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En su primer día laboral como legislador,  Fernando García Gudiel comentó que trabajará por el bienestar de la población; fue electo por el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), pero debido a la cancelación por el Tribunal Supremo Electoral se declaró independiente y dijo que retomará las iniciativas pendientes de cuando estuvo en la legislatura pasada.
García Gudiel fue juramentado este jueves como congresista en sustitución de Luis Rabbé, quien fue suspendido temporalmente como diputado mientras dilucida su situación legal por las acusaciones que le hacen el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
¿Qué piensa de que lo hayan llamado para integrar el Congreso?
Es correcto. Yo vengo a suplir un ausencia que decidió el pleno y estamos cumpliendo con el deber para el cual fuimos electos. Trataré de hacer el mejor esfuerzo para votar y apoyar las causas que crea que convienen al país.
¿Continuará con el bloque Lider?
Hay que entender que hay un vacío legal; tengo entendido que Lider está suspendido y yo tengo la intención de ser un diputado independiente. No sé, vamos a analizar jurídicamente qué es lo que conviene.
¿Qué trabajo realizará o qué dejo pendiente?
Yo tengo cosas pendientes que quiero impulsar. Por ejemplo, dos iniciativas: la primera, la nueva Ley de Tránsito, que realmente sea adaptada a estos tiempos, pues recordemos que la primera causa de muertes en este país son accidentes provocados por personas con efectos de licor, y la segunda, reformar la Ley de Castración, para castigar a los violadores de niños, pues son cerca de 13 mil violaciones registradas por año en el Ministerio Público.
¿Qué opinión le merece que ocupara el lugar de una persona señalada de corrupción?
No puedo opinar; simple y sencillamente son casos que se ventilan en tribunales de justicia.
Perfil
Es hermano del abogado Francisco García Gudiel, actual defensor de Efraín Ríos Montt, y en el caso Cooptación del Estado.
En el gobierno de Óscar Berger fue titular de la Secretaría Nacional de la Juventud. Desde entonces se postuló como diputado con la Gran Alianza Nacional, Partido Patriota y Libertad Democrática Renovada.
Por Selvin Rustrián.

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Como parte de su labor de fiscalización y mediación, los diputados José Inés Castillo Martínez y Edwin Maldonado Lux, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), citaron a representantes de los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales, Trabajo y Salud; Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), para dar continuidad a las mesas de trabajo establecidas para abordar las consecuencias del corte de la caña de azúcar para el país y los trabajadores.
La instancia busca implementar mediante una iniciativa de ley la regularización de esa práctica y el uso de madurantes en la Costa Sur. Castillo mostró su preocupación por “el poco interés de algunas instituciones”. “Se solicitó un informe a las entidades involucradas y solo el Ministerio de Ambiente cumplió”, expresó.
Una de las preocupaciones es el aumento de pacientes que llegan al IGSS y a los centros de Salud por problemas en los riñones, manifestó.
El Ministerio de Salud solicitó 30 días a los diputados para presentar un informe y determinar si la insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica se deben a la producción y quema de la caña, para lo cual se iniciarán estudios en Escuintla, Santa Rosa, Retalhuleu y Suchitepéquez.
El informe presentado por el Ministerio de Ambiente señala que la quema de caña de azúcar es una de las principales causas de daños a la naturaleza debido al humo. Precisa que el estudio de impacto ambiental que realizan los ingenios es en las instalaciones, no de los cultivos, lo cual hace que no se tenga una idea real de los problemas ambientales.
Maldonado Lux afirmó la práctica podría prohibirse totalmente debido a que “están afectando la fruticultura del país y la salud de miles guatemaltecos”. Agregó que el objetivo es iniciar un proceso de discusión que permita proponer un proyecto que tenga todo los componentes necesarios para salvaguardar la vida y salud de los trabajadores.
“Este debe ser un proyecto avalado por el Organismo Ejecutivo, campesinos, cañeros y Organismo Legislativo, con el afán de encontrar soluciones a esta problemática ambiental y de salud”, agregó.
La mesa acordó reunirse nuevamente en 30 días para presentar un informe de cada uno de los estudios y que le corresponda al Ministerio de Trabajo informar si se cancela el salario mínimo; al IGSS cuántos afiliados tienen y si hay pacientes atendidos provenientes de los ingenios, y a Conap si hay datos de tala de árboles.
Por Byron Ramírez

