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Las diputadas de Alianza Ciudadana, Delia Back y Eva Monte, se reunieron con Carlos Barrillas, viceministro de Vivienda del Ministerio de Comunicaciones; el director del Fondo Para la Vivienda(FOPAVI), y Claudia Roldán, directora del Fideicomiso del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), para conocer de cerca los problemas que sufren miles de personas para recibir un subsidio que les permita tener acceso a una vivienda digna.
Las parlamentarias también indagaron acerca del tiempo de caducidad de los estudios socioeconómicos, trámite necesario para ser parte de los proyectos habitacionales desarrollados por el Estado.
“Miles de estudios socioeconómicos a personas de escasos recursos que buscan ser beneficiarios del Fondo para la vivienda podrían perderse ya que tiene una vigencia de tres años y no es justo para las personas hayan realizado sus trámites años atrás”, manifestó la parlamentaria Delia Back.
A lo que el viceministro Barrillas contestó que dentro de la junta directiva del viceministerio trabajan en la elaboración de un manual para contrarrestar esta medida dejada por la anterior gobierno.
“Estamos revisando todos estudios hechos en 2013 para que no se pierdan los trámites, y estamos proponiendo que ya no sea tres sino cinco años la vigencia del estudio”, dijo el funcionario.
Las congresistas coincidieron en que es necesario que las autoridades de Comunicaciones fortalezcan sus políticas para que no atrasen los trámites realizados, tanto por las desarrolladoras como por los mismos beneficiarios que buscan tener un hogar.
En lo que va del añó el Ministerio de Comunicaciones ha entregado 4,763 subsidios y espera llagar a 6 mil a finales de diciembre.
Por Selvin Rustrián.

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Con la participación de representantes de los Ministerios de Gobernación (Mingob) y Ministerio Público (MP), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la comunidad lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI), la diputada Sandra Moran, de la bancada Convergencia, instaló una mesa de trabajo interinstitucional que tiene el propósito elaborar políticas públicas encaminadas a disminuir las discriminación y violencia en contra de personas con una preferencia sexual e identidad de género distinta.
“La idea de esta mesa técnica, es que de esta surja una ruta crítica que permita disminuir los crímenes de odio en contra de la población LGTBI, ya que tenemos conocimiento que debido al clima de violencia en el país este sector es particularmente vulnerable, pues al no existir una respuesta adecuada por parte del Estado, la mayoría de delitos no son denunciados y de existir alguna denuncia no es abordada adecuadamente”.
Para Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito del Mingob “el problema de la violencia, radica en que vivimos en una sociedad sumamente conservadora en donde existe poca sensibilidad a estos temas, lo que tiene como consecuencia, la carencia de una cultura de prevención a la violencia. “Es importante que de esta mesa, salga un trabajo interinstitucional coordinado, a fin de alcanzar una ruta que nos lleve a un tratamiento integral en esta materia”, dijo el funcionario.
Gabriela Tuch de la PDH, aseguró que el enfoque debe estar dirigido a una visión de derechos humanos, con lo cual la persona se considere como un sujeto de derecho que genera una cultura de aceptación de identidad de género, por lo que es necesario que instancias como la Policía Nacional Civil, promueva los mecanismos que respondan a las necesidades de  esta comunidad.
Por su parte la congresista  Morán indicó que prevé se realicen tres reuniones mas, siendo la segunda  de estas a finales de enero del próximo año. “Sabemos que nuestra comunidad es invisible por lo que el abordaje del tema debe de ser orientado al respeto e integridad de a las personas y principalmente al derecho de ser”, concluyó.
Las orientaciones sexuales distintas no son ilegales en Guatemala desde la Reforma Liberal de 1871, sin embargo la comunidad LGBTI aún sufre diversas formas de criminalización. Actitudes machistas, homofóbicas, lesfóbicasy transfóbicas todavía están muy arraigadas en la sociedad.
Los crímenes de odio motivados por la orientación sexual o la identidad de género siguen siendo tolerados por el gobierno a pesar de numerosos informes nacionales e internacionales que alertan sobre esta problemática. Especialmente  esto se ve reflejado en las estadísticas de la violencia dirigida a las personas transgénero. Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) sólo entre 2001 y 2006 fueron asesinadas 17 personas transexuales.
Por Karen Mendoza.

