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El 10 de diciembre se cumplen 70 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas en París proclamara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Guatemala es uno de los 51 Estados que signaron ese documento en 1948, lo cual según el diputado Ronald Arango,  presidente de la Comisión de Derechos Humanos, es algo digno de celebrar.

En ese sentido, el congresista informó que llevarán a cabo, a partir del sábado 29 de septiembre, un congreso con diversas actividades para dar a conocer los avances en materia de Derechos Humanos en el país y el trabajo que ha venido realizando la Sala legislativa que él preside, en favor de todos los guatemaltecos.

“Es de suma importancia que se hagan estas actividades, y que se hagan junto con otras instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos, Copredeh y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todos los guatemaltecos deben conocer el contenido del instrumento internacional, y nuestra misión es promoverlo”, dijo el representante Arango, de la bancada Todos.

Mauro Guzmán, de la UNE,  se mostró a favor de llevar a cabo foros y actividades para conmemorar la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “El anuncio de la declaración fue posterior a la segunda guerra mundial donde hubo miles de fallecidos, la humanidad sigue sensible a esos actos deleznables que nunca deben repetirse”.

En otro punto, el congresista Ronald Arango, inform+o a los miembros de la comisión que al despacho de la presidencia de la Comisión llegó una denuncia en contra de Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos. La demanda fue interpuesta por el ciudadano y abogado Otto Rolando Gómez García,  quien solicita un proceso de antejuicio o destitución.

Tras este anuncia, el congresista Arango, informó que estará presentado en una próxima reunión,  un cronograma de trabajo y una ruta a seguir en la convocatoria y elección de dos relatores titulares y suplentes de la Oficina de Prevención de la Tortura, para un nuevo periodo de cinco años.

“El mandato de los dos relatores titulares (Silvia Lucrecia Villalta Martínez y Carlos Alberto Solórzano Rivera) y de los dos suplentes (Iracema Palacios Franco y José Antonio Meléndez Sandoval) se vence el día 24 de marzo del año 2019, por lo que ya debemos empezar con el proceso de elección de quienes los sustituyan”, dijo diputado Ronald Arango, presidente de Comisión de Derechos Humanos.

Por José Castellanos

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Integrantes de la Comisión de  Energía y Minas,  sostuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Energía y Minas, para conocer los avances para resolver  el conflicto social que se ha  registrado en varios departamentos del país por el tema minero e hidroeléctrico.

A la citación,  hecha por el  diputado Christian González, presidente en funciónes de esta sala de trabajo, asistieron  el ministro de Energía y Minas, Luis Alfonso Chang; el Subsecretario de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Luis Estuardo Ovando; el  director  de la Policía Nacional  Civil, Erwin Tzi y representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos.

El  diputado Luis Hernández Azmitia,  del Bloque Movimiento Reformador,  cuestionó  los trabajos  energéticos y mineros que se realizan en áreas donde se han registrado conflictos. En este tema, el  titular de la cartera de Energía  y Minas  dio a conocer  que actualmente  existen   63 proyectos hidroeléctricos, 65 de minas no metales y 83  de minas metales, que ya están trabajando.

Por su parte, el diputado Christian González, presidente en funciones de la Comisión de  Energía y Minas, aseguró que para evitar los conflictos entre  los líderes comunitarios y propietarios de las mineras e hidroeléctricas se debe reformar la ley para la consulta popular con el fin de que sea la población quien decida si aceptan los trabajos mineros, previo a extender las licencias de extracción.

Por el momento se registran conflictos en los departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, Quichó, Alta y Baja  Verapaz, entre otros, por lo que se recomienda a las autoridades cumplir con sus deberes para evitar problemas  por el tema minero que ha afectado la economía y la seguridad del país.

Por Karla Herrera

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La Comisión de Desarrollo Social, presidida por el diputado Jairo Flores, junto con representantes del Frente Parlamentario Contra el Hambre y de la mesa técnica interinstitucional constituida para analizar el contenido de la iniciativa de ley de promoción de alimentación saludable, culminó su trabajo este día.

