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Los diputados Delia Back, Eva Monte y Marvin Orellana del bloque legislativo Alianza Ciudadana, citaron al ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Mario Méndez Montenegro, así como a alcaldes de varios municipios del departamento del Quiché, para conocer los criterios que tomaron en cuenta para la elaboración del listado de beneficiarios del Plan de Subvención para el Pequeño Agricultor.
El titular de Agricultura explicó que el procedimiento inició con una convocatoria a diferentes organizaciones campesinas legalmente constituidas quienes, después de 18 reuniones, sugirieron a las personas a quienes debía favorecer el programa en cada municipio.
La reunión de este martes fue convocada debido al descontento surgido entre los alcaldes porque en municipios como Canillá, San Pedro Jocopilas, San Antonio Ilotenango, y Chinique de las Flores recibirán 8, 38, 77 y 215 cupones respectivamente; mientras que en municipios como el caso de Pachalum, no hubo beneficiarios.
No obstante se conoció en la reunión con los diputados que para el Quiché hay asignados no menos de 48 mil cupones, los cuales  serán repartidos en los 21 municipios del referido departamento.
Al respecto Méndez Montenegro, indicó: “Bajo ningún punto de vista se les está excluyendo y actuamos de esta manera para que el programa no se viera envuelto en procesos anómalos o de politización. Por lo que surge la idea de hacerlo a través de organizaciones campesinas en aras de transparentar el proceso”, explicó el funcionario.
José Quezada Valdez, alcalde de Pachalum manifestó su molestia porque en el proceso no fueron consultados los jefes ediles, a sabiendas de que son quienes conocen de cerca la situación de cada una de sus comunidades. “Desconocemos los criterios de asignación de este beneficio, por lo que pedimos al Ministro se acerque a los Comudes y Cocodes de cada municipio y sea a través de ellos que se tome la decisión, de manera que la ayuda llegue a los más necesitados”, expresó el jefe edil.
Al concluir el encuentro los congresistas y el funcionario  acordaron realizar una visita al departamento de Quiché para realizar un barrido, mediante el cual se puedan identificar a los pobladores con mayor necesidad a efecto que sean ellos quienes se beneficien con este programa. “No podemos seguir reteniendo la ayuda a los campesinos, razón por la cual hemos pedido al ministro Méndez el listado de los beneficiarios en virtud de verificar que no exista clientelismo en la distribución de los cupones”, aseguró la diputada Delia Back.
El Plan de Subvención para el Pequeño Agricultor, impulsado por la cartera de Agricultura sustituye al Programa de Fertilizantes que concluyó a finales del 2015 y es una nueva modalidad que otorga a los beneficiarios un cupón del banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN), que puede ser canjeado en tiendas de agroservicios en cada municipio. El cupón canjeable es de Q200, con el que el beneficiario puede adquirir los productos agrícolas  necesarios para sus siembras.

Por Karen Mendoza.
 

