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Preocupada por el atraso en la  construcción de la escuela  para niñas Ulises Rojas, del departamento de San Marcos, la diputada de la UCN Viviana Preciado Navarijo, representante por este departamento, citó a representantes de los ministerios de Educación, Cultura, Finanzas y de la Secretaria General de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN)

El objetivo de la reunión era buscar los mecanismos para avanzar en la remodelación del edificio de la escuela, el cual sufrió daños en su estructura durante el terremoto en junio del 2017, poniendo en peligro a 132 alumnas.

“Como diputada, representante del departamento de San Marcos, me siento preocupada y comprometida por mejorar las condiciones de la educación de estas niñas. He solicitado  a las autoridades correspondientes que agilicen los trámites para la reparación  de la escuela lo antes posible”, dijo la diputada Preciado.

Por su parte, Stuart Romero, director en funciones de SEGEPLAN, explicó que al momento no han recibido los documentos del proyecto por parte de los ministerios de Cultura y Educación. “En cuento lléguenlo subiremos a guatecompras para su trámite correspondiente y poder  iniciar con los trabajos de reparación”, dijo .

Finalmente se acordó sostener una nueva reunión la próxima semana  y conocer los avances que se han tenido en la solicitud.

Por Karla Herrera

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Congresistas de la Comisión de Energía y Minas sostuvieron una reunión de trabajo, con altos funcionarios del sector, con el fin de buscar una solución al problema originado por la explotación minera y de proyectos energéticos en varias comunidades del país.

A la reunión acudió Luis Chang, ministro de Energía y Minas; Edgar Gómez, viceministro administrativo financiero del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Paolo Similox, viceministro de Política, Planificación y Evaluación del Mides; y Sergio Flores, comisionado presidencial para el Diálogo Nacional.

También estuvieron presentes  Erwin Rolando Tzi, director general de la Policía Nacional Civil; Luis Fernando Villegas, director de Transportes del Ministerio de Comunicaciones; Pedro Bonilla, jefe del departamento de Gestión Ambiental de la Dirección de Caminos; y Francisco Díaz, director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Durante la reunión los diputados cuestionaron a las autoridades sobre la debilidad de las instituciones gubernamentales y la falta de coordinación interinstitucional para prevenir la conflictividad social que genera la exploración y explotación minera y la generación de energía eléctrica en Baja Verapaz y otras mancomunidades del país.

“Hay muchos líderes comunitarios que se encuentran inconformes porque las explotaciones mineras y los proyectos energéticos han generado conflictividad social. Nosotros queremos evitar que esto se agrave y genere una crisis muy fuerte”, indicó el diputado Ronald Sierra, presidente de la referida sala de trabajo.

El director general de la Policía Nacional Civil, Erwin Tzi, explicó que han enviado a un grupo de 14 elementos de la División de Protección de la Naturaleza al área del Polochic. “Es demasiado grande el lugar en este momento se encuentran haciendo un recorrido e inspeccionado, en este momento no tenemos ningún informe”.

Francisco Díaz, director de Minería del Ministerio de Energía y Minas, contó que el lunes sostuvieron una reunión de trabajo en el valle del Polochic con comisarios de Diprona de la PNC y del Ministerio de Comunicaciones quienes les proporcionaron información sobre el proyecto de exploración en la zona. “Nos hicimos presentes en la empresa San Francisco de Cobán y no nos dejaron ingresar para inspeccionar el área solo nos comentaron que están limpiado el lugar”, dijo Francisco Díaz, director de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

El diputado Luis Hernández Azmitia, del bloque Movimiento Reformador, cuestionó al titular Luis Chang, de la cartera de Energía y Minas, sobre la legalidad o ilegalidad en que están operando estas empresas y le pisio un informe sobre las licencias de explotación que están autorizadas, ya que la falta de información existente provoca incertidumbre entre la población y las instituciones”.

“El articulo cinco de la Ley se refiere a los casos sobre las empresas que son exentas siempre y cuando estas estén cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa de los permisos y la autorización de las licencias para la explotación y exploración minera en el país”, dijo Luis Chang, funcionario de Energía y Minas.

Además, durante la reunión fue cuestionado Paolo Similox, viceministro de política, planificación y evaluación del Ministerio de Desarrollo Social por la falta de información que tiene sobre las familias que reciben los beneficios de los programas a cargo del ministerio en el departamento de Baja Verapaz.

