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Tras una serie de presentaciones y análisis, los diputados que integran la Comisión del Migrante del Congreso de la República, seleccionaron a los 5 profesionales que aspiran a ocupar el cargo de Secretario y Subsecretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA).
La selección se realizó mediante el voto individual de cada uno los miembros de la Comisión. El listado debe ser conocido en el pleno del Congreso.
La lista de candidatos es el resultado de la depuración de una lista de 11 aspirantes, que fueron escuchados durante una serie de audiencias públicas.
El artículo 11 del Decreto 46-2007, de la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante, establece que el Secretario y Subsecretario del Consejo será nombrado en el pleno del Congreso de la República de una lista de 5 personas con experiencia mínima comprobada de tres años en el tema de migrantes cuyos nombres serán propuestos  por la Comisión del Migrante del Legislativo. Los elegidos ocuparán el cargo por tres años.
La lista de seleccionados quedó de la siguiente forma.

1. Mynor Joel Aguirre Medina.
2. Álvaro Estuardo Caballero Herrera
3. Elizabeth Nicte Paz Pineda.
4. Melanie Müller de Stemmler
5. Mario Arturo García Lima

“La lista de los 5 candidatos será presentada esta semana a Dirección Legislativa, para que en un plazo de una o dos semanas sea conocida en el Pleno del Congreso. Ya ahí se necesitan 80 votos para la elección del Secretario y Subsecretario de CONAMIGUA”, explicó el Diputado Jean Paul Briere, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso de la  República de Guatemala.
Por Karla Herrera.
 

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El presidente del Congreso de la República, Mario Taracena Díaz-Sol, y el jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos, presentaron este miércoles, en conferencia de prensa, el informe de cumplimiento de la carta de cooperación interinstitucional para el ordenamiento administrativo del Parlamento, suscrito por ambos entes el 24 de junio de año pasado y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2017.
El documento hace referencia al informe de auditoría del ejercicio fiscal 2015 realizada en el Congreso, el cual reportó 19 acciones correctivas, de las cuales se ha mejorado el cien por ciento. “Es un hito para este Congreso contar con este gran avance en materia de transparencia y rendición de cuentas, lo cual se logró a través del trabajo en conjunto con la Contraloría, y será un reto para la próxima Junta Directiva darle continuidad”, enfatizó Taracena.
Entre los puntos más relevantes destacan el desarrollo de buenas prácticas en el cumplimiento de los procesos de control interno, como los inventarios de los activos, la fijación de estándares de calidad, control del gasto público y el ordenamiento administrativo en relación con el personal.
Mencos se congratuló por los esfuerzos realizados por la actual Junta Directiva, encabezada por Taracena, y dijo que estuvieron encaminados a la aplicación de acciones orientadas al fortalecimiento de diferentes áreas, como la administrativa. “Lo más importante es que este ejercicio nos permitió dotar de la documentación y la ruta legal, que marcó la pauta de un logro, el cual merece ser tomado como un modelo y replicado por otras instituciones del Gobierno”, aseguró el jefe de la CGC.
Asimismo, reitero que este año continuará apoyando la labor del Legislativo en materia de transparencia. “Hemos sostenido pláticas con el presidente electo, Oscar Chinchilla, a fin de que se ratifique esta carta de entendimiento, para viabilizar algunos temas a que surjan en el periodo 2017-2018, y lo más importante es que estamos dando señales de un nuevo Congreso, desde el punto de vista administrativo”, concluyó el funcionario.
Por Karen Mendoza

 