El diputado Flores indicó que esta iniciativa tiene como objetivo primordial proteger el derecho a la salud y reducir el índice de enfermedades crónicas no transmisibles, que derivan de la mala alimentación y consumo de productos altos en azúcar, sodio y grasas trans entre otros, por lo que proponen un etiquetado de advertencia. “Lo hacemos con el fin de que las personas conozcan a ciencia cierta lo que están injiriendo”, aseveró.

Los artículos que continuaban en discusión eran el 21, referente a  la impresión de etiquetas de alientos preenvasados, y el 22 sobre la administración y destino de los fondos recaudados por autorización de impresión de las etiquetas con sellos de advertencia nutricional.

En el caso del artículo 21, el Ministerio de Salud tendrá una sección que se encargará de revisar y autorizar las etiquetas para los alimentos, las cuales tendrán un escalafón para el precio. Si es una sola etiqueta se deberá pagar el 10 por ciento del costo de producción o importación, si son dos un quince por ciento, tres etiquetas 20 por ciento, cuatro etiquetas 25 por ciento, cinco etiquetas un 30 por ciento y seis etiquetas un 35 por ciento.

En lo relativo al artículo 22, los diputados establecieron que los fondos recaudados del costo de las etiquetas se distribuirá de las siguiente forma: para la promoción de la alimentación saludable, un 25 por ciento; para la prevención de enfermedades crónicas, 25 por ciento; para tratamientos de personas con enfermedades crónicas no transmisibles; se adiciona un  25 por ciento derivado de los recursos de esta ley; y por último un 25 por ciento para el monitoreo del cumplimiento de la ley en mención.

El diputado Flores, presidente de la sala, considera que encontrarán en el camino disidentes de la ley, pero su cometido es librar a las nuevas generaciones de publicidad engañosa que promociona el consumo de productos que dañan la salud de la población.

Los congresistas anunciaron que el lunes 1 de octubre, cuando se celebra el día del niño en Guatemala, presentarán con el  acompañamiento de todas las instituciones que conformaron la mesa técnica, la iniciativa de ley en Dirección Legislativa, para que inicie su proceso de aprobación en el pleno del Congreso.

Por Mayra Recinos

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La comisión pesquisidora que analiza la solicitud de antejuicio promovida en contra del Presidente Jimmy Morales, por supuesto financiamiento electoral ilícito, avanza el proceso de investigación y establece agenda para los próximos días.

Hoy los congresistas de la pesquisidora retomaron el análisis de los testimonios que fueron emitidos en calidad de anticipo de prueba en el juzgado de Mayor Riesgo “D”. En esta ocasión se escuchó la declaración de la representante de Novaservicios S.A, Olga Vitalia Méndez de Figueroa.

El jueves, con la reproducción del testimonio del empresario Rodrigo Arenas, se terminará esta etapa de la investigación. Seguidamente se entrará a la fase de audiencias públicas.

“Las audiencias son necesarias sin duda alguna. No podemos basarnos en una sola prueba. Es pertinente escuchar a las partes involucradas”, opinó el diputado Montenegro, presidente de la instancia legislativa.

El lunes 01 de octubre, en horas de la mañana, comparecerán los fiscales del Ministerio Público a cargo del caso. Por la tarde la comisión se reunirá con Paulina Paizy Olga Vitalia Méndez de Figueroa para que ratifiquen sus declaraciones.

Por Isabel Mazariegos

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Los diputados Carlos Barreda, Karina Paz y Marleni Matías, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunieron este martes con autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) a quienes pidieron información sobre la ejecución presupuestaria, a la fecha, de las diferentes carteras del Ejecutivo, así como la estimación del cierre del ejercicio 2018.

Según Víctor Martínez, titular de la cartera del tesoro, al mes de septiembre se registra un gasto del 46 por ciento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el ejercicio fiscal 2018 de forma global. Siendo los ministerios de Cultura, Finanzas, Agricultura y Desarrollo Social (Mides) los que contabilizan cifras por debajo del 50 por ciento en su ejecución.

