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Durante una reunión con el diputado Luis Hernández Azmitia, presidente de la Comisión Extraordinaria de Desnutrición Crónica y Primer Nivel en Salud, dirigentes sindicales salubristas del Frente Nacional de Lucha solicitaron una reunión urgente con el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, para exponer sus demandas, y pedir el apoyo de las Comisiones de Salud y Desnutrición Crónica para participar en las mesas de diálogo.

Según los sindicalistas, afrontan “una crisis laboral y de demanda hospitalaria que no está siendo atendida en los hospitales departamentales”, por lo cual pidieron que se atiendan sus demandas con urgencia.

Hernández Azmitia, del Movimiento Reformador (MR), escuchó los problemas expuestos y ofreció intervenir en favor de resolver los temas laborales y de atención en salud. Indicó que es importante verificar el abastecimiento, pues las cuotas no llegan al 70 por ciento.

Agregó que en el tema laboral se sabe que hay 50 mil empleados, de los cuales a 32 mil no se les ha renovado contrato, “lo cual provoca desestabilización”.

Los sindicalistas dijeron estar de acuerdo con que se instale la Mesa de Diálogo propuesta por Organismo Ejecutivo; no obstante, solicitan la participación de comisión presidida por Hernández Azmitia y la de Salud.

El legislador cerró la reunión informando que será importante contar con datos reales de la situación en la red de salud. “Solo con información verídica se podrá enfrentar la crisis y proponer soluciones a los problemas”, aseveró.

Por Mayra Recinos

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Diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), que coordina el parlamentario Julio Lainfiesta, se reunieron con Rubén Morales, ministro de Economía; Néstor Guerra, director del Instituto Nacional de Estadística, y con expendedores de carne de pollo para analizar el arancel de importación.

Existe una confusión respecto de un incremento en el impuesto a las piezas de pollo, que podría deberse a un error en la inclusión de dos partidas arancelarias mediante una resolución del Consejo de Ministros de Centro América, explicó el parlamentario Rudy Castañeda.

“Esto tiene que ver con las negociaciones que se hicieron en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, pues esas partidas equivalían lo mismo que los cuadrilles de pollo que ya estaban contenidos en el Tratado de Libre Comercio”, expresó Castañeda.

Agregó que en el 2015 se manejaba cero por ciento de arancel; sin embargo, al tomar posesión las nuevas autoridades del Ministerio de Economía el año pasado se eliminaron esas partidas y se dejaron únicamente las 2 originales, por lo que el impuesto para este año es del 12.5 por ciento.

Édgar Méndez, vicepresidente de los expendedores, señaló que han absorbido el aumento en el costo, pero que ya no podrán seguir haciéndolo y si no se encuentra una solución, en febrero trasladarán el alza al consumidor.

Por su parte, Morales, expresó que les corresponde regularizar la aplicación del gravamen para una pieza en particular (cuadril), que es únicamente la importada de Estados Unidos, y recordó que el resto de piezas, incluyendo el pollo entero, entran sin pagar arancel.

“Solo es una pieza la que genera controversia y queremos comunicar que ya se inició un proceso de consulta con otras entidades de Gobierno, para definir qué mecanismos tenemos a la mano según el Tratado de Libre Comercio y nuestra legislación, en aras de encontrar alternativas que permitan una solución para Guatemala”, concluyó el funcionario.

Por Rosemary Recinos.

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Autoridades de los 48 cantones del departamento de Totonicapán y alcaldes de San Marcos y Huehuetenango denunciaron cobros indebidos y anomalías en la prestación del alumbrado público a los congresistas que integran la Comisión de Transparencia y Probidad, que preside el diputado Amílcar Pop, del bloque Winaq.

A la cita acudieron Luis Chang, ministro de Energía y Minas; Jorge Guillermo Arauz, presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica; autoridades de la Procuraduría General de la Nación y de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Contraloría General de Cuentas y Dirección de Atención al Consumidor, quienes fueron cuestionados por las acciones que ejecutan en esa materia.

“Los pobladores nos hicieron entrega de memoriales y denuncias por cobros desmedidos en las comunidades y a nivel general de toda la población; evidenciamos más de 280 convenios ilegales que la Contraloría plantea que son lesivos y responsabilizan a las autoridades de la empresa Energuate y a corporaciones municipales pasadas”, refirió el parlamentario Pop.

