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El diputado Carlos Chavarría, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, presentó en la Dirección Legislativa dos iniciativas de ley. La primera es para reformar los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) y la segunda se refiere a modificar el artículo 12 de la ley que declara como Área Protegida el Monumento Natural Semuc Champey.
La primera propuesta es para homogenizarla con la ley Orgánica de la Policía Nacional Civil (PNC), pues existe una contradicción entre ambas normas internas; la primera establece que los funcionarios y agentes policiales deben ser sancionados por el Fiscal General, mientras que en la segunda se determina que la institución policial depende del Ministro de Gobernación.
“En la propia ley de la PNC se establece en el artículo 3 que el mando supremo será ejercido por el Presidente de la República a través del Ministerio de Gobernación. Si lo dejamos tal y como está en la ley del MP estamos sentando un mal precedente, porque estamos subordinando a la Policía al MP”, comentó el legislador.
El parlamentario también planteó reformas al decreto 25-2005, ley que declara como Área Protegida el Monumento Natural Semuc Champey, a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con el propósito de fijar nuevos porcentajes en el pago de regalías.
La reforma que se plantea es que los fondos generados por el ingreso de turistas sean distribuidos de la siguiente manera: el 50 por ciento para la administración, protección, conservación y mantenimiento del sistema; el 40 por ciento para las comunidades y un 10 por ciento para la Municipalidad de Lanquín, Alta Verapaz.
“Hemos consensuado con los pobladores de la región y están de acuerdo con esta distribución. Además, se establece que esos recursos se encaminen a proyectos de salud, educación, vivienda y desarrollo rural”, comentó Chavarría.
El parlamentario espera que estas iniciativas sean conocidas por el pleno y remitidas a las comisiones correspondientes.
Por Elizabeth Linares

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Diputados del bloque Movimiento Reformador (MR), que coordina el representante Boris España, se reunieron con Carlos Solórzano, presidente relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura; Mareny Mérida, de la Secretaría de Bienestar Social, y con representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, para analizar las acciones que se están implementando para reinsertar a los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal.
“El actuar de los grupos criminales que operan en el país, cuya estrategia es utilizar a la población adolescente y a las mujeres para cometer actos ilícitos, ha incrementado el hacinamiento en estos centros de privación de la libertad”, indicó el diputado España.
Solórzano señaló que a diario se cometen actos que van contra los derechos humanos de los jóvenes en los centros correccionales, que van desde falta de higiene en las instalaciones, mala manipulación de los alimentos, aglomeración, las denominadas “talachas”, agresiones sexuales y falta de actividades de recreación, lo cual incrementa la violencia física y psicológica entre los mismos internos.
“Lo importante no es hacer la recomendación sino que la autoridad cumpla en atender lo que la oficina que represento está diciendo; nuestras recomendaciones son vinculantes, es decir que la autoridad está obligada a cumplir”, expresó el presidente relator.
“Las recomendaciones se han implementado de acuerdo con las condiciones y posibilidades de la Secretaría; hemos establecido un enfoque dirigido al respeto de los derechos de los jóvenes y capacitado a los monitores que están en contacto con ellos. En ningún momento se nos ha hecho del conocimiento que se trate de condiciones de tortura”, expresó Mérida.
Asimismo, solicitó a los diputados el apoyo necesario para que se pueda aumentar el presupuesto de dicha Secretaría, pues es uno de los temas limitantes en el momento de tomar decisiones que permitan resolver está problemática, indicó la funcionaria.
Alejandra Carrillo, presidenta de la Comisión de la Juventud, se refirió al alto nivel de reincidencia que presentan los menores en los delitos, por falta de reinserción adecuada. “Es necesario que se realice una división por rangos etarios, para separar a los adolescentes menores y mayores de 15 años, porque al mezclarlos son víctimas de todo tipo de violencia”, concluyó la parlamentaria.
“Haremos una fiscalización en los lugares para verificar realmente las condiciones que se han denunciado, tanto de salud como de hacinamiento”, indicó el jefe del bloque MR.
Por Rosemary Recinos