Carteras como la de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), Ambiente, Economía y las distintas secretarías, superan esa cifra, pero en las proyecciones de cierre no llegarán al 80 por ciento de gasto. Tal es el caso del CIV y Mides que se estima tendrán ejecuciones  del 80 y 62 por ciento al final de este año fiscal.

“Nos preocupa que mientras ha habido ampliaciones para Comunicaciones, en Salud Pública se estén recortando recursos para los programas sociales, entre ellos los de combate a la desnutrición y aquellos enfocados en salud, que es el caso del programa  de prevención de VIH Sida”, lamentó el subjefe de bancada.

Otro de los temas que se trató en la reunión fue el traslado de fondos de los programas sociales para la contratación de personal bajo los renglones 021, 022 y 029. “Es lamentable que rubros específicos para atender el tema de salud y combate a la pobreza estén siendo utilizados para aumentar el recurso humano, lo que tiene un tinte político”, agregó Barreda

Tras escuchar los argumentos del funcionario, los legisladores acordaron que el próximo martes citarán a los titulares del Maga y Mides para continuar con la fiscalización de la calidad del gasto de los ministerios en mención. “Hemos pedido además una propuesta a Finanzas para que se le apliquen candados a los fondos destinados al tema social y no se desvíen en fines políticos”, concluyó el legislador.

Por Karen Mendoza

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Autoridades del Ministerio de Energía y Minas, y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica comparecieron ante los diputados de la Comisión Legislativa para el efecto, quienes los interrogaron sobre las razones por las cuales muchas poblaciones en el país no gozan de ese servicio.

En la reunión también estuvieron presentes pobladores de varios municipios del país quienes pidieron a los diputados que medien y los ayuden para que puedan tener luz en sus casas, y negocios.

Lo que buscan los diputados es que se establezca un diálogo y que  se solucione la problemática actual. Según publicaciones de prensa la distribuidora Energuate canceló contratos de construcción de hidroeléctricas en el país, lo que afectó a algunas comunidades  como Cuilco, Nebaj y Ciudad Pedro de Alvarado, las cuales tienen poco o ningún acceso al servicio de Energía Eléctrica.

Los congresistas indicaron que es necesario reanudar los contratos o hacer nuevas licitaciones, y que debe existir un acuerdo de voluntades entre las partes, con el objetivo principal de culminar los proyectos en beneficio de la población. Directivos de Energuate han sido citados por la referida mesa de trabajo, pero ante la negativa de asistir, los legisladores dijeron que analizarán las medidas a tomar.

En otro tema, los diputados solicitaron información sobre el proceso de consulta popular por el caso de Minera San Rafael. El ministro de Energía y Minas, Luis Chang, expresó que deberán esperar que la Corte Constitucionalidad  resuelva las solicitudes de aclaración y de ampliación hechas por las partes previo a la consulta.

Por último los legisladores solicitaron un informe por escrito a las autoridades involucradas sobre la situación del proceso de licitación para operar  el Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos.

Por Estuardo Zeceña Santiago

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Con el objetivo de lograr la recuperación del parque El Carmen, ubicado en Salcajá, Quetzaltenango, Miguel Ovalle, alcalde del referido municipio, solicitó la mediación del diputado Mario Velásquez ante la Viceministro de Cultura, Gladys Palala, para agilizar la ejecución de dicho proyecto.

En la reunión se dio a conocer que hay un atraso en la recuperación del lugar, considerado Patrimonio Cultura y Natural, debido a que los pobladores no se ponen de acuerdo.

El alcalde comentó que desde el 2013, que inició la evaluación  del proyecto, han tenido que enfrentar denuncias interpuestas por los detractores de la obra en el Ministerio Público. “Estamos a la espera de que el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH), pueda emitir una solución favorable para empezar con los trabajos del proyecto”.

Luego de expuesto lo anterior, el diputado Velásquez solicitó a la viceministra Gladys Palala que cualquier tipo de intervención que se dispusiera a realizar, fuera con base a soluciones reales.

La viceministra Palala explicó que por ser un parque declarado Patrimonio Cultural y Natural, se debe cumplir con las normas de conservación de patrimonio. También expresó que apoyan el proyecto y que se reunirán con el equipo técnico para revisará los planos. Cuando haya una decisión o disposición al respecto se comunicarán con Velásquez para realizar otra reunión.

