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Diputados de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad, que preside Christian Boussinot, de la bancada TODOS, emitieron dictamen favorable a la iniciativa de Ley denominada “Lenguaje de Señas de Guatemala” (Lensegua).
El proyecto busca que por primera vez en el país se oficialice esta forma de comunicación no verbal.
Durante la firma del dictamen de la ponencia estuvieron presentes miembros del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, quienes manifestaron el interés por que pueda aprobarse esta normativa, cuyo propósito es el de facilitar la  inclusión social de este sector de la población.
”La comunicación es muy importante para el desarrollo integral, por lo que es necesario estructurar un lenguaje que todas la personas del país puedan entender correctamente”, indicó Edirzal Castro Quiroz, director de rehabilitación y Educación de dicha entidad.
Agregó que el manual está siendo elaborado bajo el consenso y validación, tanto del Comité como de la Asociación de Sordos de Guatemala – Asorgua-.
“Lo que se busca con esta iniciativa  es que se establezca un lenguaje unificado para las personas con esta discapacidad y que se reconozca oficialmente el lenguaje de señas, para que pueda utilizarse incluso en procesos legales”, informó el diputado Boussinot.
El proyecto de Ley,  establece la creación  del Instituto de Lenguaje de Señas, para que se certifique a las personas de manera oficial. El mismo fue entregado la mañana de este jueves a Dirección Legislativa, para que continúe con su trámite correspondiente.

Por Rosemary Recinos.
 

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La diputada Sandra Morán, jefa de la bancada Convergencia, acompañó a los representantes de la Asociación de Pensionados y Extrabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (APEIGSS), quienes indicaron que no están de acuerdo con una posible privatización de los servicios que otorga la institución.
José Francisco Paz, directivo del referido gremio, expuso la preocupación por “la amenaza” que hay de que la dependencia pase a manos privadas. “Sabemos que al ejecutar esta decisión la clase trabajadora perderá los beneficios que ha contraído”, aseveró.
La congresista Morán, refirió que han decidido acompañar a los sectores del país en sus demandas sociales. “No podemos privatizar el IGSS, pues el punto central es la solidaridad con todas las personas; reconocemos los problemas que hay pues varias entidades privadas y públicas no pagan lo que es. Nos comprometemos a darle seguimiento, como participar en las discusiones internas en el Congreso y buscar la solución al caso”, aseveró.
Laura Leiva González, asociada y jubilada del IGSS, agradeció la intervención de la bancada Convergencia. “Queremos que nos den a conocer la realidad y se aclare la situación, pues de ser así más de tres millones de personas, entre afiliados y pensionados, seremos perjudicados; además, es un patrimonio y herencia de los guatemaltecos”, manifestó.
El artículo 100 de la Constitución Política de la República establece que el Estado garantiza el derecho a la seguridad social. Su régimen se instituye como  función pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria, entre otras atribuciones.
Por José Castellanos   

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En reunión con diputados de la Comisión de Seguridad Alimentaria que preside el legislador Víctor Manuel Estrada, del Movimiento Reformador; el Ministro y Viceministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez Montenegro y José Felipe Orellana, respectivamente, y una veintena de representantes de familias campesinas, fue acordado que se acudirá ante el mandatario Jimmy Morales, para solicitarle la condonación de una deuda por 150 millones de quetzales.
Este adeudo con el Banco de Desarrollo Rural, (Banrural) afecta a más de 3 mil familias de agricultores de todo el país desde hace mas de una década.
El representante de Sololá, José Canú, hizo ver la urgente necesidad de  solventar este millonario compromiso porque los intereses que les cobra el banco consume una gran parte de sus ingresos.
Según indicaron los afectados, la institución financiera ha optado por rematar sus propiedades y embargar sus cuentas, especialmente aquellas en las que sus familiares depositan las remesas  desde el exterior.
Los desastres naturales que provocaron las tormentas tropicales, Mitch, Stan y Agatha hace más de una década provocaron las millonarias pérdidas en la agricultura de todo el país, saliendo afectadas mas de 3 mil familias.
En aquella oportunidad, el Congreso de la República aprobó un préstamo por 40 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual fue manejado mediante un Fideicomiso depositado en Banrural.
Por su parte, la Vicepresidenta de la citada Comisión, Dolores Beltrán, dijo estar dispuesta a luchar porque el caso se resuelva. “Yo he tomado el caso desde hace 7 años y lo único que conseguí fueron burlas de algunos funcionarios del gobierno pasado, pero ahora todo va a ser diferente”, acotó la diputada.
Al final de la reunión, las partes acordaron reunirse el miércoles próximo para dar respuesta a la problemática.