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En el proceso de fiscalización que realizan diputados de la Comisión del Menor y la Familia, que preside el representante Walter Félix, descubrieron que las condiciones en que se encuentran los menores privados de libertad en el Centro Correccional Gaviotas son insuficientes y precarias para lograrse la reinserción a la sociedad.                     
Durante la visita que efectuaron los diputados Félix y Luis Alonzo, de las bancadas URNG-Maíz y FCN-Nación, respectivamente, encontraron que existe hacinamiento, pues hay 600 menores contabilizados y su capacidad es para 450 y no se cuenta con recursos financieros para mejorar la infraestructura.
“El hacinamiento es uno de los mayores problemas, aunado a la falta de presupuesto; hemos comprobado que en este centro, incluido su anexo, tiene muchas carencias, como la falta de maestros, monitores o agentes de seguridad y personal administrativo. Al finalizar la fiscalización presentaremos un informe en el que se detallen las debilidades y la solución; nos vamos con la inquietud y la preocupación, pues son personas a quienes se tiene que ayudar”, comentó Félix.
Santos Torres, director del centro de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, dijo que los menores ingresan cada día y no hay una política para buscarle una solución. “El complejo ya no es suficiente para tener a los adolecentes; aquí estamos en condiciones que sí necesitamos la intervención y la ayuda del Congreso para que nos fortalezcan con recursos”, aseveró. 
Los diputados y las autoridades acordaron que es necesario presentar una propuesta de reformas a la Ley del Menor y el Adolescencia en el sentido de los jóvenes que cumplan la mayoría de edad y estén privados de libertad se trasladen de inmediato a una cárcel para adultos, además de buscar una reunión con la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda en busca de más fondos.
Al concluir la reunión se realizó un recorrido por las instalaciones y observaron las actividades creativas y culturales de los recluidos.            
Por José Castellanos

