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La magistrada Blanca Aída Stalling Dávila, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), compareció este viernes ante los integrantes de la Comisión Pesquisidora y expuso sus pruebas de descargo ante el señalamiento de tráfico de influencias que le imputan el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

La jurista compareció ante los diputados Julio Longo (FCN-Nación), presidente; Germán Velásquez (Partido Patriota), secretario; Eva Monte Bac (Alianza Ciudadana); Oliverio García Rodas, (Movimiento Reformador), y Mario Velásquez (Compromiso, Renovación y Orden), quienes por mandato del pleno analizan la solicitud de retiro de inmunidad.

Es acusada de haber pretendido que el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda favoreciera a su hijo, Otto Fernando Stalling Molina, sindicado en el caso IGGS-Pisa.

Antes de darle la palabra a la magistrada, Longo recordó que la pesquisidora no prejuzga sobre la inocencia o culpabilidad de los acusados, y que su trabajo se limita a investigar las denuncias y determinar si existe o no causa para iniciar un proceso legal.

La magistrada dijo que se trata de un “juicio político” y que las acciones emprendidas en su contra son parte de un “plan desestabilizador del Estado”, impulsado por sectores ocultos que pretenden descalificar a los tres poderes del Estado, debido a intereses particulares.

Asimismo, presentó los argumentos legales y pruebas que, según ella, demuestran que nunca buscó interferir en las decisiones del juez Ruano Pineda. “Si él (Stalling Molina) resulta culpable, que lo condenen con apego a la ley; yo no intervendré y jamás lo he hecho”, enfatizó.

Para este viernes también se tenía previsto escuchar a las asistentes de la Vocalía VII de la CSJ, Belinda Rodríguez Bolaños y Carla Santizo Arreaga, pero debido a que los congresistas no contaban con los nombres exactos, la audiencia se reprogramó para el lunes 30, a partir de las 10:00 horas.

De acuerdo con el plan de trabajo de la comisión pesquisidora, habrá 2 reuniones más la próxima semana para continuar con las investigaciones y rendir su informe el 01 de febrero.

Por Karen Mendoza

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Integrantes de la Junta Directiva, jefes de bloques y diputados de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que preside el congresista Nery Samayoa, se reunieron con representantes de la Mesa Ganadera y productores agropecuarios del país, para afinar los últimos detalles del contenido de la iniciativa 5182, Ley Facilitación Tributaria para la Formación del Sector Agropecuario de Guatemala.

El anteproyecto busca crear el Régimen Especial Tributario para el Sector Agropecuario para incorporarlos como contribuyentes al sistema tributario.

  1. diputado Boris España, primer secretario de la Junta Directiva del Legislativo, indicó que la aprobación de la iniciativa busca que todas las personas que se dediquen a la producción agropecuaria se formalicen y con ello sus actividades de producción se regularicen. “Estaremos buscando con los jefes de bloques que sea sometida en la agenda del parlamento”, afirmó.

El legislador Fidel Reyes Lee, secretario de la sala de Agricultura, Ganadería y Pesca, explicó la importancia de la normativa. “Hay riesgo para los productores nacionales, que sean penalizados al entrar en vigencia la Ley de Bancos y Grupos Financieros, en febrero; la problemática central es que hay una ausencia de normas tributarias para facilitar impuestos del sector agropecuario en el país y la legislación actual no responde a sus necesidades”, puntualizó.

Mario Méndez Montenegro, titular de la cartera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, refirió que iniciativa beneficiara a todo el sector agropecuario.

Modesto García, presidente de la Mesa Ganadera de la Región II de Guatemala, declaró: “Queremos volvernos contribuyentes de la nación al pagar los impuestos como debe de ser, ya que muchos productores estamos en lo informal y pedimos que los impuestos sean competitivos, como en el resto de los países de Centroamérica”.

Por José Castellanos.

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Durante una conferencia de prensa, el parlamentario Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, solicitó la renuncia del congresista Julio Juárez, representante del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) por el departamento de Suchitepéquez, sindicado por el Ministerio Público de ser el actor intelectual del asesinato de los periodistas Danilo López y Federico Salazar, en Mazatenango, en marzo de 2015.

