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En una reunión en la que se evaluó la ejecución del programa social de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud, el diputado Luis Hernández, presidente la Sala Legislativa de Salud y Asistencia Social, propuso una agenda de trabajo para el Ministerio de Desarrollo Social con la que se cambiaría la calidad de vida de los pobladores.
La agenda sugiere que se invierta en la compra de filtros para purificar agua, implementación de estufas mejoradas así como la instalación de letrinas.
Según el diputado Hernández Azmitia, con esta propuesta, el MIDES debería beneficiar a 7 mil usuarios en el interior del país.
Durante el encuentro, los diputados cuestionaron las razones por las que a la fecha llevan una ejecución de apenas el 23.45 por ciento.
El diputado Hernández Azmitia, informó que aunque el programa depende de los Centros de Salud, el 90 por ciento están cerrados.
“Nosotros insistimos que en Guatemala no se cuenta con un primer nivel de atención en salud y este programa esta diseñado como un proyecto de inclusión social, que debe llegar a las comunidades rurales para que los pobladores sean atendidos y así bajen los índices de enfermedades que agobian en el interior del país”, dijo el diputado Hernández.
El congresista agregó que en base a estas situaciones están fiscalizando la baja ejecución presupuestaria y los planes de trabajo del Mides porque quieren apoyarles.
José Guillermo Moreno, titular del MIDES, admitió que hay debilidades en la cartera y afirmó que trabajan para superarlas. Entre los obstáculos que encuentran está la falta de personal y vehículos a nivel nacional.
“La ejecución presupuestaria ha sido lenta pero esperamos superar, para finales del año, el 75 por ciento de la ejecución presupuestaria. El Ministro de Finanzas quedó de trasladarnos Q200 millones para terminar con más del 80 por ciento”, dijo el titular del Mides.
Al concluir la reunión de trabajo se acordó un nuevo encuentro para la próxima semana para continuar fiscalizando los programas sociales que impulsa este ministerio y conocer los avances de los diferentes programas sociales.
Por José Castellanos.

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Conocer el Estado de Calamidad, según el Acuerdo Gubernativo 7-2016, enviado por el Organismo Ejecutivo para su aprobación, modificación o improbación, así como elegir al nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en sustitución de Douglas René Charchal, son los puntos trascendentes en la agenda aprobada para la sesión plenaria de este martes 27.

La Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República, presidida este lunes por el diputado Iván Arévalo, acordó continuar con la sesión permanente para conocer la iniciativa de Ley de Implementación de Mecanismos de Regularización de Velocidad de los Vehículos de Transporte Colectivo y/o de Carga.
En el tema de la CSJ, los congresistas deberán seleccionar a un profesional de la nómina presentada en junio. Los aspirantes son:

• Marco Aurelio Alveña Ovando
• Hugo Haroldo Calderón Morales
• Nidia Violeta Domínguez Tzunum
• Manual Reginaldo Duarte Barreda
• Guillermo Demetrio España Mérida
• Selvin Wilfredo Flores Divas
• Elizabeth Mercedes García Escobar
• Mario Estuardo Gordillo Galindo
• María Consuelo Porras Argueta de Porres
• Brenda Anabella Quiñonez Donis
• Ana María Rodríguez Cortéz
• Rogelio Zarceño Gaitán

Los jefes de bloque acordaron que si agotan estos puntos y se levanta la sesión permanente el jueves se tratarán los siguientes temas:
• Conocer el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso sobre la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
• Conocer la solicitud del Organismo Ejecutivo para que el Congreso entre a conocer y aprobar la iniciativa 4846, la cual dispone aprobar el Contrato Administrativo Número 02-2014 DSM entre la Dirección General de Correos y Telégrafos y las entidades Correos de Guatemala, S.A. e Internacional Postal Services Ltd.
• Conocer en primera lectura, en el marco del Día del Niño, la iniciativa de ley para la Atención Integral de la Primera Infancia en Guatemala.
• Conocer en segundo debate el proyecto 4787, Ley de Turismo.
En segundo debate también se conocerá la iniciativa que dispone autorizar al Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas, a suscribir el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por US$ 150 millones, destinado al Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa.
Por: Byron Ramírez.
 