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La Comisión de Gobernación, la cual preside el diputado Carlos Napoleón Rojas, analiza modificaciones a la Ley de Tránsito y su Reglamento, con el objetivo de actualizar la normativa, en atención a las solicitudes hechas por conductores de motocicleta.
Dentro de las reformas se plantea la necesidad de regular el tipo de licencias de acuerdo al cilindraje de cada motocicleta y la experiencia del conductor. Según sea el caso los permisos de conducción serán A y B y cuando el vehículo sea de alto cilindraje, tendrán que pasar un examen en la propia moto.
La propuesta suprime la obligación del uso del chaleco con el número de matrícula en la región espaldar, solamente estarán obligados a usar una prenda que lleve una franja reflectiva, en horario de las 18 horas a las 07 de la mañana.
Los motoristas podrán circular libremente, sin restricciones, es decir que tendrán vía libre o sea pasar de un carril a otro rebasando a los autos por cualquier lado sin ser sancionados, suprimiendo la prohibición de rebasar por el lado derecho que prevenía los crímenes en motocicleta.
Para el conductor que no lleve casco, la multa será de 100 quetzales y si se conducen más de 2 personas a bordo de dichos vehículos, la sanción será de 500 quetzales y en el momento de imponerse la sanción, las personas serán bajadas de la moto.
Abogarán porque la municipalidad habilite espacios en cada esquina de la ciudad para que sean utilizados como estacionamientos, así también piden que los parqueos cobren una tarifa menor por ser vehículos que ocupan poco espacio.
En cuanto a los motociclistas  que están al servicio de empresas, éstos serán objeto de sanciones dobles o triples de las tipificadas en la ley vigente, y si el vehículo está reportado como robado, serán detenidos y consignados de acuerdo a las leyes penales.
En todos los casos, la Policía Municipal de Tránsito de cada departamento, será la responsable de velar por el cumplimiento de la ley.
Finalmente, se planteó la necesidad de continuar con las reuniones para agilizar las reformas de la Ley y su respectivo reglamento, y emitir el dictamen antes que concluya el presente periodo, expresó el diputado, Napoleón Rojas.
A la reunión convocada por la Comisión de Gobernación, presidida por el diputado Carlos Napoleón Rojas, asistieron la Subdirectora del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, Sharon Umaña; los dirigentes de la Asociación de Motociclistas de Guatemala, Víctor Hugo Hernández y varios asesores.
Por: José Luis Hernández

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Las diputadas Alejandra Carrillo y Eva Nicolle Monte, integrantes de la Comisión de la Juventud, presentaron la iniciativa de ley para el Desarrollo de las Juventudes, la cual crea un marco jurídico para garantizar, proteger y promover los derechos y deberes de los jóvenes guatemaltecos.
La congresista Carrillo, del Movimiento Reformador (MR), indicó que la finalidad es retomar el proceso que se ha llevado a cabo con la Ley de la Juventud, en la cual se busca fortalecer temas importantes que en iniciativas anteriores no se habían realizado.
“Nos referimos a temas como los de la participación y consejos de desarrollo que promueven la participación juvenil desde lo local, municipal, departamental, tradicional y a nivel nacional”, comentó.
“También se le dan derechos nuevos que no han sido reconocidos, como acceso a la ciencia y tecnología, educación integral en sexualidad, acceso a salud diferenciada y educación”, agregó.
Por su parte, la parlamentaria Eva Monte, de Alianza Ciudadana, refirió que el proyecto contempla la creación de una Secretaría de Estado, ya que actualmente está constituida en un Consejo y se requiere un marco jurídico que promueva el desarrollo integral a través de que se garanticen los derechos y deberes de los jóvenes.
“Como presidenta de esta sala de trabajo estoy comprometida para que se tome en cuenta el desarrollo de las juventudes guatemaltecas que se encuentran a partir de un rango etario que va desde los 13 años en adelante”, comentó.
Por Elizabeth Linares