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La ampliación del contrato entre el Registro Nacional de las Personas (Renap), con la empresa Easy Marketing, encargada de emitir el Documento Personal de Identificación (DPI), fue cuestionada por la bancada Encuentro por Guatemala.
La jefa del bloque, Nineth Montenegro, señaló que ampliar la emisión de 500 mil DPI adicionales a los 11.5 millones del contrato inicial “a todas luces es un acto anómalo y dañino para el Estado de Guatemala”. Recordó que desde 2008 su bancada cuestionó “el contrato original para imprimir los DPI por más de $114 millones”.
La parlamentaria aseguró que la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación deben presentar denuncias contra los funcionarios o exfuncionarios que ampliaron el contrato, debido a que la primera había recomendado rescindirlo.
Otro de los cuestionamientos del bloque legislativo fue la adquisición, en diciembre del año pasado por parte del Renap, de un equipo integrado para la personalización de tarjetas inteligentes con la empresa Documentos y Soluciones de Identificación, S.A., por un valor de Q3 millones. Los diputados afirmaron que fue un “gasto innecesario” debido a que “al concluir el contrato Easy Marketing deberá dejar todo el equipo para la emisión del DPI”.
Brenda Gramajo, directora interina del Renap, explicó que con el nuevo equipo se busca mejorar el trabajo. El proceso de finalización del contrato “es complejo y la empresa Easy Marketing amenazó con apagar los sistemas, los cuales sirven para emitir varias certificaciones y el DPI”, afirmó.
Denuncias
Durante la citación se dio a conocer que durante el año 2015 se evidenciaron 37 mil casos de alteración y falsificación de identidades, por lo cual se presentaron 600 denuncias en el Ministerio Público. Además, se evidenció que el Renap no ha entregado 367 mil documentos.
Por Byron Ramírez
 

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El presidente del Congreso de la República, diputado Mario Taracena Díaz-Sol, la Comisión Permanente y la Alianza para un Congreso Abierto, presentaron este martes el primer Plan de Acción del Parlamento Abierto 2016 - 2017, cuyo objetivo es reforzar los mecanismos de transparencia y promover la participación activa de la ciudadanía.
Dentro de los principios del Parlamento Abierto se establece que se debe transparentar la información legislativa y facilitar el acceso electrónico a la misma.
Para la creación de este plan de acción se realizaron  diversas mesas de trabajo durante el año pasado, las cuales contaron con el apoyo técnico del Instituto Nacional Demócrata (NDI).
En dichas mesas de trabajo se establecieron 5 compromisos principales:
Política legislativa de datos abiertos,
Programa de capacitaciones de Gobierno y Congreso abierto,
Publicación de hojas de vida de los asesores del Congreso de la República,
Diseño y publicación proactiva de material interactivo sobre funciones
Procedimientos del Congreso y Rendición de cuentas.
“La Alianza para un Congreso Abierto, es un grupo de  organizaciones de la sociedad civil, comprometidas a luchar contra la corrupción. Lo que buscamos  es apoyar todas las actividades que se emprendan  para que se cumplan los compromisos adquiridos” comentó  Gabriela Ayerdi de Acción Ciudadana.
“No es cualquier cosa haber obtenido en América latina, el cuarto lugar como el Congreso más transparente, con esto logramos que la sociedad civil  tenga más capacidad de respuesta y de reacción.  Lo que estamos haciendo es acercar el Congreso a la sociedad para que ella misma fiscalice a los diputados”, señaló el presidente del Congreso, Mario Taracena.
Por su parte el presidente electo por el legislativo para el periodo 2017-2018, diputado Oscar Chinchilla, manifestó su compromiso para que se sigan fortaleciendo estas alianzas.
“Vamos a continuar,  yo soy miembro de la actual junta directiva, y podría ser el garante para que estos proyectos continúen en el Congreso”, señaló el diputado Chinchilla.
Por Rosemary Recinos.
 

