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Los integrantes de la Comisión de Asunto Municipales se reunieron con el alcalde de Mixco, Ernest Bran Montenegro, y el viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonso, y acordaron firmar un convenio interinstitucional para la creación de una oficina de Ambiente en la comuna mixqueña.
El propósito es facilitar expedientes de licencias de construcción, licencias de ambiente o contaminación en aéreas importantes del municipio.
“Estos convenios son importantes entre las instituciones porque permiten agilizar los procesos; estaremos vigilantes porque esto ayudará a la población que busca beneficios, y la creación de esta dependencia será una de varias que esperamos se abran en otras municipalidades”, manifestó el diputado Luis Alonzo, del Frente de Convergencia Nacional.
Se explicó que en la oficina estará un delegado del ministerio para dar viabilidad a los procesos, pero las autorizaciones y firmas se realizarán en la cartera de Ambiente.
“Se firmó un preacuerdo con el alcalde Bran y el diputado Alonzo, de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso, y se espera que en quince días se realice la firma del convenio en la municipalidad, donde los diputados serán testigos de honor”, expresó el viceministro Alonso.
Bran agradeció a las autoridades de Ambiente y al Congreso por llevar a cabo este proceso que beneficiará a miles de personas. “Sin estar creada la oficina ya fueron autorizados 13 expedientes y ahora será más rápido”, comentó.
La firma del acuerdo se espera realizar en la Municipalidad de Mixco entre el 21 y 26 de este mes.
Por Selvin Rustrián.

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Este lunes se efectuó en el Congreso el foro público denominado Comida Chatarra, en el cual se discutió la iniciativa 5168, Ley Marco para la Promoción de la Alimentación Saludable para Niñez y Adolescencia, que promueve la Comisión Extraordinaria de Seguimiento Plan Visión de País, coordinada por el diputado Álvaro Velásquez.
En la actividad participaron expertos del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), Fundación del Azúcar (Fundazúcar) e Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Incap).
Édgar Balsells, del Ipnusac, habló de la necesidad del plantear e implementar políticas públicas que incluyan el plano económico, debido a que el gasto en la ingesta de bebidas carbonatadas es mayor en comparación con el de alimentos nutritivos, y citó el caso de  municipios como Nebaj, Quiché, donde la población tiene poco acceso a servicios de agua potable.
Por su parte María Silvia Pineda, directora ejecutiva de la Fundación del Azúcar, resaltó la importancia del enfoque antropológico y sociológico en este tema, ya que derivado a las costumbres de una población se puede definir su modelo de alimentación. Explicó que el país enfrenta dos panoramas distintos y perjudiciales: desnutrición y la obesidad. “Estamos convencidos de que a mayor educación habrá una mejor alimentación, por lo que seguimos comprometidos en continuar capacitando a mujeres, campesinos y alcaldes en este tema”, afirmó.
Mientras tanto, Carmen Sánchez, del Incap, expuso el impacto potencial que tienen los medios de comunicación en la promoción de alimentos considerados “chatarra”. “Hay países como Chile y México, donde a los productos con sustancias que en exceso pueden causar daños a la salud de forma irreversible se les colocan etiquetas como advertencia de su contenido, y otras aún más drásticas, como el aumento de los impuestos en ciertos ítems, lo cual ha repercutido en una reducción de no menos del 30 por ciento en el consumo”, concluyó.
Al finalizar el encuentro, el representante Velásquez, del bloque Convergencia, manifestó su satisfacción por el resultado del foro e indico: “Creemos que un debate multisectorial hace que iniciativas como la 5168 y la 4944 (Ley de Alimentación Escolar), pueden fortalecer el sistema de alimentación en el país”.
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 4 de cada 10 niños menores de 5 años presenta desnutrición crónica, condición que provoca menos retención escolar y productividad, propensión a adquirir enfermedades y hasta pérdida del coeficiente intelectual, efectos irreversibles durante toda la vida. La desnutrición crónica afecta a 8 de cada 10 de los niños indígenas. No menos de 3 millones de guatemaltecos carecen de acceso al agua potable y aproximadamente 6 millones no tienen acceso a servicios de saneamiento mejorado y a una alimentación nutritiva.
Por Karen Mendoza

