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Con la aprobación del libro II de la iniciativa 5121 “Código de Migración”, el pleno del Congreso de la República, aprobó la creación del Instituto  Guatemalteco de Migración, el cual sustituirá a la Dirección General de Migración, y actuará como una entidad  descentralizada  cuyo objetivo sería ejecutar una política migratoria, basada en el respeto al derecho humano de migrar.
En el desarrollo de la sesión declarada permanente, donde se conocieron 6 de 17 modificaciones, también se aprobó la creación del Sistema Migratorio Guatemalteco, el cual se integra por: Autoridad Migratoria Nacional, Instituto Guatemalteco de Migración y el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).
De acuerdo con los legisladores, el libro II, que consta de los artículos del 112 al 217, constituye un avance en la discusión final del Código de Migración.
La Junta Directiva programó para el próximo jueves a partir de las 10:00 en la sesión a la que ha convocado.
“Se está avanzando lento pero esperamos concluir en la próxima jornada, considerando que es un tema de suma importancia para  regular el tema migratorio”, expuso el presidente del Congreso de la República, Mario Taracena Díaz-Sol.
En tanto, el diputado Raúl Romero, de la bancada Fuerza, manifestó: “Vamos a fortalecer la política migratoria del país, en una norma que incluye no solo el tema de los migrantes que llegan al país, sino también de los guatemaltecos que salen del territorio”.
Instituto Guatemalteco de Migración
De acuerdo con el contenido de la iniciativa que se encuentra en proceso de aprobación, el Instituto Guatemalteco de Migración tendría dentro de sus funciones: Velar por los derechos de las personas migrantes, establecer las oficinas administrativas necesarias para la atención de las personas migrantes durante su paso por el territorio nacional, ejecutar la política migratoria emitida por la Autoridad Migratoria Nacional, bajo el mando de la Vicepresidencia  de la República, entre otras.
Por Sayda Galicia.

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El diputado Amílcar Pop, jefe de la bancada Winaq, se reunió con funcionarios de los Ministerios de Economía, Cultura y Deportes, representantes de la Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES) y de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, para analizar una propuesta de iniciativa de ley encaminada a proteger los tejidos indígenas.
El objetivo del proyecto es reconocer, proteger, promover y preservar los derechos colectivos de propiedad intelectual de los pueblos, los cuales están basados en conocimientos ancestrales y tradicionales. Esta sabiduría ha dado como resultado la elaboración, producción y diseño de figuras y símbolos gráficos que han sido plasmados en los tejidos durante siglos.
Durante la reunión, surgió la iniciativa de dejar establecido quienes tienen la propiedad intelectual en la creación de los tejidos indígenas y quien es el sujeto de derecho, indicó el diputado Pop.
“Estamos frente a un fenómeno no regulado en cuanto a la comercialización y la producción interna y externa, y lo que buscamos es beneficiarla y fortalecerla”, señaló el parlamentario.
“Debe reconocerse su valor artístico e histórico, no solo a nivel nacional e internacional”, declaró Silvia Ruiz, representante del Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía.
La funcionaria señaló, que en la actualidad la legislación en materia de propiedad intelectual no cuenta con preceptos legales que puedan proteger los textiles, “para que esta propiedad intelectual pueda regirse, se requiere de dos principios que en este momento no se ajustan exactamente a este tema”, concluyó Ruiz.
Estos principios son: el titular específico de ese derecho, algo que es muy difícil de establecer debido a los derechos comunitarios, el otro es el principio de temporalidad, añadió la funcionaria.
Por su parte Saknicte  Racancoj, representante legal de AFEDES, comentó que  “últimamente se ha abusado de manera económica, de las tejedoras, ya que no se les remunera lo que corresponde. También han sido abusadas psicológicamente  al exigirles exclusividad, incluso bajo amenazas”, aseguró Racancoj. 
Las técnicas, diseños y símbolos usados, no le pertenecen ni a la tejedora misma, debido a que son costumbres que se han heredado ancestralmente y que guardan las experiencias y enseñanzas de las comunidades.
La comisión acordó que continuará con el análisis de este tema y se recibirán dictámenes técnicos para conocer distintas posiciones a nivel institucional,  para avanzar con esta propuesta, que se espera, esté terminada en dos meses dijo el diputado Amílcar Pop.

Por Rosemary Recinos.

