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Carlos Chavarría, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, e integrante de la Comisión del Deporte del Congreso, acompañado de la titular de la Comisión Normalizadora de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), Adela de Torrebiarte, entregaron al presidente del Congreso, Mario Taracena, la iniciativa de ley que dispone aprobar reformas al Decreto número 76-97, que contiene la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.
El parlamentario señaló que las modificaciones establecen diversos cambios que “buscan hacer eficiente, transparentar y tener una mayor inclusión de todos los sectores” para la elección de las autoridades del fútbol, como lo establece la FIFA.
Cambios
Entre los cambios está ampliar la conformación de los electores incluyendo árbitros, jugadores y entrenadores.
Se establece la ampliación del padrón electoral, de 44 a 66.
Los Comités Ejecutivos deberán tener como mínimo una mujer como integrante.
Se aumenta el número de miembros de los Comités, incluyendo fútbol femenino, fútbol playa y fútsala.
La reforma establece que en caso hubiera una contradicción entre la ley y cualquier estatuto o reglamento con la Carta Olímpica, esta última prevalecerá, lo cual le daría independencia, pues prevalecerán las disposiciones internacionales.
“Lo que se está pidiendo es una reforma para que se avance en las solicitudes realizadas por la FIFA”, afirmó De Torrebiarte, quien agregó que se busca transparentar aún más las elecciones de los directivos del fútbol.
Por su parte, el diputado Chavarría señaló que con el apoyo del presidente del Congreso se espera tener los consensos necesarios con las demás bancadas, para buscar que la propuesta sea declarada de urgencia nacional.
Por Byron Ramírez

 

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La solicitud de un préstamo de 120 millones de dólares, destinados para proyectos de inversión y ampliación de las unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala en varias provincias, tendría dictamen el próximo 4 de agosto por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, informó el diputado Jairo Flores, presidente de la citada sala de trabajo legislativa.
De acuerdo con el proyecto de decreto, el préstamo será otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, (BCIE) pagaderos a 20 años plazo y será utilizado en la construcción de 14 nuevos Centros Regionales en el interior de la República y un porcentaje será destinado al Campus Central.
El legislador Flores España, informó que para la aprobación de este millonario empréstito la casa de estudios deberá cumplir con algunas condicionantes a pesar de las protestas y amenazas de procesos judiciales de algunas personas.
Entre las condiciones que debería cumplir la USAC está que esta se inscriba en los portales Guatenóminas y Sicoín y que se haga acompañar de organizaciones como Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Acción Ciudadana y el Centro de Investigaciones Económicas (Cien) para que la inversión sea transparente.
El diputado negó que estas medidas constituyan una violación a la autonomía universitaria. “Lo que estamos haciendo es apoyar la reforma universitaria, su extensión y cobertura, para que todos los guatemaltecos tengan oportunidad de cristalizar sus deseos de superación”, puntualizó el diputado Flores.
La Universidad de San Carlos, cuenta con 41 unidades académicas, 204 carreras entre pre-grado y grado, así como 246 carreras de postgrado a la fecha.

Por José Luis Hernández.
 

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La bancada Encuentro por Guatemala interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, para que se investigue a quienes dirigieron el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Fondo Social de Solidaridad; Dirección General de  Caminos; a los directivos de la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán, durante el periodo 2012-2015 debido a que habrían incurrido en los delitos de Asociación Ilícita y Fraude.
La denuncia penal fue solicitada por los diputados Nineth Montenegro, Doriam Delfino Taracena, Héctor Leonel Lira, Luis Fernando Montenegro y Erick René Lainfiesta, debido al posible fraude que habrían cometido en la suscripción de contratos de supervisión, “ya que sorprendentemente todos fueron adjudicados por excepción y de manera restringida”, expresa la denuncia presentada.
Dentro de la acusación, se señala que en su calidad de funcionarios adjudicaron los contratos, “posiblemente como paso previo para simular el servicio otorgado mediante los contratos de  dragados” por lo cual los legisladores deducen en su denuncia que ya existía un plan previamente pactado con la mayoría de constructoras involucradas en el caso cooptación del Estado.
Se señala que el Ministerio de Comunicaciones adjudicó treinta y seis contratos de dragados y treinta y dos contratos por supervisión de obra, por un monto de  mil setecientos cuatro millones de quetzales.
La denuncia afirma que de los contratos por dragados, treinta y tres fueron adjudicados por el Fondo Social de Solidaridad por medio de un fideicomiso, por un monto de  mil cuatrocientos catorce millones de quetzales.
Los diputados exponen en la denuncia que dicha cantidad no incluye los contratos de consejos Comunitarios de Desarrollo, municipalidades; portuarias u otro en particular.
Por ello solicitaron a la fiscal General, Thelma Aldana iniciar la investigación de adjudicaciones y los pagos por medio de las constructoras especializadas en dragados, alquiler de maquinaria, en virtud de que “existe la posible concurrencia de fraude y que a los contratistas se les facturaba por servicios intangibles, simulados y difíciles de rastrear”.  


