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Con 83 votos a favor, el pleno del Organismo Legislativo aprobó el Punto Resolutivo 9-2016 por medio del cual solicita al Gobierno de la República declarar Estado de Calamidad en los municipios La Blanca y Ócos, departamento de San Marcos, jurisdicciones que después del paso de la tormenta Stan, en 2005, afectaron la configuración de las cuencas y bocabarras de los ríos Naranjo y Pacaya, lo cual, con la llegada de la época lluviosa, pondría en riesgo a las poblaciones aledañas.
El documento avalado por los legisladores busca que de manera inmediata se programen las inversiones necesarias que permitan rescatar y recuperar las áreas que conforman la zona de vulnerabilidad de los habitantes de ambos sitios, para salvaguardar sus vidas.
“Existe la necesidad de apoyar de manera preventiva a las familias que viven en el área, para que no se vean afectadas con lo copioso de las lluvias, sobre todo considerando que podría existir problema con la isla Tilapa”, afirmó el congresista Luis Contreras, del bloque Movimiento Reformador y representante por San Marcos.
Por su parte, el parlamentario Julio César Longo, de la bancada Frente de Convergencia Nacional, manifestó: “Apoyé esta moción para que se ayude a la población que se puede ver afectada, de manera que se resuelvan los problemas”.
Piden que se nombre gobernador
Mediante el Punto Resolutivo, los legisladores también hicieron un llamado al presidente Jimmy Morales para que nombre al gobernador de San Marcos, con el objetivo de solucionar una serie de problemas que se han generado, como el caso de la conflictividad entre las poblaciones de Tajumulco, Ixchiguán y San Miguel Ixtahuacán.
Además, en la sesión de este martes se conoció la solicitud de prórroga por 30 días del Estado de Calamidad decretado en el municipio de Jerez, Jutiapa, el cual será discutido en la plenaria convocada para el jueves 25 de agosto, a partir de las 10:00 horas, cuando continuará la aprobación del Código de Migración.
Por Sayda Galicia

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Los vecinos del municipio de San Andrés Villa Seca en el departamento de Retalhuleu, denunciaron este martes ante la Comisión de Paz y Desminado del Congreso, un incremento a la tarifa que pagan por el servicio de alumbrado público, el cual en algunos casos es mayor que la tarifa de consumo en sus hogares.
“Tenemos denuncias de pobladores que pagan Q50 por alumbrado público y un aproximado de Q30 a Q35 por el servicio de energía eléctrica que llega hasta sus casas, por esta razón hemos citado a funcionarios de las distintas instituciones involucradas en el tema a fin de identificar quien es el responsable de estos cobros injustos que riñen con la economía de las 30 familias que integran esta comunidad”, aseguró el presidente de la instancia legislativa, Edwin Maldonado Lux.
La tarifa que fue fijada por la administración municipal anterior, hasta principios de este año ascendía a Q65, pero debido a que las luminarias que eran incandescentes fueron reemplazadas por lámparas con Tecnología Led, el cobro registró una disminución en el monto facturado a los consumidores, según explicaron representantes de la comuna del referido municipio.
Silvia Escobar, directora de la Diaco explicó que si bien la municipalidad mediante la suplantación de unas 300 lámparas logró un ajuste de la tarifa, todavía hay indicios de que existen cobros desproporcionados.
El subcontralor General de Cuentas, César Elías se comprometió  a la revisión del convenio entre la municipalidad y la empresa Energuate encargada de suministrar el flujo eléctrico para establecer los criterios tomados para fijar la tarifa.
Según Erwin Marroquín, subgerente del área de grandes cliente de Energuate, están dispuestos a brindar la información necesaria además de presentar las propuestas  que ayuden a solucionar este conflicto.
Al finalizar la reunión el congresista Maldonado Lux, indicó que se solicitó a la Diaco, Contraloría y  Procuraduría de Derechos Humanos los informes de la situación en este municipio, por lo que contempla que en un mes más estarán conociendo los avances del tema.

Por Karen Mendoza.