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La Instancia de Jefes de Bloque acordó incluir en la orden del día de este martes la elección de la nueva junta directiva del Organismo Legislativo para el período 2017.
El presidente del Congreso, Mario Taracena, expresó que decidió someter a votación la votación de los nuevos directivos para no continuar afectando el progreso de la agenda legislativa, “la cual se había entrampado por este tema”.
Hasta ahora los congresistas Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Fernando Linares Bletranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Óscar Chinchilla, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), han expresado su intención de competir por la Presidencia. Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, anunció su declinación este martes,
Otra de las deposiciones de los jefes de bloque fue incluir el asunto en el cuarto punto, con el propósito de dar lectura a otros temas de la agenda establecida, como la aprobación, en tercer debate, del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de hasta US$150 millones, destinado al Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa.
Otros temas
A la reunión de los jefes de bloque asistió el embajador de la Unión Europea, Stefano Gatto, quien expuso las experiencias en otros países en cuanto al tema de competitividad, en alusión a la iniciativa de Ley de Competencia que se discute en el Congreso. El diplomático aplaudió que Guatemala esté dispuesta a dar el paso de acabar con el tema del monopolio en diferentes productos.
Por aparte, la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila, cuyas dirigentes asistieron al Legislativo, solicitó aprobar la Iniciativa 4981, que contiene la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las labores domésticas en Guatemala, que entre varias cosas fija un salario mínimo y mayores beneficios, como acceso a la seguridad social.
Además, por solicitud de la diputada Sandra Morán, de Convergencia, se decidió excluir de la agenda del jueves 10 la iniciativa que dispone aprobar la Disposición y Trasplante de Órganos, con el objetivo de analizarla y agregar enmiendas.
Por. Byron Ramírez

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Un proyecto de Ley, presentado por el diputado Juan Ramón Lau Quan, busca reformar la Ley de Desarrollo Social para crear el Fondo de Reconstrucción para Desastres Naturales (Foreden) con el que se podrá apoyar a todas las víctimas de los daños provocados por fenómenos naturales.
La iniciativa propone otorgar a las familias damnificadas, un fondo inmediato equivalente al 75 por ciento del valor asentado en el Registra Nacional de la Propiedad de los inmuebles afectados.
El único requisito es que quienes hagan el reclamo documenten más de 10 años de poseer y habitar los inmuebles dañados.
Este apoyo económico es revolvente mediante cuotas que no excederán del 10 por ciento mensual del monto recibido y que éste no sobrepasará de los 50 mil quetzales. Este fondo no estará sujeto al pago de intereses.
Según el diputado Juan Ramón Lau Quan, Jefe de la bancada Todos, el Fondo respondería a una eventual necesidad de los ciudadanos registrados en los censos habitacionales que viven en áreas calificadas como de alto riesgo por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).
“Se ha visto en los últimos años que la gestión estatal no ha obedecido a criterios que tengan en cuenta el tamaño y la dinámica poblacional, las características socioculturales y las relaciones económicas, incluyendo los procesos de modificaciones del entorno natural como factores de desarrollo”, dijo el diputado Lau.
Como ejemplo citó los casos de desastres naturales como el de El Cambray II, Senahú, en Alta Verapaz y las crecidas de los ríos en Suchitepéquez, entre otros eventos naturales, los cuales han causado graves daños materiales e incluso cobrado vidas humanas.
El Foreden será financiado con las ejecuciones presupuestarias que van a parar al Fondo Común del Estado cuando finaliza el ejercicio presupuestario de cada año. El primer aporte sería el fondo común del presupuesto del presente año, resaltó el legislador.
Por José Luis Hernández.

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“No podemos apoyar una iniciativa que viole la Ley de Contracciones del Estado”, refirió Orlando Blanco, jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), al señalar que la postura es no apoyar la propuesta enviada el jueves por el Organismo Ejecutivo y que pretende dar en concesión directa los servicios de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
El parlamentario señaló que se quiere “legalizar algo que a todas luces es ilegal y perjudicial para el país”, y destacó: “Lo que más llama la atención es que se habla de un contrato que será firmado, el cual no se adjunta a la iniciativa, y se desconoce qué contiene y qué establece”.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo consta de 6 artículos, de los cuales 4 requieren una explicación:
Artículo 1. Que la iniciativa será aprobada por razones de utilidad pública e interés nacional, el cual se aprobará con carácter de excepcional y de manera directa.
Artículo 2. Establece el plazo del contrato por un periodo de 21 años.
Articulo 3. La emisión de reglamentos que regulen la concesión.
Articulo 4. Las licencias y autorización de carácter administrativo emitidas previamente en favor de la entidad TCQ, para la operación de la Terminal de Contenedores, conservarán su vigencia y plena validez.
Julio Ixcamey, integrante de la bancada UNE, mencionó que la propuesta carece de respaldo legal, lo cual genera dudas sobre a quién se quiere beneficiar. Afirmó que en el artículo cuatro se pretende favorecer a los empresarios y no al Estado de Guatemala, ya que se establece la vigencia y validez de las licencias.
En cuanto al plazo de cuarenta días que se establece en el acuerdo firmado entre TCQ y el Ejecutivo para que el Congreso conozca y apruebe el proyecto de ley, los diputados afirmaron que nadie les puede fijar tiempo “y más aún con un tema tan delicado”.
Blanco mencionó que para buscar una salida al problema de la concesión se propone analizar una alianza público-privada, lo cual se estaría discutiendo la próxima semana con funcionarios de Gobierno y de la Procuraduría General de la Nación, quienes serán citados por la bancada para tratar el tema.
Por Byron Ramírez.