Por Byron Ramírez.
 

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Diputados del bloque legislativo Alianza Ciudadana citaron a Mario Méndez Montenegro, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), para que explicara el atraso en la contratación de los extensionistas que se requieren para propiciar el desarrollo agrícola en las comunidades, así como la forma de entrega del cupón con el que los campesinos pueden recibir fertilizante.
La diputada Delia Back indicó que son 1 mil 20 extensionistas los que debieron contratarse en el mes de marzo y a la fecha solo se han celebrado 77 contratos. Además señaló que las personas no llenan los requisitos que se requieren para dicho puesto.
Asimismo, la legisladora solicitó información sobre la entrega de un cupón por un valor de Q200, el cual será entregado a organizaciones campesinas para que puedan cambiarlos por fertilizantes. “Queremos saber a qué organizaciones se van a entregar para que haya transparencia en el manejo de estos cupones”, refirió la congresista.
El titular del MAGA respondió que la contratación de los extensionistas se efectuará a más tardar esta semana para tener lo antes posible al personal adecuado que atienda este programa. “El problema fue que se hizo una convocatoria abierta por lo que se presentaron miles de expedientes. Esperamos en estos días estar listos para empezar a emitir los contratos”, explicó el ministro Méndez.
“En el caso del programa de fertilizantes, el pago se hará por medio del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), quien tiene toda la logística para llegar a todos los lugares y los datos de los beneficiarios para que puedan cambiar esos cupones o vales en cualquier agroservicio inscrito en la SAT”, comentó el titular del Maga.
Los parlamentarios del bloque Alianza Ciudadana, indicaron que volverán a citar la próxima semana al funcionario para que explique sobre la ejecución presupuestaria hasta la fecha,  las acciones que se están haciendo en el corredor seco, la seguridad alimentaria y la desnutrición infantil, entre otros.

Por Elizabeth Linares

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La diputada Alejandra Carrillo, presidenta de la Comisión de la Juventud, convocó a funcionarios de la Contraloría General de Cuentas, Consejo Nacional de la Juventud,  Ministerios de Desarrollo Social, Trabajo, Gobernación, Salud y Finanzas Públicas, para conocer los avances en la ejecución de los programas que  benefician a este sector de la población.
Por parte del  Ministerio de Salud, en su reporte dio cuenta de que se encuentran funcionando seis clínicas de atención integral para adolescentes, las cuales están ubicadas en  Zacapa, Antigua, Escuintla, San Marcos, San Benito Petén y otra en la ciudad capital dentro del Hospital San Juan de Dios, agregó que se  tienen proyectadas la instalación de 3 más.
Mario Román, Viceministro  de Trabajo expresó que “el presupuesto asignado para el tema de promoción del empleo,  es de Q4 millones 775 mil, de los cuales se han ejecutado un millón 373 mil 424 de quetzales, en  promedio hemos avanzado con un  33 por ciento en estos proyectos”.
Entre las acciones, el funcionario destacó,  las ferias del empleo y kioscos de empleo que se realizan en el interior del país, en donde se brinda orientación laboral y  vinculación con las empresas. Expresó que se ha atendido a 10 mil 101 jóvenes y se ha colocado a más de tres mil en empleo formal.
Héctor Alejandro Canto, Viceministro de Educación, indicó que para abordar el tema de educación integral en sexualidad no existe presupuesto asignado para este año, “sin embargo hemos iniciado gestiones con operantes internacionales para proporcionar material educativo”.
Agregó que se  haciendo esfuerzos para tener una incidencia directa en 625 establecimientos a nivel nacional,  y abordar la problemática de los embarazos en adolescentes y la deserción escolar.
Enrique Escobar, titular de la Dirección General de Educación Física, expresó que  para este año el programa de Servicio Cívico, cuyo objetivo era involucrar a los jóvenes en  actividades de prevención de la violencia dentro de sus comunidades y  que se ejecuta a través de esta entidad, “fue suspendido debido a anomalías detectadas dentro del mismo, las cuales se denunciaron  ante el Ministerio Público, por lo que el presupuesto se va a reasignar a programas artísticos”, externó.
“Es preocupante, tanto el tema de Servicio Cívico, como  que hayan Ministerios  con tan baja ejecución, es una alerta para el Gobierno,  el tema de juventud debe ser  prioritario, hay que invertir en programas para motivar a más de un millón de  jóvenes que ni estudian ni trabajan” comentó la diputada Carrillo.
Expresó que se dará el seguimiento correspondiente a cada uno de los Ministerios involucrados en el desarrollo de los programas relacionados con la juventud.