El diputado Velásquez se comprometió a continuar con la mediación y fiscalización del proyecto hasta su conclusión, lo cual fue del agrado del alcalde Ovalle.

Por Astrid González

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La comisión específica encargada de fiscalizar la compra de un edificio para uso del Ministerio Público (MP), se reunió con funcionarios del ente investigador, con el objetivo de continuar con la fiscalización de la compra del inmueble, por Q35 millones, ubicado en la zona 5.

Los legisladores se sorprendieron al conocer de voz del auditor general del MP, Mario Díaz, que el caso fue puesto bajo reserva desde el viernes pasado, motivo por el cual no proporcionó ningún tipo de información. “Lamento no poder aportar detalles respecto de la compra del inmueble pues el caso se declaró en reserva judicial”, explicó el funcionario.

Lo expuesto por el fiscal del MP generó sorpresa entre los miembros de la comisión quienes mostraron su descontento e indicaron que continuarán la fiscalización con las herramientas que la ley les permita utilizar, ante la acción tomada.

“Continuaremos nuestra acción de fiscalizar ante lo que ocultan, se nos está vendando el derecho a conocer información sin ninguna razón, esta era una forma de explicar a los guatemaltecos de su accionar, pero con esto existen indicios que la compra fue anómala”, dijo Juan Ramón Lau Quan.

Los congresistas se reservan el derecho de plantear acciones legales en este caso, ya que según dicen,  tienen los suficientes elementos para adherirnos a un proceso penal e interponer las denuncias correspondientes.

La comisión fue creada por el diputado Felipe Alejos, estando como presidente en funciones, con el objetivo de fiscalizar la compra del referido edificio, debido a la existencia de anomalías  en el proceso de adquisición.

Por Fernando Bolaños

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Diputados de la  Comisión de Salud, la cual preside la diputada Sofía Hernández, instalaron una mesa de fiscalización para tener un mejor  control de la compra de medicamentos, arrendamiento de edificios para hospitales en los departamentos, contratación de personal  y  la atención a los afiliados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, (IGSS).

A esta reunión asistieron el presidente de la junta directiva del IGSS, Carlos Contreras; la jefa del Departamento Administrativo del Seguro Social, Evelyn García; y el Subcontralor de Cuentas, Cesar Elías, quienes fueron cuestionados sobre estos temas. También llegó  Zulma Calderón en representación de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Uno de los principales temas abordados fue el suministro de medicamentos y la forma de la adquisición de los mismos. Por ejemplo la insulina, ya que hay denuncias de que la que se entrega es de mala calidad.

La mala atención hacia los afiliados del IGSS también  fue cuestionada por los congresistas. La Diputada Marleni Matías, de Baja Verapaz, y contaba que en lo personal ella ha vivido un caso de mal trato hacia un familiar.

Otro tema que fue fiscalizado es el arrendamiento de los edificios para hospitales del Seguro Social en los departamentos  de Quetzaltenango, Baja Verapaz y Huehuetenango. El Diputado Julio Lainfiesta solicitó información sobre la cantidad que se gasta en los arrendamientos.

“Como diputada y presidenta de la Comisión de Salud Social me preocupa la mala calidad que el IGSS brinda en medicamentos y trato hacia los afiliados, por lo que la mesa de fiscalización será de suma importancia para resguardar la salud de los afiliados. En ese sentido solicito a la Procuraduría de los Derechos Humanos unir esfuerzos”, enfatizó la Diputada Sofía Hernández presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social.

El Presidente de la Junta Directiva de Seguro Social, Carlos Contreras, mencionó que el atraso en el funcionamiento total del hospital de Quetzaltenango es por anomalías en la ventilación y oxígeno, lo cual ya están solventando. En cuanto a los medicamentos destacó que la mayoría de los Hospitales ya han sido abastecidos, y que se ha conformado una comisión interna para verificar el buen trato a los pacientes y la calidad de los medicamentos.

Por Karla Herrera

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