“Estamos pidiendo que el diputado renuncie al cargo, para que las investigaciones se puedan realizar sin presiones políticas; la solicitud también la presentaremos al pleno del Congreso, donde esperamos que los demás legisladores nos apoyen”, enfatizó.

Se buscó la opinión del diputado Juárez mediante llamadas a su teléfono celular, pero no las atendió; en las oficinas de la bancada FCN-Nación se informó que no hay comunicación con él.

Blanco también dijo que se debe respetar el proceso de justicia en el país, por lo que esperan que las autoridades realicen “un proceso claro”.

Por Karla Herrera

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Las integrantes del Foro de Diputadas al Congreso de la República realizaron la primera reunión de acercamiento del año, con organizaciones de distintos sectores de mujeres en busca de la aprobación de varias leyes.

En la reunión participaron diversas organizaciones de féminas, las cuales solicitaron a las congresistas la aprobación de normas para fortalecer la educación y la salud en favor de las niñas y adultas, así como su inclusión en puestos públicos y mejoras salariales.

“El acercamiento que se ha tendido con los sectores de mujeres es importante para que podamos trabajar para la aprobación de varios temas, como el derecho a la salud reproductiva y sexual, la aprobación de la propuesta de ley para las mujeres textiles, que ya se encuentra en análisis, así como los derechos laborales de las trabajadoras de casa y maquila, entre otros”, enfatizó la congresista Sandra Morán, presidenta del Foro de Diputadas.

Asimismo, se dio a conocer que se ha avanzado en el tema de la inclusión de las mujeres en puestos claves de la vida política, pues actualmente en el Congreso de la República hay 12 legisladoras que presiden comisiones de trabajo y 7 en jefaturas y subjefaturas de bancada.

Por Karla Herrera

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Debido al deterioro de las carreteras del departamento de Santa Rosa, el diputado Napoleón Rojas, de la Unión del Cambio Nacional (UCN) se reunió con la viceministra de Comunicaciones, Alejandra Má, y a los alcaldes de Cuilapa, Esvin Marroquín; de Taxisco, Édgar Catalán, y de Chiquimulilla, Obdulio Herrarte, para encontrar una solución inmediata al problema.

Los jefes ediles explicaron que hay malestar “por el pésimo estado de las carreteras”, específicamente los tramos que comunican El Boquerón con Taxisco y que se extiende hasta Chiquimulilla.

La viceministra Má indicó que uno de los problemas que enfrentan es que la reparación, bacheo o reconstrucción de dichos tramos viales no fue incluida en el presupuesto para el presente año.

“Haremos los ajustes necesarios e iniciaremos un evento para la adjudicación”, aseveró la viceministra, quien garantizó a los jefes ediles que el tramo de El Boquerón a Taxisco será reconstruido en su totalidad, mientras que en el resto se realizarán trabajos de bacheo.

Al finalizar la reunión, el diputado Rojas le pidió a la funcionaria que a más tardar el 1 de febrero le haga llegar un informe detallado de los trabajos a realizar, el monto específico que destinarán para cada uno y el tiempo de conclusión.

La importancia del tramo de El Boquerón-Taxisco es el acceso que tiene el transporte que de El Salvador comunica con el Pacífico de Guatemala, y específicamente para el comercio exterior por el acceso a Puerto Quetzal.

El parlamentario Rojas manifestó: “Otras vías que se encuentran en pésimo estado son los de Santa María Ixhuatán y de Pueblo Nuevo Viñas, por lo cual le pedimos a las autoridades que atiendan antes que entre el invierno”.

Por Nery Morales

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En la sesión ordinaria de este jueves, el pleno del Congreso de la República procedió a constituir la Comisión de Derechos Humanos para el período 2017-2018.

Según la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se integra por un diputado de cada partido político representado en el Parlamento.

La sala de trabajo quedó integrada de la siguiente manera:

  • Sandra Patricia Sandoval, de Frente de Convergencia Nacional, quien la preside.

