NOTICIAS RECIENTES

BUSCADOR GENERAL

*Seleccione una de las opciones.


Por tag:


Por Fecha De A

Con 117 votos a favor, el Pleno de los diputados eligió a Elizabeth Mercedes García Escobar como magistrada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en sustitución de Douglas René Charchal, quien renunció a la magistratura tras su supuesta vinculación en el contrato anómalo de usufructo oneroso firmado por 25 años entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal TCQ.
Para el efecto, el Congreso aprobó el Acuerdo 26-2016, por medio del cual se declaró formalmente electa a García Escobar para finalizar el periodo 2014-2019. Seguidamente, el presidente Mario Taracena Díaz-Sol procedió a juramentar a la nueva magistrada, quien juró fidelidad a la Constitución  Política de la República de Guatemala.
García Escobar, quien fue propuesta por el bloque  de FCN-Nación, fue electa de entre una nómina de 12 aspirantes integrada por  Marco Aurelio Alveño Ovando, Hugo Haroldo Calderón Morales, Nidia Violeta Domínguez Tzunum, Manuel Reginaldo Duarte Barreda, Guillermo Demetrio España Mérida, Selvin Wilfredo Flores Divas, Mario Estuardo Gordillo Galindo, María Consuelo Porras Argueta de Porres, Brenda Anabella Quiñónez Donis, Ana María Rodríguez Cortéz y Rogelio Zarceño Gaitán.
La nueva magistrada dijo que va a trabajar para promover el respeto al debido proceso y la ley en Guatemala.
Un informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –divulgado hace algún tiempo con ocasión de la elección de la Corte de Constitucionalidad, a la que también optó Elizabeth Mercedes García Escobar–, dio a conocer parte de la hoja de vida que se resume a continuación.
García Escobar es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1984. Colegiada activa No. 2949.  Nacida en Malacatán, San Marcos. Fue magistrada Vocal Primero de la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de 2009 a la fecha;  magistrada Vocal Primero de la Sala de la Corte de Apelaciones de Familia y posteriormente Presidenta de la Sala de la Corte de Apelaciones de Familia, 2004-2009; magistrada Titular Vocal I de la Sala de la Corte de Apelaciones de Familia; presidenta de la Sala de la Corte de Apelaciones de Familia (sin indicar fecha), y magistrada Titular Vocal I de la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (sin indicar fecha).
También fungió como asesora del Ministerio de Trabajo, 1997; del Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación, 1997-1998; y trabajó como abogada litigante de propio bufete, durante quince años (sin indicar fecha).

Por Myriam Larra

LEER MÁS

Con mayoría absoluta (80 votos), el pleno del Legislativo aprobó el Decreto 45-2016, Ley de Implementación de Mecanismos de Regulación de Velocidad de los Vehículos de Transporte Colectivo o de Carga, por medio del cual se endurecen las sanciones de prisión, económicas y administrativas contra los pilotos del transporte colectivo que se vean involucrados en los accidentes de tránsito.
La norma, que cobrará vigencia ocho días después de su publicación en el Diario de Centro América, establece, entre otros asuntos:

 La retención y suspensión de la licencia de 1 a 2 años y una multa de Q5 mil a Q25 mil a quienes conduzcan vehículo automotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

 La retención y suspensión de la licencia de 2 a 4 años y una multa de Q10 mil a Q50 mil a quienes conduzcan transporte colectivo o de carga bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

También se aprobaron modificaciones al Código Penal respecto de los delitos de Homicidio Culposo y Lesiones Culposas; en el primero de los casos se especifica que al autor del homicidio se le impondrá prisión de 2 a 5 años, mientras en el segundo delito la sanción carcelaria será de 3 meses a 2 años.
La ley además faculta al Ministerio de Comunicaciones para que a través de las direcciones generales de Transportes y de Protección y Seguridad Vial a desarrollar las acciones encaminadas al fortalecimiento de la seguridad vial.
Se reducirán los accidentes
La regulación de las bombas de inyección, para limitar en 80 kilómetros la velocidad del transporte colectivo, es uno de los aspectos incluidos en la ley para reducir el número de accidentes que, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Transporte, en el año se han registrado 88 accidentes de tránsito, principalmente en la carretera al occidente.
“Es una ley bastante dura para las personas irresponsables, porque no es posible que se sigan generando accidentes. Es una norma que desde hace tiempo debimos aprobar”, aseguró el segundo secretario de la Junta Directiva, Luis Contreras, de la bancada Movimiento Reformador.
En tanto, el diputado José Conrado García, de la bancada Lider, expresó su complacencia por la aprobación de la normativa, por la “importancia que tiene para los guatemaltecos”.

