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Juan José Porras, diputado de Visión con Valores y subcoordinador del Frente Parlamentario Contra el Hambre (FPH), acompañado de homólogos de ocho países de Mesoamérica y Colombia, se reunieron con el propósito de definir una agenda conjunta que permita contribuir en la lucha contra el hambre y la erradicación de la desnutrición crónica en América Latina y el Caribe.
El primer encuentro Mesoamericano de Frentes Parlamentarios contra el Hambre se llevó a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica, con el fin de unir esfuerzos y llevar a cabo acciones conjuntas que permitan avanzar en el ámbito legislativo para contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible y del plan de seguridad alimentaria y erradicación del hambre, que son compromisos asumidos por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Con la actividad se buscó avanzar en el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional Celac 2025, así como fortalecer los lazos de cooperación de los países de la región, intercambiar experiencias y definir las áreas prioritarias de las agendas legislativas que permitan reducir la pobreza, el hambre y la malnutrición en los Estados miembros.
Al finalizar el evento se acordó que los parlamentarios que coordinan este frente presentarán la propuesta con las prioridades subregionales obtenidas en este encuentro, en el VI Foro Regional de Frentes Parlamentarios de América Latina y el Caribe, a realizarse en la ciudad de México en noviembre.
Por Elizabeth Linares

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La congresista Nineth Montenegro, jefa de la bancada de Encuentro por Guatemala, fue notificada este jueves por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la resolución que admite para su trámite el amparo promovido contra la Presidente y Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y los ministerios de Salud y Finanzas Públicas, por incumplir la Ley de Contrataciones del Estado al no abastecer la red hospitalaria.
“Estoy congratulada por la resolución y espero que ahora las autoridades compren medicamentos para surtir los hospitales, porque muchos guatemaltecos los necesitan y se están muriendo porque no tienen cómo curarse; confiamos en que se cumpla lo que se ordena”, manifestó la parlamentaria.
En la resolución de la CSJ se fija un plazo de cuarenta y ocho horas a las autoridades para que envíen un informe circunstanciado y los antecedentes del caso.
Montenegro dijo espera que “lo antes posible se resuelva el problema del abastecimiento”, pues de contrario las autoridades podrían cometer delitos “al no ayudar a la población”.
Por Selvyn Rustrián

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Con la aprobación del Código de Migración en el Congreso de la República, además de dignificar al migrante también se busca fortalecer la red de protección consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la asignación de los recursos obtenidos por concepto de la emisión de pasaportes.
La iniciativa 5121 establece la forma en que se distribuirán los fondos privativos que se obtengan. “Se contempla que un 25 por ciento de los recursos sean trasladados a Cancillería especialmente para la ampliación de la red consular”, explicó el  presidente de la comisión del Migrante, Jean Paul Briere, de la bancada Todos, quien ha impulsado su aprobación.
De acuerdo con el legislador, la intención es mejorar el servicio y la atención a los connacionales en el extranjero, por lo que se estipula un plazo para que la Cancillería, incremente la cantidad de sedes consulares en las ciudades donde resida una cantidad considerable de migrantes guatemaltecos.
“Este es uno de los temas importantes que contiene el Código de Migración, para el funcionamiento de los consulados. Vamos a esperar a ver como queda pero en general es importante poder modernizar la legislación en materia migratoria. Hay una serie de figuras que contempla el derecho internacional que es importante dejarlas establecidas”, comentó por su parte el canciller Carlos Raúl Morales.
Los legisladores coinciden una vez más en la importancia que tiene continuar con la discusión de la iniciativa 5121, por lo que esperan que en la plenaria del martes 30 de agosto puedan concluir la aprobación de los libros II y III que contemplan de los artículos del 112 al 246.
Ratifica participación en elección de Conamigua
Por otro lado, el presidente de la comisión del Migrante, Jean Paul Briere, ratificó su intención de participación en el proceso de elección para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).
“El plazo para presentar el expediente vence mañana (viernes) a las 16:00 horas. A eso de las  15:00 horas estaría  presentando mi  documentación”, expuso el congresista de la bancada Todos, al anticipar que se inhibirá de conocer el proceso de selección como presidente de la comisión, ya que esta instancia es la que propone al pleno una lista de cinco aspirantes al cargo.
De acuerdo con la información de la comisión del Migrante, al momento se han presentado 27 expedientes de aspirantes al cargo de Secretario y Subsecretario de Conamigua, de los cuales se seleccionará a cinco profesionales con experiencia de al menos 3 años en materia de migrantes, pues la elección se llevaría a cabo en unos tres meses.

Sayda Galicia.