  • Sandra Morán, de Convergencia.

  • Carlos Rafael Fión Morales, de Compromiso, Renovación y Orden.

  • Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala.

  • Raúl Romeo Segura, de Fuerza.

  • Roberto Villate, de Libertad Democrática Renovada.

  • Eduardo Zachrisson Castillo, del Partido de Avanzada Nacional.

  • Germán Velásquez, del Partido Patriota.

  • Ronald Estuardo Arango, de Todos.

  • Vivian Beatriz Preciado Navarijo , de Unión del Cambio Nacional.

  • José Inés Castillo Martínez , de Unidad Nacional de la Esperanza.

  • Álvaro Enrique Arzú Escobar, del Partido Unionista.

  • Walter Rolando Félix López, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

  • Juan José Porras Castillo, de Visión con Valores.

  • Amílcar de Jesús Pop, de Winaq.

Mociones privilegiadas

Posteriormente, el tercer secretario de la Junta Directiva y diputado del bloque Todos, José Rodrigo Valladares, presentó una moción privilegiada para alterar el orden del día e incluir en la agenda la prórroga de la entrada en vigencia del Código Único de Identificación (CUI); la intención era que fuera aprobada de urgencia nacional y se dispensara el dictamen correspondiente.

La propuesta estaba encaminada en aplazar la utilización del CUI como identificación única, para lo cual el Registro Nacional de las Personas (Renap) tendría que extender un certificado con el código incluido a todos los ciudadanos que tramiten el Documento Personal de Identificación, de forma gratuita y con validez temporal. Sin embargo, su iniciativa solo contó con 68 votos.

Manuel Conde Orellana, representante del Partido de Avanzada Nacional (PAN), sugirió citar al Directorio del Renap para reunirse con la Instancia de Jefes de Bloque y explicar el estado de la institución.

Asimismo, durante la sesión fue presentada una segunda moción por el congresista Jaime Regalado, del bloque Movimiento Reformador (MR), orientada a que el Pleno emitiera un punto resolutivo en solidaridad con Israel, después de que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenara la presencia israelí en territorio palestino; sin embargo, no fue conocida por falta de quórum.

Por ello, el presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, levantó la sesión y convocó para el martes 31 de enero y jueves 2 de febrero, a las 10:00 y 14:00 horas, respectivamente, y el lunes 30 de enero a sesión de la Instancia de Jefes de Bloque.

El 23 de diciembre del año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2334 contra los asentamientos de Israel en territorio palestino. Según el documento, la actividad israelí en ese lugar supone una violación del derecho internacional y un grave obstáculo para solucionar el conflicto a través de la creación de dos Estados independientes.

Por Karen Mendoza

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Después de que el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), anunciara la reducción de la tarifa social, debido a problemas en sus finanzas, los diputados de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), decidieron citar a diversas autoridades encargadas del tema, ya que no menos de 1 millón 300 mil usuarios saldrían afectados.

“Estamos realmente preocupados; esta situación puede causar una crisis de conflictividad social y no podemos quedarnos de brazos cruzados, pues los guatemaltecos pagarán el doble en sus facturas mensuales de energía eléctrica”, dijo el diputado Carlos Chavarría.

Las autoridades plantearon el aumento de forma escalonada; por ejemplo, quienes consumen de 1 a 60 kWh al mes pagaban Q0.50 por kWh, y ahora subirá a Q0.53; en febrero serán Q0.55 y en marzo Q0.57.

De 61 a 88 kWh se pagaba Q0.75; Q0.79 costará en enero, Q0.83 en febrero y Q0.87 en marzo, y en diciembre alcanzará el precio de Q1.22 por kWh.

Y de 89 a 100 kWh, en enero pagará Q1.05, en febrero Q1.12, y en marzo Q1.20; pero en octubre alcanzará Q1.72.

Durante el conversatorio, el ministro de Energía y Minas, Luis Alfonso Chang, explicó: “Realmente es insostenible para el Inde mantener su aporte para la tarifa social, puesto que sus ingresos han disminuido por la merma de la producción eléctrica”.

