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El diputado Juan Ramón Lau Quan, jefe de la bancada Todos, presentó a Dirección Legislativa, una iniciativa de ley para reformar el decreto 48-97 Ley de Minería, la cual contempla normar toda actividad de reconocimiento, exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte y comercialización de minerales en el país.
La iniciativa incorpora como norma, la figura de las consultas a los pueblos indígenas que deben llevarse a cabo de acuerdo a lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que en reiteradas ocasiones la Corte de Constitucionalidad ha recomendado que se incluyan.
“El proyecto busca que en la legislación se instituya la consulta a los pueblos indígenas para darles la participación debida a las comunidades afectadas o beneficiadas por los trabajos mineros”, comentó el legislador.
Asimismo, el congresista dio a conocer que se pretende aumentar el porcentaje  de las regalías por la explotación de minerales, la cual quedaría en un 25 por ciento para explotación de oro, plata, platino y minerales radioactivos, un 15 por ciento para minerales metálicos que contengan hierro, níquel, cobre, plomo, antimonio, estaño, zinc, cinabrio, cromo y tantalio; y un 10 por ciento por los minerales que contengan yeso, mármol, barita, jade, cuarzo, sílice y carbón.
“Se debe también delimitar el destino y la distribución que se le de al recurso obtenido a través  de las regalías, así como crear un fondo minero el cual únicamente podrá distribuirse entre los proyectos que busquen el desarrollo de las comunidades  donde se está efectuando el trabajo minero”, refirió el jefe de la bancada Todos.
Finalmente, el parlamentario indicó que esta iniciativa, la cual consta de 47 artículos, será conocida en su momento por el pleno del Congreso de la República para remitirla a la comisión correspondiente para su estudio y análisis.

Por Elizabeth Linares.

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Debido al retiro del Centro de Administración de Justicia (CAJ), que abarca a jueces, Policía Nacional Civil y Ministerio Público (MP) del municipio de Santa Eulalia, en el departamento de Huehuetenango, diputados de este distrito se unieron para apoyar la solicitud de los alcaldes de la zona norte para que sea ubicado nuevamente.
La petición se realizó durante una reunión con el director adjunto de la PNC, Carlos Lemus; la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, Nidia de Corzantes; Gustavo Maldonado, coordinador del CAJ, y Ofelia González, del MP.
Los alcaldes de Santa Eulalia, San Juan Ixcoy, San Pedro Soloma, San Rafael la Independencia, San Miguel Acatán y San Sebastián Coatán destacaron la necesidad de tener cerca a los operadores de justicia para evitar la inseguridad y los índices de violencia.
“Al no contar con ello la población tendría que viajar muchos kilómetros para presentar una denuncia, y en este caso las mujeres y los niños serían los más perjudicados, pues en el departamento se dan muchos casos de violencia intrafamiliar, por lo que es necesario que el CAJ regresen a Santa Eulalia”, aseguró el diputado Mike Mérida Reyes, del Movimiento Reformador.
Los representantes del MP y la PNC aseguraron que están analizando la posibilidad de regresar el CAJ, pero deben evaluar la seguridad y las condiciones de un lugar físico.
Antes de concluir la reunión, los congresistas dieron un plazo de ocho días para que se decida la reinstalación y evitar dejar que “sea un pueblo sin ley”.
Por Karla Herrera

 

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EL DIA DE HOY EL DIPUTADO JUAN RAMON LAU QUAN PRESENTÓ Y REALIZÓ PÚBLICAMENTE LA ENTREGA A DIRECCIÓN LEGISLATIVA DE LA INICIATIVA QUE DISPONE REFORMAR EL DECRETO 48-97 LEY DE MINERÍA. 

