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Mediante la intervención de la Comisión Extraordinaria Frontera Norte, que preside el diputado Byron Chacón, fueron solucionados 2 antiguos conflictos sobre tenencia de la tierra en los municipios El Estor y Morales, en el departamento de Izabal.
El diputado Chacón explicó que en el año 1969, le fueron adjudicadas 10 hectáreas de terreno al señor Agustín Cardona Velanzuela y por error el Registro de la Propiedad Inmueble registró a su nombre 109 caballerías en donde se asentaron posteriormente 22 comunidades en el municipio de Morales, Izabal.
Después de tantos años de lucha, los campesinos apoyados por el diputado Chacón y autoridades de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, los comuneros contarán con un instrumento legal que les permita obtener las escrituras de propiedad.
Mientras que en el municipio de El Estor se gestionó la legalidad de las tierras que ocupa una Compañía Explotadora de Níquel.
En este caso, las autoridades de la Compañía aceptaron entregar las tierras a cambio de se les renueve la concesión en usufructo del sitio donde está la mina por 25 años más.
En total, serán beneficiadas mas de 15 mil familias, quienes a corto plazo contarán con los documentos de propiedad que les permitirán contar con fondos económicos para invertir en el desarrollo agrícola, puntualizó el diputado Byron Chacón.
A la reunión, asistieron líderes comunitarios de Izabal y autoridades de los Ministerios de Energía y Minas y Finanzas Públicas, Fondo de Tierras, Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República y Registro de Información Catastral.
Por José Luis Hernández.

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Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), que realizaron una caminata desde el Obelisco hasta el Congreso de la República, se reunieron con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), para exponer sus demandas antes de la aprobación del presupuesto del próximo año.
“Fue una reunión cordial donde comentaron que es necesario apoyar a la educación y darle más recursos al ministerio de Educación para los programas y proyectos educativos; ahora será de defender los incrementos que hay, entre ellos el de la cartera educativa, de más de Q1 mil millones”, manifestó el diputado Carlos Barreda, del bloque uneísta.
Los dirigentes magisteriales dijeron que responsabilizan al Gobierno de que el próximo año se continúe como hasta ahora, “dejando por un lado a niños y niñas y no darle más énfasis a lo educativo”.
“Necesitamos más cobertura educativa; los niños ya no van a clases porque no existe motivación. Necesitamos un presupuesto que pueda cubrir los programas y proyectos para docentes y estudiantes, o seguiremos teniendo un educación mediocre”, enfatizó el dirigente sindical Eduardo Herrera.
Si el martes no es aprobado el presupuesto adecuado para educación, los dirigentes amenazaron con no dar inicio al ciclo escolar el próximo año, y responsabilizar al Congreso de las acciones que se podrían dar.
Por Selvin Rustrián.

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Mediante una moción privilegiada presentada por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el pleno del Congreso acordó tratar las reformas constitucionales al sector justicia en su tercer debate en sesiones exclusivas para ese fin, y se fijó el lunes 28 de este mes, a partir de las 10:00 horas.
Con la determinación de este martes, el tema de las modificaciones propuestas a la Carta Magna fue excluido de la agenda ordinaria; su discusión en tercer debate estaba prevista para la sesión plenaria del jueves 24. El presidente del Legislativo, Mario Taracena Díaz-Sol, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), apoyó la moción y propuso que la discusión fuera el 28.
“Antes de un tercer debate considero necesario que sea en una sesión única, exclusivamente para discutir las reformas, por lo que se necesita tiempo para discutir y hablar, porque es nuestro derecho para llegar a consensos y que no siga en esta agenda”, manifestó el diputado Adim Maldonado, del bloque oficial.
El congresista Amílcar Pop, de la bancada Winaq, expresó: “Hay varios diputados en contra del antejuicio y ojalá eso no sea un mecanismo para abandonar o no venir”.
“Si es necesario se tendrán que realizar 1, 2 o 3 sesiones extraordinarias, para una discusión profesional, y nosotros la vamos a discutir para que las reformas sean aprobadas”, aseguró el parlamentario Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).
Las modificaciones a la Constitución Política de la República fueron propuestas por los jefes de los tres organismos del Estado, con el acompañamiento del Ministerio Público, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un proceso que incluyó discusiones regionales; el objetivo es fortalecer al sector justicia en aspectos como derecho indígena y antejuicio.
El proyecto de Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, por un monto de Q76.9 mil millones, pasó en segundo debate y se prevé que siga su trámite en la plenaria del jueves 24. La intención es aprobarlo a más tardar el miércoles 30.
Por Selvyn Rustrián

