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Representantes del sector ganadero solicitaron este día su incorporación al sistema tributario, debido a que hasta el momento no cuentan con un régimen específico en el cual puedan pagar sus impuestos. Lo que quieren es que se les ponga una carga impositiva de 2 a 3 por ciento sobre ventas del ganado en pie.
La petición se hizo durante una reunión que se celebró en el Congreso de la República en la cual participaron diputados de la Comisión Específica para la Integración y Desarrollo de Petén, presidida por el representante Jaime Regalado; representantes del sector ganadero; Lionel López, viceministro de ingresos del Ministerio de Finanzas Públicas; Juan Francisco Solórzano, Superintendente de Administración Tributaria, SAT; Silvia Escobar,  directora de la Dirección de Atención al Consumidor, DIACO; y Astrid García Salas, representante de la Cámara de Productores de Leche.
Los ganaderos dijeron, durante la reunión, que hasta el momento no tienen claro a dónde dirigir sus tributos y temen una persecución fiscal por parte de la SAT, lo cual quieren evitar. Juan Francisco Solórzano les explicó que por el momento deben regirse al sistema tributario general actual, de IVA por ventas, y que analizarán la solicitud de incorporarlos a un sistema tributario específico.
La representante de la Cámara de Productores de Leche lamentó que los ganaderos no tributen al fisco los impuestos que ordena la ley, mientras que al sector lechero los obligan a pagar un impuesto del 18 por ciento, lo cual no les permite competir a nivel centroamericano.
El Presidente de la Sala Legislativa de Integración y Desarrollo de Petén, Jaime Regalado, se mostró satisfecho con el resultado de la reunión, donde se conoció que en el Congreso está en discusión un proyecto de ley encaminado a crear un impuesto único para el sector del Agro del 2 o 3 , el cual está impulsando el diputado Gabriel Heredia, quien preside la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De acuerdo con datos de la SAT, el sector ganadero tributó el año pasado Q12 millones, lo cual es mínimo considerando que se cuenta con un “hato” de aproximadamente 3 o 4 millones de cabezas de ganado.
Port José Luis Hernández

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Los integrantes del bloque Legislativo Alianza Ciudadana (AC), solicitaron al Ministerio de Comunicaciones que cancele todos los contratos que tiene con la empresa constructora SIGMA, debido a su implicación en el caso conocido como “Cooptación del Estado”.
Los legisladores pidieron además a la Contraloría General de Cuentas una fiscalización inmediata de dichos contratos ya que se determinó que han recibido más fondos para la ejecución de la obra “Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Oriente”, un tramo carretero de 100.6 kilómetros que va desde Escuintla hasta Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa.
“El representante legal de la empresa fue capturado y ligado a proceso por corrupción, es ilegal que las autoridades todavía le están pagando por una obra que está inconclusa, es por eso que solicitamos que se cancele y se anulen todos los contratos con esta empresa y ya no se les dé un solo centavo”, expresó el jefe de bancada AC Francisco Tambriz y Tambriz.
El legislador considera que se violaron los procedimientos de licitación y que hubo preferencias con la empresa, “es lamentable que la contraloría no haga nada al respecto”, sentenció el legislador.
Para el sub contralor Fernando Fernández dijo que se debe esperar a ver los resultados de la auditoria debido a que ya inicio la fiscalización. “A mi criterio se debería de cumplir con las normas que rigen en la ley de Contrataciones y hay que analizar el convenio de préstamo firmado entre las partes”, dijo el funcionario.
El Congreso aprobó en mayo del 2014 un préstamo por US$280 millones —unos Q2 mil 156 millones— con el Banco Centroamericano de Integración Económica, para ampliar la ruta entre Escuintla y la frontera con El Salvador, pero hasta la fecha solo se ha ejecutado un 21 por ciento de los fondos y se registra un 13 por ciento de avance físico.

Por Selvin Rustrián.