“A eso sumemos que aproximadamente 14 municipalidades le adeudan al Inde casi Q2 mil millones, lo que justifica la reducción del monto que brindan al subsidio”, agregó.

Una de las soluciones que plantearon en la reunión fue la necesidad de ordenar el cobro de la tarifa de alumbrado eléctrico, ya que debido a la autonomía municipal cada comuna tiene la potestad de cobrar de acuerdo a su propio criterio.

Por tal motivo, los diputados de la bancada Creo, Carlos Fión, Mario Velásquez y Chavarría, concertaron para el próximo mes una nueva reunión de trabajo con los funcionarios, para retroalimentar la información y analizar una iniciativa de ley que ordene de forma general el cobro de la tarifa de alumbrado.

Por Mayra Recinos

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El diputado Aníbal Rojas, de la bancada Visión con Valores (Viva), se reunió con Maximiliano Araujo, Viceministro de Cultura, y con funcionarios del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, para analizar en que se invertirá el aporte de Q10 millones asignado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2017 a dicha obra arquitectónica.

“Es muy difícil que se respalde a la cultura en este país debido a tantas necesidades existentes, pero lo logramos con el apoyo de 112 parlamentarios”, señaló el representante Rojas. “Este aporte fue aprobado para restaurar el Teatro Nacional, por lo que estaremos pendientes del uso que se le den a estos recursos”, indicó.

Por su parte, Álvaro Véliz, director del Centro Cultural, comentó que es “un momento histórico para el arte, pues se le está dando la importancia que merece esta joya diseñada por el gran Maestro Efraín Recinos”.

“Ahora estamos iniciado los procesos de licitación para comenzar, aproximadamente en seis meses, con los trabajos de reparación, para devolverle el esplendor que tenía originalmente”, expresó Véliz.

La primera fase incluirá equipamiento, iluminación, consolas, amplificación, acústica y protección del suministro de energía eléctrica, para luego avanzar en mantenimiento de la infraestructura, concluyó el funcionario.

Por Rosemary Recinos

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El Ministerio de la Defensa retirará los destacamentos ubicados en terrenos de la hidroeléctrica ubicada en Ixquisis, Huehuetenango, como parte de los acuerdos sostenidos durante una reunión convocada por los parlamentarios Amílcar Pop y Walter Félix, de las bancadas Winaq y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz), respectivamente.

Los congresistas citaron a las autoridades de los ministerios de Gobernación, Defensa Nacional y Energía y Minas, con el objetivo de conocer detalles de lo ocurrido durante la manifestación realizada en dicho lugar el 17 de este mes, cuando falleció un activista de los derechos humanos.

“Existe mucha conflictividad en el área desde hace varios años por la hidroeléctrica; además, la presencia policial y del Ejército ha generado desconfianza en la población, por lo que nos satisface la decisión de retirar estos elementos del lugar”, afirmó el diputado Pop.

Durante la cita se cuestionó a los funcionarios sobre posibles anomalías en la obtención de licencias, y pese a que Alfonso Alonso, viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, expresó que el proyecto cuenta con todos los instrumentos ambientales aprobados y que durante la verificación que realizaron el año pasado no encontraron nada ilegal, Pop dijo que pudo haber vicios en el proceso.

“Se violó el derecho de consulta de pueblos indígenas y hay que investigar si existieron mecanismos fraudulentos para cumplir los requisitos”, expresó el representante de Winaq.

Por su parte, el diputado Félix comentó que hay inconformidad en los pobladores, debido a que la generación de energía de estas empresas “ni siquiera será para el desarrollo de las comunidades, sino para llevarla fuera de Guatemala”.

“El pueblo tiene todo el derecho de proteger sus recursos naturales ante esta injusticia, porque al final solo se llevan las riquezas y las comunidades siguen hundidas en el subdesarrollo”, aseguró el legislador.

Según dijo, se trabajará en una mesa de diálogo interinstitucional para encontrar soluciones de consenso. “La idea es pedirle a la empresa que en el marco de la buena voluntad que hay se suspendan los trabajos”, concluyó.

Por Rosemary Recinos.

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