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Diputados de la Comisión de Salud y Asistencia Social, la cual preside el congresista Luis Hernández Azmitia, y autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se reunieron este martes para conocer el nivel de cumplimiento de las corresponsabilidades durante 2016 en materia de salud, del programa de transferencias monetarias condicionadas que impulsa el Organismo Ejecutivo.
Según el parlamentario  tienen conocimiento que hasta el mes de noviembre 2016 se había ejecutado un 50 por ciento del presupuesto, mientras que el viceministro de Política, Planificación y Evaluación del Mides, Demetrio Morán, indicó en dicha reunión que la cartera cerró con una ejecución del 99.34 por ciento del  presupuesto para ese programa asistencial.
“Vemos con preocupación que los niveles de ejecución de los programas que tiene a cargo este ministerio no coinciden con las que tenía hasta noviembre del año pasado, y lo que más nos preocupa es que no se cumplieron las corresponsabilidades, que son una parte integral de este programa que en los últimos años ha sido politizado”, comentó el diputado  Hernández Azmitia.
Por otra parte la diputada Karla Martínez cuestionó al funcionario en relación con falta de operatividad de los comedores seguros en los hospitales, debido a que en el último año se dio a conocer que los siete existentes permanecieron cerrados.
Morán justificó  que este programa  social no funcionó porque no contó con la evaluación previa a la ejecución del proyecto, situación que llevó a que los eventos de cotización fueran suspendidos.
Al finalizar la citación el presidente de la sala legislativa indicó que darán seguimiento al tema. “Hemos pedido un informe circunstanciado de los beneficiarios, porque sabemos que dichos listados fueron depurados, por lo que la próxima semana nuevamente serán citados los funcionarios para que nos expliquen los criterios que tomaron en cuenta”, concluyó el legislador.
El programa de transferencias establecido en abril del  2008, es un método de transferencia condicional de dinero que se destina a proporcionar apoyo financiero a las familias que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza con niños de 0 a 15 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia que viven principalmente en las zonas rurales y marginales de las periferias de los centros urbanos.
Por Karen Mendoza.
 

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Diputados que integran la Comisión Extraordinaria de Asuntos sobre Discapacidad, que preside el congresista Christian Boussinot, hicieron entrega oficial a funcionarios de ministerios y secretarias de gobierno del Plan de Acción para la inclusión de las personas con Discapacidad 2017 - 2021 para que se impulsen las políticas públicas en beneficio del sector con discapacidad.
En el acto los diputados estuvieron acompañados por autoridades del Comité Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI), del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comisión  Presidencial de Derechos Humanos y de la Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN).
El documento surge en respuesta a las observaciones y recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas al Estado de Guatemala en cuanto a la evaluación que el Comité de Expertos de la ONU realizó en el país en agosto del año pasado.
Dicha evaluación evidenció pocos avances en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
El parlamentario Christian Boussinot miembro del bloque legislativo TODOS, resaltó la importancia que conlleva la entrega del plan de acción a todas las instituciones del Estado que están involucradas en el tema de los derechos de los discapacitados. “Allí están las 31 líneas de acción y estrategias que nosotros como país debemos de empezar a trabajar para prepararnos para la próxima evaluación en el 2023”, puntualizó Boussinot.
Jorge Enrique Yat, presidente de la Junta Directiva del CONADI indicó que la Organización de las Naciones Unidas envió más de 80 observaciones al Estado Guatemalteco.
“El plan se tiene que poner en marcha por todas las instituciones porque se refiere a la inclusión en la planificación de cada entidad gubernamental y la asignación de recursos financieros como humanos y técnicos que permitan su ejecución”, concluyó Yat.  
Ana Leticia Aguilar, titular de la Secretaria Presidencial de la Mujer dijo que el tema de discapacidad es uno de los puntos pendientes por parte del Estado.
“Se tiene que abogar por las necesidades y derechos de la población sobre todo por las mujeres y niñas con discapacidad. En la institución que coordino tenemos un desafío muy grande en garantizar las políticas de forma integral hacia las féminas con discapacidad”, dijo la funcionaria.
El Plan de Acción define rutas estratégicas para alcanzar resultados, y también asigna líneas de responsabilidad estatal para responder a las observaciones y recomendaciones del Comité de Expertos de la ONU.
El Plan contempla para su ejecución cuatro prioridades:
1.  Planificación Institucional.  
2. Incidencia en los sistemas presupuestarios anuales.
3.  Despliegue Estatal. 
4.  Sistema de seguimiento y monitoreo para la evaluación parcial, anual y final de resultados.
Por José Castellanos.
 

