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La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de la República presidida por el diputado José Berreondo Zavala, junto al Ministro de Educación, Oscar López, convocaron a un diálogo Nacional para estructurar una nueva Ley de Educación Nacional que contemple un nuevo reglamento de educación.
Para la discusión de la propuesta, han convocado a los diferentes sectores de la Sociedad Educativva, con quienes buscarán consensos en cuanto a la asignación presupuestaria, tanto para la educación pública como privada, la educación bilingüe en idiomas mayas y otras áreas del Sistema Nacional de Educación.
El ministro de Educación, Oscar Hugo López planteó la propuesta y solicitó el apoyo de los congresistas para poder llevar a cabo dicho diálogo nacional el cual se espera que dure 10 meses aproximadamente, periodo durante el cual se espera hayan mesas técnicas regionales y se reciban las propuestas de todos los sectores.
El propósito fundamental de este proceso es que en Guatemala, la educación responda a las exigencias del tiempo actual.
Los congresistas manifestaron su apoyo a la propuesta presentada y señalaron que se solicitará a su vez, el acompañamiento de los diputados distritales para la realización de las mesas regionales que se tienen contempladas.
El diputado Berreondo Zavala, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y quien representa al departamento del Quiche indicó que es necesario que se impulse esta reforma a la Ley de Educación pues es “una deuda pendiente que se tiene desde los Acuerdos de Paz” y señaló que personalmente dará acompañamiento a todo el proceso.

Por José Castellanos.

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Integrantes de la Comisión Extraordinaria de Asuntos sobre Discapacidad que coordina el diputado Christian Boussinot se reunieron este jueves  con Sebastián Toledo, Director  General  del  Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI) y representantes de la sociedad civil para, entre otras cosas, plantear dos reformas al Decreto 33-98 del Congreso de la República “Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Guatemala”, lo que permitiría la implementación del Tratado de Marrakech el cual entra en vigor el próximo 30 de septiembre.
Las modificaciones contemplan la adición de dos incisos al artículo 63 del referido decreto, por medio de los cuales se garantizaría la libre reproducción de textos en formatos accesibles a las personas con discapacidad visual en el país, tales como el sistema braille, macrotipo y formato de audio entre otros.
“Guatemala es uno de los países pioneros en el tema con la ratificación de este Tratado, puesto que somos el país número diecinueve en ratificarlo; por lo que estamos cumpliendo con generar el marco legal que permita su completa implementación. Ya serán las imprentas y casas reproductoras quienes tomen la decisión en cuanto a facilitar el acceso de los textos a personas con algún tipo de discapacidad visual”, afirmó el congresista Boussinot.
Para Sebastián Toledo del CONADI este es un esfuerzo que está siendo reconocido por el Comité de Expertos de las Naciones Unidas como un importante paso para la formación cultural, educacional e inclusión a nivel general de las personas con discapacidad.
William Zapeta de la Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad Visual, miembro del Subsector de personas ciegas del CONADI indicó que las reformas permitirían, no solo el tener acceso a los textos sino que también poder optar a una mejor calidad de vida de este sector de la población.
El Tratado de Marrakech, que fue adoptado el 27 de junio de 2013 en Marrakech, Marruecos forma parte de un cuerpo de tratados internacionales sobre derecho de autor, administrados por la  Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Posee una clara dimensión de desarrollo humanitario y social, y su principal objetivo es crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos. Este tratado fue ratificado por el Pleno del Legislativo y publicado en el diario oficial el 1 de marzo de este año.

Por Karen Mendoza.