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En la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque, dirigida por el diputado Mario Taracena, se dio a conocer que la Junta Directiva decidió devolver la iniciativa de reforma fiscal al Organismo Ejecutivo, tal como lo solicitó el presidente Jimmy Morales.
“Se tomaron como base algunos precedentes y que la iniciativa no había sido leída en el pleno ni enviada a una comisión”, explicó Taracena.
Juan Ramón Lau, jefe de la bancada Todos, expresó que “fue la mejor decisión”, postura que fue apoyada por los legisladores Raúl Romero, de la bancada Fuerza, y Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional.
Sin embargo, otros legisladores como Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Sergio Celis, del bloque Alianza Ciudadana, manifestaron que la decisión debió ser avalada por los 158 diputados.
En la reunión se dio a conocer que se presentará una nueva propuesta, con modificaciones, a la iniciativa de Aceptación de Cargos. También se acordó continuar la sesión permanente para continuar con votación de la ratificación o no de la ampliación del Estado de Calamidad por 30 días en el municipio de Jerez, Jutiapa.
Además, los jefes de bloque definieron continuar el proceso de votación del Código de Migración, el cual esperan concluir este martes, a fin de reunirse el lunes 12 y martes 13 para celebrar la sesión extraordinaria mediante la cual se  conmemorará un año más de la independencia patria.
Por Byron Ramírez

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Con el argumento de que no se pretende obstruir la justicia, la Junta Directiva del Congreso por segunda ocasión rechazó la solicitud presentada por el diputado Luis Rabbé para ausentarse de sus labores durante un mes, sin goce de salario.
Con esto, el representante de Alianza Ciudadana no puede faltar durante 4 plenarias continuas; de lo contrario, en un lapso de 10 días será citado y de no acudir se efectuará el procedimiento legal para que sea desaforado, explicó el presidente del Parlamento, Mario Taracena. “La justicia guatemalteca lo quiere dentro del territorio guatemalteco; de ninguna manera vamos a darle permiso, porque sería un acto de impunidad”, agregó.
Además, dijo que los integrantes de la Junta Directiva expresaron que de ninguna forma aceptarán las excusas del congresista.
La primera petición fue rechazada fue porque no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Congreso, expresó el segundo vicepresidente, Felipe Alejos.
Hace dos semanas, la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar un proceso de antejuicio contra Rabbé, quien fue presidente del Congreso. La denuncia fue presentada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, por supuestas anomalías en la contratación personal en el Congreso.
Por Selvin Rustrián.

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Este lunes se llevó a cabo la última reunión de la mesa técnica interinstitucional que escuchó las denuncias de los trabajadores de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, la cual fue coordinada por la diputada Thelma Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales.
En la reunión participaron directivos de la Empresa Portuaria Santo Tomás, el viceministro de Trabajo, Inspección General de Trabajo, Oficina Nacional de Servicio Civil, Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas y un representante de la Procuraduría General de la Nación, quienes escucharon las demandas de los representantes sindicales de la Empresa Portuaria Santo Tomás.
Al concluir la reunión la diputada Ramírez manifestó su satisfacción por la culminación con éxito de los temas tratados, dentro de los cuales está el pago del bono de incentivo de Q250 a más de 130 trabajadores a partir de septiembre, así como la reinstalación de más de 150 trabajadores que habían sido despedidos, a quienes se les pagarán los salarios caídos de 11 meses.
No obstante, el grupo sindical decidió abandonar la mesa técnica porque, según ellos, se agotó el proceso de diálogo administrativo por que no se ha cumplido con el pago del salario mínimo a al menos 600 trabajadores operativos.
Ante esto anunciaron que inician un proceso judicial en contra de la directiva del puerto.
Los sindicalistas aducen que se viola el pacto colectivo y otras normas, entre ellos varios acuerdos gubernativos que ordenan el establecimiento del salario mínimo no agrícola.
Mirna Pérez, representante sindical, dijo que desde el año 2014 denunciaron “una serie de anomalías y violaciones a los derechos laborales y prueba de eso es el proceso de diálogo que duró hasta este día, pero no hemos logrado llegar a un acuerdo”, aseguró la sindicalista.
Fernando Lorenzana, Presidente de la Junta Directiva de la Portuaria, manifestó que en este último caso si han cumplido con el pago del salario mínimo de Q2,256.71, para lo cual mostraron la nómina de los trabajadores.
“Ahora lo que nos toca es demostrar por la vía judicial que la empresa si ha cumplido con el pago del salario mínimo”, aseguró Lorenzana.
La diputada Ramírez dijo que la mesa técnica continúa asesorando el diálogo hasta que las partes encuentren una solución y la directiva cumpla con las demandas en el mes de septiembre.

Por José Castellanos.

