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El pleno del Congreso de la República, en el punto cuarto de la tercera sesión ordinaria celebrada este martes, conoció el informe de los jefes de bloque, relacionado con los diputados que presidirán las comisiones legislativas ordinarias de trabajo para el período legislativo 2017-2018.

Asimismo, por no contar con mayoría y solamente 45 votos a favor, se rechazó la moción privilegiada propuesta por el congresista Carlos Enrique Chavarría, del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo), para alterar el orden del día y que se derogaran los acuerdos legislativos 6-2017 y 7-2017, que dieron vida a la creación y presidencia de 16 comisiones extraordinarias.

En este tema, el presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, indicó: “Emitimos nuestro voto en favor de la moción presentada por el diputado Chavarría y lamentamos que no haya sumado los votos necesarios para derogar esas salas de trabajo, las cuales duplican funciones de otras ya existentes, por lo que continúan vigentes”.

Por otra parte, con 75 votos a favor se improbó el proyecto de punto resolutivo dirigido al Ministerio de Economía y expresado contra el alza a la canasta básica, propuesto por Álvaro Velásquez, diputado independiente, y María Cristina Quinto, diputada del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

La propuesta tenía como propósito que dicha cartera implementara los mecanismos necesarios para protejan a los consumidores y evitar el alza en los productos de consumo básico.

Finalmente, por no contar con el quórum necesario, el jefe del Parlamento procedió a levantar la sesión y convocar para el jueves 26, a partir de las 10:00 horas, para continuar con los puntos del orden del día establecido para este martes, entre los que se encuentran la presentación del informe circunstanciado del presidente en funciones del Banco de Guatemala, Francisco Recinos Rivera, y la elección de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

Por Karen Mendoza

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“Quiero ser un facilitador, abrir el diálogo, los consensos y alcanzar grandes acuerdos, por el bienestar de todos los guatemaltecos”. Esa fue una de las frases que expuso el actual presidente del Congreso de la República, Óscar Chinchilla, durante una entrevista concedida este lunes en el programa Viva la Mañana, del canal Guatevisión.

La entrevista abarcó diversos temas de interés en los cuales el titular del Legislativo tuvo la oportunidad de exponer la propuesta de su agenda prioritaria y sus diferentes compromisos para transparentar el trabajo del Congreso, además de aclarar los entredichos que surgieron a raíz de la aprobación de 16 comisiones extraordinarias que han sido cuestionadas.

“Las reformas a la Constitución en materia de justicia, la segunda generación de modificaciones a Ley Electoral y de Partidos Políticos, cambios a la Ley de la Contraloría General de Cuentas y a la Ley de Contrataciones del Estado; la aprobación de la Ley de Desarrollo Social y la de Competencias son temas que espero poder sacar adelante durante estos doce meses”, dijo Chinchilla.

Apertura

El presidente se comprometió a seguir adelante con el cumplimiento de la nueva Ley del Servicio Civil del Congreso, con la intención de “dejar fuera los desmanes del pasado en cuanto a las contrataciones de personal y los sueldos devengados”, pero dijo que irá más lejos, al exponer a la sociedad civil las diferentes adquisiciones y cotizaciones que realice el Congreso.

“Esta no debe ser una medida exclusiva del Legislativo; debe replicarse en todos los organismos del Estado donde también se pueden estar cometiendo abusos”, agregó.

 

La oposición

Al ser cuestionado sobre los diversos señalamientos hechos por la bancada de oposición Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Chinchilla explicó: “No hubo una negociación ni reuniones turbias para la elección; los políticos deben reunirse diariamente para discutir temas de interés nacional”.

“Me siento satisfecho, ya que incluso diversos columnistas habían recomendado que no se brindará el poder del Legislativo a una bancada mayoritaria, ya que esto debilita el diálogo; vengo de una bancada de 5 diputados y estoy obligado a tomar en cuenta todas las representaciones”, explicó.

Acerca del expresidente Mario Taracena mencionó que tiene muchos méritos en materia legislativa, “pero no son logros unipersonales, ya que fue un equipo completo, que él también integraba, que tomó las decisiones que luego fueron apoyadas por la mayoría de diputados”.

