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La Comisión de Apoyo Técnico del Congreso de la República inició el análisis de la iniciativa de ley 5064, que contiene reformas al Decreto 63-94, para regular el procedimiento de las citaciones e interpelaciones a funcionarios gubernamentales.
“La propuesta fue presentada tras las declaraciones del presidente del Organismo Ejecutivo, Jimmy Morales, por las constantes citaciones que se han hecho a los ministros por los distintos bloques legislativos y comisiones de trabajo, por lo que se ha iniciado a estudiar una regulación y evitar el abuso de los derechos constitucionales de los legisladores a citar a los funcionarios”, destacó el titular de la referida sala, Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional.
Durante la reunión se estableció que se analizarán dos posibilidades: la primera sería agregar un nuevo título III del libro II del Decreto 63-94 o reformar el artículo 4 para normar las citaciones e interpelaciones.
La decisión del camino a tomar será conocida por los integrantes de la sala, quienes consultarán en los próximos días con los legisladores antes de tomar una decisión, la cual será expuesta en una próxima reunión de trabajo.
Asimismo, se mencionó la posibilidad de realizar una mesa técnica con el presidente Morales, para establecer los puntos que no afecten los derechos de los legisladores ni de los funcionarios.
Por Karla Herrera

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Como parte de la política de puertas abiertas de la actual Junta Directiva del Congreso, su presidente Mario Taracena celebró la firma del convenio “Congreso Eficiente”, para sostener una alianza con las organizaciones Acción Ciudadana, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Congreso Transparente, Fundación Proyecto de Vida y Guatemala Visible.
El presidente Mario Taracena, explicó que el objetivo del convenio no solo es fortalecer el trabajo que se ha realizado en el tema de transparencia, sino que hacerlo más eficiente. “Estamos atendiendo el clamor popular y hoy el Congreso tiene sus puertas abiertas para que los ciudadanos conozcan el destino y la forma en que son utilizados sus recursos”, puntualizó el funcionario.
Marielos Fuentes representante del movimiento Guatemala Visible, expresó que la firma del convenio con el Congreso da la certeza de que se quiere trabajar bien y en la línea de la transparencia.
Por su parte Manfredo Marroquín director de la organización Acción Ciudadana agregó que la transparencia es un tema con el cual se ha luchado desde hace varios años y que es hasta ahora que se empieza a ver un cambio para combatir “los secretos, la corrupción y la falta de transparencia que se tenía en otras administraciones”.
Entre los compromisos adquiridos por ambas partes están:
- Impulsar los principios del parlamento abierto.
- Implementar buenas prácticas de transparencia y apertura dentro del trabajo del Congreso.
- Promover nuevas iniciativas regionales e internacionales que fomenten la transparencia, rendición de cuentas y apertura dentro del trabajo del Congreso.
- Dar seguimiento al trabajo parlamentario.  
- Fomentar y ejercer la observación ciudadana del ejercicio del poder en el Congreso.
- Colaborar en la elaboración de agendas y planes de trabajo que sigan la transformación del Congreso para que sea más accesible   
“Lo estamos logrando y vamos a seguir para adelante”, dijo el presidente del Congreso refiriéndose al avance en el tema de transparencia, resaltando que en menos de seis meses, las nuevas autoridades del Congreso por medio de la Unidad de Acceso a la Información lograron elevar el nivel de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública de 36.27% en diciembre de 2015, a 98.40% en julio de 2016.

Dentro del tema de cooperación, Marielos Fuentes de Guatemala Visible expresó que persiguen  “transmitir en vivo las sesiones de comisiones o cuando se toque un tema relevante”.

Monzón aseguró que lo que se busca es que todas las reuniones de los diputados sean públicas para que la población esté informada de lo que hace su diputado, puntualizó.

Por Byron Ramírez.