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La Junta Directiva del Congreso rechazó la solicitud de permiso para ausentarse por un mes, sin goce de salario, efectuada por el diputado Luis Rabbé, por no cumplir con los elementos necesarios que establece la Ley Orgánica del Congreso en el artículo 64.
De acuerdo con esa normativa, “los diputados podrán pedir permiso para ausentarse de sus labores por razones de enfermedad, trabajo, comisiones especiales o urgentes, ausencia del país, asuntos privados o por haber sido designados para asistir a algún evento internacional en el que Guatemala participe, así como por designación para ocupar cargos en entidades u organismos nacionales o internacionales”.
Esta licencia se otorgará por la Junta Directiva o la Comisión Permanente, siempre que su plazo no exceda de dos meses y por el pleno del Congreso, si fuere por un plazo mayor.
“Ahí se establecen los motivos por los cuales un diputado puede ausentarse. La carta que él envió fue rechazada porque no cumplió con el artículo 64”, manifestó Felipe Alejos, segundo vicepresidente de la Junta Directiva.
La semana anterior, la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar un proceso de antejuicio contra Rabbé, quien fue presidente del Congreso en 2015 y actualmente es diputado del bloque Alianza Ciudadana. La denuncia fue presentada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, quienes lo vinculan supuestas anomalías en la contratación personal en el Organismo Legislativo.
Por Selvin Rustrián

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Debido a la crisis hospitalaria provocada por la falta de recursos que dejan sin provisiones a los centros asistenciales, los diputados integrantes de las Comisiones de Salud y Derechos Humanos aseguraron que se declaran en sesión permanente para discutir las reformas legales que agilicen la compra de medicamentos.
La decisión fue tomada en una reunión a la que asistieron los  directores de los 44 hospitales nacionales, quienes expusieron este lunes el problema por el que atraviesa el sistema de salud, el cual requiere de forma inmediata 361 millones de quetzales para pagar deudas de arrastre, a lo que hay que sumar 920 millones de quetzales que necesitan para terminar el presente año.
Por el momento son 41 hospitales los que cuentan con presupuesto para funcionar este mes, lo cual significa que si no les transfieren los fondos necesarios podrían paralizar los servicios dentro de poco.
En la reunión también estuvieron presentes, el Contralor General de Cuentas de la Nación, Carlos Mencos; el Viceministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez; el Presidente del Consejo Parlamentario de Salud, Pablo Werner Ramírez, así como los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos, Ronald Arango y el de la sala legislativa de Compras y Contrataciones del Estado, Estuardo Vargas.
A sugerencia del Contralor Carlos Mencos, el Congreso tendría que reformar tres artículos, 2 de la Ley del Presupuesto General de la Nación y 1 de la Ley de Compras y Contrataciones para que los hospitales puedan cancelar deudas de arrastre y puedan ser abastecidos nuevamente.
Como una medida inmediata, la Comisión de Salud del Congreso, con el aval de las comisiones de Derechos Humanos y de Compras y Contrataciones en materia de salud,  tomaron en cuenta la recomendación del Contralor de Cuentas y se en declararon sesión permanente hasta encontrar la solución a esta crisis, aseguró el presidente de la Comisión de Salud, Luis Hernández Azmitia.
El parlamentario explicó que buscan soluciones específicas a los obstáculos que encuentra el sistema, tales como el marco legal a fin de que las unidades hospitalarias se puedan abastecer; modificar la Ley del Presupuesto y la Ley de Compras y Contrataciones para lo cual se reunirán con los miembros de la Comisión de Finanzas para evaluar la situación; la iniciativa también persigue encontrar la forma de abastecer a la red hospitalaria a tiempo y finalmente encontrar la forma de lograr una amnistía para los directores de hospitales que están demandados por pagar deuda de arrastre con dinero del actual presupuesto acción que es prohibida por la ley.

Por José Luis Hernández.
 