El titular de la cartera de Energía y Minas indicó que se deben cumplir todos los procesos legales y respetar el estado de derecho. “La tarifa social estará vigente hasta el último día de enero, y la tarifa que corresponda al siguiente trimestre será una resolución directamente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica; yo no puedo hablar del precio porque no me corresponde a mí, sino a la Comisión”, puntualizó.

Fidel Adalberto Baquiax, presidente de la Junta de Alcaldes de los 48 cantones de Totonicapán, explicó: “Es una gran indignación para los pueblos indígenas y la población en general por los cobros ilícitos que están encareciendo a las personas; nos estamos oponiendo porque este mes los recibos para cancelar la energía eléctrica están alterados con el aumento desmedido, por lo que estaremos analizando las medidas a tomar en los próximos días”.

José Castellanos.

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En cumplimiento de la Ley en Materia de Antejuicios, el Congreso de la República eligió, mediante una tómbola, a los cinco diputados que integran la comisión pesquisidora que conocerá el expediente promovido contra la magistrada Blanca Aida Stalling, de la Corte Suprema de Justicia.

La instancia está integrada así:

Presidente:

Julio César Longo Maldonado (FCN-Nación)

Secretario:

Germán Estuardo Velásquez Pérez (PP)

Vocales:

Eva Nicole Monte Bac (AC)

Mario Velásquez Pérez (Creo)

Oliverio García Rodas (MR)

Los legisladores electos deberán analizar la acusación contra la magistrada, señalada de haber incurrido en el delito de tráfico de influencias al haber pretendido que se favoreciera a su hijo, Otto Molina Stalling, implicado en el caso IGSS-Pisa, según declaraciones del juez Carlos Giovanni Ruano.

“Este miércoles realizaremos la primera reunión de trabajo, por lo que esperamos avanzar en el tema y que en 2 o 3 semanas podamos tener un informe sobre el mismo”, enfatizó Longo.

Por Karla Herrera

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El pleno del Congreso de la República, en el punto cuarto de la tercera sesión ordinaria celebrada este martes, conoció el informe de los jefes de bloque, relacionado con los diputados que presidirán las comisiones legislativas ordinarias de trabajo para el período legislativo 2017-2018.

Asimismo, por no contar con mayoría y solamente 45 votos a favor, se rechazó la moción privilegiada propuesta por el congresista Carlos Enrique Chavarría, del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo), para alterar el orden del día y que se derogaran los acuerdos legislativos 6-2017 y 7-2017, que dieron vida a la creación y presidencia de 16 comisiones extraordinarias.

En este tema, el presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, indicó: “Emitimos nuestro voto en favor de la moción presentada por el diputado Chavarría y lamentamos que no haya sumado los votos necesarios para derogar esas salas de trabajo, las cuales duplican funciones de otras ya existentes, por lo que continúan vigentes”.

Por otra parte, con 75 votos a favor se improbó el proyecto de punto resolutivo dirigido al Ministerio de Economía y expresado contra el alza a la canasta básica, propuesto por Álvaro Velásquez, diputado independiente, y María Cristina Quinto, diputada del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

La propuesta tenía como propósito que dicha cartera implementara los mecanismos necesarios para protejan a los consumidores y evitar el alza en los productos de consumo básico.

Finalmente, por no contar con el quórum necesario, el jefe del Parlamento procedió a levantar la sesión y convocar para el jueves 26, a partir de las 10:00 horas, para continuar con los puntos del orden del día establecido para este martes, entre los que se encuentran la presentación del informe circunstanciado del presidente en funciones del Banco de Guatemala, Francisco Recinos Rivera, y la elección de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

Por Karen Mendoza

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“Quiero ser un facilitador, abrir el diálogo, los consensos y alcanzar grandes acuerdos, por el bienestar de todos los guatemaltecos”. Esa fue una de las frases que expuso el actual presidente del Congreso de la República, Óscar Chinchilla, durante una entrevista concedida este lunes en el programa Viva la Mañana, del canal Guatevisión.

La entrevista abarcó diversos temas de interés en los cuales el titular del Legislativo tuvo la oportunidad de exponer la propuesta de su agenda prioritaria y sus diferentes compromisos para transparentar el trabajo del Congreso, además de aclarar los entredichos que surgieron a raíz de la aprobación de 16 comisiones extraordinarias que han sido cuestionadas.