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La labor de fiscalización que realizó la Contraloría General de Cuentas (CGC) a la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el ejercicio fiscal 2015 fue deficiente, porque solo auditó un 27 por ciento de la totalidad de instituciones del Estado, autónomas y descentralizadas, revelaron diputados de la bancada Encuentro por Guatemala, en un informe presentado este miércoles.
Nineth Montenegro, jefa del referido bloque legislativo, aseguró que si bien este porcentaje representa un incremento comparado con años anteriores, el ente fiscalizador aún no cuenta con los mecanismos para tener una mayor cobertura en relación con las auditorías anaules que permiten la verificación de la calidad del gasto público.
Según la legisladora, los ministerios de Salud, Gobernación y Economía son las carteras que suman más sanciones por la CGC con montos de Q2.9 millones, Q21.3 millones y Q919 mil, respectivamente, fondos que íntegramente percibe la Contraloría.
En carteras como las de Comunicaciones, Educación y Desarrollo se registra el mayor número de hallazgos, que va desde una denuncia por Q2.9 millones por el arrendamiento de una fracción del parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora hasta denuncias por pago de deudas de años anteriores por las Direcciones Departamentales de Guatemala Norte y Guatemala Oriente, que suman no menos de Q9.4 millones.
En el caso de las instituciones autónomas y descentralizas, la Contraloría auditó 44 entidades de las 90 que registra el Sistema de Contabilidad Integrada/Descentralizadas, equivalente al 49 por ciento. Dicho informe resalta que instituciones como empresas portuarias, Congreso de la República, Instituto Guatemalteco de Turismo, municipalidades, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Universidad de San Carlos son las más sancionadas en el período 2015.
“Nos preocupa la poca eficacia en la evaluación de cómo se fiscaliza la calidad del gasto público en función a la ejecución del presupuesto asignado a cada institución, debido a que tenemos conocimiento que entidades como la Universidad de San Carlos, que actualmente está pidiendo la aprobación de un préstamo por US $120 millones para la construcción de centros regionales, todavía no ha finalizado con la ejecución de un préstamo del Banco Centroamericano para la Integración Económica”, puntualizó Montenegro.
Al finalizar el informe, los legisladores indicaron que continuarán con el seguimiento del tema y no descartaron presentar las denuncias penales, a fin de garantizar el cumplimiento transparente de las obligaciones de la entidad técnica encargada de la fiscalización del presupuesto estatal.
Por Karen Mendoza

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Integrantes de la Comisión de la Juventud del Congreso de la República, se reunieron con integrantes de organizaciones de jóvenes y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), para hablar sobre la iniciativa de ley de la Juventud, la cual ya ingresó a dirección legislativa.
Los legisladores informaron a dichas instancias acerca del proceso que tiene que llevar dicha legislación para ser aprobada así como el estado actual de los jóvenes en el país.
Para UNFPA es preocupante la situación actual de miles de jóvenes en el territorio nacional lo cual se refleja en las cifras: de los 16 millones de habitantes, el 30 por ciento son jóvenes y adolescentes; y de los jóvenes comprendidos entre las edades de 16 a 18 años, 6 de cada 10 abandonan los estudios por diferentes circunstancias, con lo cual pierden la oportunidad de un empleo digno y salir de la pobreza.
“En Guatemala 1 de cada 4 niños dejan de estudiar la primaria lo cual provoca en muchos casos que las niñas se embaracen a temprana edad y su oportunidad de cambio de vida sea nulo”, manifestó Verónica Simán, representan en el país de UNFPA.
Aurelio Pineda, integrante de dicha sala legislativa, asegura que existen consensos para aprobar la ley de la juventud en el pleno del Congreso, la cual es urgente y necesaria, no solo aprobarla sino también trabajar en ella para sea más eficiente.
“Tenemos los votos, la mayoría de bancadas representadas en el Congreso están también representados en la comisión de la Juventud, entonces solo es cuestión de tiempo para su aprobación”, enfatizó el legislador Juan Manuel Giordano.
A los representantes de UNFPA en el país les preocupa la situación de los jóvenes y adolescentes y piden al Estado mayor énfasis para acceso a la educación y a la salud.

Por Selvin Rustrián.
 

