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Con el propósito de crear un sistema institucional de migración, los diputados al Congreso de la República conocieron la iniciativa 5121 Código de Migración, con la cual se fortalece el contenido de la propuesta inicial para ser innovadores en la región centroamericana.
El presidente de la Comisión del Migrante, Jean Paul Briere, de Todos, resumió en tres puntos la importancia de la ponencia conocida en primer debate, en la primera sesión del segundo periodo ordinario.. “En principio se debe reconocer el enfoque en derechos humanos y seguridad, luego la creación del Instituto Guatemalteco de Migración (que sustituiría la Dirección General de Migración) y la creación de la Autoridad Migratoria Nacional”, dijo.
“Haber iniciado la aprobación de este decreto es importante, porque se está sustituyendo una ley que data de 1998; es necesario hacer una actualización del tema, pero sobre todo es fundamental para la población darle la relevancia que tiene el tema de la migración”, comentó el presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena.
El Código de Migración, que será conocido en segunda lectura en la próxima sesión, busca además crear el Consejo de Atención y Protección que, entre otros aspectos, tiene como fin generar campañas de prevención e información sobre los riesgos y los derechos de las personas migrantes.
Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante en Guatemala, dijo que es positivo porque se buscan beneficios y ayuda para quienes buscan un mejor futuro. “Vamos a estar pendientes de la aprobación, porque Guatemala debe demostrar que realmente le importa el bienestar de los migrantes”, afirmó.
Reformas al Código Municipal
Durante la sesión, los congresistas también avanzaron en la aprobación de las reformas al Código Municipal, las cuales, según la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia, tienen como objetivo elevar a dirección la Oficina Municipal de la Mujer en cada comuna, otorgándoles mayor participación a quienes las integren. “Pretendemos es que las mujeres tengan intervención en la formación de políticas públicas, así como en la elaboración del presupuesto”, refirió Morán.
Retiro voluntario
Al finalizar la sesión ordinaria, el presidente Taracena comentó que no menos de 40 empleados se han adherido al plan de retiro voluntario y que las destituciones se darán conforme avance el proceso.
Al ser consultado sobre las acciones que se han iniciado en su contra, afirmó que no le preocupan, pues solo está haciendo su trabajo apegado a ley.
Por Sayda Galicia y Selvyn Rustrián

 

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Con la finalidad de retomar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, en beneficio de los pueblos indígenas, los diputados Sandra Morán y Álvaro Velásquez, de la bancada Convergencia, en una conferencia de prensa presentaron la propuesta de Ley Marco del Plan Nacional de Desarrollo.
“Proponemos la creación del Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo; es un modelo en el que se crea la Instancia Nacional de Planificación, que se ha sido una recomendación de los Acuerdos de Paz y una exigencia de los informes de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, por lo que a través de esta propuesta de ley se espera recuperar la acción del Estado sobre el desarrollo económico social de los pueblos indígenas”, detalló Velásquez.
En el artículo 3 se establece que el Plan y la Política Nacional de Desarrollo son instrumentos estratégicos de largo plazo, que orientan la gestión de las políticas públicas, la planificación, la programación, el seguimiento y la evaluación para el Sistema Nacional de Desarrollo.
La iniciativa fue presentada por los congresistas en la Dirección Legislativa para empezar el trámite correspondiente.
Por Karla Herrera