Por José Castellanos

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La Comisión Pesquisidora que conoce el antejuicio promovido en contra del Presidente Jimmy Morales por supuesto financiamiento electoral ilícito,  se reunió con representantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- quienes ratificaron la solicitud de antejuicio y solicitaron se recomiende el retiro de inmunidad del mandatarios para que se pueda ampliar la investigación en su contra.

Durante la reunión, los parlamentarios plantearon algunas inquietudes a los representantes de la CICIG. Entre ellas la veracidad de los testimonios que fueron emitidos en calidad de anticipo de prueba por algunos empresarios, el fundamento de las pesquisas que derivaron la solicitud de antejuicio y el origen de la investigación que realizaron de manera conjunta con el Ministerio Público.

“Hemos venido ante esta comisión a ratificar nuestra solicitud de antejuicio en contra del Presidente Jimmy Morales”. Con estas palabras Luis Fernando Orozco, mandatario de la -CICIG-, inició su intervención en donde amplió detalles del proceso de investigación que realizó el ente internacional.

La audiencia fue parte de la fase de entrevistas programadas por la comisión en donde se espera obtener más información de proceso y así continuar con el análisis. En total se reunirán con 47 empresarios vinculados al caso.

“Considero que la Comisión está realizando una labor historia, hemos escuchado a todos los actores involucrados, lo que garantiza un proceso transparente y apegado a nuestras función que es emitir una recomendación”, expresó el diputado Carlos Santiago Nájera, secretario de la instancia.

Para el próximo jueves la Comisión Pesquisidora tiene prevista una reunión con autoridades del Tribunal Supremo Electoral para continuar con el análisis de la solicitud de antejuicio contra el gobernante guatemalteco.

Por Isabel Mazariegos

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Durante la reunión de la instancia de Jefes de Bloque y Junta Directiva de este lunes, los congresistas aprobaron las agendas legislativas que se conocerán en las sesiones ordinarias del próximo martes 2 miércoles 3 y jueves 4 de octubre a partir de las 14:00 y 10:00 horas.

En la sesión del martes, se conocerán en su primer debate dos iniciativas de ley. La primera con registro 5440, dispone aprobar Ley de Avisos Electrónicos,  y tiene como fin que todas aquellas publicaciones, como por ejemplo los edictos, se publiquen únicamente en un portal electrónico del Diario Oficial, y no en los tres medios escritos de mayor circulación, como se hace a la fecha.

La segunda con registro 5447, da un reconocimiento de honor público y aprueba una pensión vitalicia de Q6 mil mensuales para el músico y compositor guatemalteco, Joaquín Orellana Mejía, por sus aportes a la música electroacústica con instrumentos de su autoría. Esta iniciativa fue incluida en la agenda a solicitud del subjefe del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), Carlos Chavarría.

En segundo debate se retomará la discusión de las iniciativas que disponen aprobar la ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (5154 y 5156).

Por artículos y redacción final está previsto que se aprueben dos iniciativas. La 5241, ley de fortalecimiento al emprendimiento, proyecto que forma parte del compendio de leyes de reactivación económica que se impulsa en el Legislativo; y la contenida en los registros 4498 y 4508, ley del Área Protegida Refugio de Vida Silvestre Cerro Cruz Maltin-Montaña.

Para el miércoles, el único punto en agenda será la aprobación por artículos y redacción final de las reformas al Decreto 1-85, de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos (5059, 5158).

El jueves, se agendó la juramentación del presidente electo del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Nester Mauricio Vásquez Pimentel.

En otro punto, a solicitud del subjefe del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Manuel Conde Orellana, fue escuchado el alcalde de Flores Petén, Carlos René Caal, quien expuso la situación actual del Parque Nacional Tikal, y pidió la aprobación de la iniciativa 5355, que contiene los mecanismos para el fortalecimiento de la administración del parque arqueológico.

De igual manera fue recibido un representante del Consejo Nacional para la Personas con Discapacidad (Conadi), Carlos Pontaza, quien agradeció a los congresistas la inclusión de la discusión en tercer debate de las reformas al Decreto 33-98 Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (5415), que son parte de la agenda de la sesión del jueves. Dichos cambios garantizan el acceso en formatos como el braille a personas que presentan discapacidad visual.

Por Karen Mendoza

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El diputado Juan Ramón Lau (TODOS), en su calidad de presidente de la Comisión Específica que investiga la compra de un edificio por Q35 millones para uso del MP, ofreció una conferencia a la prensa para informar que citó públicamente a la exfiscal general, Thelma Aldana para el próximo viernes 5 de octubre, a las 10 de la mañana.