En la plenaria de este martes también se empezó a discutir el Estado de Calamidad decretardo por el Organismo Ejecutivo, pero por falta de quórum se postergó el asunto para el jueves 29, a partir de las 10:00 horas.
Por Sayda Galicia
 

LEER MÁS

La comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República presidida por la diputada Thelma Ramírez de la Unidad Nacional de la Esperanza dio dictamen favorable a la reformas a la Ley del Instituto de Fomento Municipal (INFOM), las cuales se modifican con el fin de fortalecer el trabajo de los alcaldes y sus corporaciones municipales.
Para formular las reformas se llevaron a cabo mesas de trabajo en las que participaron representantes del INFOM, Ministerio de Finanzas Públicas, de Trabajo, Procuraduría de General de la Nación y de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).
“Este es un gran paso para fortalecer la autonomía de los alcaldes del interior de la República”, afirmó la presidenta de la comisión Thelma Ramírez, quien destacó el consenso y compromiso de todas las dependencias que participaron y de los integrantes de la comisión.
“En febrero de 1961 fue creada la Ley Orgánica del INFOM, cuando solamente existían 150 alcaldías; es por ello la urgencia de realizar los cambios debido a que los tiempos han cambiado y el número de municipios ha crecido”, afirmó Ramírez.
German Velásquez del Partido Patriota, afirmó que entre las reformas destaca el que el INFOM, “conforme grupos técnicos de asesoría que orienten a las municipalidades para que creen algunos tributos”, entre ellos el Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), el cual no es recaudado por muchas municipalidades, por lo que solo dependen del situado constitucional, dijo Velásquez.
El parlamentario agregó que el INFOM tendrá la capacidad administrativa y técnica de fortalecer los conocimientos a modo que las municipalidades puedan recaudar este tipo de tributos, sin que tengan mayores consecuencias al final de su periodo.

Entre los cambios están:
• Proveer de líneas de crédito a través de la banca privada a favor de las municipalidades cuando los recursos propios no fueran suficientes para cubrir las demandas financieras municipales.
• Los préstamos que otorgue el Instituto a las municipalidades no requieren autorización ni aprobación por parte del Ejecutivo, ni la opinión de la Junta Monetaria, a que se refiere el artículo 57 del decreto 16-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Banco de Guatemala.
• No pueden integrar la Junta Directiva del INFOM en calidad de Directores titulares o suplentes: a) Los parientes dentro de los grados de ley del Presidente y Vicepresidente de la República, de los Ministros y Secretarios de Estado.
• Diseñar, planificar e implementar Diplomados, certificados por Universidades del país, dirigido a las corporaciones municipales que hayan sido electas, quince días después del proceso electoral a efecto de promover una transición ordenada.

Por Byron Ramírez.

LEER MÁS

La bancada de Alianza Ciudadana solicitó del Ejecutivo, más información para poder considerar si apoyan en el pleno del Congreso, la ratificación del Estado de Calamidad solicitada a mediados de septiembre.
Este anunció fue hecho durante una reunión entre diputados de dicho bloque legislativo con José Luis Benito, vice ministro de Comunicaciones, Alex Waldemar Cal, subsecretario de Coordinación y administrativo de la Conred; Manuel Antonio López, director del Fondo Social de la Presidencia y Jorge Arreaga Cifuentes, secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, a quienes requiriron más información para conocer los motivos que motivaron al Ejecutivo a decretar estado de calamidad para si apoyan su ratificación al decreto 7-2016.
“No apoyaremos el estado de calamidad hasta que nos brinden la información real, porque no creo que exista una emergencia en el país por tema de lluvias. Más aún, las mismas autoridades andan fuera del país. ¿Qué emergencia es esa? Las instituciones tienen sus propios rubros, para eso entonces no es necesario ratificar ese decreto”, manifestó el jefe de bancada de Alianza Ciudadana.
Pero para el ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, es necesario ese Estado de Calamidad para agilizar procesos, por el tiempo de reacción en las emergencias y aseguró que no estarían dejando a un lado la transparencia. “Los tiempos de los procesos es lo que queremos evitar porque dinero si hay”, expresó el funcionario de dicha cartera José Luis Benito.
“Es una Justificación para gastar dinero, hay cosas más importantes en Guatemala”, dijo el jefe de bancada de AC Francisco Tambríz y Tambríz.
La Conred, en el estado de calamidad colocó solo 26 puntos específicos que se encuentran en alto riesgo de 10 mil focalizados a nivel nacional, que para la bancada Alianza Ciudadana, no es válida la información otorgada por los funcionarios, por lo cual aún condicionan sus votos para ratificar el decreto que autorizaría el estado de calamidad solicitado por el Organismo Ejecutivo.