“Las reformas a la Constitución en materia de justicia, la segunda generación de modificaciones a Ley Electoral y de Partidos Políticos, cambios a la Ley de la Contraloría General de Cuentas y a la Ley de Contrataciones del Estado; la aprobación de la Ley de Desarrollo Social y la de Competencias son temas que espero poder sacar adelante durante estos doce meses”, dijo Chinchilla.

Apertura

El presidente se comprometió a seguir adelante con el cumplimiento de la nueva Ley del Servicio Civil del Congreso, con la intención de “dejar fuera los desmanes del pasado en cuanto a las contrataciones de personal y los sueldos devengados”, pero dijo que irá más lejos, al exponer a la sociedad civil las diferentes adquisiciones y cotizaciones que realice el Congreso.

“Esta no debe ser una medida exclusiva del Legislativo; debe replicarse en todos los organismos del Estado donde también se pueden estar cometiendo abusos”, agregó.

 

La oposición

Al ser cuestionado sobre los diversos señalamientos hechos por la bancada de oposición Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Chinchilla explicó: “No hubo una negociación ni reuniones turbias para la elección; los políticos deben reunirse diariamente para discutir temas de interés nacional”.

“Me siento satisfecho, ya que incluso diversos columnistas habían recomendado que no se brindará el poder del Legislativo a una bancada mayoritaria, ya que esto debilita el diálogo; vengo de una bancada de 5 diputados y estoy obligado a tomar en cuenta todas las representaciones”, explicó.

Acerca del expresidente Mario Taracena mencionó que tiene muchos méritos en materia legislativa, “pero no son logros unipersonales, ya que fue un equipo completo, que él también integraba, que tomó las decisiones que luego fueron apoyadas por la mayoría de diputados”.

En cuanto a la integración de 16 comisiones extraordinarias que fueron impugnadas por esa bancada, Chinchilla resaltó que él ni la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), a la que pertenece, están de acuerdo, por lo que presentarán una moción privilegiada orientada a dejarlas sin efecto y someterlas a una verdadera discusión.

En otro tema, aprovechó la oportunidad para solicitar al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que se le dé el acompañamiento necesario al Congreso de la República durante el proceso de elección del nuevo magistrado de conciencia de Guatemala, que debe realizarse este mismo año.

Al finalizar la entrevista, además de agradecer el espacio, dijo: “No soy un político tradicional que salga todos los días en los medios de comunicación inaugurando obras, pero quiero que la población me permita demostrar con acciones que podemos hacer las cosas bien y recuperar la credibilidad de los guatemaltecos en un organismo tan importante como el Congreso de la República”.

Por Mayra Recinos

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La Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloque decidieron este lunes el contenido de las agendas para las sesiones plenarias ordinarias de martes 24 y jueves 26, y en la primera destaca conocer el expediente de antejuicio 22-2017 promovido contra Blanca Aida Stalling Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien es señalada por el delito de tráfico de influencias; el documento fue remitido por la CSJ al Legislativo el pasado viernes.

Dicho protocolo se originó tras la denuncia que el juez Carlos Giovanni Ruano hiciera de supuestas presiones por parte de la jurista para beneficiar con libertad condicional a su hijo, Otto Molina Stalling, quien enfrenta cargos por el caso de corrupción conocido como IGSS-PISA, que está en proceso de investigación.

Por otra parte, los congresistas conocerán el informe de quienes presidirán las distintas comisiones ordinarias de trabajo para el período 2017-2018, así como la integración de la Comisión de Derechos Humanos, la cual, según la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se integra por un diputado de cada partido político representado en el Parlamento.

Asimismo, se aprobó incluir en la sesión programada para el jueves 26 la juramentación de los representantes del Congreso ante el Registro Nacional de las Personas y el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.

Los diputados acordaron retirar de la agenda la discusión por artículos y redacción final de la Ley de Personas con Discapacidad, para solicitar un dictamen técnico al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Superintendencia de Administración Tributaria sobre el costo de la implementación de dicha normativa, pese a la oposición de los bloques Convergencia, Todos y Winaq.