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El congresista Carlos Fión, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, se reunió con María Alejandra Má, viceministra de Comunicaciones encargada de Infraestructura, y Armando Castillo, titular de la Dirección de Conservación Vial (Covial), para tratar el tema de la red vial del departamento de Peten y de Río Dulce, Lívingston, Izabal.
“Es una mesa de trabajo para verificar el esfuerzo que las autoridades están haciendo y buscar una solución viable a los problemas que afronta todos los días la población que circula en diferentes rutas del país”, manifestó el diputado.
Según la funcionaria, ya se iniciaron las gestiones para que varios tramos de Petén sean trabajados en septiembre. “Otra ruta que preocupa es el tramo de La Ruidosa hacia el puente de Río Dulce; allí se determinó que una minera afecta el asfalto y no se puede hacer nada al respecto. Solo se ha solicitado apoyo a la Dirección de Tránsito para colocar una báscula y hacer operativos para medir el peso de los vehículos pesados”, dijo la funcionaria.
Asimismo, Covial espera que el próximo año se haga un estudio orientado a la reconstrucción de dicho tramo en Izabal y ayudar al puente, el cual “podría ser inhabilitado si no se cuida debidamente”.
Por Selvin Rustrián

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Diputados de Alianza Ciudadana, coordinada por Francisco Tambríz, se reunieron con María Alejandra Má, viceministra de Comunicaciones encargada de Infraestructura, y con Armando Castillo, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, para fiscalizar el mantenimiento y construcción de proyectos carreteros en Sololá y Huehuetenango.
Filomeno Hernández, alcalde de Santa Huista, Huehuetenango, declaró: “En nombre del pueblo les exijo a la autoridades encargadas que arreglen los tramos, pues es una vergüenza el mal estado en que se encuentra la región fronteriza”.
“El problema no es de ahora; son más de 10 años de abandono y los recursos que poseemos son insuficientes, aunado al pago de la deuda de arrastre que solo este año fue de Q400 millones”, respondió la funcionaria.
Castillo agregó que algunos eventos que cubrían las rutas en Guineales Palá via Tzumajuy, Río Tzojoma al Cruce de Patzaj, y San Lorencillo hacia Paquilla, en el departamento de Sololá, “se cayeron o quedaron desiertos”, debido a la falta de participación de las empresas o porque no llenaban los requisitos. “Lanzamos un segundo evento y esperamos que se puedan adjudicar en cinco semanas”. Indicó.
“Veo ineficiencia e inoperancia en esta administración; se ha gastado el 40 por ciento del presupuesto en 8 meses y en lo que resta del año es muy difícil que se complete la ejecución. Lo más es probable es que se vaya al fondo común”, indicó el diputado Marvin Orellana, subjefe de la bancada.
“Ya viene lo más duro del invierno y va a ser más difícil que puedan trabajar en el mantenimiento a las carreteras. Cómo nos están pidiendo que aprobemos más impuestos”, aseveró.
Por su parte, el diputado Tambríz exhortó a las autoridades a trabajar para atender las necesidades de la población. “Siempre nos presentan las mismas excusas y el pueblo ya está cansado porque no están haciendo su trabajo. Cómo pretende este Gobierno una nueva carga tributaria, si al final es la gente más pobre, la más necesitada, la que la termina pagando? Como bancada no estamos de acuerdo con más impuestos, pues no vemos resultados”, concluyó.
Por Rosemary Recinos

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Los diputados de la Comisión del Menor y la Familia, presidida por el representante Walter Félix, se reunieron con directivos de la Comisión Nacional de la niñez y la Adolescencia, y de El Refugio de la Niñez, con el fin de establecer políticas y estrategias para mejorar el sistema de protección para las y los menores de edad en el país, para el efecto anunciaron la creación de una mesa técnica legislativa de trabajo.
En primera instancia los congresistas conocieron el diagnóstico de la vulnerabilidad infantil en el país. Según los datos cada día se atienden  15 partos de niñas menores de 15 años y se reportan  186  agresiones físicas y sexuales. Se supo también que en los últimos cuatro años se ha reportado la desaparición de 6 mil menores de edad.
Leonel Dubón, director ejecutivo de El Refugio de la Niñez, dijo a los diputados que a estos casos se suma la falta de atención por parte del Estado a los niños migrantes que vienen de otros departamentos o países. “En su mayoría son descuidados y mal atendidos  por las autoridades correspondientes”, denunció.
El presidente de la referida sala de trabajo, Walter Félix se mostró preocupado por los datos que le dieron a conocer e indicó que se creará una mesa técnica con representantes de la sociedad civil, instituciones de gobierno y juristas para elaborar y aprobar políticas y leyes encaminadas a proteger a los menores de edad, en el país.
Por Karla Herrera

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El diputado Luis Rabbé, del bloque Alianza Ciudadana, envió este martes una nueva solicitud de permiso para ausentarse de su trabajo parlamentario por un periodo de 30 días, a partir del 23 de agosto de este año, sin goce de salario.
Entre los argumentos planteados están que se encuentra “realizando entrevistas y reuniones con personas en el extranjero, en vista del acoso y persecución política en mi contra”.
“En dichas entrevistas expongo, como expresidente de uno de los organismos del Estado y como actual diputado, la manera en que se están violando varios preceptos constitucionales, como lo son el principio de inocencia y el debido proceso en los juicios mediáticos que actualmente se realizan en el país”, se lee en el documento.
Óscar Chinchilla, cuarto secretario de Junta Directiva del Congreso, afirmó que el documento de Rabbé será conocido el lunes. Debido a que la carta fue enviada por el parlamentario desde otro país, se analizarán expedientes de solicitud de permisos para ver si existen antecedentes, para evitar una ilegalidad.
Antecedentes
El lunes, la Junta Directiva  rechazó la petición de permiso para ausentarse por un mes, sin goce de salario, efectuada por Rabbé, por no cumplir con los elementos establecidos en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Congreso.
La semana anterior, la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar un proceso de antejuicio contra Rabbé, quien fue presidente del Congreso en 2015. La denuncia fue presentada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, quienes lo vinculan con supuestas anomalías en la contratación personal en el Organismo Legislativo.
Por Byron Ramírez