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El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García; los alcaldes de los municipios de Livingston y Puerto Barrios, en Izabal; así como autoridades del Viceministerio de Cultura, Dirección General de Caminos y  Covial, comparecieron ante los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República, que preside la diputada Thelma Ramírez, de la UNE, para buscar una solución conjunta a la problemática de infraestructura, principalmente lo relacionado con la red vial, que afecta al nororiente del país.
La parlamentaria Ramírez Retana indicó que hay problemas con las carreteras, caminos vecinales, edificios escolares y azolvamiento en las riberas del río Motagua, que atraviesa algunos municipios de Izabal.
El problema principal, resaltó la dignataria, es el daño que provoca el paso de transporte de carga pesada sobre el Río Dulce, ya que “no se respeta la regulación vigente sobre el peso adecuado con el cual deben circular”. Lo peor, añadió, es que  para iniciar los trabajos de mantenimiento en el puente se debe pedir permiso al Viceministerio de Cultura porque está declarado como Patrimonio Cultural.
Durante la reunión se trató también el problema de la mala infraestructura de los edificios escolares, carreteras que están llenas de hoyos y el riesgo en que viven las comunidades que residen a orillas del río Montagua, según informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred y el Instituto de Sismología, Meteorología e Hidrología, INSIVUHME.
En respuesta a las demandas de la congresista, el titular de la cartera de Comunicaciones, Aldo García, explicó que ya tienen algunos informes sobre la situación en qué se encuentra  carretero de la CA-9, entre otros problemas de infraestructura que están por resolver. Agradeció por el apoyo del Congreso  y quedaron en continuar con las pláticas a fin de darle seguimiento a las los temas planteados por la Comisión de Asuntos Municipales del Legislativo.
Por José Luis Hernández

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Las 24 diputadas que forman parte de la octava legislatura, crearon este lunes el Foro Parlamentario de Mujeres de Guatemala, el cual velará por los derechos de todas las mujeres del país, trabajará en su beneficio y buscará mejores oportunidades, para cambiar las condiciones excluyentes hacia ese sector de la población.
La diputada Sandra Moran, quien impulsó este proyecto, comentó que luego de varios años lograron integrar este foro y que hoy es un sueño hecho realidad, “Será un espacio que se aprovechará al máximo para poder legislar a favor de las mujeres, es un logro reunir a las 24 diputadas y de ahora en adelante vamos a trabajar por un mejor futuro para las mujeres del país”, manifestó la parlamentaria.
La diputada Sofía Hernández de la bancada  Alianza Ciudadana, calificó como “histórico para el Congreso, para las mujeres y para el país la creación de este foro”.
“Es la primera vez que sucede algo así en el país y quedará escrito en la historia de Guatemala este suceso. Felicito a todas por su participación y apoyo a este proyecto que hoy se está convirtiendo en realidad”, enfatizó la congresista Laura Franco, representante de la bancada Frente de Convergencia Nacional.
En los estatutos del foro se establece que sus funciones serán el impulso al trabajo legislativo a favor de las mujeres, facilitación del trabajo en conjunto con otras lideresas, fiscalizar la correcta inversión en los programas dirigidos a las mujeres, así como crear espacios a favor de ese sector, entre otras.
En los estatutos está establecido que cada año, a mediados de agosto se elegirá nueva junta directiva que será integrada por una representante de cada partido político representado en el Congreso.
La primera junta directiva, presidenta, vicepresidentas y secretarias, será electa en el pleno del Congreso en la sesión ordinaria de este martes 9 de agosto, según se informó.

Por Selvin Rustrián.