Por José Luis Hernández.
 

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Con 108 votos a favor, el pleno del Congreso de la República aprobó el Decreto 39-2016, por medio del cual se reforma el Código Municipal, con el propósito de fortalecer la participación de las mujeres en la formación de políticas públicas en favor de dicho sector.
La norma aprobada obliga a las comunas a cumplir con la creación de la Oficina Municipal de la Mujer, la cual tendrá carácter de Dirección en la organización interna. Además, entre sus atribuciones están que deberá elaborar e implementar políticas de promoción y desarrollo de las féminas, y para ello los legisladores acordaron fijar un plazo de 60 días para cumplir con la ley.
“Este es el resultado de una lucha de diferentes organizaciones de mujeres y diputadas que hemos buscado el empoderamiento. Con estas modificaciones logramos que se despoliticen las oficinas que existen, porque ya no será ni la esposa ni la hija del alcalde quien la dirija”, comentó la diputada Delia Bac, del bloque legislativo Alianza Ciudadana.
Por su parte, la parlamentaria Vivian Preciado Navarijo, de la bancada Unión del Cambio Nacional, expuso que la aprobación de esta norma representa un avance muy importante para la participación de la mujer sobre todo en el área rural, pues, pese a que hay Oficina Municipal, todavía es muy limitada la participación de las mujeres.
“Ahora tendrán la facultad como vecinas y representantes en el municipio de participar, aunque sin voz, en las sesiones del Concejo Municipal, vamos avanzando”, dijo la legisladora, representante de San Marcos.
Avanzan puntos de agenda
Durante el desarrollo de la sesión ordinaria también fueron aprobados los decretos 40-2016, Acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, que busca, entre otras cosas, exonerar de impuestos a los funcionarios de dicha organismo, y el 41-2016, que contiene una enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional.
Asimismo, se conoció en segundo debate el proyecto de decreto que dispone aprobar el Código de Migración y se inició la discusión por artículos y redacción final la iniciativa de Ley de Implementación de Mecanismo de Regulación de Velocidad de los Vehículos de Transporte Colectivo o de Carga, el cual limitaría la velocidad a 80 kilómetros por hora.
“Estamos satisfechos con los avances de los puntos de agenda de la segunda sesión de este periodo ordinario. Vamos a seguir luchando para encontrar los consensos en los siguientes temas”, refirió el presidente del Congreso, Mario Taracena.
Por Sayda Galicia

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Representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), presentaron a los integrantes de la Comisión del Menor y de la Familia que preside el diputado Walter Félix, y a organizaciones de la sociedad civil, una propuesta de reformas a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, con el propósito de crear un sistema nacional que permita mejorar la protección a este sector de la población.
La propuesta contempla la creación de un instituto que se convertiría en el ente rector de la ley, el cual concentraría y canalizaría los recursos, esfuerzos e iniciativas, que persigan mejorar el sistema de protección hacia la niñez y adolescencia en Guatemala.
El coordinador del CEG, Sandino Asturias, expresó que se requiere de un marco normativo de la institucionalidad de la ley, que permita implementar políticas públicas para mejorar las condiciones, la protección y los derechos de la niñez y la adolescencia.
“Estamos comprometidos en mejorar la situación de la niñez y la adolescencia en Guatemala. Habrá muchas propuestas en relación al tema por los que vamos a seguir apoyando en crear los espacios y dar el acompañamiento técnico que facilite tener los mecanismos que vayan generando esas reformas legales que queremos impulsar como colectivo”, refirió Asturias.
El parlamentario Walter Félix, indicó que esta propuesta busca elementos, formas y leyes que permitan al Estado guatemalteco estar en mejores condiciones de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia.
“No podemos jugar con la niñez de Guatemala por lo que esperamos que en un corto plazo podamos tener una propuesta definitiva y consensuada, para presentarla como iniciativa de ley lo antes posible e iniciar una discusión y aprobación en el Congreso de la República ”, concluyó el diputado.