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En la segunda mesa de trabajo realizada por la Comisión de Deportes del Congreso de la República, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se comprometió a tener en “optimas condiciones” la carretera de Quetzaltenango a San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, antes de que se inicie la 56 Vuelta Ciclística a Guatemala.
El diputado Mario Velásquez, de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), quien preside dicha instancia, expresó que el anuncio da luz a que la justa deportiva llegue a San Marcos, “donde es recibida con gran alegría, debido a que es una fiesta deportiva la que se vive cada año”. Afirmó que verificará que el compromiso de las autoridades se cumpla “y no se quede en promesas solamente”.
“Lo ofrecido por el viceministro es con el fin de que la vuelta ciclística pueda tener su paso por ese tramo carretero sin ningún inconveniente”, puntualizó Carlos Chavarría, integrante de la Comisión de Deportes.
Benito dijo esperar que el Ministerio de Finanzas traslade recursos, pues “son unos 500 metros los que se deben reconstruir totalmente y otros tramos que hay que reparar”.
Lionel López, viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal, afirmó que los fondos serán trasladados para iniciar los trabajos de recapeo y bacheo en las aéreas dañadas, pues hay problemas de infraestructura vial en otras aéreas del país.

Datos

  • La 56 Vuelta Ciclística está programada para llevarse a cabo del 24 de octubre al 1 de noviembre, serán 9 etapas, 2 más que en 2015, aprobadas por la Unión Ciclista Internacional.
  • Se tiene programado que el 28 de octubre, en su etapa 5, que abarca de Cantel, Quetzaltenango-La Pistola-Cuatro Caminos-San Pedro, San Marcos, la carretera esté en mejores condiciones.

Por Byron Ramírez.
 

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Diputados de la bancada Movimiento Reformador (MR), que coordina Boris España, se reunieron con Gladys Morfín, titular de la Procuraduría General de la Nación, y Bernardo López, presidente de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), para aclarar dudas respecto a la posible concesión directa a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) hasta por 21 años.
En septiembre se firmó un oficio que establece la ruta legal que permitiría declarar la nulidad de usufructo oneroso y la concesión, con el afán de solucionar su situación actual y recuperar su disponibilidad, indicó Morfín. Señaló que después de 21 años de operaciones el puerto pasaría a manos de la EPQ y sería patrimonio del país.
En el documento se establece el pago de US $32.7 millones que se debe depositar en el Crédito Hipotecario Nacional en favor del Estado, como medida de reparación, y US $10.5 millones que se compromete la empresa APM Terminales a invertir en beneficio de los municipios de Escuintla.
“Guatemala necesita que esa terminal funcione, pero el tema de las regalías es algo que debe analizarse detenidamente, ya que es una buena oportunidad para incrementar y mejorar los US $11.50 por contenedor que se manejaban con la empresa, si es que se va a renegociar el contrato”, indicó el diputado Luis Contreras.
Por su parte, López comentó que uno de los compromisos firmados es acompañar al Organismo Ejecutivo a la presentación de la iniciativa de ley que entregará al Congreso, para que se pueda autorizar esta concesión. “De aprobarse, se podría establecer lo referente a nuevas las tarifas, arrendamiento y operación de la terminal”, explicó.
El parlamentario Ramiro Sierra cuestionó la firma de este despacho al externar que numéricamente no les demostraron que sea la mejor opción para el país, pues considera “muy bajo el monto establecido para la reparación civil y no hay certeza en el incremento de regalías”.
Los legisladores de MR acordaron verificar las condiciones y el funcionamiento de TCQ, acompañados por el interventor de la Portuaria, para tomar una mejor decisión y definir su postura en el hemiciclo.
Por Rosemary Recinos

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La bancada Alianza Ciudadana (AC) se reunió este martes con el viceministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez, a quien cuestionaron por los 79 mil millones de quetzales propuestos por el Ejecutivo para ser gastados el próximo año por el Estado, debido a que todos los aumentos a entidades del Estado están basados en proyecciones.
“No han estudiado la posibilidad de quitar los préstamos, reducir los gastos, y revisar en todas las instancias del Estado, sería un presupuesto real si se quitan porque solo sirven para endeudar más al país y los problemas en los hospitales y la red vial continúan”, manifestó el jefe de la bancada AC, Francisco Tambriz.
El ministerio de Finanzas Públicas considera que “es un presupuesto idóneo porque se tiene contemplado un incremento del 11 por ciento de recaudación que permitiría alcanzar un aproximado de 57 mil millones y se estaría contemplado llegar al techo de endeudamiento con los préstamos y bonos que se han solicitado”, expresó el vice de dicha cartera Víctor Martínez.
Marvin Orellana consideró la opción de un presupuesto sin préstamos ni bonos del tesoro, ya que todo lo han hecho con proyecciones. El diputado cree que de esta forma, el presupuesto sería más real a la economía del país, en consonancia con la recaudación tributaria y sobre todo, con la ejecución registrada hasta la fecha en las instituciones.
Las autoridades de Finanzas Públicas explicaron que la deuda del país cerrará el 2016 con 127 mil millones de quetzales, Q3 mil millones más que el año pasado.