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El Congreso de  la República, conocería el próximo martes 27,  el Decreto Gubernativo por medio del cual el gobierno declaró Estado de Calamidad Pública por 30 días, en 27 áreas de riesgo por la época de lluvia, como una medida para atender a los guatemaltecos. Así lo  dio a conocer el presidente del Congreso de la República, Mario Taracena Díaz-Sol.
El presidente de la República en funciones, Jafeth Cabrera, en consejo de ministros  acordó el jueves por la tarde emitir el Decreto  Gubernativo 7-2016, debido a las emergencias que se han registrado a raíz de la lluvia copiosa de los últimos días, porque se ha determinado que existen diversos puntos de riesgo en municipios, desembocaduras de ríos, ríos, asentamientos, cuencas, zanjones y quebradas.
De acuerdo con el Presidente del Parlamento, los congresistas tienen un plazo máximo de tres días para entrar a conocer el decreto que ya fue publicado este viernes en el Diario Oficial, “Esperamos que en los próximas días sea enviado por el Ejecutivo para que pueda ser ratificado por el Congreso. Guatemala lo necesita y es lo más prudente”, aseguró Taracena.
Por su parte el subjefe de la bancada TODOS, José Rodrigo Valladares indicó que ese bloque legislativo estaría analizando plantear posibles modificaciones a este decreto, en función a la Ley de Contrataciones del Estado con el fin de dotarlo de los mecanismos adecuados de compra.
Calamidad Pública
De acuerdo al artículo 14 de la Ley del Orden Público, “El estado de calamidad pública podrá ser decretado por el Ejecutivo para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos”.
El estado de calamidad se decreta en los departamentos de Alta Verapaz, Sololá, Guatemala, Santa Rosa, Huehuetenango, Jutiapa, San Marcos, Izabal, Escuintla, Retalhuleu, Sacatepéquez, Zacapa, y los lugares que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) vaya determinando en el transcurso que dure el decreto en mención.
Reconstrucción verifica plan de acción
En ese tema este viernes en una reunión de trabajo en la comisión Extraordinaria del Programa de Reconstrucción Nacional, presidida por el diputado Erick Lainfiesta, con el subsecretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), Marco Antonio Barahona, se le riquirió explicaciones sobre el plan de acción que tienen en la institución para atender la crisis generada por las copiosas lluvias.
Según Barahona el Estado de Calamidad fue decretado a nivel nacional debido a que existen puntos activos donde pueden surgir emergencias, los cuales han surgido de forma atípica. “Tenemos eventos activos en lugares donde, en los últimos cuarenta años no han ocurrido situaciones como las que se están presentando en el 2016”.
El funcionario aseguró que existen casos como el de los departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez donde se han consignado mayores desastres por desborde de ríos y a los cuales se ha enviado ayuda humanitaria en base a las estadísticas previas que la Secretaría tiene.
Barahona explicó que están cuantificando por medio de las COMRED (Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres), los daños y las personas damnificadas durante los últimos días.
Según datos de la Conred, no menos de 18 mil 391 personas se encuentran en peligro inmediato, 3 carreteras, 7 puentes de los cuales uno fue reemplazado por un puente rural en el área de Zunilito, en el departamento de Quetzaltenango.
Los lugares en los que se implementará el Estado de Calamidad Pública según el Ejecutivo son:
1. Cerro Los Chorros, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz
2. Cerro Lec, San Antonio Semetabaj, Sololá
3. Zona 1 de Mixco, Guatemala
4. La Catarata, kilómetro 144,5 de la carretera que conduce de Sololá a Panajachel
5. Colonia Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala
6. Comunidad La Cuchilla, San Rafael Las Flores, Santa Rosa
7. El Cambray II, Santa Catarina Pinula, Guatemala
8. Residenciales de Jardines del Norte, Zona 18, ciudad de Guatemala
9. Condominio de San Marino, Mixco, Guatemala
10. Kilómetro 309 San Pedro Nécta, Huehuetenango
11. Kilómetro 105 de la Carretera a El Salvador, Guatemala
12. Colonia Santa Marta, Chinautla, Guatemala
13. Colonia Loma Linda 1, Chinautla, Guatemala
14. Casco Urbano, Jerez, Jutiapa
15. Flujos que descienden del volcán Chingo
16. Asentamiento Jesús de la Buena Esperanza, zona 6, ciudad de Guatemala
17. Colonia Santa Isabel II, Villa Nueva, Guatemala
18. Del kilómetro 24 al 25 de la carretera a El Salvador
19. Río Naranjo y río Pacayá, Ocós, San Marcos
20. Municipio La Blanca, San Marcos
21. Municipio Morales, Izabal
22. Río Michatoya, Palín, Escuintla
23. Río Las Vacas, Chinautla, Guatemala
24. Río Samalá, San Sebastián, Retalhuleu
25. Río Pensativo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez
26. Río Cabús, Catarina, San Marcos
27. Río Shinshín, Gualán, Zacapa
Por Karen Mendoza.

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La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presentó una denuncia penal en el Ministerio Público (MP), contra el presidente de la República, Jimmy Morales; Jaffeth Cabrera, vicepresidente de la República, ministros y secretarios así como cualquier otra persona que haya firmado el Estado de prevención, “el cual limitó por 48 horas las garantías constitucionales”, como la Libre Locomoción, Derecho a manifestación y la libre emisión del pensamiento.
Orlando Blanco, Jefe de la Bancada UNE afirmó que los delitos en los cuales habrían incurrido los funcionarios son abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la Constitución, aclarando que será el MP, a través de las investigaciones quien determine los delitos.
Esta acción es una denuncia pública pero también de carácter preventivo afirmó Blanco, a la vez de señalar que “es importante dejar un precedente para evitar que cualquier presidente en algún momento se le ocurra restringir los derechos constitucionales”.
La denuncia establece que lo actuado por Morales, no fue una equivocación, sino que realmente se violó la constitución. Blanco explicó que la denuncia se busca evitar que en un futuro inmediato, Jimmy Morales realice algo similar a lo actuado por el expresidente Jorge Serrano Elías quien “desintegró el Congreso de la República y las cortes, solo porque no estaban de acuerdo con las críticas que pudieran venir desde otros organismos del Estado”.
Estado de Prevención
No necesita la aprobación del Congreso y su vigencia no podrá decretarse por más de 15 días con las siguientes disposiciones:

• Militarizar los servicios públicos, centros de enseñanza e intervenir los servicios particulares.
• Fijar condiciones a derechos de huelga, impedirlos o prohibirlos.
• Limitar celebraciones al aire libre, manifestaciones públicas u otros espectáculos.
• Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública
• Exigir a los órganos de publicidad o difusión, que eviten todas aquellas publicaciones que inciten a la alteración del orden público, a juicio de las autoridades.