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El pleno del Congreso aprobó este martes la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, la cual tiene como objetivo implementar el control telemático en el proceso penal, como herramienta eficaz para evitar la prisión preventiva.
Dicha norma está redactada para que no obstruya el debido proceso, ya que los dispositivos electrónicos, no solo ubicarán a los procesados o condenados por medio de un sistema de Posicionamiento Global (GPS) sino también coadyuvará en el descongestionamiento del sistema  penitenciario, la modernización del sector justicia y el cumplimiento del ordenamiento penal.
“No es un secreto que hay muchos privados de libertad que están esperando a que se dicte una sentencia y que están guardando prisión al lado de delincuentes peligrosos. Mientras en Guatemala no se garantice una justicia pronta y que haya un Sistema Penitenciario fuerte, la implementación de esta Ley, se convierte en una solución práctica  y realista que permitirá que no se aplique un castigo innecesario a quienes estén detenidos por delitos de carácter administrativo o menor”, manifestó el diputado Raúl Romero jefe de bancada de Fuerza.
La Ley establece lo siguiente.
• Regula la aplicación del control telemático en el proceso penal como medio
de control.
• Define el Arresto Domiciliar y Residencial y establece la facultad del juez
competente de delimitar el ámbito geográfico de desplazamiento de los
sancionados, sindicados o condenados.
• Instituye la forma de financiamiento del uso del dispositivo de control
telemático
• Faculta la discrecionalidad del juez contralor para la aplicabilidad del
dispositivo de control electrónico
• Establece en qué casos se revocará el uso de control telemático.
• Se ordena al Ministerio de Gobernación, la creación del Centro de Control
Telemático, definiendo su competencia, deberes y obligaciones
administrativas.
• Establece la competencia y facultades de los jueces contralores y la
obligación de la Corte Suprema de Justicia para la creación de un acuerdo
para la implementación de la iniciativa.
• Se reforma el Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Régimen Penitenciario y Ley contra la Narcoactividad.
Leonel Lira, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, resaltó la importancia de esta ley. “Hoy el Congreso ha cumplido una vez más para ayudar a las políticas públicas que buscan evitar el hacinamiento en las cárceles del país. Durante su discusión se evaluaron aspectos constitucionales para  evitar que haya señalamientos sobre su objetivo”, concluyó el diputado.
Los diputados entrevistados coincidieron en que es necesario aclarar que no hay intereses de sectores o de grupos políticos sobre esta ley.
Por Selvin Rustrián.

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Diputados de la bancada TODOS, coordinados por Felipe Alejos, Segundo Vicepresidente del Congreso presentó a los medios de comunicación y a Dirección Legislativa la Iniciativa que contiene Reformas a la Ley de Consejos de Desarrollo Rural y Urbano, Decreto 11-2002.
Las Reformas van encaminadas a impulsar la equidad de los cargos por condición étnica y de género, ya que desde su creación, hace más de una década, las mujeres del altiplano occidental han solicitado una mayor participación.
“Resulta innegable la desigualdad en la participación de las mujeres en este sistema que fue concebido como una herramienta de planificación y desarrollo integral del país, sin embargo  hemos constatado que los COCODES priorizan asuntos como la obra gris, dejando afuera temas que las mujeres demandan, como: salud y Educación, entre otros”, expuso el diputado Alejos.
Victorina Cuan, una de las mujeres líderes que participó en la actividad, pidió a los parlamentarios su apoyo para que hagan avanzar las demandas que hacen como mujeres comunitarias, cuyo único interés es brindar su aporte al desarrollo de una sociedad más incluyente.
La propuesta busca modificar 11 artículos del Decreto 11-2002, para impulsar la participación del sector de mujeres en las decisiones municipalistas. Los artículos que se busca modificar son 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32.
Por Mayra Recinos.