Por Selvin Rustrián.

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Con el objetivo de consolidar el proyecto de Ley de Regulación de Aguas, que reúna todas las propuestas para normar el tema, este martes diputados de la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos, que preside el congresista Ferdy Elías, recibieron de Interpeace y la Red de Agua y Saneamiento de Guatemala (Rasgua) sugerencias del proceso que debe realizarse para construir una propuesta final que incluya, por ejemplo, la creación de un Consejo Nacional del Agua.
Mariel Aguilar, coordinadora del Programa de Análisis y Transformación de Conflictos Agrarios y Socioambientales de Interpeace, indicó que la propuesta de 24 puntos es el resultado de un proceso de consulta con diversos actores aglutinados en 3 sectores: privado, público y organizaciones sociales.
“Lo innovador es que se sugiere la sustitución de la figura de Administración Nacional del Agua por un Sistema Nacional del Agua, que se constituye como una entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, adscrito al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales”, explicó.
Otro de los aspectos expuestos fue la ampliación de los principios y el carácter dogmático, incluidos en los artículos 28, 75 y 89 de la iniciativa en discusión, con el fin de fortalecer y lograr la inclusión del derecho de los pueblos originarios.
Édgar Fajardo, presidente de Rasgua, dio a conocer que entre los planteamientos de la red de organizaciones esta que la rectoría del Consejo sea compartida por los ministerios de Ambiente, Agricultura y Salud. “Aplaudimos el esfuerzo de la comisión para trabajar una ley en esta materia, ya que se tomó en cuenta la opinión de diversos sectores, lo que ayudara a la construcción de una ley incluyente”, aseguró.
El vicepresidente de la sala legislativa, Leocadio Juracán, manifestó su satisfacción por el resultado de la reunión. “Hemos recibido aportes sustanciales que nos ayudarán a la elaboración de una normativa que considere los aspectos de forma integral. Nos preocupa el factor tiempo, debido a que podría perderse lo trabajado, por lo que estamos haciendo todo lo humanamente posible para presentar una Ley de Aguas que sea representativa y de beneficio para toda la población guatemalteca”, aseveró.
Actualmente existe al menos una docena de iniciativas relacionadas con el tema, algunas de las cuales están a la espera del dictamen y otras de que sean conocidas por el pleno.
Para conocer todas las ponencias entregadas a la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos del Congreso de la República puede visitar el sitio web: www.recursoshidricosgt.wordpress.com, o en el correo: comrecursoshidricos@gmail.com.
Por Karen Mendoza

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Con el propósito de discutir la falta de cumplimiento y procedimientos administrativos relacionados con la contratación de al menos 270 trabajadores la Comisión de Probidad del Congreso citó a José Luis Benito, viceministro Administrativo de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Zayda Estrada, del Fondo Social de Solidaridad (FSS); Máximo Salvador, del Ministerio de Trabajo, y Luis Zúñiga, de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Amílcar Pop, de la bancada Winaq, quien preside la citada sala, dijo que hay irregularidades en la contratación de personal, lo cual “va en detrimento de los derechos laborales con riesgo de favores políticos”.
Según dijo, el personal trabaja desde principios de Julio, ha firmado contrato en el renglón 029 por 4 meses y pagado la fianza de cumplimiento en 4 oportunidades, sin recibir remuneración.
Benito dijo que se les ha hecho ver que no hay contratos firmes y se duda de su contratación formal. “Sus contratos aún están en la oficina de la viceministra de Infraestructura, Alejandra Ma Villatoro, para análisis y posible firma”, detalló.
Sin embargo, Pop aseveró que “todo se debe a disposiciones arbitrarias de una viceministra que no ha querido firmar contratos y documentos”.
Por su parte, el parlamentario Walter Félix manifestó: “El viceministro Benito quiso lavarse las manos diciendo que los trabajadores no estaban contratados, pero los contratos están ahí y que no los hayan firmado es otra cosa”. La comisión fijó un plazo de cuatro días hábiles para que las autoridades resuelvan el problema e informen de ello.
Por José Luis Hernández