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El subjefe de bancada de Alianza Ciudadana, Marvin Orellana, lamentó que Guatemala haya tenido que pagar Q125 millones a la empresa Railroad Development Corporation (RCD), tras un litigio por el caso de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua). Estos recursos, señaló, hubiera sido mejor que se invirtieran en educación, salud y lucha contra la desnutrición.
Durante una reunión celebrada este día en el Congreso, en la cual participaron representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Contraloría General de Cuentas (CGC), el interventor de Fegua, Roberto Mancilla; el gerente de Ferrovías, Edwin González; el administrador único de Ferrovías, Estuardo Archila; y el Comisionado de Puertos y Aeropuertos, Enrique Godoy; el parlamentario lamentó, además, que la negociación haya sido dirigida por personajes vinculados al Gobierno anterior, quienes ahora están señalados por corrupción.
“Es una vergüenza que las personas que nos representaron en ese entonces no pelearon por esos fondos, que ahora es evidente que son necesarios en los hospitales donde la gente muere, hay desnutrición y falta educación en el país, y el Estado debe de pagar esa suma millonaria”, manifestó el diputado Orellana.
Este pago se originó después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones fallara en febrero pasado en contra de Guatemala, en la demanda interpuesta por RCD en el 2007. El proceso legal se inició en agosto de ese año, después de que el Gabinete del entonces presidente Óscar Berger declaró lesivo 1 de los 3 contratos de concesión firmado por Ferrovías en 1997.
Mancilla manifestó que los Q125 millones fueron entregados a la empresa demandante y se desconoce cuál fue su distribución posterior. Debido a lo anterior, el congresista Orellana solicitó a la PGN y a la CGC hacer las denuncias ante el Ministerio Público, sin importar quiénes sean los responsables de los negocios oscuros del Estado. También dijo esperar que no existan más usufructos fraudulentos con bienes estatales.
Por SelvinRustrián.

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La Comisión de Integración Regional, del Congreso de la República, se reunió con autoridades de la Dirección General de Migración, con el propósito de discutir la posibilidad de exonerar de multas a los extranjeros radicados en Guatemala.
El ponente de la iniciativa, diputado Carlos Enrique Chavarría Pérez, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden y presidente de la sala de trabajo, explicó que debido a que no existen datos estadísticos sobre la cantidad de personas radicadas en el país, seguirán reuniéndose con la directora Carolina Miranda, “con el objetivo de encontrarle una salida al problema”.
Explicó el legislador que el lunes analizarán cómo reformar el Decreto 104-2016 para exonerar hasta en un 100 por ciento las multas en que hayan incurrido los extranjeros con residencias temporales, “para no afectar sus actividades diarias ni exponerlos a deportación”.
Por su parte, Miranda expresó su preocupación por cuanto que, en caso se aprobara dicha condonación de multas, podría abrirse puertas para que ingresaran a Guatemala personas sin llenar los requisitos legales. Dijo que el lunes estudiarán cómo solucionar el problema.
Por José Luis Hernández

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Las diputadas representantes de los departamentos de Baja Verapaz y Huehuetenango, Marleni Matías y Lucrecia Samayoa respectivamente,  se reunieron con Alejandra Má Villatoro, Viceministra de Infraestructura, así como con autoridades de la Dirección de Caminos y Covial del Ministerio de Comunicaciones para buscar los mecanismos que agilicen los trabajos de reparación en varias carreteras en estos departamentos.
La reunión se llevó a cabo a petición de funcionarios de los Consejos  Municipales de Desarrollo de los municipios de Cubulco, Baja Verapaz; Pachalum, Quiché; y Barrilas en Huehuetenango quienes solicitan que los caminos comunales en estos distritos sean reparados con prontitud.
También asistieron varios líderes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), quienes se unieron a la petición de que el Ministerio de Comunicaciones avance con la reconstrucción de los tramos carreteros que conectan a diferentes  comunidades de los municipios mencionados.
Marleni Matías, representante en el Congreso del departamento de Baja Verapaz, indicó que la citación obedece a que quieren conocer cómo ha programado el Ministerio de Comunicaciones los trabajos para atender al distrito que representa.
“Hoy hemos cuestionado a los funcionarios de  comunicaciones porque el  presupuesto es de más de cinco millones de quetzales para los tres proyectos que hay en el departamento de Baja Verapaz, pero la red vial esta destruida y abandonada, entre ellos la ruta CA-5. Los citamos porque queremos que se trabaje en estas carreteras”, dijo la diputada.
La viceministra Má Villatoro, explicó que no puede dar certeza de cuándo se continuarán los  trabajos ya que están pendientes que el Ministerio de Finanzas les traslade los recursos financieros.
“Nos comprometemos a la rehabilitación del tramo que conecta al municipio de Cubulco con el caserío de Chitomax, el cual abarca más de 20 kilómetros. Necesitamos que el alcalde de Cubulco legalice la carretera que comunica con el municipio de Pachalum, Quiché ya que también existen problemas de comunicación en las comunidades rurales de esa área”, explicó la funcionaria.   
Lucrecia Samayoa, diputada por Huehuetenango solicitó a los funcionarios citados que no se traslade la maquinaria y el equipo que está en el municipio de Barillas ya que conoce que será enviada a otro lugar.
“Nosotros queremos que la maquinaria trabaje en los 8 municipios en donde las carreteras están dañadas como en San Mateo Ixtatán, San Miguel la Independencia y Barrillas entre otros, ya que los pobladores de esas comunidades se están viendo afectados”, dijo la diputada Samayoa.
Al concluir la citación, las diputadas requirieron a la viceministra informes detallados acerca de los avances físicos y financieros de las obras o proyectos, ya que próximamente realizarán visitas de campo a dichas carreteras con el objetivo de verificar los trabajos.

