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Después de concluir el análisis de los gastos realizados por los distintos ministerios y secretarias del Organismo Ejecutivo, los diputados de la bancada Encuentro por Guatemala presentaron el informe final de la ejecución presupuestaria del año pasado.

En el documento se dio a conocer que durante 2016 las entidades gubernamentales efectuaron mayores gastos para salarios, con un 93 por ciento de la asignación presupuestaria, así como en pago de agua, energía eléctrica y teléfono, y postergaron la inversión en programas de beneficio para la población.

“Entre las conclusiones que podemos mencionar están que no se visualizó la ejecución de políticas públicas, o por lo menos la coordinación de programas existentes para resolver las problemáticas sociales, como pobreza, desnutrición, seguridad y educación”, destacó la diputada Nineth Montenegro, jefa del referido bloque.

Ante esto, los legisladores dijeron esperar que este año la prioridad de las dependencias del Estado sea la inversión “para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, por lo que continuarán fiscalizando la utilización de los recursos públicos.

Por Karla Herrera

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“Nuestro objetivo es establecer una agenda legislativa prioritaria, consensuada con la mayoría de organizaciones de la sociedad civil, lo que le brindaría legitimidad”, dijo el presidente del Organismo Legislativo, Óscar Chinchilla, en el marco de una reunión donde participaron no menos de 38 organizaciones sociales.

La mayoría de estas dijeron estar interesadas en el tema de las reformas constitucionales en materia del Sector Justicia, que actualmente aborda el Congreso de la República.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, agregó que otro de los temas que les interesa son las modificaciones a la Ley de Comisiones de Postulación, pues ello “es importante para la transparencia del proceso de elección de diferentes actores del Estado”.

La escogencia del nuevo jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos es un asunto que debe cumplir el Legislativo en agosto de este año, por lo que el presidente Chinchilla aprovechó la oportunidad para invitar a todos los presentes a participar activamente en el proceso. “También solicitamos a Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala que nos brinde el acompañamiento necesario, con el fin de transparentarlo”, agregó.

Las solicitudes de los representantes civiles incluyeron diversos temas, entre los cuales resaltan la segunda generación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, convenios internacionales en materia laboral, reforma policial, modificaciones a la Ley de Armas y Municiones, reformas a la Ley en Materia de Antejuicios, reformas a la Ley Contra el Femicidio y reformas a la Ley de Derechos de Autor, entre otras.

Carmen Rosa De León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, resaltó la importancia que tienen para la sociedad los cambios a la Ley de la Policía Nacional Civil. “Se deben ordenar las funciones de los agentes y del Ejército”, puntualizó.

“Vemos con buenos ojos la atención del presidente del Congreso e integrantes de la actual Junta Directiva, pues como sociedad civil podemos aportar nuestro conocimiento en temas específicos”, dijo Carmen López, de Convergencia de Mujeres.

Al concluir, Chinchilla anunció que propiciará la firma de un convenio público con los diferentes jefes de bloque, con el fin de establecer una agenda legislativa que tome en cuenta las propuestas de los diversos sectores y de los partidos políticos.

“Queremos dejar una línea de trabajo en la que podamos apoyarnos no solo durante este año, sino que pueda servir durante toda la 8a. Legislatura”, concluyó el titular del Congreso.

Por Mayra Recinos

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Los diputados Leocadio Juracán y Sandra Morán, de la bancada Convergencia, realizaron una mesa de diálogo con Francisco Rivas, ministro de Gobernación; Mynor Mus, viceministro de la Defensa Nacional, y con representantes del Ministerio de Energía y Minas y de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para aclarar los hechos violentos ocurridos en la aldea Ixquisis, Huehuetenango, después de una protesta pacífica contra una hidroeléctrica.

“El 17 de enero se registró un ataque en contra de los manifestantes, en el cual falleció un defensor de los Derechos Humanos”, comentó el legislador Juracán.

La llegada de esta hidroeléctrica ha generado confrontación, debido a que la comunidad se encuentra ubicada en medio de dos ríos que están siendo desviados, lo cual podría poner en riesgo la sustentabilidad del lugar por escases de agua.

Por su parte, el ministro Rivas, expresó: “Se destinaron 55 agentes de la Policía Nacional Civil para resguardar la seguridad durante la protesta, pero el conflicto se generó en un lugar distinto, cerca de donde había maquinaria de la empresa”.

El funcionario recordó que la investigación se realiza de oficio y que bajo la dirección de Ministerio Público se inició el proceso para deducir responsabilidades.

El parlamentario Juracán indicó que es necesario indagar dentro de la Policía Nacional Civil y Ejército Nacional, ya que existen destacamentos en el lugar, y de la seguridad privada de la hidroeléctrica, pues se sospecha que de ahí pudo provenir el ataque cometido.

Por Rosemary Recinos.

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Integrantes de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República se reunieron este miércoles con el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jorge De León Duque, y con representantes del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Universidad de San Carlos (Usac) y organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la niñez y sociedad civil organizada, a quienes presentaron la propuesta de un Diálogo Nacional por la Niñez y Adolescencia, con el objetivo de perseguir la creación de una Política Pública que busque solucionar la problemática de este sector etario.