El objetivo de esta audiencia es interrogar a Aldana sobre la compra de un edificio valorado en Q 35 millones durante su gestión, el cual está sujeto a investigación por aparentes anomalías.

El parlamentario informó que  parlamentario que la invitación fue mediante oficio, pero que ante como fue imposible contactarla se procedió a hacer una convocatoria pública, a través de los medios.

“En algún lugar de Guatemala se encuentra la ex fiscal general Thelma Aldana, tenemos conocimiento que  ingresó al país la semana pasada, por lo que procedemos a convocarla”, expresó el diputado Lau.

El presidente de la Comisión Pesquisidora informó que también citarán a más integrantes del equipo de trabajo de la ex fiscal como parte del proceso y ampliación de las pesquisas.

La Comisión se encuentra en una fase de audiencia en donde autoridades de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Procuraduría General de la Nación (PGN) y del Ministerio Público (MP) han sido cuestionadas sobre la compra de este edificio cuyo caso se encuentra en reserva sin embargo la instancia continua con su labor fiscalizadora.

El Artículo 4. De la Ley Orgánica del Organismo Legislativo “Declaración de Funcionarios Públicos” establece que todos los funcionarios y empleados públicos, están obligados a acudir e informar al Congreso, cuando éste, sus comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones legislativas. “Los particulares podrán ser citados a declarar ante el Congreso de la República, mediante citación que exprese claramente el objeto de la misma y siempre que su presencia se requiera para tratar de asuntos relacionados con negocios con el Estado”.

Por Isabel Mazariegos

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La diputada Karla Martínez, segunda secretaria de Junta Directiva, se reunió con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Contraloría General de Cuentas (CGC), Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y representantes del área de salud de Huehuetenango, con el propósito de buscar mecanismo para que se otorgue estabilidad laboral de los trabajadores de salud en la región.

La parlamentaria explicó que los beneficios son para 22 médicos que por más de 15 años han trabajado bajo el reglón 182 (servicios médico-sanitarios) sin recibir prestaciones. “Según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala el renglón 182 comprende retribuciones por servicios profesionales y técnicos médico-sanitarios, exámenes médicos especializados, pruebas de laboratorio, patología y clínica forense, entre otros”.

Lo que la parlamentaria solicita es que debido a sus capacidades y experiencia, los médicos sean trasladados al reglón 011 (personal permanente), lo cual dignificaría así su labor, se le daría certeza legal a sus acciones y gozarían de prestaciones y vacaciones.

“Es necesario que las autoridades del Ministerio de Salud agilicen el proceso, sin duda es necesaria una hoja de ruta para poder llevar a cabo la modificación dando prioridad a los médicos que han dedicado su vida para atender a la población de Huehuetenango”, opinó la diputada Martínez.

En respuesta a la solicitud de la congresista, Oscar Galindo, subdirector de la ONSEC manifestó que desde la entidad “se estará elaborando una propuesta para poder habilitar los plazas y establecer sus competencias, para garantizar un proceso transparente y adecuado para los trabajadores”.

Gustavo Arévalo, viceministro administrativo de la cartera de Salud, se comprometió a dar seguimiento al tema y concluir el procedimiento lo antes posible.

“Agradecemos el esfuerzo de la diputada Martínez, nadie se había percatado de nuestra situación por lo que esperamos una respuesta pronta de las autoridades”, opinó Rodelmi Palacios, médico del área de salud de Huehuetenango.

Al concluir, la diputada Karla Martínez lamentó que las autoridades de la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Salud no hayan presentado una ruta de trabajo por lo cual solicitó que a la brevedad posible sea presentada y convocó a una nueva reunión el próximo martes para conocer los avances en el tema.

Por Isabel Mazariegos

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La Comisión de Probidad y Transparencia, presidida por el diputado Amílcar Pop (Winaq), se reunió con  el subcontralor de calidad del gasto público, César Elías,   y auditores de la Contraloría General de Cuentas, (CGC), para conocer los avances en la auditoría del mejoramiento del tramo carretero Ruta Nacional 5, aldea El Pajal-Campur, ubicada en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

Durante la reunión, el subcontralor explicó a los diputados de la Comisión que entre los hallazgos iniciales encontrados esta que “a pesar de que no se han iniciado los trabajos en la carretera, se han pagado los contratos de construcción y supervisión a la empresa encargada, Caicedo SA”.