Con base en lo último, el jefe de la Bancada UNE aseguró que el Estado de Prevención también pretendía restringir la libertad de expresión a los medios de comunicación y el acuerdo salió publicado “un día después que tratara de faferos a los medios de comunicación”.

Por Byron Ramírez. 

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En reunión sostenida en el Congreso de la República ante miembros de la Comisión  Específica de la Paz y Desminado, que preside el diputado Edwin Maldonado Lux, los dirigentes de organizaciones víctimas del conflicto armado interno expusieron la necesidad de impulsar la iniciativa de ley 3551 con la cual se autorizaría el resarcimiento para los sobrevivientes.
Por medio del dirigente Miguel Itzep, Coordinador General de las organizaciones afectadas por la guerra interna, fue expuesta la problemática por la cual atraviesan desde que fueron firmados los Acuerdos de Paz hace 20 años.
Los afectados pidieron a la Comisión Específica de Paz y Desminado, agilizar la discusión y aprobación de la iniciativa que permitiría viabilizar la indemnización o resarcimiento que contempla el Decreto 145-96 Ley de Reconciliación Nacional, donde se establece la obligación del Estado para crear el PNR, que cobró vigencia 13 años después.
A pesar de los compromisos de Estado, los gobiernos han incumplido con esa obligación, incluyendo el de Jimmy Morales que presupuestó para el presente ejercicio fiscal la cantidad de 30 millones, de los cuales 12 serán utlizados para financiar proyectos de arrastre y 18 para gastos administrativos aseguraron las organizaciones.
Dicho programa ha sido modificado y manipulado desde el gobierno anterior quien inició una política de reducción de recursos en el presupuesto de la nación, que les está afectando en su economía familiar.
Por su parte, los diputados uneístas, Edwin Maldonado y Sandino Reyes, prometieron estar dispuestos a resolver el problema y a luchar porque en el presupuesto del presente año se logre programar, por lo menos 100 millones de quetzales, ya que en el presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso, solo aparecen 50 millones de los 300 millones demandados por las organizaciones de familiares de las víctimas.
Por José Luis Hernández

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Con la finalidad de conocer el presupuesto que será designado para proyectos de ayuda a mujeres, las diputadas que integran el Foro de mujeres diputadas del Congreso de la Republica, se reunieron con el director de presupuesto del Ministerio de Finanzas Kildare Enríquez.
Durante  el foro realizado el director del presupuesto destacó que  dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del ejercicio fiscal para el 2017 se destinan 936 millones de quetzales para programas de salud, educación y productividad para niñas y mujeres tanto del área urbana como rural.
Por su parte Patricia Pinto del Colectivo para la defensa de los derechos de las mujeres, aseguró que es necesario que en el presupuesto para el próximo año, el dinero destinado a los proyectos para mejorar las condiciones de las mujeres sea ejecutado para lo que fue destinado y no se desvíe hacia otros propósitos.
“El principal objetivo de este foro, es conocer el presupuesto que se destinará en materia de género, por lo que las diputadas que integramos el  Congreso de la República estaremos muy atentas al proceso de aprobación para que lo asignado sea destinado a los programas de desarrollo, así como velar por la salud y educación de las mujeres guatemaltecas”, enfatizó la diputada Sandra Morán presidenta del Foro de mujeres diputadas del Congreso de la República.
Finalmente se dio a conocer que se realizarán otras reuniones con sectores de mujeres de la sociedad civil y los ministerios involucrados  en los programas de mujeres, esto antes de la aprobación del presupuesto.

Por Karla Herrera.