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Durante su reunión semanal, la Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República acordó dar posesión a Herbert Melgar Padilla, asesor del presidente Jimmy Morales, como diputado distrital por el departamento de Chimaltenango, por la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), debido al permiso que pidió su correligionario Alsider Arias.
El tema de Melgar Padilla fue incluido en la agenda de la sesión plenaria programada para este martes, a partir de las 14:00 horas.
La congresista Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, solicitó hacer una consulta al Tribunal Supremo Electoral acerca de si se debe o no dar posesión a Melgar Padilla debido a los señalamientos que se le han realizado por “la persecución y vigilancia ejecutada por grupos clandestinos o paralelos dentro de la Secretaría de Asuntos Administrarivos y de Seguidad y el Ministerio de Gobernación” contra diputados, periodistas y activistas de derechos humanos; sin embargo, la petición no fue apoyada.
Otro de los temas acordados en la reunión fue conocer el Decreto Gubernativo 2-2016, del Organismo Ejecutivo, mediante el cual se solicita al Congreso ampliar por 30 días el Estado de Calamidad en el municipio de Jerez, Jutiapa, debido a las lluvias que ocasionaron daños en viviendas.
Haroldo Quej Chen, subjefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aseguró que están en la disponibilidad de apoyar la prórroga, pero que antes las autoridades deberían enviar un informe de lo realizado hasta el momento y determinar el tiempo que se requiere para ayudar a la población de dicho municipio, postura que fue apoyada por Borris España, jefe de la bancada del Movimiento Reformador (MR).
Después de alcanzar los consensos necesarios en la reunión, los diputados también acordaron avanzar en la discusión y aprobación del Código de Migración, por libros, para fortalecer el contenido de la iniciativa.
Por Byron Ramírez

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Como parte de las actividades del XVI Encuentro del Parlamento Indígena de América, que se celebró en el país, el cual preside el congresista panameño Ausencio Palacio, se efectuó la firma del Acta Constitutiva y reforma del Estatuto del Parlamento Indígena, que define sus procesos, funciones y desarrollo institucional.
Esta suscripción se logró después de varios años de trabajo y de un amplio debate, indicó Ausencio, quien agregó: “También se aprobó la estrategia regional de trabajo, en la cual se indica la agenda por países, que incorpora la colaboración armónica junto a otros organismos del Estado”.
“Esto es histórico para Guatemala, pues se le está dando vida a una nueva institución; hoy se le da vida al Parlamento Indígena de América”, manifestó el diputado Marcos Yax, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República de Guatemala.
“Durante la asamblea sometí una resolución que fue aprobada por unanimidad, y consiste en el reconocimiento en nuestro continente del Juego de la Pelota Maya como deporte ancestral”, señaló.
El XVI Encuentro del Parlamento Indígena de América reunió durante 2 días en Guatemala a delegaciones de 18 países. En la jornada de este viernes los visitantes participaron en el acto de Cambio de la Rosa, en el Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de resaltar la importancia de los Acuerdos de Paz firmados en Guatemala en 1996.
En dicho acto se nombro al diputado Asencio como Embajador de la Paz y contó con la participación de Eric Sosa Aldana, viceministro del Deporte y la Recreación, y Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala.
Por Rosemary Recinos

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El presidente del Congreso, Mario Taracena, firmó este jueves un convenio de cooperación entre el Organismo Legislativo y la República de China-Taiwán, el cual consta de una donación de Q1 millón 560 mil 346.96 destinada a la adquisición de equipo y puesta en funcionamiento de la Televisión Pública.
Taracena agradeció a los diplomáticos orientales por el aporte dado para el medio de comunicación del Parlamento. “No hay mejor transparencia que la que entra por los ojos y la televisión va a servir para eso. Con este apoyo fortaleceremos la divulgación de las sesiones plenarias, de comisiones y de bancadas, para que el pueblo conozca y sepa en tiempo real todo lo que hacemos para legislar y fiscalizar”, expresó.
El embajador de China-Taiwán, John Lai, indicó que el aporte servirá para contribuir al trabajo de transparencia que impulsa la Junta Directiva parlamentaria. “Mi Gobierno ha contribuido con Guatemala en diversos temas, y que el Congreso quiera tener un canal para hacer más transparente su función es de aplaudir”, aseveró.
El convenio establece que el Congreso deberá dar un aporte para complementar la compra del equipo, tal como cámaras, trípodes y lentes, entre otros artículos. Los fondos saldrán del presupuesto de la Dirección de Comunicación Social.
La donación realizada servirá para cubrir gastos de compra e instalación de equipo de transmisión, edición, equipo de televisión, cámaras de video, luces, sonido y equipo de producción, entre otros artículos.
Taracena explicó que, tal como lo establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se transmiten en vivo las reuniones de las 52 comisiones de trabajo, sesiones plenarias y citaciones de los funcionarios.
Actualmente, la Televisión Pública, canal del Congreso, se transmite en canal 57 de Claro Avanzado, y en breve la señal será incluida en Tigo Star y en otras cadenas de cable; la segunda fase será iniciar la transmisión en canal 9 de VHF con cobertura nacional.
Por Byron Ramírez