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Durante la reunión la instancia de jefes de bloque de este lunes, sus integrantes, junto a la Junta Directiva del Congreso decidieron sacar de agenda la discusión y aprobación de dos préstamos debido a las dudas que generan la forma en que se proyecta su ejecución.
El primer crécito, por US$150 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado al “programa de mejoramiento de la cobertura y calidad ejecutiva”, y otro más que asciende a US$120 millones orientado al programa “Tercera Etapa del programa de Inversión de Infraestructura, maquinaria y equipo para la Universidad de San Carlos”.
Los legisladores Raúl Romero de la bancada FUERZA y Manuel Conde del Partido de Avanzada Nacional (PAN), coincidieron que hablar de la aprobación de un préstamo es una responsabilidad que no se debe tomar a la ligera, ya que los mismos se pagarán con los impuestos de los guatemaltecos, por lo cual se debe conocer cómo serán ejecutados los mismos.
En esta reuión de la instancia de Jefes de Bloque y los integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República, presidida por Mario Taracena, fue acordada la agenda del próximo martes y jueves en el segundo periodo de sesiones ordinarias.
Romero, expresó que hay temas importantes que se conocerán este martes como lo es la aprobación en tercer debate, por artículos y redacción final de la iniciativa de Ley que dispone aprobar el Código de Migración.
Entre las demás iniciativas  que se conocerán en primer y segundo debate están la que dispone crear el Instituto Garífuna para el Desarrollo, Ley de Implementación de mecanismo de Regularización de Velocidad de los Vehículos de Transporte Colectivo o de Carga.
Para el jueves fue pactado que se conozca la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral, así como el Sistema Nacional de  apuestas, casinos, videoloterías, bingos y juegos de azar.
En otro tema
Los jefes de bloque recibieron a la Ministra de salud, Lucrecia Hernández Mack, a solicitud de la funcionaria con el objetivo de exponer ante los legisladores a quienes integran su equipo de trabajo, así como los ejes en los cuales desempeñará con el objetivo de mejorar el sistema de salud.
Mario Taracena, agradeció la visita de Hernández Mack al Congreso, asegurando que esto demuestra madurez política y sobretodo el interés de querer trabajar de la mano con otros sectores para el mejoramiento de la salud y la lucha contra la corrupción que existe en ese ministerio.

Por Byron Ramírez.      
 

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En una reunión a puerta cerrada, diputados llegaron a consensos para continuar con la discusión en el pleno del Congreso de la Ley de Implementación de Mecanismo de Regularización de Velocidad de los Vehículos de Transporte Colectivo o de Carga.
En la sesión plenaria del jueves 4 de agosto, surgió un debate en el que hubo opiniones en contra de la regularización de la velocidad, que para muchos legisladores era una buena opción para evitar accidentes fatales en las carreteras.
En la sesión acordaron elevar la velocidad máxima para que circule el transporte pesado a 90 kilómetros por hora y no 80 como estaba en la propuesta original, normar las licencias a menores, revisión a academias de manejo para licencias tipo “A”, y se estableció que las entidades encargadas de verificar dichas medidas será la Dirección General de Transporte, Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil y la Dirección de Protección Vial.
“Se llegó a un consenso y todos están de acuerdo en seguir con la discusión. Se harán algunos cambios pero será dentro del pleno. Estamos satisfechos pero las dudas fueron resueltas y al ser aprobada dicha normativa, los empresarios tendrán seis meses para implementarlas”, expresó Luis Contreras ponente de dicha iniciativa.
Para este martes, en la segunda sesión del segundo periodo ordinario se espera que continúe la discusión en el pleno del Congreso de dicha normativa con la que se normará la velocidad del Transporte colectivo y de carga.


Por Selvin Rustrián.

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Los diputados de la Comisión de Economía y Comercio Exterior concluyeron la fase de audiencias públicas para analizar la iniciativa de ley 5074 que dispone aprobar la Ley de Competencia, la cual busca evitar la formación de monopolios económicos y desincentivar las prácticas anticompetitivas entre empresas.
“Sostuvimos tres días de audiencias durante los cuales escuchamos al sector público, universidades y empresarios. Analizaremos detenidamente las recomendaciones antes de tomar una decisión sobre la normativa”, declaró el diputado José Alejandro de León Maldonado presidente de la referida sala legislativa de trabajado.
Este día, los congresistas escucharon las ponencias de los representantes de la Cámara de Comercio, Asociación de Azucareros de Guatemala, Gremial de Energía e Hidrocarburos y Asociación Guatemalteca de Exportadores quienes coincidieron en que hay varios artículos que deben ser revisados para evitar que la ley afecte la economía del país.
Entre ellos, los artículos 5, 6,7,8 9 y 14 referentes a resoluciones judiciales, prácticas anticompetitivas absolutas y relativas, prácticas permitidas y obligación de notificar.
Los representantes de la Asociación de Generadores de Energía Renovada y de la Asociación General de Generadores fueron más allá y recordaron a los legisladores, que cuentan con una ley propia de energía desde hace 20 años y que si son incluidos en la Ley de Competencia habría una doble regulación, lo cual es ilegal.
El diputado José Alejandro de León Maldonado, informó que esperan emitir el dictamen a la ley a mediados del mes de septiembre, y que la otra semana con los integrantes de la sala de trabajo de economía se reunirán autoridades del ministerio de economía.
Por Karla Herrera