En cuanto a la integración de 16 comisiones extraordinarias que fueron impugnadas por esa bancada, Chinchilla resaltó que él ni la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), a la que pertenece, están de acuerdo, por lo que presentarán una moción privilegiada orientada a dejarlas sin efecto y someterlas a una verdadera discusión.

En otro tema, aprovechó la oportunidad para solicitar al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que se le dé el acompañamiento necesario al Congreso de la República durante el proceso de elección del nuevo magistrado de conciencia de Guatemala, que debe realizarse este mismo año.

Al finalizar la entrevista, además de agradecer el espacio, dijo: “No soy un político tradicional que salga todos los días en los medios de comunicación inaugurando obras, pero quiero que la población me permita demostrar con acciones que podemos hacer las cosas bien y recuperar la credibilidad de los guatemaltecos en un organismo tan importante como el Congreso de la República”.

Por Mayra Recinos

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La Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloque decidieron este lunes el contenido de las agendas para las sesiones plenarias ordinarias de martes 24 y jueves 26, y en la primera destaca conocer el expediente de antejuicio 22-2017 promovido contra Blanca Aida Stalling Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien es señalada por el delito de tráfico de influencias; el documento fue remitido por la CSJ al Legislativo el pasado viernes.

Dicho protocolo se originó tras la denuncia que el juez Carlos Giovanni Ruano hiciera de supuestas presiones por parte de la jurista para beneficiar con libertad condicional a su hijo, Otto Molina Stalling, quien enfrenta cargos por el caso de corrupción conocido como IGSS-PISA, que está en proceso de investigación.

Por otra parte, los congresistas conocerán el informe de quienes presidirán las distintas comisiones ordinarias de trabajo para el período 2017-2018, así como la integración de la Comisión de Derechos Humanos, la cual, según la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se integra por un diputado de cada partido político representado en el Parlamento.

Asimismo, se aprobó incluir en la sesión programada para el jueves 26 la juramentación de los representantes del Congreso ante el Registro Nacional de las Personas y el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.

Los diputados acordaron retirar de la agenda la discusión por artículos y redacción final de la Ley de Personas con Discapacidad, para solicitar un dictamen técnico al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Superintendencia de Administración Tributaria sobre el costo de la implementación de dicha normativa, pese a la oposición de los bloques Convergencia, Todos y Winaq.

Finalmente, se fijó para el lunes 30 de enero la audiencia solicitada por el sector privado organizado, representado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras a la Instancia de Jefes de Bloque, para exponer su punto de vista en torno a las reformas constitucionales al Sector Justicia.

En ese tema se acordó que el martes 31 se atenderá a la Secretaría Técnica y a otras organizaciones. “Estamos en la disposición de escuchar a todos los sectores que han trabajado y estén interesados en el tema, para que puedan hacerlo de manera abierta y contribuir a una discusión integral, que dé como resultado la aprobación responsable y consensuada de las reformas en materia de justicia”, resaltó el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla.

Por Karen Mendoza

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El diputado Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala (EG), quien presidirá la Comisión de Reformas al Sector Justicia, informó que se priorizará la agenda con varios proyectos de ley pendientes del año pasado que fueron presentadas por congresistas y autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Este año vamos a continuar con el estudio, análisis y dictamen de las 7 iniciativas que no fue posible revisar el año pasado, y estoy realizando el plan de trabajo para planificar las reuniones con los diputados y definir qué autoridades serán citadas para examinar su contenido y emitir el dictamen correspondiente”, refirió.

Entre las iniciativas pendientes de estudio están las reformas a los Decretos 17-73, Código Penal, y 51-92, Código Procesal Penal; Ley de Implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; reformas al Decreto 17-73, por la pena de muerte; Código Procesal Civil y modificaciones al Decreto 55-2010, Ley de Extinción de Dominio, las cuales fueron presentadas por diferentes congresistas.

Además, el congresista mencionó que magistrados de la CSJ presentaron propuestas de reformas al Decreto 107 del Jefe de Gobierno, Código Procesal Civil y Mercantil y a la Ley de Registro Nacional de de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos.