Por Selvin Rustrián.

LEER MÁS

Al recibir denuncias de venta de carne contaminada, los diputados que integran la Comisión de Agricultura, buscan consenso con autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Asociación Nacional de Municipalidades y gobernadores de los 22 departamentos, con el objetivo de crear una ley específica para la regulación de rastros en el país.
La propuesta se dio durante la reunión que sostuvieron los legisladores con Byron Acevedo, viceministro de Sanidad Agropecuaria, en la cual se dio a conocer que aunque existe un reglamento es necesario aprobar una ley que regule las referidas instalaciones, a fin de garantizar la calidad de carne para el consumo humano.
“En la propuesta, que será elaborada lo antes posible, se espera que sean los alcaldes de cada municipio quienes tengan que velar porque los rastros cumplan con los requisitos y evitar la contaminación de bacterias”, destacó el diputado Gabriel Heredia, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presidente de la sala de trabajo.
Por su parte, el parlamentario Haroldo Quej, del mismo bloque, aseguró que es necesario que los jefes ediles se comprometan a verificar que los rastros sean higiénicos.
Los legisladores acordaron realizar una reunión con los ministros de Salud, Gobernación y Agricultura, y delegados de la sociedad civil para tratar el tema de los rastros clandestinos.
Por Karla Herrera

LEER MÁS

La Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País que preside el diputado Álvaro Velásquez, se reunió con Gustavo Porras, presidente del Consejo Económico Social (CES), para trabajar en la integración de un diálogo nacional que permita el fortalecimiento, transparencia y eficacia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El congresista indicó que en reuniones anteriores con Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del IGSS, funcionarios del Ministerio de Trabajo y el CES, acordaron dar seguimiento a la situación en que se encuentra el seguro social y encontrar los mecanismos que permitan fortalecer a la institución y reencausarla hacia el fin para la cual fue creada.
“Debemos iniciar un debate nacional sobre nuestro modelo de previsión social con miras a fortalecerlo y no a privatizarlo. Falta definir la metodología pero el primer paso es involucrar a los funcionarios del sector público y el Congreso. Después involucrar a la sociedad civil, municipalidades y afiliados”, comentó Velásquez.
Por su parte, Gustavo Porras del CES, refirió que es necesario hacer una reestructuración al Seguro Social para mejorar las demandas de servicios de salud, la atención al público, cubrir las deudas del Estado y de patronos, entre otros.
“El CES es una institución autónoma que tiene por función ser interlocutor de los  poderes públicos, por lo que estará en la organización de una discusión más amplia tomando en cuenta a quienes participen y que estén directamente involucrados en el tema”, concluyó Porras.
Por Elizabeth Linares

LEER MÁS

El presidente de la Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País, Álvaro Adolfo Velásquez, presentó una iniciativa de ley tendiente a reformar el artículo 21 del Decreto 89-2002, del Congreso de la República, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
“En el Día Internacional de la Transparencia, que supone el ejercicio del poder en público y que la ciudadanía debe gozar del derecho a saber cómo se manejan los fondos, se hace necesario fortalecer el sistema democrático, creando normas para que el ejercicio de la auditoría social se transparente”, dijo Velásquez, del bloque Convergencia.
Según dijo el legislador, “la intención es que conozca el patrimonio individual, antes y después de cada mandato, y que las declaraciones patrimoniales sean públicas, no como está regulado actualmente, que debe tenerse como proporcionada  bajo garantía de confidencialidad, prohibiéndose su divulgación por cualquier medio”.
La modificación propuesta contempla lo siguiente: “Artículo 21: Libre acceso a la información: Toda la información y los datos proporcionados por los funcionarios públicos, electos o designados, en su declaración jurada patrimonial son públicos y deben divulgarse como parte de la información de oficio que establece el inciso 29, del artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008”.
El parlamentario Velásquez aclaró que la reforma está dirigida a todo funcionario electo o designado.
Por José Luis Hernández.