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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, del Congreso de la República, en sesión de trabajo con la Contraloría General de Cuentas (CGC) y Acción Ciudadana (AC), finalizó las audiencias públicas con diferentes instituciones gubernamentales y civiles para analizar los techos presupuestarios sugeridos para el año 2017.
“El ejercicio fue positivo porque se escuchó a la ciudadanía, funcionarios y tanques del pensamiento, para elaborar un presupuesto apegado a la realidad”, manifestó el presidente de dicha sala legislativa, Jairo Flores, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Carlos Mencos, de la CGC, y Manfredo Marroquín, director de AC, felicitaron a los integrantes de la Comisión de Finanzas por el trabajo realizado. “Es algo que nunca se había hecho y se buscó llevar la transparencia en el análisis y la elaboración del anteproyecto”, afirmó el primero.
Sin embargo, las dos instituciones entregaron un pliego de sugerencias:
- Prohibir a las instituciones de gobierno que contraten a empresas para supervisas obras.
- Antes de impulsar programas asistencialistas que se instalen mesas de diálogo, para mejorar las buenas prácticas y garantizar que la ayuda llegue a la población necesitada.
- Que las transferencias de fondos del Ejecutivo no se hagan a organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, fundaciones o entidades de lucro sin antes ser aprobadas por el Congreso.
- Antes de realizar pagos de deudas de arrastre se conformen mesas técnicas coordinadas por el Ministerio de Finanzas.
Según Mencos y Marroquín, lo que se pretende con ello es promover la transparencia en todos los procesos.
Antes de la entrega del anteproyecto se conoció que a ministerios como el de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Desarrollo Social y de la Defensa Nacional tendrán reducciones, mientras se darán aumentos a Educación, Salud y Gobernación, y así como al Ministerio Público, Organismo Judicial e Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
El Tribunal Supremo Electoral tendría más recursos, para efectuar la consulta popular en el caso de las reformas constitucionales, y al Instituto Nacional de Estadística por el censo poblacional que se realizará en 2017.
La próxima semana se espera que la comisión se reúna para conocer cómo quedará redactado el anteproyecto y obtener las firmas respectivas para darle dictamen favorable, con la intención de que el jueves 10 sea entregado a la Junta Directiva para que sea agendado y llevado al pleno.
Por Selvin Rustrián.

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Con el objetivo de resolver la problemática agraria e iniciar un plan de desarrollo en áreas protegidas de Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, en los municipios de San Andrés, La Libertad y Las Cruces, departamento de Petén, quedó instalada la mesa técnica interinstitucional convocada por el diputado Leocadio Juracán Salomé, de la bancada Convergencia.  
Participan el jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque; el comisionado presidencial del Sistema de Diálogo Permanente, Rokaél Cardona; el comisionado presidencial en Derechos Humanos, Víctor Hugo Godoy; el secretario de Asuntos Agrarios, Carlos Morán Pop; el ministro de Energía y Minas, Luis Chang; el director del Fondo de Tierras, César Augusto Martínez; el titular del Consejo Nacional de Areas Protegidas, Mynor García, así como el Bufete de Juristas de Derechos humanos y representantes de las comunidades de la Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, Raúl Ruano y Cándido Reyes, respectivamente.
En la reunión se conocieron los problemas de al menos 60 mil personas que residen en las áreas protegidas mencionadas, a quienes las autoridades pretenden desalojar.
Los dirigentes campesinos exigieron al gobierno que les permita seguir trabajando las tierras que poseen “desde hace mucho tiempo y que les han costado sudor y lágrimas”.
Expusieron que necesitan seguridad y certeza jurídica de sus tierras, desarrollo integral en sus comunidades, incorporación al desarrollo de la nación y que el Estado se comprometa a promover, planificar, autorizar y ejecutar proyectos sostenibles en ambiente, agua, explotación de la naturaleza, salud y educación.
Acordaron solicitar al Vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera, que se  integre a la mesa de diálogo interinstitucional, a efecto de que coadyuve a solucionar el conflicto en el menor tiempo posible, a lo cual Cardona se comprometió a solicitar personalmente su participación.
Finalmente, el diputado Juracán Salomé señaló, de común acuerdo con los participantes, fijar para el lunes 7 de los corrientes la instalación de un comité y el martes 15 la primera reunión de trabajo en Casa Presidencial.
Por José Luis Hernández