De acuerdo con el parlamentario Walter Félix, quien preside la instancia, la propuesta está encaminada a trabajar en ejes como desnutrición crónica, adolecentes embarazadas, niñez migrante, altos índices de jóvenes en conflicto con la ley y víctimas de violencia sexual. “Esa problemática latente en nuestro país es la que sirve como fundamento para el lanzamiento de este diálogo, que tiene como objetivo que todas las instituciones del Estado trabajen en armonía en pro de encontrar las soluciones que permitan garantizar un futuro mejor a los niños y niñas guatemaltecas”, aseguró.

Por su parte, De León Duque manifestó su disposición y compromiso de apoyar esta iniciativa, que permitiría la suscripción de un compromiso por los tres poderes del Estado, a fin de visibilizar la problemática, proponer una agenda básica y promover un movimiento para la construcción de un plan de acción para ser implementado en el corto plazo.

Roberto Cabrera, de Save the Children, dijo que ven con preocupación que “los temas que han disparado todos los indicadores en el país no se estén tomando como una política primaria por parte del Ejecutivo”. A su vez aseguró que la única solución es el fortalecimiento de las instituciones que trabajan en el tema.

Al finalizar el encuentro, el presidente de la sala legislativa anunció que el lanzamiento de este diálogo será el 8 de febrero, a las 10:00 horas, y se prevé la presencia de autoridades del Grupo de los Cuatro, integrado por la PDH, Usac, la Conferencia Episcopal y la Alianza Evangélica.

Según datos de la organización no gubernamental Refugio para la Niñez, en el 2016 se registraron 7 mil 100 violaciones sexuales a menores de edad, 1 mil 100 decesos y 18 mil niños, niñas y adolescentes en situación de migración.

Por Karen Mendoza

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Los diputados Julio Lainfiesta y Vivian Preciado, de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), acompañados de los congresistas Mario León y Germán Velásquez, citaron a funcionarios del Ministerio de Educación (Mineduc) con el fin de discutir la situación que atraviesan diversas escuelas y maestros del suroccidente del país.

La diputada Preciado manifestó su malestar pues dichas autoridades no han autorizado el funcionamiento de la escuela del sector Las Palmas, caserío Trapiche, de Ocós, San Marcos, donde ya cumplieron los trámites correspondientes. “Además de no autorizarla, amedrentaron a los padres de familia, por lo que presento mi queja formal”, aseveró.

Además, confrontó al supervisor de Educación de Ocós, San Marcos, Fredy Orozco, a quien responsabiliza de no cumplir con los procesos legales en la asignación del nuevo director de la escuela del caserío El Platanar, del mismo municipio, pues la anterior encargada del plantel fue destituida, acusada de malos manejos.

El titular del Mineduc, Óscar Hugo López, dijo que hará las gestiones para que inicie labores la Escuela de Las Palmas, pues no menos de 50 niños serán beneficiados, y añadió que tomará las medidas necesarias en los casos administrativos que le presentaron.

Los diputados también pidieron información acerca de la situación de infraestructura de los establecimientos y la asignación de docentes, pues existen quejas sobre la falta de personal.

“Existen muchos maestros en el área urbana y tenemos déficit en el área rural; a esto debemos agregar que desde hace 5 años no se han contratado para las plazas que han quedado vacantes por jubilación o deceso”, explicó López.

Sin embargo, informó que este año, gracias al aumento presupuestario que brindó el Congreso, han contratado no menos de 2 mil 400 docentes, fondos que también servirán para asignar un aproximado de Q2 millones a cada Dirección Departamental, que priorizará los edificios en mal estado.

El diputado Lainfiesta dijo que apoyarán la solicitud del ministro López, quien considera necesaria una norma que traslade las propiedades donde se ubican las escuelas a dicha cartera, pues muchas veces este impase provoca que no se puedan realizar los trabajos.

Por Mayra Recinos

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La Comisión Pesquisidora que estudia el expediente de antejuicio en contra de la Magistrada Blanca Stalling, se reunió ayer y aprobó el cronograma de actividades en el cual se establece la meta de entregar el informe final el próximo miércoles 01 de febrero.

Los integrantes de la pesquisidora Julio Longo, FCN-Nación, presidente; German Velásquez, PP, secretario; Eva Nicolle Monte, Alianza Ciudadana, vocal; Mario Velásquez, CREO, vocal; y Oliverio García Rodas, Movimiento Reformador; citaron para el próximo viernes 27 de enero a la magistrada Blanca Stalling, quien podrá acudir personalmente a presentar pruebas de descargo, o enviar a un informe al respecto. Ese mismo día escucharán a las autoridades del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.

El Presidente de dicha comisión pesquisidora, diputado Julio Longo declaró que en las próximas horas estarán enviando notas a una compañía telefónica y a la Corte Suprema de Justicia requiriendo información específica.

A la compañía telefónica le requerirán un desplegado de llamados de un número celular que aparece en el expediente y a la Corte Suprema información sobre el registro de visitas a la vocalía séptima, que ocupa la magistrada Stalling.