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Durante la sesión plenaria de este jueves, los diputados al Congreso de la República lograron avanzar en la discusión del Código de Migración, después de alcanzar los consensos necesarios para fortalecer el contenido de la iniciativa a través de modificaciones de curul.
Con base en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Congreso de la República, los legisladores acordaron aprobar por libros el contenido de la iniciativa que consta de 246 artículos.
Durante la sesión se avanzó con la discusión del primer libro, que contiene 111 artículos y se aprobó la modificación al artículo 16, en el cual se establece lo relacionado al derecho de abrigo y cuidado temporal.
La aprobación del Código de Migración, que entre sus objetivos tiene el de establecer la configuración de una política migratoria como respuesta del Estado y la creación del Instituto Guatemalteco de Migración (que sustituirá la Dirección General de Migración),  continuará el martes en sesión, declarada permanente.
Un avance para la Migración
“La discusión de esta normativa constituye un avance positivo para el país, considerando que se modernizará el sistema migratorio que tenemos el cual tiene muchas inconsistencias. Es importante este paso porque el tema migratorio es complejo”, asegura el diputado Raúl Romero Segura, de la bancada Fuerza.
El jefe del bloque legislativo MR, Boris España va más allá y señala que la aprobación de esta normativa ayudará mucho en el control migratorio, pues recuerda que en el contexto mundial y regional, debido a la ubicación geográfica del país, el narcotráfico, el movimiento de armas y el tráfico de personas son una  amenaza.
“Recordemos que un buen número de personas van rumbo a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades pero otros se quedan en territorio nacional”, comentó el congresista.
En tanto, el presidente de la comisión del Migrante, Jean Paul Briere, reconoce que la aprobación de este Código de Migración todavía tiene un camino por recorrer, pues se han presentado alrededor de 56 modificaciones de curul para homologar algunos temas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales serán discutidas en la próxima plenaria.
“Estamos llegando a consensos para aprobar una ley que no es casuística, porque ha sido bien elaborada pensando en una integralidad del tema migratorio”, expuso el legislador.


Sayda Galicia

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Los integrantes de la Junta Directiva del Congreso, presidida por el diputado Mario Taracena, junto a los jefes de bloque del Congreso, recibieron a la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana así como a Iván Velásquez, Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); quienes solicitaron a los diputados una mayor discusión de la iniciativa “ley para la aceptación de cargos”, antes de ser aprobada.
“Aunque es necesaria, por nuestra parte no hay prisa de que se apruebe la iniciativa”, manifestó la fiscal General; quien agregó que el proyecto debe tener la opinión de varios sectores y que su discusión enriquecería aun más el proyecto de ley, concluyó Aldana.
“Esta iniciativa no está pensada para apoyar o colaborar con la impunidad como se hace pensar”, ya que la misma tiene que llenar varios requisitosL, expresó Velásquez, quien añadió que debido a los tiempos, la ley no beneficiaria a los hoy sindicados por el caso “la línea”, “cooptación del estado” y “coperacha”.
Sin embargo, algunos diputados expresaron sus dudas por la retroactividad de la ley, entre ellos Juan Ramón Lau Quan, jefe de la bancada TODOS quien dijo que debido a prerrogativa de la que gozan las reos en materia penal, muchos podrían decidir apegarse a la aceptación de cargos, concluyó.
El proyecto de ley pretende descongestionar el sistema de justicia al que ingresan muchas denuncias y evacúa pocos casos, afirmó Aldana, mientras que el jefe de la CICIG aseguró que este tipo de mecanismos penales es una tendencia global y que la aceptación de cargos ha demostrado su utilidad y eficiencia en países como Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia entre otros.
El diputado Raúl Romero, afirmó que para cumplir con el propósito de resolver de la mejor manera los conflictos jurídico-penales esta iniciativa seria una salida viable, siempre y cuando se tenga el consenso de todos los sectores involucrados, ya que “ningún sistema procesal del mundo es sostenible, si no adopta mecanismos alternativos al procedimiento común para resolver los casos”, puntualizó Romero.
La propuesta contempla un incentivo de rebajas de penas, proporcional al ahorro de la actividad procesal, que impacta favorablemente todo el sistema de justicia.
Los imputados o acusados podrán aceptar los cargos de los que acusa el Ministerio Público y a cambio obtener rebajas en las penas por una única ocasión en el respectivo proceso, de la siguiente forma:
Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración, tendrá derecho a que se le rebajen las penas a la mitad.
Si lo hace después de la audiencia de primera declaración y hasta que se profiera resolución que admita la acusación, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una tercera parte.
Si lo hace después de la apertura del juicio, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una quinta parte.
Ventajas principales
Una mejor respuesta del sistema de justicia penal en el control de la criminalidad, en la medida que eleva los niveles de eficiencia, al permitir que una mayor cantidad de casos se resuelvan con prontitud, incluyendo los de gran complejidad; así como aplicar mayores recursos al procesamiento legal de las causas difíciles, lo que en ambos casos abona en la reducción de los niveles de impunidad generada dentro del sistema.
Contribuye como medida efectiva para reducir la sobrepoblación del sistema penitenciario, tomando en consideración que el mayor porcentaje de la población privada de libertad, es la que se encuentra en prisión preventiva, a la espera de solventar su situación jurídica.