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El diputado Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia, se reunió con representantes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), para indagar sobre el estado de los proyectos de carreteras que están por ejecutarse en diferentes municipios de Sololá.
Representantes de las comunidades de San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna y San Juan, entre otros, dieron a conocer su preocupación por el mal estado de las vías, lo cual ha provocado daños en los vehículos y asaltos, pues son transitadas por pobladores y turistas.
El congresista Juracán manifestó su interés en finalizar la construcción de un tramo de 3.5 kilómetros entre Santiago Atitlán y San Pedro, y la carretera entre San Lucas Tolimán y Patulul, en Suchitepéquez, las cuales están deterioradas.
“Nos preocupa que estén en abandono mientras que se construye una ruta entre Atitlán y Chicacao, la cual no es transitada. Tenemos la sospecha de que podría ser por la construcción de una hidroeléctrica o actividades de minería en el lugar”, comentó el legislador.
Agregó que debido a estos atrasos efectuarán una visita de fiscalización el 18 de este mes, con el acompañamiento de las autoridades de la cartera, Covial y alcaldes municipales.
Por su parte, Manuel López, coordinador del Fondo Social de Solidaridad, indicó que realizan las asignaciones presupuestarias para finalizar proyectos viales durante este año, así como la planificación de diferentes tramos que se llevarán a cabo en 2017, con un costo estimado de Q160 millones.
“Ha sido una reunión de trabajo y nos hemos puesto de acuerdo para ir a verificar los tramos pendientes en ese departamento”, explicó López.
Por Elizabeth Linares

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Diputados de la comisiones Extraordinaria de Asuntos Sobre Discapacidad y de Trabajo se reunieron este jueves con Ana Peláez Narváez, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, a quien le presentaron un informe sobre los avances en materia legislativa, entre los cuales resalta la ratificación del Tratado de Marrakech, que facilita el acceso de obras públicas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto.
Peláez Narváez reconoció el compromiso del país en el cumplimiento de los derechos humanos para este sector, como Estado parte de la Convención; otros aspectos positivos que resaltó fue la creación de una comisión ordinaria en el Congreso, la apertura de oficinas municipales y la ratificación del Tratado.
Sin embargo, indicó que a los integrantes de la Comisión les preocupa el atraso en la implementación de políticas que impulsen los derechos humanos de este colectivo, los cuales están enfocados en tres ejes: obligaciones del Estado, derechos y obligaciones específicas.
Asimismo, llamó a la reflexión sobre la necesidad de darle celeridad a la aprobación de la iniciativa 5125, Ley de Personas con Discapacidad, que fue conocida por el pleno en agosto y que, según la experta, “armoniza perfectamente” con la Convención.
Durante su intervención, el congresista Christian Boussinot, titular de la sala Extraordinaria de Asuntos Sobre Discapacidad, dijo que es prioridad para el país atender dichas recomendaciones. “Hemos sido evaluados y se han encontrado varias debilidades; las instituciones del Estado deben de ser fortalecidas para seguir la hoja de ruta que nos permita tener mayores avances”, afirmó el parlamentario de la bancada Todos.
Agregó que en 2015 y 2016 hay avances sustanciales en el trabajo legislativo pues se envió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales una opinión sobre la iniciativa 5125, y espera la respuesta para emitir el dictamen correspondiente.
Sebastián Toledo, director ejecutivo del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, manifestó su agradecimiento por la atención de los diputados e indico que el 9 de este mes presentarán una ruta de acción que genere los mecanismos para la reformulación de acciones orientadas a atender de manera adecuada a la población con algún tipo de discapacidad.
Al finalizar la reunión, el congresista Ovidio Monzón, presidente de la Comisión de Trabajo, dio a conocer que en los próximos días entregarán en la Dirección Legislativa el dictamen favorable a la iniciativa 3932, Ley de Lengua de Señas de Guatemala, para que pueda seguir el trámite de aprobación.
Por Karen Mendoza

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