El Diputado Longo indicó que aunque no tenían un plazo específico esperan entregar el informe final el próximo viernes y cumplir de esa manera con el mandato que les diera el pleno del Congreso de la República.

Los legisladores deberán analizar la acusación en contra de la magistrada, señalada de haber incurrido en el delito de tráfico de influencias al haber pretendido que se favoreciera a su hijo, Otto Molina Stalling, implicado en el caso IGSS-Pisa, según denuncia del juez, Carlos Giovanni Ruano.

El artículo 17 de la Ley en Materia de Antejuicio establece que la Comisión Pesquisidora debe examinar el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la Comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.

Todos los funcionarios y empleados están obligados a prestar su plena colaboración a la Comisión. Al finalizar su investigación y consideraciones la Comisión emitirá un informe circunstanciado, del que dará cuenta al Pleno en sesión ordinaria del Congreso.

Por Nery Morales

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Diputados del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunciaron que este miércoles se presentó una denuncia penal en el Ministerio Publico en contra de Aldo García Morales y María Alejandra Má, titulares del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por varios delitos que posiblemente han incurrido en el caso de la empresa constructora Odebrecht y de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).

En el caso de la empresa constructora Odebrecht, los congresistas de la UNE informaron que a García le están imputando los delitos de tráfico de influencias, falsedad material, abuso de autoridad y omisión de denuncias, “porque él, como autoridad, ha pasado más de un año en el cargo y no ha hecho la denuncia correspondiente, y ha estado apareciendo en los medios señalando a exfuncionarios, pero tiene que señalar a las empresas que fueron subcontratadas”.

El jefe del bloque uneísta, Orlando Blanco, mencionó: “La acción legal se presenta contra la viceministra Alejandra Má Villatoro y Aldo García Morales, porque él la autorizo para alterar los precios en la licitación de varios proyectos de mantenimiento de la infraestructura vial”.

Después mostró un listado y fotografías, como medios de prueba para las autoridades judiciales, en las que aparece la funcionaria con personas que integran la junta de licitación. “Podemos ver que ella está en la reunión presentado el listado a los miembros de la junta licitadora”, aseguró.

Al concluir la conferencia de prensa, el parlamentario comentó que en los próximos días serán citados los funcionarios del CIV para que rindan detalles y expliquen los avances de los casos Odebrecht y Covial.

Por José Castellanos.

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La congresista Sofía Hernández Herrera, subjefe de la bancada Alianza Ciudadana (AC), citó a funcionarios de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) con el objetivo de conocer los detalles y el avance de los programas y la ejecución presupuestaria del año 2016.

Asimismo, requirió información del plan de trabajo para este año y específicamente de los programas destinados al departamento de Huehuetenango, al que ella representa.

“Estoy ejerciendo mi labor legislativa de fiscalización a las diferentes instituciones del Estado que manejan recursos y estamos evaluando el desarrollo institucional durante el año pasado, pues hemos realizado varias visitas a los centros de rehabilitación de los adultos mayores y de la niñez y hemos observado que la ayuda y el beneficio no han llegado a los municipios de Huehuetenango como debe ser”, expresó.

Agregó que Huehuetenango ocupa el quinto lugar de los departamentos con altos índices de desnutrición y pobreza extrema. “Por ese motivo logramos conocer que hay poca transparencia en el trabajo de la SOSEP, ya que a la población no se le ha informado, se desconocen los beneficios y no nos dieron a conocer los resultados de lo que se ejecuta”, puntualizó.

José María Godoy, secretario de la SOSEP: explicó: “Tenemos cuatro programas sociales que se ejecutan en varios departamentos, y en Huehuetenango se han atendido las necesidades; es un lugar bastante grande y no contamos con demasiado personal ni vehículos y tenemos bastantes limitaciones económicas”.

Refirió que están en la mejor disposición de mejorar el trabajo en los centros y fortalecer los programas Mis Años Dorados, dirigidos a los adultos mayores; Hogares Comunitarios, para los niños; Creciendo Seguro, para mujeres, y Servicio Social, para la comunidad en general.

Por José Castellanos.

 

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El presidente del Congreso de la República, Óscar Chinchilla, se reunió este martes con representantes de siete organizaciones de la sociedad civil que integran Congreso Transparente, para gestionar un nuevo convenio que ratifique el compromiso de dar a conocer la labor legislativa.

El titular del Parlamento indicó que se continúa fortaleciendo los diferentes mecanismos para transparentar el trabajo de los diputados y las acciones administrativas, entre los cuales mencionó la página web, canal de televisión, radio y redes sociales.

María del Carmen Aceña, representante de Congreso Transparente, explicó que en los próximos días darán a conocer la fecha específica de la ratificación del nuevo convenio.

“Le indicamos al presidente Chinchilla que este año estamos muy interesados en dar seguimiento al trabajo de las comisiones, pues constituyen realmente el corazón del Congreso de la República y es donde realmente se toman las decisiones”, afirmó.

Las organizaciones que se presentaron son: Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Guatemala Visible, Acción Ciudadana, Congreso Transparente, Tuiteros por Guate, Levantemos la Voz y Fíjate Bien.

Por Mayra Recinos

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