Por Byron Ramírez.

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El rector de la Universidad de San Carlos (Usac) Carlos Alvarado, y el titular del Ministerio de Educación (Mineduc), Óscar López, se reunieron por separado con los jefes de bloque del Congreso de la República para explicar en qué serán invertidos los préstamos que ambas dependencias están solicitando.
En el Organismo Legislativo hay dos solicitudes en primer debate; una por US $120 millones requerido por la máxima casa de estudios superiores del país, y otro por US $150 millones para la cartera educativa.
“Necesitamos más infraestructura y se utilizará el 65 por ciento del préstamo en el interior y 35 por ciento en la capital, para la construcción de edificios que albergarán a los estudiantes que reciben clases en establecimientos prestados por el Mineduc”, manifestó Alvarado.
“La intención es fortalecer la infraestructura y calidad educativa en procesos de formación en los niveles de preprimaria y primaria, aumentar la cobertura de estos dos niveles a nivel nacional y remozar miles de escuelas”, dijo López.
Según el jefe de la cartera educativa, se tiene contemplado invertir los US $150 millones de dólares en la siguiente forma: US $89 millones en habilitación y remozamiento de centros escolares, US $55 millones en calidad de enseñanza y aprendizaje, y US $6 millones en supervisión y evaluación.
“Nosotros apoyamos los préstamos, pero es necesario conocer dónde invertirán tanto dinero, y es mejor que las autoridades expliquen. Ya conociendo de cerca todo seguiremos con el apoyo, expresó el jefe de bancada de Fuerza, Raúl Romero.
El presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, informó a los 2 funcionarios que las 2 solicitudes seguirán con el proceso legislativo.
Por Selvin Rustrián

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Como un homenaje a Doroteo Guamuch Flores, ganador del primer lugar de la Maratón de Boston, en Massachusetts, Estados Unidos, en 1952, el pleno del Congreso de la República, con mayoría calificada, aprobó el Decreto 42-2016 por medio del cual le cambian denominación al Estadio Nacional Mateo Flores, que a partir de la vigencia de la norma tendrá el nombre del atleta.
La ley aprobada también instruye a la Municipalidad de Mixco para que cambie el nombre de la calzada Mateo Flores por Doroteo Guamuch Flores. Además, se establece la obligatoriedad para que las autoridades competentes cambien la denominación de otras instalaciones y obras que hayan sido bautizadas de la misma forma.
La aprobación de la normativa fue impulsada por el presidente de Junta Directiva, Mario Taracena Díaz-Sol, quien manifestó la importancia de homenajear al atleta en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

- LEA TAMBIÉN: EL CONGRESO CONMEMORA EL DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Buscan fortalecer el Sistema de Justicia y Penitenciario
En la sesión de este martes, los legisladores también conocieron la dispensa de dictamen de dos iniciativas de ley que buscan fortalecer el sistema judicial y penitenciario.
El primer proyecto se refiere a la Aceptación de la Culpa, reforma el Código Procesal Penal y tiene como objetivo obtener la aplicación de la justicia pronta y cumplida, como una forma que permita alcanzar soluciones en los conflictos sociales generados por el delito y propiciar la reparación integral de los daños y agravios ocasionados por el mismo.
En tal sentido, los imputados o acusados podrán aceptar los cargos que les formule el Ministerio Público, lo que durante el desarrollo del proceso podría permitirles una reducción de la pena de hasta el 50 por ciento.
La segunda propuesta fue la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, conocida en primer debate, con la cual se busca desconcentrar los centros de detención de privados de libertad mediante la implementación de un dispositivo electrónico a los acusados de algún delito mientras se lleve su proceso judicial.
“Me parecen interesantes e importantes ambas propuestas porque son un adelanto en la aplicación de la justicia en Guatemala;  además, se tendrá un ahorro en tiempo y costo”, aseguró Carlos Fión, jefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden.
Los puntos de la agenda legislativa avanzaron, pues también se conoció en tercer debate y se inició la aprobación por artículos del Código de Migración, que entre otras cosas crea el Instituto Guatemalteco de Migración (que sustituiría la Dirección General de Migración.
El pleno del Legislativo se constituyó en sesión permanente, por lo que la norma que regula el tema migratorio continuará su discusión el jueves 11, a las 10:00 horas.
Por Sayda Galicia

Fotos cortesía de elpaisdelosjovenes.com y Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