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El diputado Luis Rabbé, del bloque Alianza Ciudadana, presentó este miércoles a la Junta Directiva una excusa por no haber  acudido a la sesión plenaria del 30 de agosto.
Según la nota entregada en la Dirección Legislativa, Rabbé hace alusión al artículo 63 del Decreto 63-94, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, referente a las excusas para asistir a las sesiones.
El presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, dio a conocer que esta petición no sería admitida en primera instancia porque el pleno se encuentra en sesión permanente y no puede ser conocida hasta que se agoten los puntos de la agenda que se discute.
“Él (Luis Rabbé) debe presentarse, porque no puede faltar a más de cuatro plenarias consecutivas, para que no declaremos su curul como vacante”, insistió Taracena.
El congresista solicitó permiso para ausentarse de sus labores durante 30 días, sin goce de sueldo, pero ello ha sido objetado por los directivos al precisar que no se cumple con los requerimientos del artículo 64 de la norma citada.
El 18 de agosto, la Corte Suprema de Justicia, en sesión extraordinaria, resolvió de manera unánime retirar la inmunidad a Rabbé, por considerar que existe la posibilidad de que esté involucrado en la contratación anómala de personal en el Congreso durante el período 2015-2016, cuando presidió la Junta Directiva, según acusación del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Por Karen Mendoza

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La iniciativa de ley 4944, que regula la alimentación escolar, sigue en su fase de análisis por parte de los diputados de la Comisión de Seguridad Alimentaria, presidida por Víctor Estrada.
El principal objetivo del proyecto de ley es garantizar la alimentación escolar y promover la salud de la población infantil y adolescente que asiste a centros educativos públicos y privados, con la finalidad de contribuir a su crecimiento.
En el artículo 40 de la propuesta se establece la asignación del presupuesto para la alimentación, designando para el área urbana como mínimo Q1.66 por niño; para el área rural sería de Q2.37, y Q4 para los municipios priorizados en extrema pobreza rural y urbana.
Con este dinero se podría adquirir alimentos que sean necesarios y en el rango de nutrición de acuerdo con la pertinencia de la cultura y etnia de cada región, según lo referido en el artículo 5. Según las estadísticas otorgadas, el 49.5 por ciento de los menores de 5 años padece de desnutrición crónica y Guatemala ocupa el quinto lugar de desnutrición materno infantil.
También se contempla en el artículo 41 la creación de una comisión de alimentos escolares, integrada por representantes de los ministerios de Educación, Finanzas, Salud, Desarrollo Social, Agricultura, Ganadería y Alimentación, así como un representante de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso, quienes tendrán que presentar un informe anual de los avances en los planes para erradicar el flagelo.
“La ley es urgente, pues con esto se evitaría que la desnutrición en los menores de edad continúe afectando el rendimiento escolar, por lo que deber ser una prioridad para el Estado”, destacó el diputado del Movimiento Reformador.
Se espera que esta semana se pueda el dictamen favorable en conjunto con las comisiones de Salud, Educción y Agricultura.
Por Karla Herrera

 

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El presidente del Congreso de la República, Mario Taracena dio a conocer que ya fueron trasladados Q30 millones de quetzales para iniciar el proceso de retiro voluntario de aquellos trabajadores que se acojan a la iniciativa.
El diputado Taracena dijo que hasta el momento 45 empleados del Organismo Legislativo han optado por este beneficio.
“Este es un paso que se está dando para acabar con los abusos que se dieron en años anteriores”, dijo el presidente Taracena, quien agregó que el proceso se produce en el marco del artículo 64 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
La norma establece que los trabajadores del Congreso pueden optar por el retiro voluntario de conformidad con lo que para el efecto disponga la Junta Directiva, sin perjuicio de las demás prestaciones laborales a las que tuvieren derecho.
Este beneficio estará vigente por un periodo de seis meses a partir su vigencia y establece un pago de indemnización y un bono por retiro voluntario equivalente a cinco salarios. Los empleados que decidan acogerse al retiro voluntario tienen hasta noviembre de este año para hacerlo.
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Mario Taracena, se refirió nuevamente a la ausencia del diputado Luis Rabbé, de la bancada Alianza Ciudadana, asegurando que debe presentarse a sus labores legislativas, ya que de acumular cuatro ausencias al pleno del Congreso, la Junta Directiva levantaría un punto de acta para citar al legislador, si de nuevo se ausenta, el caso se estaría elevando al pleno en donde se buscaría desaforarle. El trámite que requiere 105 votos de los diputados.

Por Byron Ramírez.