Finalmente, se fijó para el lunes 30 de enero la audiencia solicitada por el sector privado organizado, representado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras a la Instancia de Jefes de Bloque, para exponer su punto de vista en torno a las reformas constitucionales al Sector Justicia.

En ese tema se acordó que el martes 31 se atenderá a la Secretaría Técnica y a otras organizaciones. “Estamos en la disposición de escuchar a todos los sectores que han trabajado y estén interesados en el tema, para que puedan hacerlo de manera abierta y contribuir a una discusión integral, que dé como resultado la aprobación responsable y consensuada de las reformas en materia de justicia”, resaltó el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla.

Por Karen Mendoza

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El diputado Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala (EG), quien presidirá la Comisión de Reformas al Sector Justicia, informó que se priorizará la agenda con varios proyectos de ley pendientes del año pasado que fueron presentadas por congresistas y autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Este año vamos a continuar con el estudio, análisis y dictamen de las 7 iniciativas que no fue posible revisar el año pasado, y estoy realizando el plan de trabajo para planificar las reuniones con los diputados y definir qué autoridades serán citadas para examinar su contenido y emitir el dictamen correspondiente”, refirió.

Entre las iniciativas pendientes de estudio están las reformas a los Decretos 17-73, Código Penal, y 51-92, Código Procesal Penal; Ley de Implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; reformas al Decreto 17-73, por la pena de muerte; Código Procesal Civil y modificaciones al Decreto 55-2010, Ley de Extinción de Dominio, las cuales fueron presentadas por diferentes congresistas.

Además, el congresista mencionó que magistrados de la CSJ presentaron propuestas de reformas al Decreto 107 del Jefe de Gobierno, Código Procesal Civil y Mercantil y a la Ley de Registro Nacional de de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos.

Lira informó que convocarán a delegados de diferentes instituciones, entre ellas el Ministerio de Gobernación, Dirección General del Sistema Penitenciario e Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con el propósito de integrar la mesa técnica de trabajo que verificará el avance de la Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, Decreto Legislativo 49-2016, que dispone la utilización de dispositivos electrónicos para controlar a los reos y evitar el hacinamiento de las cárceles.

José Castellanos.

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El 31 de diciembre de 2017 se vence el plazo para entregar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) el informe anual 2016 que demanda la Ley de Acceso a la Información.

En ese sentido, la Junta Directiva del Congreso de la República hace un llamado a todos los sujetos obligados a atender esta obligación en aras de la transparencia institucional, y anuncia que en breve estará cumpliendo con el mandato legal de enviar a la PDH, el informe por escrito correspondiente al año 2016.

Del 1 de enero al 21 de diciembre de 2016, ingresaron la Unidad de Acceso a la Información 770 solicitudes. De estas, 316 eran sobre información referente a personal del Congreso, salarios, tiempo extraordinario, ubicaciones, expedientes laborales y puestos; 204 se referían a temas legislativos, información sobre diputados, decretos, iniciativas y resoluciones de Junta Directiva y 80 sobre temas administrativos, viajes, dietas de diputados, fondos rotativos y contratos, entre otras.

El artículo 48 le la Ley de Acceso a la Información establece que los sujetos obligados deberán presentar al Procurador de los Derechos Humanos, un informe por escrito correspondiente al año anterior, a más tardar antes de que finalice el último día hábil del mes de enero siguiente.

El informe deberá contener: 1. El número de solicitudes formuladas al sujeto obligado de que se trate y el tipo de información requerida; 2. El resultado de cada una de las solicitudes de información; 3. Sus tiempos de respuesta; 4. La cantidad de solicitudes pendientes; 5. La cantidad de solicitudes con ampliación de plazos; 6. El número de solicitudes desechadas; 7. La cantidad de solicitudes no satisfechas por ser información reservada o confidencial; y 8. El número de impugnaciones.

Los sujetos obligados son toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado, o actos de la administración pública en general.

Según información de la PDH, 565 sujetos obligados incumplieron con la entrega del informe anual en 2015 que demanda la Ley de Acceso a la Información, por lo que este año la directiva del Congreso, en atención al clamor popular, y como muestra de que continuará con la política de transparencia, se compromete a cumplir, como hizo en años anteriores, y a mantener actualizada la información en la página web www.congreso.gob.gt que la ley obliga.

 

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