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Preocupados por la falta de control en los centros carcelarios del país, este jueves integrantes de la Comisión de Gobernación, que preside el diputado Napoleón Rojas citaron a Nicolás García Fuentes, Director General del Sistema Penitenciario, para retomar el control de las penitenciarías.
El diputado pidió que se explicaran las acciones que han emprendido para evitar más enfrentamientos entre los reclusos así como más muertes.
En la reunión, los congresistas citaron el ejemplo de lo ocurrido el pasado miércoles en la cárcel de El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa en donde minutos antes de recobrar su libertad, Jonathan Emanuel García, de 21 años, quien había sido detenido debido a un homónimo, perdió la vida debido a un enfrentamiento entre reclusos integrantes de la mara Salvatrucha y la pandilla 18.
El Director explicó que, a dos meses de haber asumido el cargo, se trabaja aún en la reestructuración administrativa del Sistema Penitenciario y la elaboración de los protocolos de seguridad por lo que con ello espera retomar el control de los centros de reclusión a finales del mes de octubre.
Además de los decesos, el parlamentario Rojas indicó que a esa comisión legislativa han llegado denuncias de que en algunos centros de detención los reos introducen objetos ilícitos como bebidas alcohólicas y diversos estupefacientes, asimismo se han registrado robos en el área perimetral en donde se ubican los distintos penales.
En este tema García Fuentes indicó que han iniciado con el proceso de depuración de las unidades de análisis e inspectoría general con lo cual se persigue tener mayor información de lo que sucede en los centros preventivos. “La idea es que haya un reentrenamiento de todo el personal para que las unidades de control tengan el funcionamiento adecuado”,  afirmó el funcionario.
Al concluir la citación el presidente de esa sala legislativa, mostró su preocupación y dijo: “Nos llama poderosamente la atención de que el Director exprese que están trabajando en protocolos de seguridad, cuando tenemos el conocimiento que estos han existido por años, por lo que en quince días se le estará citando nuevamente para que nos pueda explicar cuáles han sido los avances en esta materia”, resaltó Rojas.
García, el reo que falleció el martes en el Boquerón, fue detenido el pasado 9 de septiembre en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y era sindicado de negación de asistencia económica, según la denuncia presentada en el Ministerio Público. En ese centro carcelario  donde estaba recluido guardan prisión al menos 570 reos, pese a que su capacidad es para 80.
Por Karen Mendoza.

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La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), presentó ante la Comisión legislativa de Recursos Hídricos, y al Colectivo “Agua, Vida y Territorio”, los estudios realizados en torno a la problemática del agua, su uso y consumo, el cual servirá como marco de referencia para la elaboración y regulación  del vital líquido.
En la reunión estuvieron el diputado Ferdy Elías, presidente de la comisión de Agua, así como Daniel Pascual director de “Agua, Vida y Territorio”, así como representantes de las iglesias católica y evangélica.
Los Decanos de Ciencias Químicas y Farmacia, Rubén Velásquez y el Decano de Agronomía, Sergio Camey, dieron a conocer la problemática que se presenta en toda la república  relacionado con el tema. En las mesas de diálogo y propuestas participaron 3 mil 881 personas, entre líderes comunitarios y personas individuales, focalizando problemas serios ambientales, contaminación, apropiación y desvíos que provocan escases y contaminación del agua en varias comunidades.
Al respecto, el Presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, Ferdy Elías, dijo que el estudio científico de la USAC, le da validez a muchas propuestas que fueron enviadas a la comisión y que reflejan la preocupación por el abuso en el aprovechamiento de este recurso.
“Lo que si se va a garantizar en la nueva ley es el consumo humano, que toda entidad que lucre con el agua tenga que pagar. Esos recursos servirán para que funcione la nueva institución que tendrá a su cargo la regulación, protección y  mantenimiento de las cuencas”.
Daniel Pascual, hizo ver que muchas de las preocupaciones están expresadas en el diagnóstico presentado por la USAC, sin embargo, estarán atentos a los planteamientos políticos, técnicos y socioculturales. “Ahí hay un asunto gravísimo que es la protección de las cabezas de cuencas que son donde nace el agua y eso se da en la mayoría de poblaciones indígenas”
Pascual advirtió que estarán vigilantes para que la nueva autoridad que dirija la política del agua, no abuse y que respete la autonomía y determinación de los pueblos.
Al finalizar la reunión el diputado Elías dijo que van analizar los resultados presentados por la USAC, y que seguirán recabando información de otras instancias involucradas con el propósito de elaborar una sola propuesta de Ley de Aguas.
Por José Luis Hernández.

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