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La aprobación de las modificaciones al libro II de la iniciativa de ley 5121, Código de Migración, que consta de los artículos 112 al 207, se suspendió durante el desarrollo de la plenaria de este jueves, debido al disenso que ha generado la enmienda por adición al artículo 192 planteada por diputados de la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN).
El desacuerdo entre los diferentes bloques representados en el Congreso de la República es porque la propuesta de modificación prohíbe que los extranjeros se involucren en asuntos políticos del país y participen en actividades que alteren el orden público, promoviendo su expulsión del territorio nacional, lo cual para algunos tiene dedicatoria para los activistas sociales.
La enmienda por adición al artículo 192 establece: “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país, ni en actividades que alteren el orden público. Es facultad del Instituto Guatemalteco de Migración, pedir al Ministerio de Gobernación, la expulsión inmediata del territorio nacional al extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente por violación a esta norma, sin perjuicio de las facultades que la ley otorga a dicho Ministerio”.
“Preferí declarar un nuevo receso para evitar que se pierda lo avanzado de la ley. Los diputados de la bancada oficial buscan aprobar ese artículo que para mí no es necesario, porque la Constitución ya lo establece”, aseguró el presidente de la Junta Directiva, Mario Taracena.
“Lo que sobra no daña”, dijo por su parte el jefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Carlos Fión, al manifestar su apoyo a la modificación que se buscará aprobar en la sesión convocada para el martes 5, a partir de las 14:00 horas.
El diputado Víctor Cruz Clavería, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), reconoció que la reforma será apoyada por su bloque legislativo, pues se respalda “todo lo que sea de beneficio para la población”.
Nueva redacción
En tanto, el diputado Walter Félix, de la bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), comentó que durante la plenaria se informó que se propondrá una nueva redacción al artículo 192 para que pueda obtener el consenso de la mayoría legislativa.
“Nos van a presentar algo nuevo para que apoyemos, pero creo que esta enmienda no es necesaria porque va en contra de quienes han expresado su solidaridad en la defensa de los derechos humanos de los guatemaltecos, de aquellos defensores de la naturaleza y de la tierra”, concluyó el parlamentario.
La aprobación del Código de Migración se ha llevado a cabo con 105 votos (mayoría calificada), por la creación del Instituto Guatemalteco de Migración, en sustitución de la actual dirección, como una institución descentralizada.
Por Sayda Galicia

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Un día como hoy pero del 2015, con 132 votos el Congreso de la República le retiró la inmunidad al entonces presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien se encuentra guardando prisión preventiva  luego que el Ministerio Público (MP) y la Comisión internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) lo sindicaran de su presunta participación en la red de defraudación denominada “La Línea”.
Para conmemorar ese día el Movimiento Cívico Nacional (MCN), entregó al presidente del Congreso Mario Taracena un arreglo floral con rosas blancas para “representar la lucha ciudadana en contra de la corrupción y el Compromiso por un mejor país”, expresaron los integrantes de  MCN.
Mario Taracena, aseguró que la lucha ciudadana marcó un antes y un después, por lo cual el reconocimiento es para los miles de guatemaltecos que asistieron a la plaza centra.
“Nosotros hicimos nuestro trabajo e hicimos lo que se debía hacer como congresistas”, dijo el diputado Taracena.

Por Byron Ramírez.

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La Comisión Extraordinaria de Estudio y Análisis del Cambio Climático entregó al presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, el dictamen favorable a la iniciativa que dispone aprobar el Acuerdo de París, alcanzado en Francia el 12 de diciembre de 2015.
Raúl Romero, presidente de la Comisión de Cambio Climático, al hacer entrega del documento expresó que es un acuerdo que beneficia a todos los guatemaltecos, pues se hace frente a los efectos del flagelo.
“Este es un paso importante para dar continuidad al Acuerdo de París, pues fue un compromiso adquirido por Guatemala de aprobar y dar una postura sobre los efectos del calentamiento global”, aseveró el parlamentario del bloque Fuerza.
“El primer paso ya está; ahora falta el segundo, que es buscar que se apruebe de urgencia nacional”, afirmó Taracena, quien explicó que la necesidad de avalar esta iniciativa lo más pronto posible se debe a que el presidente de la República, Jimmy Morales, viajará a Washington D.C., Estados Unidos, el 21 de septiembre, para presentar el documento ante la Organización de Estados Americanos.
Carlos Fernando Coronado, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, afirmó que los diputados están dando una lección de querer trabajar por Guatemala en la lucha contra el cambio climático. “Tenemos verdaderas bases para salvar nuestro planeta con este acuerdo que era necesario para el mundo entero, pero en especial para Guatemala”, afirmó.
Los principales puntos del acuerdo, los cuales busca Guatemala que se puedan cumplir, son:
• El aumento de la temperatura global debe de estar por debajo de los dos grados centígrados.
• El acuerdo es jurídicamente vinculante para los países firmantes.
• Fondos cercanos a los US $100 mil millones para los países en desarrollo a partir de 2020.
• El documento se revisará cada cinco años.
Por Byron Ramírez