Por Rosemary Recinos.
 

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Diputados de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), citaron este jueves al interventor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Alexander Aizenstatd, con el propósito de conocer cuál es la situación financiera actual de dicha entidad y la ruta legal propuesta para solucionar el caso en favor del Estado de Guatemala.
En la cita se conoció que el escenario de las finanzas de la empresa es crítico debido a que sus obligaciones económicas son mayores a sus activos.
Según Aizenstatd, una de las rutas planteadas en su propuesta es anular el contrato vigente por considerar que se celebró a través de mecanismos anómalos, por lo que “en este caso la figura legal, que corresponde es la de concesión”, lo que permitiría un saneamiento del puerto, dijo el interventor.
Además sugiere una inyección de capital de unos 18 millones de dólares, monto que debe ser proveniente de una fuente externa, y que serían los fondos necesarios para terminar las operaciones de este año; un aproximado de 21 millones de dólares son necesarios para iniciar funciones en el 2017 y una inversión de más de 80 millones de dólares que sería utilizada para finalizar la construcción de la segunda fase de la terminal.
El interventor explicó también que actualmente TCQ adeuda unos 126.5 millones de dólares, dentro de los cuales 8 millones de dólares se le adeudan a contratistas, 9 millones de dólares por concepto de maquinaría y deudas con tres instituciones bancarias del país.
Por su parte, la Procuradora General de la Nación, Anabella Morfín, quien también participó en la reunión, indicó que en una reunión sostenida el miércoles con el presidente Jimmy Morales, el mandatario pidió darle prioridad a este tema. “Estamos recopilando la información técnica necesaria proveniente de los Ministerios de Finanzas y Economía  pues hay niveles de azolvamiento que podrían afectar al puerto”, aseguró la funcionaria.
El presidente de la Empresa Portuaria Quetzal, Bernardo López dijo en la reunión que están en la disposición de colaborar con los órganos jurisdiccionales pertinentes a razón de que se restablezcan las operaciones del ente al que representa.
Al concluir el encuentro el diputado Julio Ixcamey solicitó a representantes de TCQ, una proyección de los ingresos, precios de los servicios y un análisis comparativo para definir si el cobro por contenedor es el adecuado y obedece a los intereses del país.
Antecedentes
• El usufructo fue dado  a TCQ en 2013.
• El 15 de abril de este año,  el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, revelaron detalles de una estructura de corrupción que  involucra a los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
• Pérez Molina y Baldetti son acusados de haber recibido $8.2 millones (Q327.46 millones) en sobornos a cambio de entregar el usufructo a TCQ, compañía que fue intervenida posteriormente.
• El pasado 2 de junio en conferencia de prensa el mandatario Morales junto a la fiscal General Thelma Aldana y el jefe de la CICIG, Iván Velásquez anuncian la intervención de TCQ, en donde fue nombrado Aizenstatd como interventor.
El Puerto Quetzal fue construido en la década de 1980, con una estimación de vida productiva de 35 años; se constituye como una importante ventana al comercio internacional y desarrollo para Guatemala, donde hay un tránsito de no menos de 300 mil millones de contenedores al año. El 80 por ciento de las operaciones del puerto es por carga a granel y el 20 por ciento son contenedores.

Por Karen Mendoza.