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En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este miércoles la diputada Sandra Morán y representantes de por lo menos 23 organizaciones sociales y dependencias de gobierno presentaron una propuesta de Política Pública de Reparación Digna y Transformación para Casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes, que incluye estándares de reparación específicos para cada condición.
La propuesta, entre otras cosas, está encaminada a desarrollar una serie de acciones que garantizan los derechos de quienes han sido víctimas de violencia sexual, para lo cual se enfoca en cuatro ejes principales: salud, desarrollo humano, seguridad y educación.
“Con este documento se provee de los mecanismos de respuesta pronta y eficaz a instancias como los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Relaciones Exteriores, Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Instituto de la Defensa Pública Penal, Organismo Judicial, Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos e Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que por la temática están vinculados a este tipo de casos”, aseguró la congresista de la bancada Convergencia.
La titular de la Seprem, Ana Leticia Aguilar, se comprometió a la instalación de una mesa técnica especializada, que estudie el proyecto a fin de presentar el documento final a la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres, dependencia del Organismo Ejecutivo que sería la encargada de darle continuidad y velar por su implementación.
Al finalizar la presentación, la legisladora indicó: “Hoy es una día sumamente importante para la dignificación de todas esas víctimas que todavía se encuentran en el anonimato debido al impacto que este flagelo que, según estadísticas de los entes de investigación, son cada día más frecuentes, razón por la cual no descansaremos a que esta Política se lleve a la realidad”.
Según estimaciones del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, de 2009 a 2016 se registraron no menos de 25 mil niñas que han enfrentado un embarazo forzado como consecuencia de una violación sexual sin acompañamiento. De esta cifra, no menos de 780 de los embarazos ocurrieron en niñas de entre 10 y 13 años.
Por Karen Mendoza

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Diputados de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, se reunieron con funcionarios de los ministerios de Finanzas Públicas y de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), así como con autoridades de la Intendencia de Recaudación y Gestión, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y representantes de la Cámara del Agro, para analizar las modificaciones a la iniciativa 5182, Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería Bovina, Ovina, Caprina y Porcina de la República de Guatemala.
Este proyecto tiene como finalidad contribuir a la seguridad alimentaria por medio del incremento de la producción y productividad agropecuaria a un tres por ciento sobre la venta bruta. Asimismo, con el objetivo de promover el desarrollo ganadero se establecen incentivos, como la exención de derechos arancelarios para las importaciones, exoneración del Impuesto al Valor Agregado de la actividad ganadera y exención del pago del Impuesto Sobre la Renta para las personas individuales o jurídicas que realicen proyectos de desarrollo pecuario, entre otras.
El presidente de la referida sala, Gabriel Heredia Castro, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), explicó que se está proponiendo una modificación en el pago de los gravámenes y que se integre todo el sector agropecuario en un solo bloque, en la búsqueda que el Estado tenga una política pública que garantice la soberanía alimentaria.
“Con la iniciativa estamos tratando de formalizar a más de 100 mil agricultores dedicados a las diferentes ramas. Estamos buscando que cada persona individual y jurídica que se dedique a la actividad agropecuaria este formalmente establecida e inscrita en la SAT”, comentó.
Por su parte, Mario Méndez, titular del MAGA, se refirió al interés de fomentar el tema agropecuario en el país. “Veo que con un impuesto de 3 por ciento que se está manejando se va a integrar a la economía formal a los pequeños productores y se dará competitividad a nivel internacional”, aseveró.
Agregó que se debe tener el apoyo del Estado, lo cual haría que Guatemala pueda ser por fin un país competitivo en el sector agropecuario.
Por Elizabeth Linares