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En aras de continuar los procesos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, el titular del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, junto a miembros de la Comisión Permanente, expuso al presidente electo, Óscar Chinchilla, los avances para la implementación de la nueva página electrónica del Organismo Legislativo.
“Fui invitado por el presidente Mario Taracena para conocer los adelantos de este proceso; esta nueva herramienta ayudará a fortalecer el trabajo legislativo y la población conocerá de cerca el trabajo que se realiza para su beneficio”, manifestó Chinchilla, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
Con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata, el Organismo Legislativo contará con la nueva herramienta electrónica, con la cual se podrá interactuar con la población sobre diversos temas relacionados con el acontecer nacional, legislación aprobada e iniciativas nuevas.
“La idea es transparentar todos los procesos, tener una página web que sea más accesible, con más datos y que sea más amigable; esto va en la vía del trabajo que hemos realizado”, expresó el parlamentario Felipe Alejos, de Todos.
El congresista Roberto Klester, de la bancada de Todos, dijo que fue un trabajo arduo el que se realizó para implementar la página. “Es una herramienta importantísima, ya que la población conocerá de cerca el trabajo legislativo”, aseveró.
Por Selvin Rustrián.
 

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Diputados que integran la bancada TODOS dieron a conocer que no apoyarán la solicitud enviada por el Ejecutivo para otorgar el usufructo a la Empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Los congresistas proponen que la Empresa Portuaria Quetzal realice una  nueva licitación para que se revise nuevamente el expediente  por el Legislativo previo a la aprobación de la concesión.
“Como bancada tenemos la obligación de apoyar los procesos, pero que giren en torno a la legalidad establecida, respaldando las acciones que fortalezcan la transparencia y la lucha contra la corrupción en Guatemala”, resaltó el jefe de esta bancada, diputado Juan Ramón Lau.
Los legisladores destacaron que esperan que durante este año los procesos realizados por todos los sectores del Estado estén apegados a la ley y, como en este caso, cumplan con lo establecido en la Ley de Contrataciones en su artículo 96: “La concesión se adjudicará con el previo cumplimiento del procedimiento de licitación que determine esta ley en lo que fuere aplicable”.
Por Karla Herrera.
 

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Diputados de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) dieron a conocer lo que consideran sobrevaloración de los trabajos de construcción de la carretera CA-2 Occidente, acción que se dio después de que exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) modificaran el contrato con la empresa la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht, S.A.
Explicaron que en 2013, por US$380 millones, a la empresa brasileña Odebrecht se le adjudicó la ampliación y construcción de 150 kilómetros de la vía; sin embargo, un año después Alejandro Sinibaldi, exministro, y Rubén Mejía, exviceministro de la citada cartera, aprobaron modificar el contrato, de manera que por el mismo monto solo se construyeran 50 kilómetros.
“Esto evidencia que hubo varias anomalías, no solo la sobrevaloración del proyecto, sino que pudo haber algún tipo de coima”, señaló el congresista Carlos Barreda, al calificar de “ilógico” un cambio “que a todas luces daña las arcas del Estado”.
Orlando Blanco, jefe de la bancada uneísta, afirmó que los cambios fueron para beneficiar a Odebrecht. “La Contraloría General de Cuentas debe tomar nota de estos cambios anómalos para presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público”, afirmó.
El titular del CIV, Aldo García, dijo que cuando se realice el estudio correspondiente de la modificación del contrato, de haber alguna anomalía se procederá a presentar la denuncia para determinar la responsabilidad de los exfuncionarios.
Los anterior se dio a conocer durante una citación a García, al jefe de la Contraloría General de Cuentas, Carlos Mencos, y al director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Armando Castillo, en la cual se trató el 56 por ciento de ejecución del CIV en 2016.
Mencos dijo que se investigarán los señalamientos para proceder conforme a lo establecido en la legislación vigente.
“No puede ser que en un año solo se haya ejecutado un poco más de la mitad del presupuesto, cuando la red vial está desastrosa”, dijo Barreda, quien agregó que el Fondo para la Vivienda no ha dado subsidios y se han efectuado pagos de deudas de años anteriores.
Por Byron Ramírez

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