construcción del Centro Administrativo del Estado (CAE) cuya inversión requerirá de unos US$200 millones.
La parlamentaria Montenegro, adversa la viabilidad del mega-proyecto que estaría ubicado sobre los terrenos de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), en la zona 1 y también cuestiona que el mismo sea una prioridad y de beneficio para el país.
Tanto el ministro de Finanzas Publicas Julio Héctor Estrada, como el representante de la Municipalidad Capitalina Álvaro Hugo Rodas explicaron que el proyecto seria de beneficio, porque al edificio se trasladarían todas las oficinas públicas de los ministerios, secretarías y fondos.
El ministro Estrada estimó que actualmente las instituciones del Estado pagan grandes cantidades en alquiler, pero con la construcción del CAE se ahorrarían aproximadamente Q300 millones al año.
Por su parte los representantes de la Mesa Técnica del Centro Histórico indicaron que están en contra de este proyecto porque se estaría atentando contra una gran parte del Patrimonio Cultural de la Nación aledaño a las instalaciones, entre ellos la Ciudad Olímpica, Centro Cívico y el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, según dio a conocer Juan Alberto Monzón, integrante de la Mesa Técnica.
Debido a que este proyecto seria avalado por la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) creada con la ley de Alianzas Público-Privadas, el contrato debe ser aprobado por el Congreso de la República.
Por José Castellanos.

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El diputado Leocadio Juracán del bloque legislativo Convergencia, presentó este miércoles a Dirección Legislativa una Iniciativa de Ley que pretende declarar área protegida el Cerro Las Granadillas, localizado en la región del municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula y que colinda con Honduras.
El proyecto fue consensuado con los movimientos sociales, pobladores y la iglesia, quienes solicitaron que se proteja esta área de bosques y montañas, las cuales albergan nacimientos de agua que surten este vital líquido a comunidades en Zacapa y Chiquimula.
El parlamentario señaló la importancia de proteger este cerro ya que es una región que ha sido muy afectada por la sequía, con lo cual, su protección puede aportar a la producción de alimentos y garantizar el suministro de agua a los vecinos.
“Es importante que empecemos a conocer la participación que han tenido los pueblos y sobre todo con la visión cosmogónica, de las comunidades y del derecho colectivo que tiene la población sobre el agua”, refirió el congresista.
Según el diputado Juracán, es importante declarar esta montaña como área de reserva porque en ese lugar se aglutina la biodiversidad de flora y fauna local con lo cual se brindará un gran aporte a todas las comunidades que habitan a su alrededor.
Por Elizabeth Linares

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En el análisis de la propuesta de presupuesto 2017 que realizan los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso a través de las audiencias públicas, este día fue el turno de los ministerios de Salud Pública y de Educación de defender su proyección de gastos.
Según se conoció en la reunión, la cartera de Educación solicitó Q500 millones más de lo que está reflejado en el anteproyecto presupuestario presentado por el Ejecutivo.
Varios diputados cuestionaron la decisión de la ministra Lucrecia Hernández de mantener el presupuesto asignado en el anteproyecto(Q6,819 millones), pese a las precariedades y las necesidades actuales que ha provocado una crisis que casi ha llevado a colapsar el sistema de salud.
“Sabemos que hay crisis en la red hospitalaria, pero esperamos asegurar estos recursos. Confiamos salir adelante con el presupuesto asignado, que tiene aspectos para detener el colapso en salud. Creemos que es un presupuesto que podríamos ejecutar bien. Al solicitar más fondos estaríamos dándonos un tiro en el pie si no logramos ejecutarlo”, manifestó la ministra Hernández.
“Reestructuremos la salud, díganos como lo quieren, hasta estamos dispuestos a mejorar el presupuesto, la mesa esta libre para su petición, pero es cuestión de ustedes”, cuestionó el presidente de la Comisión de Finanzas, Jairo Flores al conocer que la funcionaria de Salud no solicitaría más fondos.
Flores también comentó que con Educación y Salud  estarían dispuestos a ayudarlos.
Por esta medida los integrantes de la sala legislativa analizarán si a Educación y Salud se les aumenta más su presupuesto de lo que se estableció en el anteproyecto, determinando que son temas de prioridad para el país.
“Estamos consientes que tenemos que llevar más niños a las escuelas y tener más cobertura a nivel nacional y para ello se necesitan recursos. Sin el aumento tendríamos dificultades y si hay posibilidades solicitamos Q500 millones más de lo que ya está proyectado, con lo cual sumarían 14,262 millones de quetzales”, dijo el encargado de la cartera de Educación Oscar Hugo López.
A los dos ministros se les entregó una carta por parte de la Comisión de Finanzas para que ellos decidan a cuales ONG´s se les asigna y a quienes se les retira del presupuesto del 2017.
Por Selvin Rustrián.

