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El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad, participó en una actividad realizada en San Cristóbal Totonicapán, para conmemorar el día del Comunicador y analizar el avance de las iniciativas de ley relacionadas con el Derecho de los Pueblos Indígenas.
En actividad compartió con comunicadores comunitarios, indígenas, líderes sociales y religiosos, tanto locales como de Huehuetenango, San Marcos y Suchitepéquez, para informar de las etapas en que se encuentran leyes como Radios Comunitarias (4087), Reformas Constitucionales en Materia de Justicia (5179), Jurisdicción Indígena (3946) y del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral (4084).
“La iniciativa de Radios Comunitarias pasó en primero y segundo debate; hace falta consensuar algunas enmiendas, pero es preocupante que el Congreso todavía no cuente con fuerza política para su aprobación”, comentó el parlamentario del bloque Winaq.
El artículo 203 es uno de los más cuestionados entre las reformas planteadas a la Constitución, pues pretende modificar la potestad única de juzgar del Organismo Judicial, explicó. “En la última sesión se presentó una enmienda de consenso con varias autoridades indígenas, pero en el pleno no logramos la votación necesaria de 105 votos. Cuando se abra nuevamente la sesión en el marco de las reformas revisaremos las enmiendas para buscar su aprobación”, aseveró.
El diputado Pop resaltó la necesidad de que el pueblo pueda exigir al Legislativo “responder al clamor popular y no a sectores particulares”.
En el marco del día del periodista mencionó la importancia de reconocer que la información “es un instrumento fundamental en el ejercicio democrático y del país, y que cuando es justa, adecuada, correcta y objetiva es un mecanismo de liberación de los pueblos y un mecanismo de formación cultural”.
Por Rosemary Recinos.

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Sandra Morán, jefa de la bancada Convergencia, dio a conocer que Guatemala representa a uno de los países con menos oportunidades para la población femenina, y por ello empezó a desarrollar reuniones orientadas a fiscalizar el trabajo de las Unidades de Género en ministerios y secretarías del Organismo Ejecutivo.
La parlamentaria afirmó que la falta de personal, contrataciones en el renglón 029 y poco interés en algunas dependencias son los principales problemas para que se cumpla la Política de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, en el Marco del Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, impulsada desde la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Morán informó que entre los ministerios que tienen menos atención a estas unidades son Trabajo y Desarrollo Social, en los cuales “hasta hace poco iniciaron a trabajar en fortalecerlas unidades”. Además, destacó que la coordinación de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) “debe ser fortalecida, debe dar cumplimiento a la Política y a los acuerdos establecidos para garantizar la equidad de género en el país”.
En cuanto al presupuesto asignado a cada unidad, la congresista expresó que en algunas dependencias “es muy poco lo que se invierte” lo cual calificó de “preocupante”.
Ana Aguilar, titular de la Seprem, indicó que “se trabaja para que la mujer pueda tener las mismas oportunidades de desarrollo que los hombres”, y para ello implementan proyectos y actividades orientadas a fortalecer las unidades de los distintos ministerios y secretarias.
La jefa de la bancada Convergencia resaltó la importancia de que estas unidades funcionen “de la mejor manera” y aseguró que en el primer trimestre del 2017 se dará seguimiento a las mesas de trabajo, para fortalecer las unidades y que las mujeres sean incluidas en temas de educación, salud y política.
Antecedentes
A través del Acuerdo Gubernativo número 260-2013, el Ejecutivo dio vida a la implementación de unidades de género en los ministerios y secretarías, con la función de ser el órgano de coordinación y enlace técnico con el Gabinete Específico de la Mujer.
Por Byron Ramírez.

 

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El diputado José de la Cruz Cutzal Mijango, integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas y representante por el departamento de Sololá, dio a conocer que trabajan con autoridades y representantes de organizaciones de pueblos indígenas para afinar una iniciativa orientada a patentar los diversos trajes típicos ancestrales del país.
El objetivo es contrarrestar el robo y la alteración de las diferentes vestimentas mayas, después de que varias comunidades han presentado las denuncias y anomalías, informó el legislador del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Agregó que en la sala de Pueblos Indígenas han escuchado a líderes comunitarios, quienes dijeron haber descubierto que personas se están dedicando a alterar el diseño original de los tejidos mayas y las prendas de las comunidades.
Detalló que han escuchado las denuncias de pobladores de San Juan Comalapa, Chimaltenango, y de Santa Lucía Utatlán, Sololá, así como de pueblos de Huehuetenango, quienes solicitan que se legisle en ese sentido.
“Y sobre esa razón es que se analiza la elaboración de una iniciativa de ley que evite el robo de la identidad de los trajes típicos ancestrales, que forma parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas”, puntualizó el parlamentario Cutzal Mijango.
Por José Castellanos.   