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Carlos Solórzano, relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, presentó a los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia, que coordina el diputado Oliverio García Rodas, un informe sobre la situación de los privados de libertad en los centros preventivos del país.
Entre las deficiencias que registra el informe está la falta de clasificación de los privados de libertad, deficiente atención en salud, precariedad y hacinamiento, entre otros. También se dio a conocer que los jóvenes detenidos reciben malos tratos por parte de los monitores que supervisan los centros de detención para menores.
“En lo que va del año hemos efectuado 8 visitas a centros de privación de libertad de adolescentes, 12 visitas a centros preventivos para mujeres y 33 a centros de privación para hombres, y hemos presentado 45 denuncias por mal trato a las personas que se encuentran privadas de libertad”, informó el relator.
Tras la presentación de Solórzano, el diputado García Rodas se mostró inconforme con los datos recibidos. Se quejó de que el informe no cuenta con una descripción de datos pormenorizados ni a qué entidades se han efectuado recomendaciones y cuáles han sido estas.
“En necesario revisar los reglamentos de presidios ya que se han hecho de manera general, y las características de cada uno de los centros preventivos son totalmente diferentes”, recomendó el congresista.
También propuso la instalación de clínicas en los penales, y la creación de juzgados de instrucción inmediatos, como medidas para fortalecer el sistema.
Por Elizabeth Linares

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Diputados de la bancada Convergencia, realizaron el foro "Viabilidad Técnica y Política para una Reforma Fiscal en el País", con la participación de los exministros de Finanzas Públicas, Édgar Balsells y María Antonieta de Bonilla; y el economista y doctor en sociología, Eduardo Velásquez.
“Como bancada el objetivo es generar espacios de discusión sobre estos temas que son de gran importancia para el país y aportar elementos que permitan  una reflexión sobre lo que significaría la aprobación de una Reforma Fiscal” indicó el diputado Juracán.
Edgar Balsells comentó que “la política fiscal es una herramienta central de  la economía y tiene dos lados, el gasto y el ingreso del Estado, sin embargo a mediados del siglo pasado se empezó a utilizar como una herramienta de reactivación“, dijo el economista.
Existe la prevalencia del denominado “desequilibrio externo”: la economía real no es capaz de soportar el pago de las importaciones que el sistema demanda. En los últimos años se ha venido acentuando ese proceso. Ello obliga a replantear la política de producción y transformación de bienes y las políticas comerciales” agregó Balsells.
La ex Ministra de Finanzas, María Antonieta de Bonilla enfatizó en que se debe enmarcar la propuesta en una estrategia de mediano y largo plazo, que tome en cuenta los temas relacionados con la calidad y efectividad del gasto público, como  el fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria,  y de la Contraloría General de Cuentas, así como un   presupuesto por resultados,  en donde la evolución no sea medida por la ejecución sino por  indicadores de desempeño.
El economista Velásquez, señaló que después de lo acontecido en el país con los casos “La Línea” y “Cooptación del Estado”, es muy difícil que el pueblo vea con buenos ojos el incremento de impuestos. “Existe desconfianza hacía esos grupos corruptos que pareciera que se están reorganizando y que muy difícilmente permitirán que se realice una verdadera reforma fiscal en Guatemala”, concluyó.
“Este foro contribuye al análisis sobre el paquete fiscal que el presidente Morales ya entregó al Congreso, pero desde una perspectiva histórica, nosotros delinearemos nuestra propuesta con la que iremos a discutir con las otras bancadas, para analizar cuáles son los aspectos que se van a apoyar y que enmiendas de curul se presentarían en el pleno, concluyó la diputada Sandra Moran.

Por Rosemary Recinos.

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Diputados que integran la Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País, que preside el parlamentario Álvaro Velásquez, del bloque Convergencia, se reunieron para conocer el contenido de la iniciativa 5127, Ley Marco del Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de entregar el dictamen correspondiente en un plazo de 2 meses.
Velásquez mencionó que con la propuesta se busca crear condiciones estructurales para que las personas puedan contar con los medios de vida sostenibles. “Con la entrega del documento iniciamos la evaluación del contenido de la iniciativa, la cual homologará algunos temas que han quedado pendientes de los Acuerdos de Paz y pactos sociales”, aseveró el representante.
“Es una ley interesante para el país pues genera un marco legal para que la institucionalidad pueda articular todo el Sistema Nacional de Inversión Pública, para que se pueda respetar la coordinación y acciones que realiza la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia”, indicó el congresista Edwin Maldonado Lux, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza y miembro de la sala de trabajo.
La propuesta contempla que se pueda aplicar el modelo de desarrollo en la gestión pública y con ello hacer que se constituya en la herramienta que oriente las políticas, planificación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación del desarrollo, para ponerlas a la disposición de la sociedad e instituciones. Cuenta con al menos 60 artículos que especifican y establecen las estrategias a seguir.
Durante la reunión Velásquez informó que el proyecto será presentado en los próximos días a la Instancia de Jefes de Bloques y Junta Directiva.
Por José Castellanos    