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Integrantes de la Mesa Técnica de Seguridad y Justicia, coordinada por el diputado Oliverio García Rodas, continúan el análisis de la iniciativa 5179, que establece reformas constitucionales en la materia con las ponencias del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el consorcio de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) con las universidades Rafael Landívar y San Carlos.
El proyecto de ley consta de 25 artículos que establecen modificaciones en temas de función pública, prerrogativas de los diputados, independencia del Organismo Judicial, requisitos para ser magistrado, carrera judicial y elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otros puntos.
Durante la reunión se escucharon las distintas inquietudes de los asistentes. “Hay necesidad de reformas, pero no solo del sector justicia; nuestra Constitución es un todo y la reforma debe ser integral”, manifestó Marco Antonio Sagastume, presidente del CANG.
Por su parte, Javier Monterroso, consultor del IeCCP, externó: “De lo que se trata es de lograr el mayor acuerdo posible, porque siempre van a haber diferencias; creemos que esta propuesta es la suma del proceso de diálogo que se realizó con anterioridad y ahora le corresponde al Congreso debatir este tema”.
Añadió que es urgente abordar y aprobar las reformas antes de que concluyan su periodo los actuales magistrados de la CSJ, por el tiempo que conlleva el proceso que incluye una consulta popular.
“Es importante el tema de la carrera judicial para que los jueces que comenzaron desde abajo y que tienen un alto conocimiento en la materia tengan la oportunidad de optar a altos cargos”, señaló German Velásquez, subjefe del bloque del Partido Patriota (PP).
García Rodas comentó que la próxima mesa será el miércoles 9 de noviembre para recibir los aportes de representantes de la Corte de Constitucionalidad y de la Asociación de Jueces y Magistrados. “Con esa reunión concluiremos para empezar a redactar el informe correspondiente, que se entregará al pleno antes del 20 de noviembre”, aseveró.
Por Rosemary Recinos.

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Diputados que integran la Comisión del Migrante se reunieron este miércoles para depurar los expedientes de los candidatos a optar para el cargo de Secretario y Subsecretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).
Durante la reunión el diputado Paul Briere, presidente de esta sala de trabajo, se inhibió de continuar participando en la sesión de trabajo ya que es uno de los aspirantes para optar el cargo a secretario ejecutivo de Conamigua.
El congresista Manuel Giordano, vicepresidente de la comisión referida, quedó con la responsabilidad de llevar a cabo este proceso de elección, el cual se realiza con la presencia de un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos para garantizar la transparencia del mismo.
Los asesores de esta sala legislativa efectuaron un pre chequeo de los 45 expedientes presentados, de los cuales quedaron 19 para ser revisados por los integrantes de la comisión. El resto de ellos no cumplían con los requisitos solicitados en la Ley de Conamigua.
El diputado Giordano dio a conocer que de los expedientes revisados 14 quedaron fuera y 5 expedientes pasarán, la próxima semana a la siguiente fase.
“Tomamos  la decisión de convocar para el otro miércoles a las 2 de la tarde  para revisar los expedientes que según los asesores de esta sala de trabajo si pasan y cumplen con los requisitos”, dijo el parlamentario Giordano.
Los nombres de las personas que quedaron fuera del proceso de elección a Secretario y Subsecretario Ejecutivo de Conamigua son:
Edwin Noel Peláez Cordón
Guido Estuardo Albani Maldonado (Declinó).
Ana Lucia Jiménez Raudales.
Estuardo Waldemar Alvarado Pelaez.
Arturo Alfredo Herrador Sandoval.
Iris Orfilia Villegas.
Nery Alejandro Marín Marroquín.
Marlyn Jeazbeth Cano Marroquín.
Carlos Humberto Mancúr Milián.
Héctor Raúl Hernández Figueroa.
José Roberto Hernández Guzmán.
Freddy  Ramón Sánchez Gaitán.
Fernando Esteban Calvillo Calderón.
Hilda Margarita Franco Hernández.