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El diputado José Domingo Trejo, integrante de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, indicó que para el próximo año se buscará que el Pleno del Congreso apruebe la iniciativa de Ley 5010 que dispone aprobar el Contrato de Préstamo entre la República de Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- por un monto de hasta US$120 millones.
Dicho préstamo tiene como destino la ejecución del proyecto “Tercera Etapa del Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos”.
El congresista Trejo de la Roca, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, mencionó que dicho proyecto de ley se encuentra en su Segundo Debate en el Pleno Legislativo.
“Como diputado estoy interesado en que se apruebe el convenio de préstamo para el próximo año, ya que a través de la enseñanza superior los jóvenes tendrán más oportunidades de empleo y desarrollo económico y social”, señaló el diputado José Trejo, representante del departamento de Escuintla.
El parlamentario dijo que por medio de estos fondos se podrá ampliar la descentralización de la educación superior y se desconcentrará la población estudiantil de la USAC, concluyó el legislador Domingo Trejo.
La iniciativa de Ley 5010 establece que los recursos tendrán como destino la construcción de diferentes centros regionales y la adquisición de equipo sofisticado para el aprendizaje de la población estudiantil de las áreas rurales.
El documento Detalla que fue el Consejo Superior Universitario de la USAC el que aprobó el Plan Estratégico USAC 2022, el cual incluye los ejes y las áreas estratégicas que se deben seguir, en función de las necesidades del país, así como la priorización del uso de los fondos la cual debe responder a los objetivos estratégicos del BCIE.
Por José Castellanos.

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Debido a la muerte de una paciente de 45 años en uno de los elevadores del Hospital General San Juan de Dios, atribuida a la falta de mantenimiento, los diputados de la Comisión de Salud, dirigida por Luis Hernández Azmitia, manifestaron su preocupación y su intención de investigar el suceso.
Los legisladores dijeron que en el nosocomio hay 13 elevadores, “pero solo 8 funcionan a medias”, a pesar de que a la empresa encargada del mantenimiento se le cancelan Q22,500 mensuales para atender los elevadores que son utilizados por pacientes y personal.
Ante esto, los congresistas citaron a la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y al director del hospital, Juan Antonio Villeda, quienes no se presentaron a la reunión programada para este martes y no se excusaron.
“La falta de atención a la citación por parte de las autoridades de Salud demuestra que no quieren responder a las preguntas de este caso y por la falta de suministros en la red hospitalaria”, enfatizo Hernández Azmitia, del Movimiento Reformador (MR).
Los legisladores analizan presentar una denuncia en el Ministerio Público, por el delito de homicidio culposo, contra las autoridades del hospital, “por el mal mantenimiento en el los elevadores que provocó la muerte de la paciente”.
Por Karla Herrera

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Los diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso de la República, se reunieron con autoridades del Ministerio de Trabajo y sectores sindicales y laborales con el propósito de lograr acuerdos que permitan cumplir con las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
De acuerdo a lo informado, la OIT ha fijado un plazo que termina en el mes de marzo del próximo año, para hacer las reformas a las leyes laborales del país, de lo contrario, el Estado se expone a ser sancionado.
En la 329 Convención anual de la OIT se conoció una queja contra el Estado guatemalteco relacionada con la estabilidad laboral, regulación a la libre sindicalización y el derecho de huelga, según indicó la Viceministra de Trabajo, Mina Griselda González.
Según Francisco Mendoza, representante sindical, en el Congreso de la República hay dos iniciativas de ley que no se han divulgado a las partes interesadas, así como tampoco han sido ingresadas al pleno, por lo que las partes urgieron a que estas sean publicadas y debatidas para su consenso.
Por su parte, el sector empresarial ha mostrado su conformidad con la instalación de una mesa de diálogo a efecto de buscar y encontrar soluciones a la problemática laboral.
Finalmente, el presidente de la sala de trabajo, Ovidio Monzón habló acerca de la posibilidad de que haya sanciones comerciales y económicas para el país, si no se trabaja en reformar el marco jurídico laboral.
Guatemala estaría dentro de los 10 países a los que podrían retirarle el apoyo internacional si no se cumple con las recomendaciones de la OIT, por lo que se hizo un llamado a la ministra de trabajo para que retome el caso antes de que culmine el presente año, dijo el diputado Monzón, de la bancada Todos.
A la reunión asistieron los diputados Eduardo Zachrisson, José de la Cruz Cutzal, Cornelio García, y Marco Antonio Lémus; además de la Viceministra de Trabajo Griselda González, por el Cacif asistió Leonel Camil y Francisco Mendoza en representación del sector sindical.