Lira informó que convocarán a delegados de diferentes instituciones, entre ellas el Ministerio de Gobernación, Dirección General del Sistema Penitenciario e Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con el propósito de integrar la mesa técnica de trabajo que verificará el avance de la Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, Decreto Legislativo 49-2016, que dispone la utilización de dispositivos electrónicos para controlar a los reos y evitar el hacinamiento de las cárceles.

José Castellanos.

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El 31 de diciembre de 2017 se vence el plazo para entregar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) el informe anual 2016 que demanda la Ley de Acceso a la Información.

En ese sentido, la Junta Directiva del Congreso de la República hace un llamado a todos los sujetos obligados a atender esta obligación en aras de la transparencia institucional, y anuncia que en breve estará cumpliendo con el mandato legal de enviar a la PDH, el informe por escrito correspondiente al año 2016.

Del 1 de enero al 21 de diciembre de 2016, ingresaron la Unidad de Acceso a la Información 770 solicitudes. De estas, 316 eran sobre información referente a personal del Congreso, salarios, tiempo extraordinario, ubicaciones, expedientes laborales y puestos; 204 se referían a temas legislativos, información sobre diputados, decretos, iniciativas y resoluciones de Junta Directiva y 80 sobre temas administrativos, viajes, dietas de diputados, fondos rotativos y contratos, entre otras.

El artículo 48 le la Ley de Acceso a la Información establece que los sujetos obligados deberán presentar al Procurador de los Derechos Humanos, un informe por escrito correspondiente al año anterior, a más tardar antes de que finalice el último día hábil del mes de enero siguiente.

El informe deberá contener: 1. El número de solicitudes formuladas al sujeto obligado de que se trate y el tipo de información requerida; 2. El resultado de cada una de las solicitudes de información; 3. Sus tiempos de respuesta; 4. La cantidad de solicitudes pendientes; 5. La cantidad de solicitudes con ampliación de plazos; 6. El número de solicitudes desechadas; 7. La cantidad de solicitudes no satisfechas por ser información reservada o confidencial; y 8. El número de impugnaciones.

Los sujetos obligados son toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado, o actos de la administración pública en general.

Según información de la PDH, 565 sujetos obligados incumplieron con la entrega del informe anual en 2015 que demanda la Ley de Acceso a la Información, por lo que este año la directiva del Congreso, en atención al clamor popular, y como muestra de que continuará con la política de transparencia, se compromete a cumplir, como hizo en años anteriores, y a mantener actualizada la información en la página web www.congreso.gob.gt que la ley obliga.

 

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El presidente del Congreso de la República, Óscar Chinchilla Guzmán, explicó esta mañana que el Legislativo cumplirá a cabalidad con lo establecido en la Ley de Materia de Antejuicios (Decreto 85-2002), cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envíe el expediente promovido contra la magistrada Blanca Stalling, a quien se acusa de haber cometido el delito de tráfico de influencias.

La solicitud de retirar la inmunidad a la funcionaria de la CSJ se originó después de que el juez Carlos Giovanni Ruano denunció públicamente haber sido presionado por Stalling para beneficiar con libertad condicional a su hijo, Otto Molina Stalling, quien actualmente enfrenta cargos por el caso de corrupción conocido como IGSS-PISA, que se encuentra en proceso de investigación.

El presidente Chinchilla indicó que el Congreso aún no ha recibido los documentos que amparan la solicitud de antejuicio, pero aseguró que cuando ello ocurra lo conocerán en la sesión inmediata que se celebre, tal como lo establece la ley.

“El pleno procederá a integrar, por medio de un sorteo, a una comisión de 5 diputados; el primero será quien presida la instancia pesquisidora, el segundo ocupará el cargo de secretario y los tres restantes serán vocales”, explicó.

Además, dijo que la tarea de la Comisión Pesquisidora consistirá en poner a disposición del pleno los elementos que permitan establecer si, como consecuencia de los hechos investigados, el funcionaria judicial deba ser puesta a disposición de la justicia común.