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Diputados de la Comisión del Menor y la Familia, que preside el diputado Walter Félix, del bloque URNG-Maíz, iniciarán un proceso de fiscalización de los centros de atención a la niñez y la juventud, que administra la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP), con el objetivo de determinar si cumplen con la misión de atender a la niñez y adolescencia vulnerada y amenazada en sus derechos.
Según sus estatutos, la SBSP, debe cumplir con sus funciones mediante programas de prevención, protección integral, reinserción y resocialización a nivel nacional.
El diputado Félix anunció que la próxima semana estará listo el cronograma de fiscalización el cual iniciará el tercer viernes de este mes, periodo durante el cual se priorizarán las visitas a los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Retalhuleu, Huehuetenango y Alta Verapaz, entre otros.
“Este ejercicio nos permitirá conocer si el informe de la Secretaría obedece a la realidad de los niños y adolescentes atendidos en estos centros”, explicó el diputado Walter Félix.
Educación, salud, niños migrantes, violencia psicológica y sexual serán algunos de los temas a fiscalizar según indicó el parlamentario.
Los Centros de Atención brindan protección residencial temporal a los niños, niñas y adolescentes comprendidos entre los 0 y 18 años de edad quienes, por orden de un juez, han sido separados de sus progenitores debido a la vulneración de sus derechos.
En estos centros se proporciona atención integral de acuerdo a la problemática que presentan por medio de terapias individuales, grupales y especializadas, con el objeto de promover la superación de experiencias traumáticas y la restitución inmediata de sus derechos.
Piden exención de impuestos para Feed the Children
En la reunión de esta comisión, los congresistas recibieron a funcionarios de la organización no gubernamental Feed the Children, quienes presentaron una propuesta de Ley, mediante la cual buscan una exención de impuestos y algunos aranceles para la importación de bienes, suministros y productos alimenticios que esta ONG internacional recibe como donación para la niñez guatemalteca.
El diputado Ramiro de Matta, vicepresidente de la Comisión del Menor expresó que están en toda la disposición de legislar e impulsar leyes a favor de la niñez, “esto en concordancia con la suscripción y ratificación del Estado de Guatemala a la Convención sobre Derechos del Niño”, aseveró el parlamentario.
La comisión también discutió este miércoles lo relacionado a la iniciativa 5063. “Este día hemos dado dictamen favorable al proyecto que tiene como objeto declarar cada 17 de junio como el Día del Padre y de la Paternidad Responsable; por lo que esperamos pueda ser incluido en agenda para su pronta aprobación por el Pleno del Legislativo”, concluyó Félix.

Por Karen Mendoza.

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Los integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República se reunieron con el Viceministro de Educación José Moreno, para continuar con el análisis de una propuesta de ley de Alimentación Escolar.
Entre las propuestas que surgieron este miércoles está la de aumentar las raciones que aporta el Estado como refacción escolar tanto en el área urbana, en donde actualmente se gasta Q1.11, monto que ascendería a Q2.37 por ración; mientras que en el área rural se gasta Q1.57, mientras que la propuesta busca que la ración se incremente al equivalente a Q3.11.
La propuesta va encaminada a que las raciones contengan por lo menos un 35 por ciento en productos lácteos nacionales.
“Lo que queremos es que se tenga un documento sólido y que llene todos los requisitos y se obtenga un dictamen favorable lo antes posible para que sea aprobada este año. Se busca evitar que haya más niños con desnutrición y no haya deserción escolar”, manifestó el presidente de dicha sala de trabajo Gabriel Heredia.
El legislador añadió que lo que se busca es que el Estado invierta más en la refacción escolar y que sea entregada a los infantes cuando inicia el ciclo escolar y no hasta que termine el año.
Para el ministerio de Educación es viable que se establezca como mínimo un 35 por ciento de la inversión en lácteos nacionales y que a futuro esta pueda incrementarse.
José Moreno, viceministro de la cartera educativa manifestó que están listos para verificar que una ley de este tipo se cumpla ya que dentro de la institución hay una oficina de monitoreo que ayuda en determinar si las refacciones llegan a su destino final.
Julio Longo Vicepresidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca agregó que también se debe de analizar otras leyes ya aprobadas para que se puedan vincular a esta propuesta de ley de alimentación escolar con el objetivo de darle más beneficios a los pobladores de áreas rurales.
“Debemos de reforzar la Ley de Agricultura Familiar para que esta ayude a las familias que serán beneficiadas con esta nueva ley, para que puedan trabajar en la agricultura”, dijo el funcionario legislativo.

Por Selvin Rustrián.

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