Por José Castellanos.
 

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Representantes de las diferentes organizaciones que integran la Mesa de Seguridad y Justicia, que coordina el diputado Oliverio García Rodas, del Movimiento Reformador y presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, iniciaron el estudio de la Iniciativa 5100, Ley de Abolición de la Pena de Muerte.
Participaron los titulares de las comisiones de Derechos Humanos, Ronald Arango, de Todos, y de Reformas al Sector Justicia, Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, instancia donde se intercambiaron opiniones en favor y en contra de la aplicación de la pena de muerte y se indicó que en la actualidad existen 130 países que la han abolido.
“Hay diferentes puntos de vista, pues hay quienes reconocen que la aplicación en estos momentos es inviable y que la comunidad internacional va sobre ese camino”, afirmó Arango.
“En América Latina solo existe en 3 países: Estados Unidos, Guatemala y Cuba. Estos 2 últimos tienen 16 años sin aplicarla y creo que en ningún momento ello nos garantiza que se va a reducir la delincuencia”, agregó.
El congresista Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional e integrante de la Comisión de Legislación, indicó que es necesario que la pena de muerte se mantenga en el ordenamiento jurídico guatemalteco. “Es un tema que divide ideológicamente a la sociedad, por lo que estoy en favor porque creo que una ejecución del Estado más es un linchamiento menos. Cuando la población comienza a ver que el Estado participa en la ejecución y la aplicación de la pena capital se reduce el incentivo de linchar gente”, expresó.
Finalmente, García Rodas dio a conocer que las propuestas y análisis de este proyecto de ley serán tomados en cuenta para que las comisiones involucradas puedan emitir el dictamen correspondiente.
Por Elizabeth Linares

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La sala de Defensa Nacional, presidida por la diputada Ana Victoria Hernández, recibió a directivos de la Asociación Nacional de Especialistas Jubilados del Ejército de Guatemala, al ministro de la Defensa, Williams Mansilla, y al director general del Instituto de Previsión Militar, Javier Humberto De Mata.
Los jubilados solicitaron ser agregados al incremento de Q500 otorgado a las clases pasivas, aprobado mediante el Decreto 11-2016, la aprobación de un bono navideño por Q1 mil y que los servicios médicos alcancen a sus familias.
“Las peticiones serán analizadas por los diputados de esta comisión y por quienes integran la sala de Finanzas, conjuntamente con las autoridades del Ministerio de la Defensa”, explicó la legisladora Hernández, de la bancada Todos.
Por su parte, el gerente general de IPM destacó que por el momento no se cuenta con los recursos para otorgar el incremento en la jubilación castrense. “Ello representaría solo en este año Q40 millones, por lo que se debe analizar la solicitud”.
Después de recibir las peticiones se contempla efectuar mesas de trabajo para analizar cada punto y verificar las fuentes de financiamiento, por lo que se debe involucrar a la cartera de Finanzas, manifestó la parlamentaria.
Por Karla Herrera