Por Mayra Recinos

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Durante una conferencia de prensa, el diputado Julián Tesucún, presentó la propuesta de ley de Fomento a la Inversión Pública Local, que pretende regular la inversión para el saneamiento e infraestructura vial en los departamentos.

La iniciativa tiene el fin de incentivar a los contribuyentes de manera directa en la ejecución de obras públicas, uniendo esfuerzos con las municipalidades para los proyectos de desarrollo del país y de lqas comunidades.

“La propuesta la hemos trabajado desde hace algunos meses; se pretende que las autoridades municipales y la población en general, a través de comités o grupos de vecinos, se unan para realizar proyectos de infraestructura vial y recursos naturales”, explico el congresista del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

En el artículo 2 se especifica: “Los proyectos de inversión pública local deben enfocarse en la creación, mantenimiento y mejora de las obras de infraestructura para los servicios públicos municipales, obras de saneamiento u obras de urbanización en convenio con una o varias municipalidades del país”.

La iniciativa debe ser conocida por el pleno y enviada a una de las comisiones de trabajo para su análisis.

Por Karla Herrera

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El proyecto Reforma al Código de Trabajo, Decreto 1441 del Congreso de la República, fue presentado por el parlamentario Raúl Romero Segura, jefe de la bancada Fuerza, con el objetivo de prohibir la discriminación laboral por motivos de edad, religión, etnia, ideologías políticas, sexo o discapacidad física al momento de hacer una convocatoria de empleo.

El diputado expuso que la Constitución Política de la República establece que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social, y que el régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social.

“Esta iniciativa viene a complementar el esfuerzo que se ha hecho el Legislativo al aprobar el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, que aprueba el tiempo parcial de trabajo”, señaló el congresista, quien detalló que se busca adicionar al artículo 14 la prohibición de excluir y limitar la oportunidad a las personas que deseen postularse para un empleo.

“Muchos de los anuncios indican que se solicitan trabajadores de entre 18 y 30 años; lo que buscamos es un trato igualitario, como se establece en la Constitución, y garantizar el derecho al trabajo para todos los guatemaltecos, sin importar su edad” declaró.

Según dijo, este proyecto permitirá al empleador ampliar la posibilidad de oferta y dar a todos los ciudadanos la posibilidad de optar a cualquier plaza laboral.

“El resultado de la falta de trabajo se ve reflejado en la violencia y la delincuencia. Al ser aprobado este artículo, será ilegal cualquier tipo de convocatoria de empleo donde se establezca un límite de edad”, concluyó.

Por Rosemary Recinos.

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El embajador del Reino de Suecia acreditado en Guatemala, Georg Andrèn, efectuó este viernes una visita de cortesía al presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, quien le compartió la agenda legislativa prioritaria para el presente año, en la cual resaltan las reformas constitucionales al Sector Justicia y la tercera generación de las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El diplomático reiteró el apoyo técnico que ha brindado su país al Organismo Legislativo, a través del Parlamento Abierto y Democrático (PARLAD). “Tenemos vinculaciones muy estrechas y de amistad con Guatemala, razón por la cual hemos expresado al presidente Chinchilla la buena voluntad de continuar apoyando de forma técnica al fortalecimiento de las practicas legislativas por medio del PARLAD”, aseguró.

Andrèn explicó que la agenda legislativa presentada se acomoda a las expectativas del país sueco, debido a que contempla, además, la elección de un nuevo titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos y del jefe del Ministerio Público.

El Parlamento Abierto es el órgano ejecutor de las acciones para el cumplimiento de los objetivos planteados en la Carta de Entendimiento para la Cooperación entre el Congreso de la República y el Pueblo del Reino de Suecia, suscrita por ambos países en septiembre de 2014; su objetivo principal es fortalecer técnica e institucionalmente al Congreso de la República, mediante la participación ciudadana organizada, que transforme el sistema político, para desarrollar un marco normativo democrático.

El PARLAD es un consorcio conformado por Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia, el Centro de Estudios de Guatemala, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y el Instituto Nacional Demócrata.

Por Karen Mendoza

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