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Los diputados Walter Félix y Amílcar Pop, jefes de las bancadas Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz) y Winaq, respectivamente, se reunieron con autoridades de diferentes instituciones para que explicarán en qué fase se encuentra la entrega de la infraestructura de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
Participaron funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de los ministerios de Finanzas; Ambiente y Recursos Naturales, y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como de la Superintendencia de Administración Tributaria, la Comisión Presidencial de Puertos y Aeropuertos, la Secretaría General de la Presidencia de la República, directivos y sindicalistas de EPQ.
Durante la reunión estos últimos presentaron un resumen del caso hasta la fecha, evaluaron los aspectos importantes y las consecuencias del conflicto. “Le hemos dado seguimiento a las demandas y lo seguimos considerando un contrato oneroso e ilegal para el Estado”, resaltó Javier Reyes, secretario general de la organización sindical.
Anabella Morfín, titular de la PGN, dio a conocer que el proceso de nulidad se encuentra en la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo y “está en espera de la resolución del juicio”.                   
La funcionaria detalló las acciones en el caso del Acuerdo Gubernativo mediante el cual se le instruye a emitir un memorando de entendimiento que debe firmarse entre las partes interesadas; mencionó la intención de la Junta Directiva de la EPQ de solicitar al presidente Jimmy Morales que presente una iniciativa de ley para que el Congreso de la República la apruebe, con carácter excepcional, y continúen las operaciones por un plazo de 21 años.
“Nuestras preocupaciones son que no podemos renunciar como país a la persecución penal de los funcionarios; hoy se ha dado un compromiso por parte de la PGN de que no se renuncia a ello y tenemos el acuerdo de las instituciones de velar por mejores condiciones para el país, como ingresos para el fisco, regalías y dividendos, por lo que seguiremos analizando el documento que nos presentaron”, resaltó el diputado Pop, quien preside la Comisión de Probidad.
El congresista Félix comentó que han comprobado, con base en los diferentes informes recibidos sobre el caso de TCQ, la ilegalidad desde el inicio del contrato de constitución de usufructo oneroso. “Esto ha evadido la Ley de Contrataciones del Estado y otras normas; hoy nos presentan un documento en el que pretenden continuar con las operaciones. Hay juicios penales en proceso y queremos conocer las resoluciones”, puntualizó.
Agregó que el memorando de entendimiento tiene acciones que calificó de “anómalas”,  en alusión a la supuesta iniciativa de ley del Ejecutivo. “Nosotros no lo estaríamos permitiendo ni concediendo vía directa a TCQ que continúe operando; esto tenemos que analizarlo porque consideramos que no podemos hacer una ley a la medida de una empresa, para que haya transparencia y velemos por los intereses del pueblo y del Estado”, afirmó.
El borrador entregado contiene compromisos de las partesm como la inversión en la construcción de infraestructura portuaria de por lo menos US $80 millones, así como asistencia técnica a la EPQ en tecnología para mejorar el funcionamiento del puerto y la entrega de al menos US $40 millones en concepto de reparación para proyectos de desarrollo en Escuintla.
Por José Castellanos

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Integrantes de la Comisión de Energía y Minas que preside el congresista Juan Ramón Lau, citaron a Luis Alfonso Chang, Ministro de Energía y Minas y a representantes de la empresa minera ubicada en El Estor, Izabal para que explicaran el motivo de la explosión ocurrida recientemente por una caldera de la planta de procesamiento.
Durante la reunión, Mario Fernando Vega, director administrativo de la empresa procesadora de níquel, dio a conocer que una de las cinco calderas  fue la que explotó el pasado 14 de agosto, dejando un saldo de cinco personas fallecidas y algunos heridos.
“La caldera que ocasionó el incidente es una de las más nuevas de la planta ya que empezó a funcionar en el 2015. La empresa ha brindado el apoyo con un seguro médico y funerario para las víctimas”, señaló Vega.
Por su parte el ministro Chang, informó que el Ministerio Público se encuentra efectuando las investigaciones correspondientes para deducir las responsabilidades de la explosión.
El congresista Lau comentó que además del MP hay un sistema de investigación en el que están incluidos varios sectores como el Inacif,  Ministerio de Energía y Minas, Conred. Asimismo, señaló que se dio plazo de un mes para que se concluya esta investigación.
“Es necesario saber las causas de la explosión por lo que vamos a esperar el informe y de ahí se van a desprender las acciones que la comisión considere tomar”, refirió el parlamentario.

Por Elizabeth Linares.

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