Por Elizabeth Linares
 

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Preocupados por un posible retroceso en materia de legislación laboral, diputados de las comisiones de Trabajo y Probidad, se reunieron con Sergio Paixao, representante del Director General de la OIT en Guatemala, dirigentes de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM), ONU Mujeres y sindicalistas de la Central General de Trabajadores de Guatemala.
En la reunión, los participantes discutieron la importancia de que el Congreso de la República apruebe la iniciativa de ley 4981 que integra la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual tiene relación con las trabajadoras y trabajadores domésticos.
Maritza Velásquez, presidenta de ATRAHDOM, explicó que el proyecto contempla la reivindicación de los derechos de las mujeres trabajadoras enfatizando cinco aspectos esenciales; salario, jornada laboral, salud, protección de la niñez trabajadora así como la protección de mujeres migrantes e inmigrantes.
Velásquez asegura que con la ratificación de este convenio se conseguiría la regularización de la jornada de trabajo a 8 horas diarias, ya que actualmente este sector  es sometido a largas jornadas de trabajo sin remuneración extraordinaria ni cobertura social
La primera inquietud sería resuelta a partir del salario mínimo vigente (Q.2740.21),  y el empleador tendría la obligación de inscribir a su colaboradora ante el seguro social, teniendo esta última asistencia en casos de maternidad, accidentes y enfermedad común entre otros.
Al finalizar el encuentro los congresistas Ovidio Monzón y Amílcar Pop presidentes de las salas legislativas se comprometieron a trasladar la normativa a la instancia de Jefes de Bloque en donde será analizada e incluida en la agenda para posteriormente ser conocida y aprobada por el Pleno del Legislativo. “Estamos dispuestos a generar un marco de debate que nos de como resultado dictámenes de iniciativas legítimas como lo es la ratificación de este convenio” agregó Pop.
El Convenio 189, instrumento de la OIT que promueve la inclusión social e iguala las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas fue aprobado en el año 2011 en Ginebra, Suiza y ratificado por trece países en el mundo, contiene los lineamientos básicos para la regulación del trabajo doméstico en el que se eliminan todas las formas de trabajo forzoso obligatorio, abolición efectiva del trabajo infantil y las prácticas discriminatorias, entre otras, en el cual también se incluyen a jardineros y pilotos.
Según registros del Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casas Particulares en Guatemala al menos 200 mil mujeres se desempeñan en este tipo de actividades del hogar y el 80 por ciento de ellas es indígena.
PIDEN INTERMEDIACIÓN POR ANOMALÍAS EN CORPORACIÓN MUNICIPAL
En esa misma reunión, exconcenjales de la Corporación Municipal de Parramos en el departamento de Chimaltenango solicitaron la intermediación de diputados de la Comisión de Probidad del Congreso de la República, para solucionar entre otras cosas la destitución ilegal de la que fueron objeto, además de supuestas contrataciones anómalas y la ejecución de más de Q2 millones en proyectos que podrían ser inexistentes.
Según Silverio Pérez, Rubén Vielmann y Jorge Mario Salazar quienes hasta el 7 de julio de este año ocupaban los cargos de síndico primero, síndico segundo y concejal tercero respectivamente, de la alcaldía del referido municipio la acción en su contra es ilegal debido a que fue tomada de manera arbitraria.
Amílcar Pop presidente de la instancia legislativa y jefe del Bloque Winaq,  afirmó que estarán evaluando la información  pertinente de este caso y pedirán a la Procuraduría de Derechos Humanos un informe sobre los niveles de acceso a la información pública y a la Contraloría General de Cuentas una auditoría de la municipalidad de Parramos para que por esta vía se puede tener “una intervención como Estado, justa y adecuada” aseguró el congresista.

Por Karen Mendoza.
 