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El presidente del Congreso, Mario Taracena, firmará este jueves un convenio de cooperación entre el Organismo Legislativo y la República de China-Taiwán, el cual consta de una donación de Q1.6 millones para adquisición de equipo y puesta en funcionamiento de la Televisión Pública.
La donación servirá para cubrir gastos de compra e instalación de equipo de transmisión, edición, equipo de televisión, cámaras de video, luces, microfonía y equipo de producción, entre otros.
“Estamos invirtiendo en fortalecer el canal del Congreso, lo cual va de la mano con la política de puertas abiertas y transparencia; pretendemos que la ciudadanía conozca todo lo que se hace dentro del Parlamento”, manifestó Taracena.
El convenio establece que el Congreso deberá dar un aporte para complementar la compra del equipo, tal como cámaras, trípodes y lentes, entre otros artículos. Los fondos saldrán del presupuesto de la Dirección de Comunicación Social, explicó Carlos Menocal, asesor del Parlamento.
Agregó que para cubrir los gastos se realizó una reorientación del presupuesto interno de Comunicación Social, destinando Q5 millones de los Q7 millones que estaban programados a publicidad para invertir en equipo, con lo cual descartó que se realice una solicitud adicional para la compra y contratación de personal.
Taracena explicó que, tal como lo establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se transmiten en vivo las reuniones de las 52 comisiones de trabajo, sesiones plenarias y citaciones de los funcionarios.
Actualmente, la Televisión Pública, canal del Congreso, se transmite en canal 57 de Claro Avanzado, y en breve la señal será incluida en Tigo Star y en otras cadenas de cable; la segunda fase será iniciar la transmisión en canal 9 de VHF.
Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, y Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana,  expresaron que la puesta en marcha del Sistema de Información Pública, pero en especial del canal de televisión, es un paso para contribuir a la transparencia y cambiar la imagen del congreso, pues con ello se podrá fiscalizar el actuar de los diputados.
Menocal agregó que para el próximo año tampoco habrá un aumento del presupuesto de Comunicación Social, pues se realizará una readecuación para invertir en equipo.
Por Byron Ramírez

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El diputado Julio Lainfiesta, jefe de bancada de la Unión del Cambio Nacional (UCN), citó a Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco del SegurIdad Social (IGSS) y a Carlos Mencos, Contralor General de Cuentas para dar seguimiento al retraso en la construcción del Hospital Regional del Occidente y lo que se ha erogado hasta el momento en dicha edificación.
El parlamentario reconoció que el hospital de occidente será de gran beneficio para la población cercana a la cabecera de Quetzaltenango, donde se ubica el nuevo centro asistencial pero agregó que “las dudas surgen sobre el costo de la construcción del hospital”, la cual asciende a más de Q300 millones.
El parlamentario expresó que los trabajos “están a medias” y la obra avanza pero muy lentamente, especialmente la instalación del alumbrado eléctrico y los drenajes, por lo que espera que a finales de este año se pueda tener este nuevo hospital del IGSS.
Durante la citación el presidente de la junta directiva del Seguro Social, Carlos Contreras entregó al diputado un informe de los avances de la construcción y el monto gastado hasta el momento y la proyección de inversión. Contreras informó que han gastado Q3 millones en la instalación de sistemas de tratamiento de aguas.
Contreras por su parte indicó que el proyecto del Hospital de Quetzaltenango, no se ha terminado por varias situaciones ajenas al IGSS, pero que estiman que a finales de este año esté concluido.
En cuanto al monto proyectado de gasto, Contreras aseguró que la información que le fue entregada al diputado contiene los razonamientos de los gastos de la construcción.   
El diputado Lainfiesta expresó que en 15 días espera haber concluido con el análisis del expediente entregado por el IGSS y verificar si coinciden los gastos, con lo que citarían nuevamente a las autoridades si existiera alguna duda sobre los montos.

Por Byron Ramírez.
 

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