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Con el propósito de regular la publicidad en el país, el diputado Álvaro Velásquez, presidente de la Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País, presentó este viernes en la Dirección Legislativa la lniciativa que dispone aprobar la Ley contra la Contaminación Visual y Mensajes Publicitarios Discriminativos Aéreos o Voladizos.
El proyecto contempla regular y controlar todo lo concerniente a avisos con fines de lucro, situados en exteriores de los edificios y locales comerciales, así como valla, letrero, manta publicitaria, anuncio o publicidad que se instale en las plazas y vías públicas, a fin de eliminar progresivamente la contaminación visual y lograr un equilibrio entre la obra arquitectónica, ornato, ambiente, seguridad y salud de las personas.
“Hay una ley vigente, que es la de Anuncios en Vías Urbanas, Extraurbanas y Similares, que está hecha en relación administrativa entre los valleros y las municipalidades. Lo que estamos haciendo es que no se puede sobrepasar o sobresaturar la información que publicitariamente hacen las empresas”, comentó el parlamentario de la bancada Convergencia.
Refirió, además, que las vallas publicitarias tendrán un tamaño establecido y serán colocadas en lugares autorizados, y se solicita a la autoridad reguladora y a las municipalidades actualizar los montos de las multas para que los empresarios que no cumplan con esta ley sean severamente sancionados.
Por Elizabeth Linares

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En conferencia de prensa, el diputado Edwin Maldonado Lux, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se refirió a la iniciativa 4781 que dispone aprobar la Ley del Arbitrio del Alumbrado Público Municipal, la cual se encuentra en su primera lectura.
El proyecto fue presentada en 2013 y tiene como propósito establecer un arbitrio del alumbrado público en favor de todas las municipalidades del país, eliminar la discrecionalidad de los alcaldes para establecer el porcentaje de cobro, determinar con claridad el procedimiento de recaudación y distribución del arbitrio y fijar un proceso de renovación de luminarias por un período de 3 años.
El parlamentario indicó que la bancada uneísta da seguimiento a esta iniciativa, pues en muchos municipios están cobrando un 300 por ciento del valor del servicio del consumo a las comunidades rurales. “Tenemos un ejemplo donde a una pobladora del municipio de San Andrés Villa Seca, en el departamento de Retalhuleu, paga Q79 de alumbrado público y Q30 de su consumo domiciliar”, explicó.
“Es importante resaltar que en esa comunidad de 30 viviendas solo hay 7 luminarias, de las cuales solo funcionan 3 y pagan al mes Q 1 mil 500. Queremos normar el cobro del alumbrado público, y en esta iniciativa se propone una fórmula donde usuario va a pagar porcentualmente de acuerdo con el uso de la energía domiciliar”, explicó el congresista.
Por Elizabeth Linares

 

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Con el fin de minimizar los efectos del cambio climático, los diputados de la bancada Todos presentaron la iniciativa de Ley Marco para la Reducción de Contaminación Ambiental Producida por el Plástico (Pet) en Guatemala, la cual pretende que se dé la regulación y normar los desechos producidos por el Tereflato de Polietileno y sus derivados, empelados en la fabricación de envases plásticos de alimentos, textiles y bebidas.
El principal fin es obligar a los productores, fabricantes y usuarios del plástico a creer campañas de responsabilidad social empresarial y de reciclaje.
Felipe Alejos, integrante de la bancada Todos, señaló que la iniciativa se desarrolló con el objetivo de combatir los efectos del cambio climático que afectan al país. “Es una lucha ambiental y sobre todo para inculcar el tema de reciclaje”, en el cual se tendrá la participación de los diferentes ministerios y entidades que velan por el ambiente, afirmó.
Entre las sanciones se establece la multa de Q50 mil a los productores, fabricantes y usuarios del plástico que no cumplan con la normativa; además, se deberá entregar un informe circunstanciado sobre el manejo de los desechos de Tereflato de Polietileno y su reciclaje, y multa de Q75 mil al incumplir con la entrega de 3 reportes.
El diputado Eugenio Moisés González expresó que el interés es contribuir al ambiente con políticas que establezcan una cultura de reciclaje, responsabilidad empresarial y educación sobre el trato de los desechos sólidos.
“Las botellas de plástico de gaseosas y agua demoran entre 100 y 1,000 años en descomponerse, pues la mayoría está hecha de un material muy resistente”, concluyó Alejos.
Por Byron Ramírez.