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Ante los señalamientos de la población acerca del trabajo del Organismo Legislativo, este jueves fue lanzada la Alianza para el Congreso Eficiente, que busca transparentar el trabajo legislativo.
La campaña busca cambiar la percepción de la población en cuanto a que el trabajo de este alto organismo del Estado es defectuoso. Según lo que se conoce, la ciudadanía considera que la labor de legislar para la población no se cumple por parte de los diputados, asímismo creen que a pesar de que los legisladores fueron elegidos por la ciudadanía, el tiempo que le dedican a sus electores, no es efectivo.
Esta campaña surge por la necesidad de que el Congreso de la República pueda ser sujeto de una constante fiscalización y monitoreo, por lo que se lanza la mencionada plataforma con la que se promoverá una cultura de transparencia tanto hacia la población como de parte de los parlamentarios.
“Entregaremos un informe mensual a los diputados, donde se refleje un trabajo de transparencia, un trabajo de esfuerzo en buscar beneficios a la población, leyes que se cumplan y se vea que la ciudadanía es la más beneficiada”, manifestó Ángel Ramírez, representante de la organización Congreso Transparente.
Los representantes de la organización advirtieron que este mecanismo funcionará solo si existe un acompañamiento y monitoreo del ciudadano, quien debe vigilar y enriquecer las prácticas legislativas a fin de que las mismas respondan a las demandas de la población, dijo Walter Menchú representante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Entre las organizaciones de sociedad civil que participarán en elaborar el informe estan Acción Ciudadana, CIEN, Congreso Transparente, Fundación Proyecto de Vida, Guatemala Visible, Levantemos la Voz y TuiterosXGuate.

Por Selvin Rustrián.

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Los diputados Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Javier Hernández Franco, del Frente de Convergencia Nacional, dieron a conocer este jueves sus planes de dirigir el Organismo Legislativo a partir del 14 de enero de 2017.
El primero manifestó que tiene la intención de conservar la Presidencia por un año más, con el propósito de avanzar en los procesos de ordenamiento administrativo que impulsa desde enero, mientras el segundo expuso el interés del bloque mayoritario de asumir el control del Parlamento.
“No lo quiero dejar en mis manos; los políticos somos como los boxeadores, que no sabemos cuándo retirarnos. Sí quiero (buscar la reelección) por la ayuda que le estoy haciendo al país; los que no me quieren son los que no votan, y ese es el problema”, manifestó Taracena.
“Nada está escrito y sí estaríamos interesados en buscar un puesto en la próxima Junta Directiva, en la Presidencia, vicepresidencias y primera secretaría; no sé quiénes podrían ser los candidatos a integrarla, pues somos 37 diputados en la bancada”, expresó Hernández Franco.
La elección de la Junta Directiva para 2017 puede efectuarse en el período de sesiones que concluye en noviembre o postergarse para la primera quincena de enero.
Por Selvin Rustrián

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Con el propósito de crear un sistema institucional de migración, los diputados al Congreso de la República conocieron la iniciativa 5121 Código de Migración, con la cual se fortalece el contenido de la propuesta inicial para ser innovadores en la región centroamericana.
El presidente de la Comisión del Migrante, Jean Paul Briere, de Todos, resumió en tres puntos la importancia de la ponencia conocida en primer debate, en la primera sesión del segundo periodo ordinario.. “En principio se debe reconocer el enfoque en derechos humanos y seguridad, luego la creación del Instituto Guatemalteco de Migración (que sustituiría la Dirección General de Migración) y la creación de la Autoridad Migratoria Nacional”, dijo.
“Haber iniciado la aprobación de este decreto es importante, porque se está sustituyendo una ley que data de 1998; es necesario hacer una actualización del tema, pero sobre todo es fundamental para la población darle la relevancia que tiene el tema de la migración”, comentó el presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena.
El Código de Migración, que será conocido en segunda lectura en la próxima sesión, busca además crear el Consejo de Atención y Protección que, entre otros aspectos, tiene como fin generar campañas de prevención e información sobre los riesgos y los derechos de las personas migrantes.
Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante en Guatemala, dijo que es positivo porque se buscan beneficios y ayuda para quienes buscan un mejor futuro. “Vamos a estar pendientes de la aprobación, porque Guatemala debe demostrar que realmente le importa el bienestar de los migrantes”, afirmó.
Reformas al Código Municipal
Durante la sesión, los congresistas también avanzaron en la aprobación de las reformas al Código Municipal, las cuales, según la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia, tienen como objetivo elevar a dirección la Oficina Municipal de la Mujer en cada comuna, otorgándoles mayor participación a quienes las integren. “Pretendemos es que las mujeres tengan intervención en la formación de políticas públicas, así como en la elaboración del presupuesto”, refirió Morán.
Retiro voluntario
Al finalizar la sesión ordinaria, el presidente Taracena comentó que no menos de 40 empleados se han adherido al plan de retiro voluntario y que las destituciones se darán conforme avance el proceso.
Al ser consultado sobre las acciones que se han iniciado en su contra, afirmó que no le preocupan, pues solo está haciendo su trabajo apegado a ley.
Por Sayda Galicia y Selvyn Rustrián

 

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