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Con el propósito de actualizar el marco legal y que permita defender y garantizar los intereses del Estado, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presentaron una iniciativa con la que se busca reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Orlando Blanco, diputado y jefe de bancada de la UNE anunció que consideran oportuno presentar esta iniciativa debido con el objetivo de fortalecer las funciones de la PGN y actualizar la normativa vigente desde 1948.
La normativa no ha sido actualizada desde entonces, luego de que sus funciones fueran separadas de la Fiscalía en 1982, cuando se aprobó la reforma al Sistema Procesal Penal Guatemalteco.
Contenido de la iniciativa
La nueva iniciativa contiene ocho capítulos con los que se pretende regular la naturaleza de la institución como responsable de la asesoría y consultoría de toda la administración pública; se regula la independencia funcional, técnica, administrativa y se establece la creación del Sistema Nacional de Asesoría y Consultoría Jurídica (que integrará a todas las asesorías jurídicas de las dependencias públicas).
En su capítulo segundo, se norma la organización de la PGN, la cual estará integrada por un Procurador Adjunto; Secretario General; Direcciones y Departamentos, regulándose las atribuciones de cada unidad administrativa.
En el tercer y cuarto capítulo se desarrolla el articulado que se refiere a las autoridades superiores; la delegación de la representación del Estado; la existencia de Procuradores Adjuntos así también regula la existencia de funciones de la Dirección de Consultoría y Asesoría; su estructura y funcionamiento de las Direcciones.
El quinto y sexto capítulo regula las sanciones que podrán imponerse a los trabajadores de la PGN y se determina que los procedimientos para la aplicación de las mismas se regularán en el reglamento.
El octavo capítulo, se refiere a las normas transitorias, que establecen el criterio que cuando se refiera en otras leyes a “Ministerio Público”, deberá entenderse PGN; a desarrollar un plan de formación profesional del personal de la PGN así como elaborar el proceso de regularización y legalización de todos los bienes que forman parte del patrimonio de dicha entidad.
La iniciativa fue entregada a la directora Legislativa, Ana Antillón quién la remitirá a la Comisión de trabajo correspondiente para que realicen el análisis de la misma y pueda ser trasladada al Pleno del Congreso de la República.

Por: Estuardo Martínez

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La Comisión de Turismo efectuó una reunión para tratar la invasión de la playa de Champerico, Retalhuleu, por comerciantes y vecinos que están colocando champas.
Existe un dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres que señala que el área es inhabitable, debido a que hay peligro por el mar, por lo que las personas están en riesgo, manifestó el diputado José Arturo Martínez, representante por Retalhuleu del bloque Todos.
Francisco Chívichón, enlace regional Suroccidente ante la Secretaría de Asuntos Agrarios, detalló que el riesgo consiste en que el agua regrese a su cauce y provoque daños a quienes permanecen en el lugar.
El congresista Santiago Nájera, presidente de la Sala de Turismo, dijo que solicitarán informes al Registro de Información Catastral y a la Oficina de Reservas Territoriales del Estado para establecer si el área es de la Municipalidad de Champerico o de una finca del lugar; también pedirán la intervención y un dictamen jurídico a la Procuraduría General de la Nación, para que determine la legalidad del caso.
Las partes acordaron que en 30 días se volverán a reunir para conocer los informes y dictamen de las instituciones para encontrarle la solución a la problemática.
Por José Castellanos

 