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Diputados de la comisión de Trabajo que dirige Ovidio Monzón, de la bancada Todos,  se reunieron con representantes de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y líderes sindicales del Estado, con el fin de discutir la situación en materia de organización sindical  y  Pactos Colectivos, derivado de las denuncias que se han planteado sobre la violación a los derechos sindicales y la persecución a sus dirigentes.
La reunión se produjo como seguimiento a los compromisos adquiridos por la ministra de Trabajo, Aura Teleguario, en la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada recientemente, donde anunció que presentará modificaciones al Código Laboral para fortalecer los derechos de millones de trabajadores en el país.
Camilo Rubiano de la ISP indicó que no es coincidencia que el país haya sido visitado en tres ocasiones por representantes de la OIT en el último mes, esto derivado de la preocupación de la comunidad internacional por el incumplimiento del Estado a los convenios adquiridos con la referida organización.
Según Rubiano, la OIT se encuentra a la espera de las acciones de la cartera de trabajo, en caso de no haber respuesta en noviembre podría llegar al país una comisión de encuesta que sería la responsable de evaluar el cumplimiento de dichos compromisos por lo que Guatemala podría ser sancionada.
“En cien años de la OIT,  ha enviado una comisión de encuesta a solo  7 países entre los que se encuentran Sudáfrica, Grecia y  Zimbabue por incumplimiento en el tema laboral. Guatemala corre riesgo de sumarse a esa lista y ser parte de este club no es para sentirse orgulloso.”, afirmó Rubiano.
Para Oscar Rodríguez representante de la ISP, el problema radica  en que  los últimos meses se ha  dado un ataque mediático por medio del cual se ha satanizado la negociación colectiva, los pactos y aun más grave la persecución sistemática de los líderes sindicales del país, y puso como ejemplo que solo entre 2004 y 2013, 70 dirigentes sindicales fueron asesinados en Guatemala.
El diputado Monzón explicó que entre los esfuerzos impulsados por esa sala legislativa esta el acercamiento  con distintas instituciones del estado en función de conformar una mesa abierta de diálogo permanente con el objeto de encontrar soluciones conjuntas.
“Fijamos una posición desde la comisión  a fin de  respetar las leyes y los acuerdos internacionales que Guatemala ha signado. En tal virtud pedimos un espacio en el Pleno del Legislativo en donde se presentó un punto resolutivo en el cual se hizo un llamado al Estado guatemalteco a respetar los pactos colectivos y negociaciones en materia laboral, pero solo logramos el apoyo de 47 de los 158 diputados que integran la octava legislatura”. Aseguró el parlamentario.
Al concluir el encuentro los participantes coincidieron en que se necesita mayor participación de todos los involucrados en el tema y la elaboración de políticas públicas laborales por parte del Estado  impulsadas a través del Ministerio de Trabajo puesto que no existen los mecanismos de negociación seria, responsable y comprometida para solucionar este problema.
La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical que aglutina a no menos de  20 millones de trabajadores a nivel, que prestan servicios públicos esenciales en 154 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad, además de trabajar con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones de países donde tiene representación.


Por Karen Mendoza.

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El Ministro de Economía, Rubén Morales, sostuvo una reunión con los diputados del bloque parlamentario Compromiso Renovación y Orden (Creo), a quienes presentó un nuevo modelo de política económica para el quinquenio 2016-2021 con el cual se pretende un crecimiento económico sostenible incrementando el Producto Interno Bruto (PIB) real de un 3.5 por ciento actual a un 3.8 por ciento a final de año, hasta alcanzar un 5.9 en el año 2021.
Para el efecto, dijo el funcionario que se debe privilegiar la inversión pública y privada, tomando en cuenta un aumento en la carga tributaria de 10 a un 13 por ciento para reducir el déficit fiscal.
Para lograr impulsar el crecimiento económico sostenible, han iniciado programas de emprendimiento con los que se busca crear suficientes y adecuadas oportunidades de desarrollo humano por medio de un modelo de crecimiento económico incluyente y sostenible
Entre otros objetivos del proyecto está la promoción de empleo para los jóvenes; la contribución a la reducción de la pobreza; la promoción económica incluyente; dinamizar la economía territorial y la sostenibilidad económica, social y ambiental.
El proyecto incluye a las municipalidades, la industria, el comercio, el Banco de Guatemala, el gobierno y los Consejos de Desarrollo, resaltó el ministro Morales.
Finalmente, el titular de la cartera de economía solicitó a los diputados de la bancada Creo, su apoyo para impulsar la aprobación de varias iniciativas de ley que están en discusión en el Pleno, ya que estas darían certeza jurídica a la inversión foránea y al crecimiento de la industria y comercio nacional.
El diputado Oscar Chinchilla dijo haber visto un proyecto ambicioso que podría coadyuvar al desarrollo del país, sin embargo, mostró su escepticismo al notar que para tal efecto habría que aumentar la carga tributaria que afectaría a la clase trabajadora y pobre, aspecto que le pareció un tanto atrevido.
“Estos no son momentos para afectar la economía de la clase trabajadora, por el contrario, habría que ver la forma de salir del subdesarrollo del país mediante políticas económicas que no afecten tanto a la población en general”, concluyó el parlamentario.