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Congresistas del bloque Movimiento Reformador (MR) se reunieron con Erick Sosa, viceministro del Deporte y la Recreación, y otras autoridades de la cartera, para que explicaran la adquisición de juguetes como yoyos, capiruchos y pelotas mayas, entre otras compras directas.
El diputado Boris España, jefe de la referida bancada MR, cuestionó al funcionario por los resultados de la auditoría interna efectuada por la Contraloría General de Cuentas en el Viceministerio de Cultura y Deportes por la adquisición directa de 5 mil yoyos. “En los últimos días hemos tenido varias dudas y por ello se pidió que nos explicaran los procedimientos y en qué fase están”, expresó.
Sosa indicó que la auditoría no fue solicitada a su persona sino al despacho que dirige, y que los auditores le indicaron que darían una respuesta en 10 días. “Nosotros no hemos solicitado la auditoría interna; fueron los funcionarios de la Contraloría de Cuentas que llegaron al Ministerio”, explicó.
Según el funcionario, debido a las anomalías se destituyó a los directores General, de Áreas Sustantivas y Financiero, y en proceso están otros dos; mencionó que las direcciones General del Deporte y General de Educación Física son las responsables de las compras menores de Q90 mil. “Decidimos anular las compras de varios juguetes”, concluyó.   
La diputada Mayra Alejandra Carrillo, del referido bloque, pidió detalles de los diferentes programas orientados a la juventud que tiene a su cargo el Viceministerio, como el Servicio Cívico Social que coordina la Asociación Esperanza de Vida. “En este caso creo que hay algunas ilegalidades en la convocatoria y selección de más de 300 jóvenes promotores del deporte designados para el departamento de Zacapa”, detalló.
Sosa respondió que ese programa se efectuó con el Ministerio de gobernación y se descubrió anomalías, por lo cual se rescindió el proceso. “En el caso de la selección de las personas nos interesa que sean aptas para la labor, y en Zacapa se esta trabajando con los jóvenes”.
“Le estamos dando seguimiento al tema de algunas compras directas por debajo de los Q90 mil y creemos que se están realizando de una forma desordenada, sin supervisión; además, programas de la juventud que tienen irregularidades e ilegalidades en el tema de la convocatoria de los 300 jóvenes en Zacapa, y esto nos preocupa”, aseveró la congresista.
Los diputados solicitaron varios informes y documentos para analizarlos y programar una nueva reunión.
Por José Castellanos

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Los congresistas Sandra Morán y Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia, efectuaron el foro de Desarrollo Social Económico, relativo a la educación, salud, seguridad y transporte de los pueblos indígenas, después de haber planteado una iniciativa de ley para detener la explotación y exploración minera en el país.
En la actividad participaron representantes de la sociedad civil, así como los viceministros de Educación, Daniel Domínguez López,  y de Salud, Edgar González y Adrián Chávez.
En la reunión se destacó que las comunidades indígenas han tenido poco acceso a empleos, educación y salud, por lo que se solicitó a las autoridades correspondientes buscar los mecanismos para que los recursos lleguen a las comunidades sin exclusión.
“El foro tuvo la finalidad conocer la economía de los pueblos indígenas y buscar un modelo de desarrollo, y cómo los trabajos mineros han afectado la salud, la seguridad y la educción en las poblaciones donde se han registrado trabajos mineros”, destacó el diputado Juracán.
Por su parte, la congresista Morán resaltó la necesidad de iniciar un diálogo nacional para tratar el desarrollo económico social que incluya a la sociedad civil, pueblos indígenas y autoridades gubernamentales.
Por Karla Herrera

 

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Los miembros de la Comisión Extraordinaria de Asuntos Sobre Discapacidad, presentaron en la Dirección Legislativa, una nueva iniciativa de Ley Nacional para Personas con Discapacidad.
El Presidente de la sala legislativa, Christian Boussinot, informó que el proyecto de ley presentado sustituiría en su totalidad a la legislación vigente.
Dicha iniciativa sustituiría preceptos legales para optimizar las oportunidades a todos los limitados físicos, tanto niñas y niños así como adultos.
De aprobarse esta iniciativa, este sector de la población tendrá accesibilidad a todos los servicios básicos y tendrán el reconocimiento como personas ante la ley, la justicia y la sociedad. Así mismo, la ley los protegerá contra la tortura, la explotación y el abuso.
Los miembros de la Comisión aseguraron la propuesta de ley fue consensuada con el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, (CONADI) y varias organizaciones de la sociedad civil, así como con el Organismo Ejecutivo, Procuraduría de los Derechos del Niño, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, incluso con el Organismo Judicial.
En su oportunidad, será presentada al Pleno para que sea sometida al trámite que dispone la ley, acotó el parlamentario Boussinot.

Por José Luis Hernández.