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Diputados de la comisión Extraordinaria de Integración y Desarrollo del Petén que dirige Jaime Regalado, promueven la instalación de una mesa técnica para resolver los recientes conflictos que han surgido en las instalaciones del Parque Nacional Tikal, después de que trabajadores del centro arqueológico cerraran el complejo a los turistas el pasado mes de agosto en demanda del pago del aumento salarial que se les adeuda desde el 2013.
La conflictividad surgió porque, según trabajadores del Parque Tikal, no se les ha cancelado el aumento de Q560 mensuales, debido a lo cual se ha acumulado una deuda de Q30 millones.
Los trabajadores que esperan se les cancele este incremento salarial son 1 mil 393 trabajadores de los parques arqueológicos de Uaxactún, Ceibal, Yaxhá y Tikal en el departamento de Petén.
Según Juan Alberto Monzón, viceministro de Patrimonio Cultural y Nacional, esa cartera ya solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas los recursos económicos para el pago retroactivo del aumento establecido en el Pacto Colectivo y de Condiciones de Trabajo de esa entidad desde 2012 hasta la fecha.
El funcionario explicó que a la fecha solo se ha pagado lo correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de este año, y que aún adeudan el pago de los últimos tres meses del 2012, los años 2013, 2014 y 2015 completos, debido a que ese beneficio no había sido contemplado en los presupuestos de cada año por las anteriores autoridades.
Jorge Estuardo Roldán, Administrador General del Parque Nacional Tikal expresó que la situación del sitio turístico va más allá del incumplimiento de pago, indicó que además la atracción no cuenta con el equipo adecuado para la atención primaria en el caso que se registren accidentes dentro del parque.
“Actualmente contamos solo con seis vehículos en funcionamiento y una ambulancia que estaba al servicio de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. Este vehículo está en malas condiciones y no podemos invertir en su reparación debido a que todavía no pertenece al parque”, aseguró el funcionario.
Al concluir la reunión el presidente de la sala legislativa el diputado del bloque Movimiento Reformador, Jaime Regalado dijo que en una próxima reunión se integraría una mesa de trabajo, la cual estaría constituida por los ministerios de Cultura y Finanzas, trabajadores del Parque, autoridades municipales y líderes sindicales.
“Petén es una importante ventana de Guatemala para el mundo en materia turística, por lo  cual se deben de generar las condiciones para el buen funcionamiento del mismo”, concluyó el congresista.
El Parque Nacional Tikal está situado en el departamento de Petén en el norte del país. Forma parte de la Reserva de Biosfera Maya y el sitio excavado más grande del continente americano donde se encuentra la herencia milenaria, cultural y natural más representativa del país. Comprende 576 kilómetros cuadrados de selva alrededor del centro ceremonial y fue declarado parque nacional en 1955 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979.

Por Karen Mendoza.

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Integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia que coordina el diputado Oliverio García Rodas, conocieron las propuestas de reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, decreto 1-86, de la Asamblea Nacional Constituyente, las cuales fueron presentadas por representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público.
El objetivo de las propuestas es el de regular el abuso del amparo judicial, contribuir a la agilización y simplificación del trámite del amparo; armonizar la legislación nacional a los estándares internacionales sobre acceso a la justicia, evitar conflictos de interés y generar prácticas de meritocracia y transparencia en la selección de Magistrados, entre otras.
El diputado García Rodas comentó que harán un análisis para justificar y establecer la forma de reformar la Ley para que esta no pierda su contenido de protección al ciudadano.
El análisis de la propuesta también deberá encontrar la forma de evitar que el amparo pueda ser utilizado como un mecanismo para atrasar o postergar procesos de todo tipo.
“Debemos de proteger la figura del amparo porque es una garantía Constitucional,  pero debemos evitar que el mal uso del amparo venga a desvirtuar algo que es importante para los guatemaltecos”, refirió el congresista.
Agregó que requirió a los integrantes de esta mesa para que en 15 días presenten las observaciones que muestren los mayores consensos en el tema, para integrarlas a la Iniciativa de Ley que será presentada al pleno del Congreso de la República.

Por Elizabeth Linares.