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La Comisión de Probidad del Congreso de la República que preside el diputado Amílcar Pop, realizó este miércoles un Conversatorio sobre Gestión de Recursos Genéticos Patrimonio Biocultural y Acceso, con el propósito de conocer los avances que se tienen en materia de conservación de la biodiversidad del país en cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por el Estado guatemalteco.
El objetivo de estos convenios es el de desarrollar estrategias para mejorar las condiciones del medio ambiente global, los cuales fueron incorporados a los programas de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Durante la actividad se contó con la presencia de autoridades de los Ministerios de Economía, Agricultura, Ambiente y Recursos Naturales, Cultura y Deportes, Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y Procuraduría General de la Nación, quienes dieron a conocer los avances que cada entidad tiene en relación a la aplicación del Convenio sobre Diversidad Biológica en Río de Janeiro, Brasil ratificado en el año de 1992.
En ese contexto el país ha asumido algunos compromisos derivados de la firma de este convenio, de tal forma que se designó al Conap como ejecutor de las acciones pertinentes que coadyuven al cumplimiento del instrumento internacional, el cual promueve las acciones necesarias para cumplir con los mandatos generados en el mismo. (Decreto 110-96 del Congreso de la República)
El parlamentario Pop dio a conocer que se analiza una Iniciativa de Ley para la Protección y Manejo de Recursos Genéticos, ya que los temas que se están planteando en el continente revisten gran relevancia, especialmente  en el aspecto de propiedad intelectual de los pueblos indígenas y de cara a los Tratados Intencionales y comerciales que pueden generar un riesgo de pérdida  del patrimonio cultural de la nación y de la propiedad de pueblos indígenas.
“En principio es el Conap el que está impulsando una política pública sobre el tema  y está  proponiendo también la iniciativa de recursos genéticos que es responsabilidad del ministerio de Agricultura. Vemos un desconocimiento total en el tema y esperaríamos que las instituciones pudieran aportar sus conocimientos y cumplir el mandato que está en la ley”, refirió el congresista.
José Luis Echeverría Tello, director de la Dirección  de Conservación  y Valoración de la Biodiversidad Biológica de Conap, señaló que la reunión fue para socializar las propuestas que dicha institución ha trabajado en relación a promover un acceso adecuado de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados.
“Creemos en la importancia de trabajar en una posible propuesta de ley que aborde estos temas de conservación de uso sostenible y reparto justo y equitativo de los beneficios que se derivan de su utilización”, comentó Echeverría Tello.
Por Elizabeth Linares

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El Comisionado Presidencial para la Resolución de Conflictos Agrarios, Rokael Cardona y dirigentes de comunidades de campesinos de Alta Verapaz e Izabal, se reunieron con el diputado Leocadio Juracán, Subjefe de la bancada Convergencia, para darle solución a los conflictos sobre la tenencia de la tierra.
Según se conoció en el encuentro, de 145 casos registrados solamente 23 han sido priorizados, y de éstos solamente 7 presentan avances, mientras 138 casos aún no han sido abordados, los cuales incluyen denuncias de invasiones, amenazas de desalojos, certeza jurídica sobre las propiedades, capturas de líderes y amenazas contra las familias asentadas en comunidades situadas en Alta Verapaz e Izabal.
Según el parlamentario Juracán, los campesinos poseen las tierras, unos desde el año 1962 y otros desde años posteriores, por lo que se requiere de voluntad política para darle solución a estas diferencias.
El parlamentario anunció que con este propósito continuarán las reuniones para darle cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 181-2015 que se refiere a dar respuesta a las demandas de tierra y resolver la conflictividad agraria.
Luego de la reunión se acordó elaborar un documento conjunto para que el gobierno y sus instituciones se comprometan a resolver la problemática, conformar una comisión local de seguimiento y que agilice los casos.
Se acordó también elaborar una legislación agraria actualizada ya que se ve la necesidad de crear tribunales agrarios y de retomar la reforma agraria, por medio de una revisión del decreto 900 que puso en marcha el segundo gobierno de la revolución en los años 50, resaltó el legislador.
El Comisionado presidencial, Rocael Cardona hizo un llamado a todas las instituciones de gobierno a que hagan esfuerzos para dar respuesta a las demandas de los campesinos.
“No solo deben recibir un salario sino que tienen que ganárselo bien, con honradez y eficacia”, enfatizó el representante del mandatario.
A la cita acudieron representantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Energía y Minas, Registro de Información Catastral, Fondo de Tierras y de la Secretaría de Asuntos Agrarios, así como los representantes de 23 comunidades liderados por Crisanto Chuy Lorenzo Pop.
Por José Luis Hernández.

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