LEER MÁS

Diputados al Congreso de la República recibieron este miércoles de pobladores de los municipios de San Andrés, La Libertad y Las Cruces, en el departamento de Petén, una propuesta alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible en la Laguna del Tigre y Sierra Lacandón, para que pueda ser analizada e implementada en busca de mejorar su calidad de vida, ya que no tienen acceso a los servicios básicos vitales.
La actividad fue dirigida por el diputado Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia, con la participación de los congresistas Julián Tesucún y Jaime Regalado, representantes del distrito de Petén, y en la que se contó con la presencia de autoridades de los ministerios de Ambiente y Agricultura, Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Bufete Jurídico de Derechos Humanos, organizaciones internacionales y comunitarios de la referida zona.
Raúl Ruano, representante comunal de la Laguna del Tigre, explicó que la propuesta se centra en 5 ejes principales: certeza jurídica y permanencia perpetua de las tierras, reconociendo a los pueblos como comunidades multiculturales, incorporándolos al desarrollo del departamento; desarrollo integral y sostenible con lo cual se les provea de la educación formal, con la implementación de programas de educación para niños y capacitación para adultos, enfocados en el uso amigable del medio ambiente.
Otro de los puntos que resaltan en la propuesta es la seguridad ciudadana, tema en el cual los comunitarios sugieren la instalación de una sede de la PDH, como rector y conciliador de conflictos relacionados con la materia; además, el reasentamiento de las comunidades Centro Uno, El Macabilero, Pollo Solo, Centro Campesino, El Vergelito y 47 familias de la comunidad La Mestiza en los municipios de la Libertad en la Sierra Lacandón y San Andrés en la Laguna del Tigre, respectivamente. Estos poblados fueron desalojados de las tierras que habitaban en el año 2009.
Los pobladores propusieron que en un periodo no mayor de 30 días la conformación de una comisión para integrar una mesa técnica de diálogo en la cual participen el parlamentario Leocadio Juracán, un representante de la PDH y otro de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos.
Rubén Domínguez, abogado del Bufete de Derechos Humanos, aseveró que esa entidad ha dado asesoría jurídica y técnica para la construcción de la propuesta que “está fundamentada en la legislación nacional vigente y armonizada con las leyes internacionales en esta materia, en virtud que el beneficiario sea Guatemala como Nación”.
Por su parte, el diputado Tesucún resaltó la importancia de este primer acercamiento pacífico entre las partes e hizo un llamado a las instituciones del Estado involucradas en el tema, a fin de lograr un común acuerdo para el desarrollo y protección de esta área considerada Reserva de la Biósfera Maya.
Al finalizar el encuentro, el parlamentario Juracán se comprometió a convocar a las instituciones relacionadas en el tema para definir la metodología de la conformación de la mesa técnica. “No podemos ser indiferentes a la situación en la que viven estos ciudadanos. Todos debemos involucrarnos en la búsqueda de soluciones que generen los mecanismos que respondan a las necesidades de las pobladores, por lo que firmemente creemos que la vía adecuada es a través del diálogo”, afirmó.
Los parques nacionales Sierra Lacandón y Laguna del Tigre, ubicados al norte de Petén, fueron declarados zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya en 1989, con la promulgación del Decreto 4-89, Ley de Áreas Protegidas; constituyen una parte del espacio natural protegido más grande de Guatemala y una ventana importante al turismo internacional del país.
Para conocer la propuesta, puede accesar en el siguiente enlace: http://www.congreso.gob.gt/…/B3739BB3-E328-986B-28E2-716B09…
Por Karen Mendoza

LEER MÁS

En busca de integrar el primer Foro Parlamentario de Jóvenes Diputados del Congreso de la República, la Comisión Extraordinaria de la Juventud, que preside Eva Nicolle Monte, organizó en el taller Rol y Ética del Funcionario Público, con la colaboración del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
De acuerdo con los legisladores se realizarán tres foros de discusión más para afinar detalles sobre cómo debería conformarse la instancia juvenil y la agenda a seguir.
“El objetivo es participar a nivel mundial y Guatemala podría ser el primer país centroamericano en hacerlo; la invitación es para todos los diputados menores de 30 años del Congreso. Estamos abordando y capacitándonos en diferentes temas de interés social, y al final vamos a presentar la planillas de quienes van a ser parte de la Junta Directiva del primer Foro Nacional de Diputados Jóvenes”, indicó la congresista.
Se busca que esta instancia quede conformada por siete integrantes, para que a través de los secretarios se trabajen temas específicos, como trabajo, empleo, educación, personas con capacidades diferentes y diversidad sexual entre otros, explicó.
Por su parte, Sonia Escobedo, extitular de la Secretaría Presidencial de la Mujer y expositora del taller, expresó: “Abordamos el tema de la corrupción, no solo en el enfoque de apropiarse de dinero, sino de los funcionarios que no realizan su trabajo y no presentan resultados sustantivos en el cumplimiento de sus deberes como servidores públicos”.
Asimismo, agregó que uno de los grandes problemas del servicio público tiene que ver en cómo la corrupción se asocia con el clientelismo político, establecimiento de privilegios y abuso de poder. “Si vamos a hablar de ética política tenemos que romper con esas prácticas”, aseguró.
Por Rosemary Recinos

LEER MÁS