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Diputados de la Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País, que preside Álvaro Velásquez, se reunieron con representantes del Ministerio de Finanzas Públicas y del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, para analizar el avance en la implementación del Observatorio del Gasto Público, así como para promover su posible institucionalización.
“Esta reunión fue para concretar las tareas que hacen falta para la presentación de los informes públicos que estamos implementando, estamos viendo los detalles técnicos para que sea una plataforma amigable para los usuarios. Este es un instrumento de evaluación técnica del presupuesto muy importante para medir y transparentar la calidad del gasto”, indicó el diputado Velásquez.
Vivian Lemus, directora de planificación del Ministerio de Finanzas Públicas, comentó que “se está evaluando la información que se va a publicar, en relación a  los avances en ejecución presupuestaria de cada una de las carteras, cuáles han sido los ahorros de cada uno de los Ministerios, así como el avance de la ejecución de los distintos programas de Gobierno”, declaró.
“Queremos institucionalizarlo, crear un referente oportuno para todas las Comisiones del Congreso, con información precisa y actualizada. Existe una muy buena relación con el Ministerio de Finanzas, y lo que se pretende es crear un ente objetivo sin posiciones partidarias”, manifestó el parlamentario Manuel Conde.
“Continuaremos con este proceso de fiscalización, monitoreo y diseño técnico y más adelante iniciaremos  el cabildeo político, para que el Congreso de la República tenga su propia oficina de evaluación de los recursos del Estado”,  concluyó Velásquez.

Por Rosemary Recinos.

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El diputado Luis Pedro Álvarez de la bancada Encuentro por Guatemala, se reunió con autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Ministerio de Finanzas Públicas y de la Contraloría General de Cuentas, para tratar el tema de la deuda de casi 34 mil millones que tiene el Estado con el Seguro Social.
“No es posible que el Estado le deba tanto al IGSS y no tenga planes de cancelarles, y más, no es viable que el Ministerio de Finanzas solo reconozca 84 millones de quetzales y no la deuda actual, es por eso que denunciaremos legalmente en los órganos jurisdiccionales y que determinen que procede”, manifestó el parlamentario Álvarez.
Además de lo elevada que es la deuda, la misma no está contabilizada como pasivos del Estado y eso hace que la misma aumente por que los pagos anuales no son efectuados correctamente ni la cantidad acordada, expuso el funcionario legislativo, que menciono que para el próximo año se incrementará más o menos 4 mil millones más si no se actúa de inmediato.
“Hemos hecho lo posible para que el Estado pague esa deuda pero solo ha quedado en eso en hechos, tenemos 16 mil trabajadores y es imposible darles un aumento menos dar los insumos a los pacientes, y la capacidad de la institución ya está sobre pasada”, expresó Carlos Contreras presidente del IGSS.
El ministerio de Finanzas asegura que trabajan para encontrar una salida a dicho problema y entre ellos podría ser colocar una partida presupuestaria en el proyecto del presupuesto del próximo año.

Por Selvin Rustrián.

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Como parte de la política de transparencia de la actual Junta Directiva del Congreso, este miércoles se solicitó al Ministerio Público (MP) abrir una oficina que estuvo asignada al Partido Patriota (PP), la cual “estuvo cerrada por 5 años y donde se localizaba varia documentación que perteneció a Roxana Baldetti”, afirmó el presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena.
El parlamentario añadió que al darse cuenta de a quién estaba asignado el inmueble se le pidió al MP acudir al Congreso para que lo abrieran y revisaran el contenido.
Julio Barrios, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, afirmó: “En este momento cualquier información es valiosa para las investigaciones que se llevan a cabo por parte del Ministerio Público”. Aseguró que la documentación deberá ser analizada, pues no se descarta encontrar información “ya sea para el caso cooptación del Estado u otros”.
El hallazgo de la oficina se dio por el proceso de restructuración que realiza en el Legislativo, indicó Taracena.
Entre los objetos que se localizaron en el recinto están un maletín, una computadora de escritorio, discos de datos y video, papelería variada y documentos de la exdiputada.
Baldetti llegó al Congreso como diputada por la coalición Gran Alianza Nacional (Gana) para el periodo 2004-2008; en 2007 fue reelecta por el Partido Patriota (PP), de la cual llegó a ser jefa de bloque.
En 2011 fue electa como vicepresidenta de la República, como compañera de fórmula de Otto Pérez Molina; ambos renunciaron a sus cargos en 2015 y son procesados por los casos La Línea, Cooptación del Estado, Cooperacha y Terminal de Contenedores Quetzal.
Por: Byron Ramírez