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Guatemala ha cambiado y el Congreso de la República, como la más alta representación de la política nacional, ha sido el principal actor en la aprobación de leyes que responden al clamor ciudadano contra la corrupción y en pro de la transparencia.
Se cumplió un año del paro nacional conocido como 27A, cuando miles de personas de diferentes estratos sociales, en forma pacífica y espontánea, se volcaron a las calles a manifestar su repudio contra la corrupción del Gobierno de turno. Hoy los guatemaltecos son testigos de los cambios cuantitativos y cualitativos que han dado como resultado una ola de lucha contra el abuso de poder, saqueo de los fondos públicos, enriquecimiento ilícito y otros delitos, pero también del fomento de la transparencia en las diferentes instituciones, lo cual ha fortalecido el Estado de Derecho y la justicia en el país.
Según Fernando Linares Beltranena, diputado por el Partido de Avanzada Nacional, el Congreso no es la excepción, pues atendiendo el clamor popular se han aprobado reformas a diferentes leyes, como la Ley Orgánica y la de Servicio Civil del Organismo Legislativo, Ley Electoral y de Partidos Políticos, que por años fueron dejadas en el olvido por los políticos.
“Los diputados de la octava legislatura nos sentimos en una nueva Guatemala y prueba de ello es que no venimos con ánimo de hacer negocios ni tranzas, sino de sacar adelante el trabajo legislativo, buscando el bien común de la ciudadanía que nos eligió como sus representantes”, aseguró.
Por su parte, Raúl Romero, integrante de la bancada Fuerza, aseguró que el Congreso está asumiendo su responsabilidad legislativa en virtud de que se ha retomado el proceso de elección de cargos en diferentes dependencias, como el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, y adelantó que en los próximos días se evaluará el tema de los representantes de este Organismo de Estado ante la Junta Monetaria, el Registro Nacional de las Personas y el Consejo de la Juventud.
“El Congreso ha dado señales de que está cambiando, que está empezando a ser diferente. No podemos decir que está totalmente renovado, debido a que todavía nos encontramos en un proceso de transformación, modernización y transparentización, lo cual ha dado paso a grandes cambios en la política nacional”, expresó.
Los parlamentarios ratificaron su compromiso de seguir impulsado leyes en favor de los guatemaltecos y continuar con las funciones que la Constitución Política de la República les manda: legislar, fiscalizar e intermediar.
Un año después, el Organismo Legislativo también es actor en la lucha por la transparencia; las modificaciones a las leyes Orgánica y de Servicio Civil son muestra de los esfuerzos que se hacen para poner orden y control en el uso de los recursos públicos. Además, se colabora con los entes investigadores y operadores de justicia, con el objetivo de no apañar a los diputados señalados de cometer anomalías administrativas y otros delitos, sino propiciar que se respete la ley.
El Congreso de la República es ahora el ente más transparente del Estado, pues tiene un 98.4 por ciento en el nivel de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, según la evaluación efectuada por la Procuraduría de Derechos Humanos; en diciembre de 2015 la medición era de 36.2 por ciento. Además, los cambios internos han permitido reducciones sustanciales en rubros que reportaban cifras elevadas, como la contratación de personal en el renglón 022, que tiene una rebaja de Q31.9 millones, y Q1.4 millones en el renglón 011, y Q4.5 millones menos en el pago de horas extras.
El 27A se constituyó como una iniciativa difundida en redes sociales, con una convocatoria a todos los guatemaltecos, en su mayoría jóvenes, a manifestar su indignación por el mal manejo de los recursos públicos. Como punto de reunión, la Plaza de la Constitución fue colmada por miles de personas exigiendo la renuncia de los políticos acusados de corrupción.
Las manifestaciones se originaron tras la desarticulación de estructuras y redes ilegales que alcanzaron la Superintendencia de Administración Tributaria, con la participación de funcionarios de diferentes niveles, incluyendo a los mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes actualmente enfrentan procesos penales.
Por Karen Mendoza