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A raíz de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ),  arraigó a cinco parlamentarios y retiró la inmunidad a otros ocho, la Junta Directiva del Congreso de la República decidió no otorgarles permiso para faltar a las sesiones programadas en el pleno.
“No permitiremos que se den a la fuga, es por eso que Junta Directiva no concederá ningún permiso a ninguno de los parlamentarios señalados ni para salir del país menos para faltar al pleno, ya tenemos un ejemplo como el de Rabbé que sin autorización y sin permiso del Organismo Legislativo salió del país y ahora es prófugo de la justicia”, manifestó Mario Taracena presidente del Congreso.
La Corte Suprema de Justicia arraigó a cinco diputados que integraron la Junta Directiva del Congreso en 2015, vinculados al caso “Plazas Fantasmas”, siendo ellos Cristian Boussinot, Manuel Marcelino García Chutá, Arístides Baldomero Crespo Villegas, César Emilio Fajardo Morales, Carlos Enrique López Girón, por los delitos peculado por sustracción y abuso de autoridad.
Los magistrados por unanimidad también decidieron retirar la inmunidad a los diputados Ferdy Elías, Juan Manuel Giordano, Laura Franco, Óscar Corleto, Edgar Montepeque, Byron Chacón, Julio Juárez y Rudy Pereira, integrantes de la bancada FCN-Nación, por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, discriminación y concusión, hechos denunciados por la Gobernadora Departamental de Alta Verapaz, Estela Ventura.

Por Selvin Rustrián.

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Con el fin de garantizar la pronta y efectiva justicia penal en el país, el Diputado y jefe de la bancada Todos, Juan Ramón Lau, presentó la iniciativa de ley para reformar el decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, el cual busca indemnizar a los sindicados que, tras concluido el proceso de investigación del Ministerio Público se demuestre su inocencia.
La propuesta de reforma, adiciona el artículo 521 bis, que establece que habiéndose ordenado la libertad del procesado mediante desistimiento, sobreseimiento o archivo, el Estado de Guatemala o el querellante adhesivo en su caso, deberá indemnizar al procesado con cincuenta salarios mínimos (salario mensual vigente) para las actividades no agrícolas.
Además, se establece que se le podrá indemnizar al procesado en caso el mismo fuera absuelto en sentencia debidamente ejecutada.
Para el diputado estas reformas buscan agilizar los procesos judiciales y “que no se culpe a una persona, sin ninguna prueba”, expresó Lau.
El proyecto busca “garantía en la prontitud del ordenamiento jurídico que se debe perseguir” expresó el parlamentario Juan Ramón Lau.
El parlamanterio agregó que el actual Codigó Procesal Penal establece en su artículo 268, Cesación del Encarcelamiento que “ las salas de la Corte de Apelaciones en los casos sometidos de su conocimiento a solicitud de los Jueces de Paz, Jueces de Instancia o Sentencia o del Ministerio Público, conocerán, y en su caso autorizarán, cuantas veces sea necesario la prórroga de los plazos de prisión preventiva que establezca el Código”, algo que a criterio del diputado Lau, viola el derecho de principio de garantía.
De ser aprobadas estas reformas, la prórroga de plazos de prisión preventiva seria autorizada únicamente por una vez y no podrá excederse de seis meses.
Lau, enfatizó que la iniciativa ya cuenta con el apoyo de 30 diputados y que en las próximas semanas buscarán los concensos necesarios con el resto de parlamentarios para que se conozca en el pleno lo antes posible.

Por Byron Ramírez.