Por José Luis Hernández.

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El diputado Amílcar Pop, presidente de la comisión de Probidad del Congreso de la República, se reunió con autoridades del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve),  para conocer las acciones que tomarán en contra de las administraciones pasadas a las que la Contraloría General de Cuentas señaló con hallazgos en la gestión de 2015.
“Se cometieron varias ilegalidades porque fueron utilizados fondos del Estado para campaña política. Se dieron refacciones, almuerzos, transporte y se compraron arreglos florales por más de Q10 mil. También se pagaron altas cantidades en juegos pirotécnicos y se usaron recursos del Conjuve para la campaña”, denunció el representante Amílcar Pop. 
El congresista indicó que están solicitando un informe a la Contraloría General de Cuentas y a la Unidad Jurídica del Conjuve ya que los hallazgos deben ser dilucidados, de lo contrario las autoridades responsables deben ser sancionadas.
La referida sala legislativa se ha dado a la tarea de fiscalizar el accionar de la CGC respecto de los hallazgos encontrados en la auditorías efectuadas a las distintas instituciones del Estado, el año pasado. Este día le tocó el turno al Conjuve y se pudo determinar que al momento no se han disipado los hallazgos ni se ha sancionado a las autoridades responsables.
“Hay delitos como abuso de autoridad, compras sobrevaloradas y uso de recursos públicos en favor de un partido político que deben ser castigados”, dijo Pop.
Édgar Lorenzo Chin, director general de CONJUVE, explicó que ellos como autoridades del consejo de la juventud ya presentaron las denuncias penales y que son ahora las autoridades judiciales quienes deben deducir responsabilidades.
“Hemos denunciado en los tribunales sobrevaloración de facturas de los vehículos;  los casos de las  flores, comida, arrendamiento y pago de los buses para el traslado de jóvenes”, dijo el funcionario, quien además fue cuestionado por los diputados sobre el avance de la ejecución presupuestaria del Conjuve, Q 8 millones, en el 2016.   Otro de los temas que se trató fue  el del programa del Transporte Gratuito para jóvenes que estudian en la Universidad, el cual beneficiaría a más de 450 estudiantes de áreas rurales.      
Por José Castellanos.        

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El Pleno de los Diputados aprobó en un solo debate, por artículos y redacción final el Decreto Gubernativo 4-2016, que prorroga por 30 días más el plazo de vigencia del Estado de Calamidad Pública en el municipio de Jerez, Jutiapa, debido a la emergencia causada por  la lluvia y deslizamientos de tierra del volcán Chingo.
“El Congreso está en buena disposición de apoyar al Ejecutivo pero no vemos buena voluntad de parte de ellos en accionar para ver una pronta respuesta a favor de la población afectada y esperamos que 30 días sean suficientes para salir de la crisis que se vive en Jerez”, declaró Carlos Martínez, diputado por Jutiapa.
El parlamentario dijo que van a fiscalizar el uso de los recursos y que solicitarán una reunión para que las autoridades responsables brinden información real de lo que están haciendo. “Si encontramos anomalías se va a denunciar a los diferentes funcionarios por incumplimiento de deberes”, advirtió el congresista.
El jefe de la bancada Todos, Juan Ramón Lau, calificó de irresponsable que el Gobierno no haya cumplido en 60 días con lo que tenía que haber hecho. “Ahora nos toca esperar y fiscalizaremos lo actuado en estos nuevos 30 días”, expresó Juan Ramón Lau.
Al decreto legislativo que autoriza la prórroga por 30 días más el plazo de vigencia del Estado de Calamidad Pública en el municipio de Jerez, Jutiapa, le corresponde el número 43-2016.
EL Gobierno destino un fondo de emergencia de Q190 millones para  cualquier eventualidad y a la fecha se desconoce el monto gasto en dicho municipio.
Por Selvin Rustrián.

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