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La duplicidad de asociaciones integradas en el Consejo Superior de la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) llevaron a los diputados de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca a intervenir en el conflicto, al instalando una mesa técnica para resolver los problemas de las partes en pugna mediante una reforma legal.
El problema surgió cuando un notario faccionó las escrituras de dos asociaciones de agrónomos similares y con las mismas siglas, que integran el Consejo Superior de dicha casa de estudios: la Asociación Nacional de Peritos Agrónomos y la Asociación Nacional de Peritos Agrónomos Forestales, ambas con siglas Andepa.
Casualmente aparecen otras dos entidades denominadas Unión Nacional de Agrónomos con las mismas siglas: Unagro. En ambos casos con representación en el Consejo, los cual genera discrepancias.
Las duplicidades han llevado a acudir en consulta ante las autoridades del Ministerio Público, para que dictamine si se ha incurrido en algún delito que perseguir, declaró Gabriel Heredia Castro, presidente de dicha sala legislativa y diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Igualmente han solicitado a la Contraloría General de Cuentas practicar auditorías forenses de los últimos 30 años que tiene la escuela en su segunda época y 25 años que tienen esas entidades en sus funciones.
Actualmente, el Consejo Directivo está conformada por cinco instituciones: Unagro, Andepa, Cámara de Industria, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y claustro de catedráticos.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Peritos Agrónomos de Guatemala, Héctor Manuel Vásquez Ruano, dijo sentirse satisfecho con la reunión, en la cual se comprometieron a superar los problemas “que solamente vienen a perjudicar al centro de estudios”.
Por José Luis Hernández

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“Debido a la desinformación que existe en cuanto a la reformas, yo creo que una decisión de agarrarlas y aprobarlas lo más pronto posible no es sabio ni prudente”. Así se refirió el diputado Marcos Yax, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), quien preside la Comisión de Pueblos Indígenas, al referirse a las modificaciones propuestas para hacer a la Constitución Política de la República en materia de justicia.
El legislador afirmó que las reformas se deben aprobar en un plazo de “algunos meses debido a la desinformación” que, según expresó, existe a nivel nacional.
Édgar Ovalle, subjefe de la bancada oficial, afirmó que las reformas “deben ser más discutidas, debido a que no se tomó en cuenta al Colegio de Abogados, universidades y algunos magistrados, lo hace que se deban abrir los espacios para escuchar a todos los sectores”.
Esta postura surgió después de una reunión sostenida con Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público; Jorge De León Duque, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y representantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, a la cual también asistieron integrantes de la bancada oficial FCN, para tratar dudas como el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas de ejercer funciones jurisdiccionales.
Según los parlamentarios, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en materia de justicia es algo que se debe analizar más a profundidad, pues no se debe alterar la esencia de la constitución en materia legal. Patricia Sandoval, de FCN, expresó que una de sus dudas es “quién y dónde debería ser juzgada una persona indígena de Totonicapán, que cometió una delito o falta en la capital”.
Al respecto, Yax aseveró que el reconocimiento ancestral es algo que se debe de dar, pues “a veces en los departamentos se resuelve más pronto un caso y sin gastar un solo centavo”, lo cual fue compartido por los invitados a la mesa de diálogo.
Reformas al derecho de antejuicio
Aldana aseguró que el derecho de antejuicio es una figura que no debería existir porque viola el derecho de igualdad establecido en la Constitución Política de la República; sin embargo, expresó que tras una serie de discusiones se decidió dejarlo, aunque con modificaciones, “que abran los obstáculos que se tiene al momento de iniciar una investigación y no se entrampe por el antejuicio”.
A criterio de María Quinto García, diputada de FCN, el derecho de antejuicio “es una garantía de no ser señalado injustamente y que la investigación se dé apegada a derecho, pues muchos señalan a diputados y/o alcaldes con el único objeto de quedarse con el puesto”.
En la reunión también trataron temas como la eliminación de las comisiones de postulación y la separación de las funciones administrativas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Por Byron Ramírez.

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