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El presidente de la Comisión del Menor y la Familia, Walter Félix, dio a conocer que en esa instancia surgió la propuesta de establecer el 17 de junio de cada año como el Día de la Paternidad Responsable, que además de instituir un asueto con goce de salario promoverá la paternidad responsable mediante actividades internas en empresas privadas e instituciones oficiales.
“La idea del análisis de la iniciativa 5063 no es solo crear un día de asueto sino que haya un contenido sustantivo, que sirva para el desarrollo de los guatemaltecos”, aseguró el congresista de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
La propuesta de dictamen surgió de una idea planteada para instituir el asueto del Día del Padre, ponencia que será discutida por la comisión antes de trasladada al pleno del para su aprobación.
En otro punto, el legislador invitó a sus colegas a asistir el 4 de agosto a la presentación de la propuesta de creación del Instituto de la Niñez y la Adolescencia, impulsada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Centro de Estudios de Guatemala, con la coordinación de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República, que se hará en el Hotel Hilton Garden Inn a partir de las 9:00 horas.
“Esta propuesta busca centralizar todas las acciones que ayuden al desarrollo de la niñez y adolescencia, además de ser parte de las reformas a la Ley PINA (Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia), que actualmente se está discutiendo en el Congreso”, concluyó Félix.
Por Karen Mendoza

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El presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso de la República, diputado Napoleón Rojas, se reunió este miércoles con el viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, Ricardo Aníbal Guzmán y el subdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil Stu Velasco, para tratar los temas de las extorsiones que se siguen cometiendo desde la cárceles, las cuales le han costado la vida a 158 personas víctimas de este flagelo en lo que va del año.
El parlamentario atribuyó estos ilícitos al descontrol que prevalece dentro de las cárceles del país ya que desde ahí salen las llamadas para el cobro de las extorsiones.
“Las personas prefieren pagar las extorsiones por la misma desconfianza a las autoridades. Hay zonas rojas y grupos determinados que sufren cada día el acoso de los pandilleros o personas que se dedican a cobrar la extorsión”, expresó el diputado Napoleón Rojas.
El parlamentario también cuestionó al viceministro de seguridad sobre las razones por las que las autoridades demoraron tanto en retomar el control de la Granja de Rehabilitación de Pavón después de la matanza de 14 personas en su interior y porqué hasta la fecha no han encontrado las armas utilizadas en la masacre.
La respuesta del viceministro Guzmán Loyo fue que la decisión de no ingresar el mismo día de este sucedo, la tomó el Ministro de Gobernación Francisco Rivas y el presidente de la Republican Jimmy Morales.
El funcionario agregó que otro factor que afectó, fue la dificultad que tuvieron para reunir a los más de 4 mil agentes que se necesitaban para tomar el control del penal, debido a los bloqueos de carreteras suscitados ese día.
Guzmán Loyo negó además que el nuevo director del Sistema Penitenciario Nicolás García, haya negociado con los reos y aseguró que no existe intención alguna de pactar con los reclusos.


Por Selvin Rustrián.
 

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Como parte del seguimiento a las mesas de trabajo establecidas desde junio, para conocer la ejecución presupuestaria del Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores de Tierras Forestal o Agroforestal (Pinpep), y los incentivos forestales, el diputado Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, citó a Víctor Martínez, viceministro de Finanzas, a autoridades del Instituto Nacional de Bosques (Inab) y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
De los 5 compromisos adquiridos en esa instancia, el parlamentario afirmó que 3 tuvieron “un alcance satisfactorio”, y destacó que los trabajadores contratados en el renglón 029 fueron trasladados al 022, con lo cual se cumplió con otro de los acuerdos, que era el pago de viáticos a quienes salen a las comunidades.
Expresó que está pendiente el destino de al menos Q272 millones para el Programa de Incentivos Forestales, de los cuales el 80 por ciento debería ser para el pago para reforestación, “pero el pago no se ha realizado”.
Otra de las preocupaciones es que de los Q121 millones que el Inab tiene que destinar este año al programa, el Ministerio de Finanzas solo cuenta con Q64 millones. Félix mencionó que podrían aumentar los recursos si se hacen transferencias presupuestarias.
El viceministro de Finanzas manifestó que se analizará la situación para determinar de dónde podrían salir los recursos financieros o si es necesaria una readecuación interna.
Félix comentó que esa cartera y la Junta Directiva del Inab deberán analizar la fuente de los recursos para cubrir las necesidades del Pinpep, para lo cual se convocó a otra reunión en la segunda semana de agosto.
Por Byron Ramírez

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