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La diputada Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala mostró su preocupación junto a integrantes del Movimiento Pro-Justicia ante la falta de cumplimiento por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), al Decreto 08-2013, “Ley de Equipos Terminales Móviles”.
A la reunión convocada por la parlamentaria asistieron Carmen Aída Ibarra y Eleonora Muralles, del Movimiento Pro-Justicia; Haroldo Cancinos, gerente de Operaciones de la SIT y Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario.
Allí, Cancinos argumentó que debido a que recientemente asumieron como nuevas autoridades de la SIT, desconocen si existen datos estadísticos sobre la inscripción de distribuidores, importadores, comercializadores y vendedores de equipos terminales móviles y de tarjetas SIM, mismo que inició desde 2013 y se fijaba como última fecha el 9 de octubre de 2014.
El pasado 22 de junio de este año, el Movimiento Pro-Justicia presentó un informe que revela el grado de cumplimiento por parte de las autoridades de la SIT y destaca que a la fecha solamente se han registrado 4 mil 929 distribuidores de terminales móviles y 4 mil 744 distribuidores de tarjetas SIM.
Además, pudieron comprobar que en la ciudad capital y algunos municipios aledaños solamente 164 establecimientos (46%) cumplían con tener visible la certificación de registro. Mientras que 193 establecimientos (54%) no lo tienen visible y solamente un 50 % no está inscrito en la SIT.
Estas regulaciones tienen como objetivo mantener un control estricto de los teléfonos móviles activos en el país para así saber de dónde provienen las llamadas para extorsionar a la población y reducir el índice de robos de estos aparatos.
Según el boletín estadístico del segundo semestre de 2015 de la SIT, los operadores de telefonía han asignado 24 millones 900 mil números, de los cuales se encuentran activos 18 millones 121 mil 390.
La diputada Montenegro junto con las integrantes del Movimiento Pro-Justicia mostraron su preocupación debido a que el 9 de octubre de este año vence el plazo para el registro de usuarios por lo que demandaron de la SIT que le exijan a los operadores de telefonía certificar el número de usuarios registrados.
“Vemos con preocupación que tanto los operadores de telefonía y las autoridades del Sistema Penitenciario no han implementado planes para evitar que desde las distintas prisiones continúen los privados de libertar con las extorsiones que día a día vienen a enlutar a las familias guatemaltecas”, expresó la parlamentaria.
Eleonora Muralles, lamentó que no existan avances concretos y recomendó a los representantes de la SIT solicitar una prórroga para dar cumplimiento a dicha Ley.
Montenegro solicitó a Cancinos la búsqueda de información que sirva para conocer el trabajo realizado por las anteriores autoridades de la superintendencia y recordó que de no sancionar o cancelar a los distribuidores que no se han registrado podrían caer en el delito de incumplimiento de deberes.

Por Estuardo Martínez

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Diputados de la Comisión de Deportes, que preside Mario Velásquez, citaron al viceministro técnico de Educación, Héctor Alejandro Canto Mejía, para que explicara la baja ejecución de la Dirección General de Educación Física (Digef), así como el atraso en la construcción de una escuela en San Marcos.
El funcionario dio a conocer que el presupuesto asignado es de Q223.4 millones y que a la fecha se han ejecutado Q52.1 millones, que equivale a un 23.3 por ciento. “Se han dado limitaciones este año y a esto se debe a que la Digef programó una unificación en sus programas”, comentó.
Acerca de la construcción del establecimiento de educación física en San Marcos refirió: “Es un problema entre la Digef, que es la unidad ejecutora, y la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Educación, por lo que me comprometo a que se agilicen los procesos para que el proyecto pueda avanzar”.
Por su parte, el congresista informó que Q8 millones están destinados a este proyecto, de los cuales Q4 millones del Consejo de Desarrollo se perdieron pues fueron enviados al fondo común. “Esta escuela de educación física beneficiará a los 30 municipios de San Marcos, por lo que considero un descuido de la Dirección General de Educación Física”, indicó Velásquez, de Compromiso, Renovación y Orden.
Agregó que darán seguimiento al trámite de este proyecto y a la ejecución presupuestaria de la Digef en lo que resta el año, como parte de su trabajo de legislar, mediar y fiscalizar.
Por Elizabeth Linares

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