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El diputado Álvaro Velásquez, presidente de la Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País, se reunió con funcionarios del Registro Nacional de las Personas (RENAP), Tipografía Nacional y Taller Nacional de Grabados del Ministerio de Finanzas, para conocer los detalles del contrato de la Empresa Easy Marketing, emisora de Documentos Personales de Identificación (DPI).
En la reunión se dio a conocer que dicho contrato termina en febrero del 2017,  según informó Mario Sánchez, director ejecutivo en funciones del RENAP.
El congresista Velásquez, del bloque Convergencia, cuestionó las razones por las que se dispuso contratar a la empresa Easy Marketing y por qué continúan utilizando los servicios  de esta compañía para emitir el DPI.
“Lo que  buscamos es que el RENAP sea el responsable de emitir los DPI y otros documentos para la población y no se contraten servicios externos”, dijo el congresista.
Para ello el equipo que se utiliza para la impresión de los DPI debe quedar en poder del RENAP para que sea la misma institución la encargada de emitir los carnés, puntualizó el congresista.
Por su parte, el director interino del RENAP explicó que la institución ya se encuentra en el proceso de contratación de personal profesional y especializado en digitalización, verificación de huellas, validación biométrica y base de datos.
El director ejecutivo en funciones del RENAP refirió que ya se inició con el proceso de ingresar al inventario las 344 sedes del Renap en toda la República, con lo cual la institución tendrá el control del equipo y podrá establecer las condiciones en que se encuentran, para que cuando se inicie el proceso de impresión por parte del Renap, no existan mayores problemas.
Al concluir la reunión el diputado Velásquez solicitó información del contrato para cotejarla y analizarla y así continuar fiscalizando este proceso hasta que finalice el traspaso de estas funciones al RENAP.
Por José Castellanos.

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Diputados de la Comisión de Turismo, que dirige el representante Santiago Nájera, se reunieron con autoridades del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), Instituto de Fomento Municipal (Infom) y Policía Nacional Civil (PNC), para gestionar la introducción proyectos de agua potable y energía eléctrica, así como ver los índices de inseguridad en el municipio de Conguaco, Jutiapa.
Durante la reunión se logró la conformación de dos instancias para solucionar la problemática. Una comisión estará integrada por Energuate y el Inde, que verá el tema de introducción de energía eléctrica, y la otra por el Infom, Unidad Ejecutora de Acueductos Rurales, sociedad civil y pobladores de las comunidades.
El gerente del Infom, Óscar Suchini, dio a conocer que en el tema del agua potable se hará una visita la próxima semana para verificar la situación del lugar, pues “los proyectos datan desde hace años y deben reactivarse”.
“Debemos ver la situación y hacer los estudios hidrogeológicos en las áreas de los pozos a perforar. Además, es necesario el involucramiento de las autoridades municipales que serán los garantes de la ejecución”, expresó.
En materia de seguridad, Carlos Estuardo Lemus, director general adjunto de la PNC, y Héctor Gómez, jefe de la Comisaría 21 de Jutiapa, reportaron un descenso en la incidencia criminal en el área.
“Las cifras bajaron en un 30 por ciento en comparación con el año anterior; sin embargo, las áreas más vulnerables son la cabecera departamental y los municipios de Asunción Mita y Moyuta”, explicó Lemus.
Por su parte, el diputado Nájera refirió que dará seguimiento a los temas para asegurar que los habitantes de las comunidades cuenten con los servicios requeridos.
“En cuanto a la seguridad, vemos buenos resultados pues los registros policiales reportaron que han bajado los índices de criminalidad en el departamento. Sabemos que hay que mejorar algunas cosas, pero la PNC está poniendo el empeño para mejorar la seguridad de los habitantes”, expresó Nájera.
Finalmente, comentó que celebran el día internacional del turismo y que los integrantes de esta sala de trabajo están consientes de la importancia de la industria turística ya que genera recursos económicos que son de beneficio para el país.

Por Elizabeth Linares
 

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