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El diputado Ronald Estuardo Arando, del bloque Todos, presentó este lunes en la Dirección Legislativa la iniciativa que reforma el Decreto 57-2008, Ley de Libre Acceso a la Información, que se refiere a la publicación, compilación y sistematización de datos personales sin autorización de los guatemaltecos.
Según la propuesta, en el artículo 64 de la norma se establecería lo siguiente: “Publicación, compilación y sistematización de datos personales sin autorización. Quien, por cualquier medio y sin la debida autorización expresa y escrita del titular de los mismos, compilares, sistematizare, guardare en archivos o bases de datos, escritos, digitales o de cualquier forma, información que no provenga de registros públicos, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de Q50 mil a Q100 mil, y el comiso de los objetos instrumentos del delito”.
“En Guatemala hay varias empresas que se dedican a recoger o recopilar información de los ciudadanos, tanto pública como privada, la cual es utilizada por algunos sectores privados como consulta. Derivado de esto, muchas veces a las personas no se les da trabajo o no se les permite tener acceso a un crédito, ya que aparecen como morosos o deudores”, explicó el parlamentario.
Agregó que en el país existen al menos 9 millones de guatemaltecos que viven en la pobreza y extrema pobreza, por lo que tendrán atrasos en pagos, pero esto no los criminaliza. Por esta razón busca que esta iniciativa sea conocida por el pleno del Congreso y trasladarla a la comisión respectiva para su análisis y dictamen correspondiente.
Por Elizabeth Linares

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Este martes el Organismo Legislativo abrirá el segundo período ordinario de sesiones del año, el cual comprende del 1 de agosto al 30 de noviembre. En la Instancia de Jefe de Bloque se acordó retirar la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto 49-28, que disponía aprobar el Código Guatemalteco de Migración, pues el pleno había aprobado no menos de 300 artículos; sin embargo, después de analizar las nuevas reformas solicitadas propusieron iniciar una nueva discusión con la iniciativa de ley del 5121, Código de Migración, que entrará a su primera lectura.
El presidente del Congreso, Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que es importante aprobar la nueva iniciativa porque “ayudará a miles de guatemaltecos que trabajan y viven fuera del país”. “Necesitamos 105 votos en cada lectura del proyecto y esperamos que los diputados puedan colaborar para tener una normativa del Código de Migración en favor de los connacionales”, enfatizó.
En la sesión de este martes también se prevé conocer las reformas al Código Municipal.
Además, los jefes de bancada avalaron la agenda de la sesión del jueves 4 con los siguientes asuntos:
1.- Segunda lectura del Código de Migración.
2.- Primer debate del proyecto de decreto para aprobar que el Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas, suscriba un préstamo entre el Gobierno de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo, por US $150 millones, para el programa de Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Ejecutiva.
3.- Reformas al decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado.
4.- Préstamo entre la República de Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración Económica, por US $120 millones, para el programa de inversión en infraestructura, maquinaria y equipamiento para la Universidad de San Carlos.
5.- Tercer debate del decreto que dispone aprobar acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, sobre privilegios e inmunidades.
6.- Discusión por artículos y redacción final de la Ley Orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala.
7.- Ley de Implementación de Mecanismo de Regularización de Velocidad de los Vehículos de Transporte Colectivo y de Carga.
Por Selvin Rustrián