Por Elizabeth Linares.

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Integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas, que coordina el diputado Marcos Yax Guinea, presentaron este martes en la Dirección Legislativa, un proyecto de reformas a la Ley del Patrimonio Natural y Cultural de la Nación, que tiene como objetivo aplicar sanciones drásticas a toda persona que se encuentre culpable de delitos ambientales como la tala ilegal de los bosques y el tráfico de flora y fauna silvestre.
La normativa vigente cuenta actualmente con sanciones para el caso de tráfico de fauna de Q5 mil a Q20 mil y penas de 5 a 10 años de prisión. Con este proyecto se establecen que estas sanciones sean más duras, proponiendo penas de 8 a 15 años de cárcel y multas económicas que van de Q10 mil a Q1 millón para estos delitos.
Asimismo, con esta iniciativa se crean las figuras de responsabilidad penal, administrativa y civil en relación con los daños y perjuicios por destrucción, deterioro y vulneración del patrimonio natural, con lo que se busca que la persona individual, jurídica, pública o privada se vea obligado a trabajar en mecanismos viables y efectivos para la reparación y restauración en materia ambiental, además de cumplir con las penas establecidas en dichas reformas.
Elder Figueroa, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), disertó sobre la importancia del fortalecimiento de la ley. “Lamentablemente el Conap no cuenta con los recursos financieros para el mapeo y control de las áreas donde se registra este flagelo, lo que hace vulnerable al territorio guatemalteco de gran pérdida y degradación del hábitat de muchas especies consideradas endémicas”, aseguró.
Por su parte, el congresista Yax Guinea, del Frente de Convergencia Nacional (FCN), manifestó su agradecimiento a instituciones como el Conap, Ministerio de Cultura y Deportes, la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, del Ministerio Público, Instituto Nacional de Bosques (Inab), Ministerio de la Defensa y a la organización no gubernamental Foro de Justicia Ambiental de Petén, por el apoyo durante cinco meses de trabajo, “lo cual permitió la construcción de un proyecto de ley que provee las herramientas necesarias y genera conciencia en las generaciones futuras de la importancia de la defensa de nuestros recursos naturales”.
Según el reporte de Incentivos Forestales del Inab 2010-2016, anualmente hay una deforestación promedio de 60 mil 616 hectáreas de bosque en comparación con las 73 mil hectáreas registradas de 2004 a 2009, lo cual da una reducción anual de no menos del 12 por ciento anual. El 34.7 por ciento del territorio nacional es bosque, con un total de áreas protegidas de 328, las cuales resguardan al 54 por ciento del total de la cobertura boscosa del país.
Por Karen Mendoza

 

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La Comisión de Salud del Congreso de la República presidida por el diputado Luis Hernández Azmitia, de la bancada Movimiento Reformador se reunió este martes con el viceministro de salud, Adrián Chávez García para determinar las causas del elevado número de casos de cáncer cervicouterino en el país.
Hernández, señaló que “por negligencia o falta de interés” del Ministerio de Salud, desde septiembre de este año 20 mil pruebas para detectar esta enfermedad están retenidas en las aduanas.
“Estas podrían haber evitado la muerte de 512 mujeres”, ya que con estas pruebas denominadas Tamizaje de ADN, se detecta el virus del papiloma Humano (VPH), lo cual hace que se detecte y se prevenga tempranamente este tipo de cáncer.
Estadísticas del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), señala que el cáncer cervicouterino es la principal causa de muerte en mujeres comprendidas entre las edades de 30 y 50 años, por lo que el Tamizaje de ADN, es de suma importancia para evitar este padecimiento, señaló Mirna Montenegro directora de OSAR.
El viceministro de salud, Adrián Chávez García señaló que el retraso en la salida del medicamento de la aduana “no es un asunto del Ministerio de Salud”, sino que esto se debe a trámites que se deben verificar como parte del convenio con el ente donante, con el fin de no incurrir en ilegalidades.
El diputado Hernández Azmitia, por su parte expresó que el Ministerio de Salud debería de agilizar que las 20 mil pruebas estén en el campo ya que las mismas vencen en junio del próximo año.
Agregó que al tener estas pruebas no solo tendrían un mecanismo de prevención, sino además de ahorro para el Estado de Guatemala y para las personas que van en busca de atención en los hospitales privados, ya que el tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), tiene un costo promedio de Q28 mil a la semana.
Para verificar el trámite y la solución que le dará el Ministerio de Salud a las 20 mil pruebas de Tamizaje de ADN, el presidente de la Comisión solicitó al viceministro enviar el miércoles 26 de octubre un cronograma de las acciones con las que se le dará seguimiento al tema y así evitar más muertes de mujeres por esta enfermedad.