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Directivos de las Asociaciones de Transportistas Extraurbanos de Huehuetenango y Villa Nueva así como representantes de la Coordinadora Nacional de Transportes, denunciaron ante la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras  Públicas supuestas anomalías en los trámites administrativos en los trámites que deben realizar en la Dirección General de Transportes.
Ante esta situación los transportistas propusieron que se instale una mesa técnica en la que se busquen soluciones a la problemática que atraviesa el sistema público de transporte.
En la reunión de la comisión de Transporte, la cual preside el representante Carlos Alberto Martínez, asistieron Cristian Aguilar, Vice ministro de Telecomunicaciones y Transportes así como el director general Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Luis Villegas, a quienes les pidieron explicaciones sobre las irregularidades en el trámite de 16 permisos para nuevas líneas de transporte de pasajeros en el departamento de Huehuetenango.
Los funcionarios también fueron cuestionados sobre el problema de los más de 175 buses de Villa Nueva quienes son objeto de multas por parte de la Policía Municipal de Guatemala debido a que la tarjeta de circulación extendida por la Dirección de Transporte no especifica la ruta de estos buses que transita por la Avenida Petapa.
El diputado Luis Contreras Colindres, integrante de esta sala de trabajo explicó que es necesario que esta problemática sea abordada en la mesa técnica del transporte en la cual se plantearía la creación de la superintendencia de transporte. “Es necesario discutir una nueva ley de tránsito que regule todo el sistema colectivo del transporte”.
Oscar Albizurez, secretario de la Junta Directiva de la Coordinadora Nacional de Transportes y presidente de la Cámara Guatemalteca de  Transporte, manifestó que están en la disposición de impulsar una nueva ley de tránsito. “Nosotros estamos de acuerdo que se busquen los mecanismos para el control y la regularización del transporte a través de una norma actualizada ya que esta ley es obsoleta e inoperante”.
Albizurez destacó que lo novedoso de la propuesta es que la dirección general de transporte desaparecería debido a que durante muchos años ha existido corrupción en las gestiones en dicha entidad.
Luis Villegas, director de la Dirección General de Transportes,  al concluir la citación indicó que han iniciado con los acercamientos para consensuar con los empresarios del transporte extraurbano y de carga la nueva propuesta de ley que regule todo el transporte en el país. “La  intención es crear un ente fortalecido con mayor presupuesto y mejores atribuciones que regule y controle el transporte ya que  tenemos un rezago de mas de cincuenta años”.              
Al concluir la reunión las partes acordaron instalar la mesa técnica del transporte la próxima semana para iniciar con la discusión de la nueva ley. A la reunión invitarán a todos los representantes del sector de transportistas así como a las instituciones encargadas del tema en el país.                                        

Por José Castellanos.
 

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Con el propósito de buscar los mecanismos legales para sancionar a quienes cometen abusos sexuales contra niñas y adolescentes, así como buscar programas de ayuda  para las víctimas, la Diputada Sandra Morán de la bancada Convergencia acompañada por representantes de la Asociación de Mujeres Transformando el Mundo, realizaron la segunda  mesa de trabajo para la elaboración de políticas públicas de reparación y transformación para las niñas y adolescentes  víctimas de la violencia sexual.
En las mesas de trabajo participaron representantes de la sociedad civil, de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), y el Ministerio de Salud, entre otras entidades que estarán involucradas en la creación y cumplimiento de programas de ayuda para las víctimas.
“A los asistentes se les dividió en tres mesas de trabajo entre las que están la que trata los temas  de reformas legales, otra para las medidas especificas de reparación y otra para establecer la forma en que las organizaciones de gobierno deben unificarse para los programas de reparación para las víctimas sexuales”, destaco la diputada Sandra Morán.
Uno de los objetivos de las mesas es determinar si es necesario reformar algunas leyes que castigan la violencia contra la mujer y la niñez o se crean nuevas normativas especificas para este delito. También se persigue que el Estado implemente programas de ayuda a las víctimas.
Las mesas de trabajo se continuarán realizando durante las próximas semanas para que a finales de octubre se den a conocer las conclusiones de las mismas, cuando se buscará el apoyo de otras diputadas del legislativo.

Por Karla Herrera.
 

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