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La Comisión de Economía y Comercio Exterior que preside el diputado José Alejandro de León, inició el primer día de Audiencias Públicas para analizar la iniciativa 5074, Ley de Competencia, con la participación de los ministerios de Economía, Comunicaciones, y Finanzas Públicas, así como del Consejo Nacional de Energía Eléctrica y de la Superintendencia de Bancos.
El proyecto en estudio pretende cumplir con el artículo 130 de la Constitución Política de la República, que establece la prohibición de monopolios. Para logra que se cumpla este mandato, la ley contempla la creación de una Superintendencia de Competencia como una entidad estatal autónoma, encargada de la defensa y promoción de la apertura de mercados.
Durante las ponencias, Eduardo Garrido, Intendente de Estudios de la Superintendencia de Bancos, se refirió a la práctica anticompetitiva absoluta, establecida en el artículo 6 de la propuesta que involucra a los acuerdos entre dos o más agentes económicos competidores en el mercado relevante. “Se debe considerar únicamente aquellos acuerdos  que sean contrarios a la libre competencia”, expresó.
Respecto a la “obligación de notificar” establecida en el artículo 14, Garrido agregó que  de conformidad con las leyes financieras, los bancos, sociedades financieras privadas, entidades de microfinanzas y aseguradoras, ya se establece que deben solicitar autorización correspondiente a la Superintendencia de Bancos para realizar una fusión a la Junta Monetaria, por lo que no es necesario que a dichas entidades se les requiera efectuar  una notificación previa a otro órgano supervisor, indicó.
Guillermo  Arauz, presidente  de la Comisión Nacional de Energía, se refirió  a  la  fijación de tarifas, explicando que esa es una función técnica esencial y específica de la Comisión a su cargo, para lograr el adecuado funcionamiento del sector, ya que es la clave para la recuperación de los costos y altas inversiones que requieren el mercado eléctrico para lograr su sostenibilidad.
“No sería procedente para la continuación exitosa y el futuro del sector eléctrico,  que  se modifique en forma alguna esta función, a través de una ley de competencia”, expresó Arauz.
Por su parte el diputado de León, comentó que “a nivel de Latinoamérica solo en  Cuba y en nuestro país no existe una ley de competencia, aquí el mayor ganador será el consumidor ya que obtendrá mejores precios”.
“Trabajaremos arduamente para que   pueda ser aprobada en este año” concluyó el parlamentario.
Las audiencias continuarán para recibir las sugerencias y propuestas de entidades tanto púbicas como privadas, los días miércoles y viernes de esta semana.

Por Rosemary Recinos.

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Agentes del Ministerio Público (MP) acudieron al Congreso de la República para iniciar las investigaciones de las amenazas de muerte y posible envenenamiento del subdirector general, Emilio Dávila.
La agente de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, Ana Elena Guzmán, realizó las diligencias respectivas; al funcionario le tomó declaración para iniciar las pesquisas y determinar quién o quiénes podrían ser los responsables de los sucesos.
“Tuve que ir al médico y me realizaron varias evaluaciones, con lo cual se determinó que la presión cardiaca estaba muy acelerada, por lo que me suministraron medicamentos para controlar el ritmo del corazón”, manifestó Dávila.
Según dijo, determinaron que su afección pudo deberse a que le suministraron “un medicamento o droga”, y el MP deberá determinar ese extremo.
Además, manifestó que el sábado pasado mediante una llamada telefónica recibió amenazas de muerte para él y su familia, “por el trabajo que se realiza en el Congreso y el proceso de destituciones”.
Por Selvin Rustrián

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Con base en el Decreto 36-2016, que contiene la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo, el presidente del Congreso, Mario Taracena, solicitó autorización al órgano jurisdiccional correspondiente para la terminación de relación laboral de 274 trabajadores.
“Lo que voy hacer es que nadie gane más que un diputado y que los empleados se adhieran al plan de retiro voluntario; además, en la lista están los clanes familiares de personal y de diputados”.
En la lista figuran 85 personas que tienen salarios que oscilan entre Q30 mil y Q86 mil mensuales, superiores al de los congresistas (Q29 mil).
El Acuerdo No. 112-2016 establece que al obtener la autorización del órgano jurisdiccional respectivo para cada caso, se procederá a dar por terminada la relación laboral con los 274 trabajadores, a partir de la fecha en que quede firme la sentencia, sin más trámites internos, faccionándose para el efecto las actas de entrega de cargos respectivas por la Dirección de Recursos Humanos.

Descargue en este enlace el Acuerdo 112-2016.
El artículo 380 del Decreto 1441, Código de Trabajo, determina que toda terminación de contratos de trabajo en que se ha planteado el conflicto colectivo de carácter económico social, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que se hubieren adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente, y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia i onjusticia del despido.
Taracena también informó que se ha solicitado a un juzgado de trabajo la nulidad del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo entre el Congreso y los empleados. “Es ilegal porque solo se firmó entre la Junta Directiva y los sindicalistas, sin autorización del pleno”, aseveró. Por ello, según dijo, se espera que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas se unan a dicha petición.
Por Selvin Rustrián

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