Por Byron Ramírez.

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En una reunión que sostuvo la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, que preside el parlamentario Ovidio Monzón, se analizaron las posibles sanciones por parte de un panel arbitral que media lo contencioso laboral entre Guatemala y Estados Unidos, en el Marco del Tratado de Libre Comercio (TLC).
Desde hace quince años el Estado de Guatemala se comprometió a hacer reformas en materia laboral, con el objetivo de devolverle al Ministerio de Trabajo su capacidad sancionatoria. “Sin embargo, esos compromisos no se cumplieron y el panel ya emitió una resolución preliminar”, comentó Monzón, del bloque Todos.
Detalló que es la primera vez que se establece este tipo de panel arbitral, en un país perteneciente al TLC, “lo cual es preocupante pues afectará definitivamente en aspectos económicos y comerciales”.
“Por parte de Estados Unidos se señala que el Estado de Guatemala no está cumpliendo adecuadamente con la normativa laboral, que no se realizan inspecciones que garanticen el cumplimiento de las condiciones necesarias para el trabajador y que no se facilita la inscripción sindical”, expresó Rubén Morales, ministro de Economía.
“Consideramos que en un 85 por ciento las pruebas presentadas se basan en declaraciones que no tienen fundamento y, por lo tanto, son inadmisibles”, agregó.
El funcionario dijo que se constituyó una comisión interinstitucional, integrada por la Procuraduría General de la Nación y los ministerios de Economía, Trabajo, Finanzas Públicas y Relaciones Exteriores, para atender estos reclamos, la cual enviará los argumentos y comentarios correspondientes para que sean evaluados, y se espera en el primer trimestre del 2017 el tribunal arbitral emita su laudo definitivo.
Por su parte, Aura Leticia Teleguario, titular de la cartera de Trabajo, anunció que en breve se presentarán al Organismo Legislativo dos iniciativas de ley. La primera para el fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo y la segunda para armonizar las leyes nacionales con las internacionales en relación con el Convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo, que trata de la libertad sindical.
“Hemos buscado el consenso entre empleadores y trabajadores con el objetivo de que estos proyectos cumplan con las demandas de ambas partes, en respuesta a los convenios que el país ha ratificado con anterioridad”, aseveró la ministra.
Por Rosemary Recinos.

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La comisión de Turismo del Congreso de la República, presidida por el diputado Santiago Nájera, recibió este martes a los directivos de la Asociación Guatemalteca de Agencias de Viajes (AGAV),  con el fin de escuchar sus propuestas para fortalecer el contenido de la iniciativa de Ley 4787 reformas al Decreto 1701 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).
Dichas reformas al INGUAT se encuentran en su segunda lectura en el Pleno Legislativo y su objetivo es el de modernizar y actualizar dicha normativa de acuerdo a la realidad así como elevarla para alcanzar los entándares nacionales como internacionales.
La propuesta plantea que se integre una Junta Directiva del INGUAT la cual estaría integrada por representantes, tanto del sector privado como público para que dirijan y administren la institución. También se propone la creación de la Secretaria de Turismo de la Presidencia de la República la cual actuaría como el enlace administrativo entre el INGUAT y el Organismo  Ejecutivo.
El diputado Santiago Nájera, integrante de la bancada UNE y presidente de la Sala de Turismo indicó que las audiencias públicas continúan el miércoles 26 de octubre con otras entidades relacionadas con la industria turística con el objetivo de escuchar sus propuestas. “Lo más importante es que se reciban los planteamientos y se presenten las enmiendas en el pleno ya que esperamos que sea aprobada la ley este año”, dijo el diputado de la UNE.            
María Casasola, presidenta de AGAV refirió que están interesados en pertenecer en la Junta Directiva del INGUAT para presentar los planes de trabajo y se fomente el turismo en el país para que se tenga el desarrollo económico y social a favor de la población Guatemalteca. 
Por José Castellanos.

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