Por José Luis Hernández

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Integrantes de la Bancada de Unión del Cambio Nacional (UCN), continuaron este martes con los cuestionamientos a funcionarios sobre posibles casos de corrupción y abusos de autoridad por parte del personal de la Dirección de Migración, Ministerio de Gobernación y de Aeronáutica Civil que labora en el Aeropuerto Internacional la Aurora.
A la citación, solo el Director de Aeronáutica Civil Carlos Velásquez Monje asistió.
El Congresista Julio Lainfiesta jefe de bancada de UCN, lamentó que a la citación no se presentaran ni el Ministro de Gobernación, Oscar Rivas ni la Directora de Migración, Carolina Miranda.
“Se nota la poca importancia que le dan al tema. Esto puede y está afectando al turismo ya que miles de personas podrían decidir ya no visitar el territorio nacional”, dijo el diputado Lainfiesta.
El parlamentario añadió que existen ya más de 10 denuncias en contra del personal del aeropuerto, ya que varios viajeros han sido víctimas de extorsión en la ventanilla de migración para dejarlos ingresar al país.
“Existen protocolos de las instituciones que están dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional la Aurora, que deben de seguirse para poder identificar a personas que ingresen al país con posibles ilícitos, pero dicho personal se excede revisando cosas, quitando prendas personales y exigiendo dinero a turistas internacionales y nacionales”, manifestó el jefe de bancada de UCN Julio Lainfiesta.
Mientras tanto el director de Aeronáutica Civil, dijo que el personal de Migración y de Gobernación son los únicos responsables de revisar y determinar las acciones que se toman en esos casos.
“Hay grandes colas de ingreso de personas y a los delegados de Migración no les importa eso y dejan sus puestos para ir a comer sin importarles el tiempo ni las personas”, comentó el funcionario.
Para continuar con este tema se volvió a citar a los funcionarios para el 16 de enero de 2017.
Por Selvin Rustrián.
 

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Carlos Enrique Chavarría Pérez, diputado de la bancada Compromiso Renovación y Orden (CREO) e integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca señaló que una de las grandes deudas del Organismo Legislativo ha sido la discusión de la iniciativa 4084, ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, cuya discusión debe ser retomada “para su aprobación lo antes posible”, puntualizó Chavarría.
El proyecto busca que se dé una oportunidad a los campesinos de tener acceso a la tierra “olvidándose de los fantasmas de la reforma agraria que aun se tienen en la actualidad”, refirió Chavarría.
“En Guatemala, el 60% de la población rural depende de actividades agropecuarias para su subsistencia y 7 de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza”, argumentó el diputado Walter Félix, de la bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
El parlamentario urgió a sus compañeros legisladores a que la iniciativa sea retomada lo más pronto posible para discutirla, y así tener una ley que verdaderamente ayude a la población del interior.
En dicho proyecto se prioriza a la población rural en situación de pobreza y pobreza extrema, especialmente a los pueblos indígenas y campesinos con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales, micro y pequeños empresarios rurales.
El diputado Chavarría Pérez señaló que el próximo año buscará acercamientos con los distintas bancadas y con Óscar Chinchilla presidente electo del Congreso para que se pueda incluir en la agenda parlamentaria en el primer trimestre del año.
Antecedente
El pleno del Congreso aprobó el pasado 2 de febrero del presente año un acuerdo por medio del cual retiró el proyecto debido a que no existían consensos para su aprobación y cuyo trámite había avanzado hasta la segunda lectura.
Uno de los argumentos para tomar la decisión de sacar de agenda el proyecto fue  que algunos artículos podrían contravenir convenios y tratados internacionales, lo cual podría afectar directamente a varias entidades del Organismo  Ejecutivo.
Por Byron Ramírez

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Un grupo de jóvenes que participó en el proyecto Servidores Cívicos, del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), acudió a la diputada Eva Nicolle Monte, presidenta de la Comisión Extraordinaria de la Juventud, para denunciar la falta de pago del estipendio ofrecido, correspondiente a las actividades realizadas a nivel comunitario.
“Somos 171 jóvenes que fuimos convocados en abril y acudimos esperanzados en participar; sin embargo, hemos descubierto muchas anomalías en el proyecto, como papelería perdida y falta registro de las horas asistidas”, comentó Dina de León.
Por su parte, César Aguirre, viceministro de Protección Social, del Mides, indicó que debido a una “laguna administrativa” los jóvenes empezaron a trabajar sin autorización ni respaldo de la cartera, pues el proyecto fue aprobado hasta el 5 de agosto.
“Es lamentable que los hayan convocado sin tener un respaldo jurídico, por lo que todas aquellas horas que ellos pudieran haber brindado no están registradas, porque sus nombres no están avalados dentro de la junta local y nacional”, expresó Abner Paredes, Defensor de la Juventud, de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
“Como presidenta de esta sala legislativa es mi deber atender este tipo de denuncias. A ellos se les ofreció una remuneración de Q1 mil 370 y se les debe tratar con el respeto que merecen”, afirmó la parlamentaria de Alianza Ciudadana.
Agregó que se fijó hasta el 15 de este mes para que el Mides encuentre una solución al problema; “de lo contrario, se empezará a actuar de manera penal, ya hubo engaño y fraude”, concluyó la legisladora.
Por Rosemary Recinos.

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