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La unión de los tres sindicatos del Congreso de la República para accionar y protestar por las medidas adoptadas por la presidencia del Organismo Legislativo, no preocupa al presidente Mario Taracena Díaz-Sol quien asegura que los trabajadores tenían todo el derecho de manifestar.
“Que bueno que se hayan unido los sindicatos así se lleva un solo proceso. Las puertas de presidencia están abiertas para un diálogo, solo hay que recordar que la ley es para cumplirse y no es retroactiva, las becas en el Congreso se acabaron”, finalizó el parlamentario.
Este viernes, los trabajadores organizados manifestaron su rechazo a las destituciones de personal y al descuento del aumento de salario del 10 por ciento de este año.
“Vendremos de negro todos los viernes como protesta y la colocación de moñas negras es porque estamos de luto por que es un asesinato por las acciones laborales que han tomado en contra de los trabajadores y seguimos rechazando la Ley del Servicio Civil del Congreso”, manifestó Alfredo Tumax del SINTRACOR
Las acciones de los sindicatos se producen debido a que en días anteriores Mario Taracena, presidente del Legislativo, informó que se inició el proceso de destitución de 274 trabajadores del Congreso por ser parientes de diputados, reorganización y porque algunos salarios superan al que perciben los congresistas.

Por Selvin Rustrián.
 

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Después de varios años de oscurantismo y opacidad, el Congreso de la República de Guatemala se ha convertido en la institución más transparente del Estado con un nivel de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información de un 98.4 por ciento, según la evaluación efectuada por la Procuraduría de Derechos humanos, al portal web de este alto Organismo.
“Es histórico, esto nunca ha pasado en América Latina. Estas son las noticias que necesitamos, Guatemala necesita tener esperanza, Guatemala tiene que cambiar y nosotros lo estamos haciendo…estamos atendiendo el clamor popular, y hoy el Congreso tiene sus puertas abiertas para que los ciudadanos conozcan el destino y la forma en que son utilizados sus recursos. Viva el Congreso, viva Guatemala, lo estamos logrando y vamos a seguir para adelante”, dijo el presidente del Congreso Mario Taracena Díaz-Sol durante la presentación oficial del informe anual de transparencia de la PDH.
En menos de seis meses, las nuevas autoridades del Congreso por medio de la Unidad de Acceso a la Información, que coordina la licenciada Karina Paz, lograron elevar el nivel de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública de 36.27% en diciembre de 2015, a 98.40% en julio de 2016.
Con ello, el Congreso de la República, por primera vez en la historia, se convierte en la institución más transparente del Estado al cumplir casi a cabalidad con publicar, mes con mes, en su portal web la información pública de oficio que según la Ley de Acceso a la Información le corresponde.
Ahora, cualquier ciudadano que quiera conocer el destino y la forma en que son utilizados los recursos del Congreso...., compras, contrataciones, viajes de diputados y salarios de empleados, entre otras cosas, lo puede hacer ingresando al portal del Congreso www.congreso.gob.gt, Transparencia, Ley de Acceso a la Información Pública, o a través del enlace http://www.congreso.gob.gt/ley-de-acceso-a-la-informacion-publica.php.
“El Congreso era el Organismo más opaco del Estado; hoy, seis meses después, tenemos otra realidad gracias a, entre otras cosas, el compromiso y la voluntad política de las nuevas autoridades de transparentar las finanzas del Congreso”, dijo Gerson Sotomayor, asistente de Dirección General quien ha sido un baluarte esencial en el proceso de mejora del nivel de transparencia del Congreso.
La Unidad de Acceso a la Información fue creada  en el año 2009 en cumplimiento del decreto 57-2008 del Congreso de la República. Está ubicada en la sexta avenida “A” 10-52 zona 1, Callejón de Tasso, y consta de un equipo de trabajo altamente calificado para atender a cualquier ciudadano que solicite información referente al quehacer del Congreso.
Con base a lo establecido en el Artículo 46 del Decreto 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información Pública, el Procurador de los Derechos Humanos es la autoridad reguladora y protector del derecho humano de acceso a la información. El Acuerdo número SG-033-2012 nombra  la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública, para que desarrolle las obligaciones legales establecidas en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Acceso a la Información Pública.

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