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Integrantes de la Comisión Extraordinaria de Apoyo a la Recaudación Tributaria, que preside la diputada Vivian Beatriz Preciado Navarijo, se reunieron con Juan Francisco Solórzano Foppa, Superintendente de Administración Tributaria (SAT), para que explicara las metas de la recaudación tributaria del 2016 así como la situación de las aduanas en el país.
El funcionario de la SAT indicó que al mes de agosto del presente año alcanzaron las metas establecidas, especialmente en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
“Hasta lo que va de este mes de agosto, el comportamiento ha estado en un 97 por ciento de ejecución de la meta en aduanas y es alentador pues el mes pasado hubo solo un 66 % de ejecución. Con esto hemos mejorado 30 puntos porcentuales con relación al comportamiento de un mes al otro”, comentó Solórzano Foppa.
Solórzano Foppa refirió que la brecha en Aduanas supera los mil millones de quetzales.
Agregó que el Superintendente de Aduanas, Werner Ovalle se encuentra trabajando en planes pilotos para mejorar la recaudación en las aduanas. Además, dio a conocer que van a aumentar los esfuerzos administrativos para alcanzar la meta establecida que es de Q3 mil 200 millones para el 2017.
Por su parte la legisladora Preciado cuestionó que si la SAT asegura que han alcanzado las metas de recaudación, “¿por qué existe una crisis en el sistema de salud por la falta de medicamentos, deficiencia en la atención de salud y malas carreteras en el país”, dijo la parlamentaria.
“Lo que vamos hacer ahora es citar al Ministro de Finanzas para saber qué ha pasado con la  planificación anual de las entidades de gobierno. Además que los ministerios indiquen su planificación anual y la ejecución presupuestaria que han efectuado pues considero que existe una falta de planificación y conocimientos administrativos de las personas que están a cargo de las instituciones del Estado”, puntualizó la congresista.

Por Elizabeth Linares.

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El diputado Leonel Lira, del bloque Encuentro por Guatemala (EG), espera un informe de sus abogados para determinar si procede interponer una denuncia en el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos contra de cuatro miembros del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), quienes viajaron a los Juegos Olímpicos realizados en Río de Janeiro, Brasil, “con viáticos excesivos”.
“Los juristas están haciendo los estudios pertinentes para ver si procede una denuncia formal o una sanción moral, porque los deportistas se fajaron mientras que los dirigentes, aunque realizaron unas pocas actividades oficiales, el resto del tiempo lo dedicaron a pasear”, enfatizó el parlamentario.
Según dijo, el problema estriba en que los personeros del COG se asignaron US $5 mil dólares y 3 delegados de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala recibieron Q60 mil como viáticos, mientras que a los atletas les otorgaron solamente US $800 dólares. “Esto es inmoral porque a quienes llevaban la responsabilidad de poner en alto el nombre de Guatemala los desestimularon con esa reducida cantidad”, agregó.
El parlamentario detalló que las autoridades del COG, Gerardo Aguirre, Lorena Toriello de García-Gallont, Rafael Cuestas y Juan Carlos Sagastume se asignaron viáticos, gastos de representación y una maleta para su estadía en Brasil, donde recibieron hospedaje, alimentación, un vehículo con edecán y una credencial para ingresar a cualquier instalación deportiva, en tanto que los competidores solo percibieron el aporte para sus gastos, aunque hayan tenido hospedaje y alimentación por parte de los organizadores.

Por José Luis Hernández

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Ocho meses han pasado desde que tomó posesión la octava legislatura y en ese tiempo ha aprobado 42 decretos y 24 acuerdos legislativos, con los que, para algunos parlamentarios, se ha demostrado que “se quiere trabajar para buscar un mejor país”.
A decir de los diputados, esta cifra es un éxito en comparación con el año anterior, cuando solo 4 decretos fueron aprobados durante el último año de gestión, entre ellos la creación del municipio denominado Sipacate, en jurisdicción del departamento de Escuintla y la Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala –PROBOSQUE-.
No obstante los buenos resultados, los legisladores reconocen que entre las leyes que se han aprobado más de alguna ha generado críticas y opiniones entre los guatemaltecos.
“Es una legislatura de gente nueva y de jóvenes que estamos trabajando y hemos encontrado en algunas ocasiones oposición en las aprobaciones pero lo importante que es constructiva porque se logra el consenso para lo que se requiere”, manifestó el jefe de bancada de Movimiento Reformador Boris España. Asimismo el legislador comentó que las leyes aprobadas si han generado críticas pero se busca en su mayoría un solo fin ayudar al guatemalteco.
Algunos de los decretos aprobados están; la Ley de Incremento Económico a las Pensiones Otorgadas por el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, Reformas al Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Búsqueda de Mujeres desaparecidas. Reformas al Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros y Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo entre otras.
“Es normal que lo que se apruebe en el pleno no le guste a más de alguien, pero nosotros hemos buscado trabajar en armonía y ver los beneficios para la población, es una legislatura diferente a las demás y se notará al finalizar este mandato en el Congreso”, expresó el jefe de bancada Fuerza Raúl Romero

Por Selvin Rustrián.

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