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Este miércoles se llevó a cabo la segunda jornada de Audiencias Públicas, convocadas por la Comisión de Economía y Comercio Exterior que preside el diputado José Alejandro de León, con el fin de analizar la iniciativa 5074, Ley de Competencia, en la cual participó de Rubén Morales, Ministro de Economía, así como los representantes de varios institutos de investigación económica y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, entre otras entidades.
Acerca del tema de libre competencia, Hugo Maúl, representante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), expresó que “debe hacerse una referencia al precio de mercado como indica la teoría básica económica, y en relación al precio de mercado, juzgar si esas desviaciones del precio observadas corresponden a comportamientos anticompetitivos”.
Edgar Ortiz analista del Centro de Estudios Económicos Sociales (CEES), comentó que “los artículos que abordan el tema de las prácticas anticompetitivas, posición de dominio, y mercados relevantes, son excesivamente laxos, por lo que se caería en una arbitrariedad muy grande por parte del órgano que aplique la normativa”, aseguró.
Ortiz afirmó que la creación de la Superintendencia de Competencia es peligrosa, con la que se estaría al borde de una inconstitucionalidad, debido a que posee funciones casi jurisdiccionales, atribuyéndosele facultades de investigación, recabado de pruebas y de juzgar al mismo tiempo las prácticas competitivas.
Marcos Palma, vicepresidente del Instituto de Derecho de Competencia, indicó que el proyecto presenta varias inconsistencias que deben analizarse, tales como el artículo referente a las prácticas  anticompetitivas. “No hay excepciones sectoriales en las leyes de competencia en ninguna parte del mundo, si hay excepciones de conductas y cuando hablamos de excepciones de conductas tienen que haber razones de interés público, ya sea una falla de mercado o una razón de interés social”, expresó.
Por su parte, el diputado de León señaló que “hay artículos deben ser sometidos a una mayor evaluación ya que hubo varios temas puntuales que los ponentes aportaron a la Comisión, y eso es lo que se busca, aportes para ser tomados en cuenta”.
Añadió que el tema del presupuesto de la Superintendencia es muy importante, así como el plazo que debe transcurrir previo a que la ley entre en vigencia.

Por Rosemary Recinos.
 

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El diputado Edwin Maldonado Lux, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, representante del departamento de Retalhuleu, presentó este día a Dirección Legislativa del Congreso de la República, la  iniciativa de Ley de Respuesta al Virus de Inmunodeficiencia Humana en  el marco de los Derechos Humanos, la cual busca implementar políticas de prevención, educación y protección contra el VIH-Sida.        
“Hoy se materializa el esfuerzo de muchos hombres y mujeres que por  años han venido trabajando en la búsqueda de una ley que proteja los derechos humanos de las personas con VIH. Como diputados nos convertiremos en ponentes de la iniciativa y haremos la lucha en el pleno para que sea aprobada”, dijo el congresista Edwin Maldonado.
Rodrigo Pascual, representate de ONU- SIDA en Guatemala, explicó que el contenido del proyecto de ley se ha trabajado conjuntamente con la sociedad civil, las instituciones encargadas del tema y las distintas agencias de la cooperación internacional con el fin principal de que se respeten los  derechos humanos de la población guatemalteca.
La norma contempla la creación de la Comisión Nacional Multisectorial de Sida, la cual se encargará de coordinar y gestionar la inmediata respuesta nacional de la epidemia del VIH y al Sida. También obliga a la Segeplan y al Ministerio de Salud a revisar y actualizar la Política Pública de VIH cada cuatro años.                                             
Tras ingresar a Dirección Legislativa la iniciativa será conocida por los diputados al Congreso, quienes la trasladarán a la Comisión correspondiente para su estudio y dictamen. Posteriormente regresará al pleno para su aprobación final.
Por José Castellanos

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