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La tarde de este miércoles se llevó a cabo una reunión entre la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso, representantes de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (CONRED), representantes de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula y la Municipalidad de Guatemala, para resolver los contratiempos que ocasiona el cierre del tramo carretero que conduce de la 20 calle, zona 10 conduce hacia el parque central del municipio de Santa Catarina Pinula, en el departamento de Guatemala.
En la reunión se dieron informes sobre el problema ocasionado por el mencionado cierre carretero debido a que los conductores de vehículos tienen que utilizar caminos alternos para desfogar el tránsito de y hacia la capital, pero principalmente los embotellamientos que se originan en la carretera hacia El Salvador.
Dicho tramo carretero de aproximadamente un kilómetro se encuentra cerrado desde el uno de octubre de 2015, cuando ocurrió la tragedia de El Cambray, en donde un deslizamiento de tierra soterró decenas de casas y dejó al menos 280 muertos.
El Presidente de la Sala Legislativa de Comunicaciones, diputado Carlos Alberto Martínez Castellanos, calificó de lamentable el trabajo que lleva a cabo CONRED, debido a que ha llegado a presentar informes sin estudios previos.
“Es lamentable que vengan a cerrar antojadizamente la ruta a Santa Catarina Pinula sin estudios y soluciones del caso, por lo que en la reunión se decidió exigir a la Coordinadora Nacional de Desastres que en próxima reunión que a mas tardar en dos semanas  nos de explicaciones”,  dijo el parlamentario Martínez del bloque Movimiento Reformador.

Por José Luis Hernández.
 

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La Comisión Extraordinaria de Asuntos sobre Discapacidad, presidida por el diputado Christian Boussinot, se reunió con representantes de organizaciones civiles que velan por los derechos de las personas con capacidades especiales con el fin informarles que para los próximos días el dictamen de la iniciativa de 5125, Ley de Personas con Discapacidad será entregado para que sea firmado por los legisladores miembros.
Durante la reunión, el parlamentario Boussinot, informó que el dictamen ya se encuentra listo para que sea firmado por los diputados de esta Sala de trabajo.
“Estoy dando de plazo hasta el viernes próximo para que en una reunión especial se suscriba el documento final y se pueda hacer  entrega a Dirección Legislativa del Congreso de la República para su trámite”, dijo el diputado.
Desde que empezó la elaboración de esta iniciativa, se ha socializado con todos los sectores involucrados, de quienes recibieron opiniones y sugerencias, muchas de las cuales fueron tomadas en cuenta.
Entre las entidades que fueron convocadas están el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, sociedad civil, Organismo Ejecutivo y la Procuraduría de los Derechos Humanos entre otras.
El anteproyecto de 5125 Ley Personas con Discapacidad, fue conocido el pasado 4 de agosto en el Pleno del Congreso de la  República, luego de lo cual fue enviado a la Comisión de Asuntos sobre discapacidad para que emita el dictamen correspondiente.
Marielos de Rueda, presidenta de la Junta Directiva del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, dijo que la elaboración de la misma fue asesorada por “expertos independientes en derechos humanos de las naciones unidas ya que se dieron a conocer los avances significativos en el país”.
Joaquín Monterroso, representante del Grupo Por Justicia, indicó que se recibieron las recomendaciones de la ONU hacia el Estado de Guatemala. “Ya es hora que el CONADI empiece a incluir en sus políticas publicas las sugerencias de ese organismo internacional y las ponga al servicio de las personas con discapacidad en Guatemala”, dijo Monterroso.  
Esta iniciativa busca cumplir con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tomando como propio su objeto que es el de garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Por José Castellanos.

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