El contrato de construcción y supervisión fue suscrito en el 2011, con un plazo de conclusión de 365 días y un costo de aproximado de Q39 millones. Según resultados de la auditoría hasta la fecha el Estado ha pagado Q74 millones de un total de Q104 millones asignados (debido a la continuidad de renovaciones de contratos), sin que haya ejecución de la obra, por lo que la Comisión solicitó que se haga la investigación correspondiente para aclarar dichas irregularidades.

“Hagamos un esfuerzo por encontrar las irregularidades y, más allá de un informe de auditoría, realicemos un análisis técnico y jurídico”, recomendó Amílcar Pop a las autoridades de la Contraloría.

El diputado Mynor Capa solicitó también que “se investigue cuál fue la ruta que la empresa contratada siguió para robarle tanto dinero al Estado por un proyecto inconcluso”.

Antes de concluir, el diputado Pop solicitó al subcontralor que terminen lo antes posible el informe final de auditoría, una propuesta de acciones legales que tomará la Contraloría y un análisis jurídico de la tipología de delitos, para poder proceder con las acciones legales. “Esto con el objetivo de lograr que dicho proyecto se concluya lo más pronto posible”, dijo el congresista.

“El Proyecto consta de 7.00 km de longitud, se utilizará una sección típica \\\'D\\\' modificada, dos carriles de 3 m cada uno, sin hombros y cuneta \\\'L2\\\' no mayor de 1.25 m”, según informe del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Según denuncias de pobladores de la localidad, a la fecha no han sido asfaltados los siete kilómetros que comprende dicha obra, que fue adjudicada a la empresa Ingeniería y Planificación, S.A. en 2011. El financiamiento del proyecto proviene de un préstamo suscrito con el Banco de Desarrollo Alemán por EUR 3 millones 700 mil (Q35 millones 700 mil), suscrito con dicha institución bancaria.

Por Astrid González

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Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República escucharon este día a representantes del Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional de las Personas (RENAP), Sitra-Renap, quienes plantearon  denuncias sobre acoso laboral  y violaciones al derecho sindical, por parte de las autoridades de la institución, quienes incluso han llegado a destituirlos de sus cargos.

Sandra Cifuentes, una de las afectadas, dio a conocer que a finales del año 2017 se giró instrucciones para destituir a los trabajadores que pertenecían al Sitra-Renap, a pesar de que por ley gozan de inamovilidad laboral, incluso 12 meses después de dejar los cargos sindicales, señaló.

Cifuentes explicó además que el  director del Renap, Octavio Alonzo, trasladó el listado de los trabajadores inscritos en el Sitra-Renap, a los del otro sindicato, denominando Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional de las Personas STRENAP, quienes se han encargado de coaccionar a los trabajadores para que se inscriban en su organización y de esa forma debilitar al SitraRenap.

El diputado Mauro Guzmán (UNE), lamentó que en estos tiempos aún se registren este tipo de acciones en las instituciones del Estado, que solo las debilitan. “Existe un estudio donde se indica que más del uno por ciento de los recursos del Presupuesto General se destina para resarcimiento de trabajadores que ha sido despedidos de forma ilegal”.

El diputado Víctor Cruz Clavería (FCN NACIÓN), manifestó que darán seguimiento al caso, e iniciarán por citar a los altos funcionarios del RENAP para que brinden explicaciones sobre las denuncias planteadas este día.

Por Mayra Recinos

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Diputados de la Comisión de Turismo, que preside el representante Santiago Nájera, recibieron a directivos de  la Asociación  Guatemalteca de Líneas Aéreas, Quienes solicitaron reformas al artículo 21 de la ley del Impuesto sobre la renta (ISR).

Walter Martínez, representante de Delta Airlines, explicó que la solicitud realizada a los legisladores es para regular los cobros de impuestos que Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), hace a las empresas de transporte aéreo, con la finalidad de que exista un cobro fijo para evitar incrementos sorpresivos, pues estos desbalances afectan la economía de las aerolíneas a tal punto que podrían salir del país.

A esta reunión asistieron Carmen Abril, viceministra de Finanzas; Nora Tomas, viceministra de Económica; Motty Rodas, presidenta de la Asociación  Guatemalteca de Líneas Aéreas; y David Hernández, gerente operador, quienes aseguraron que con estos cambios el transporte para los turistas de Guatemala será mejor.

“Luego de recibir esta solicitud la analizaremos detenidamente, pues como integrantes de la comisión de Turismo deseamos que más personas del extranjero vengan a nuestro país. Los cambios ayudarán a incrementar los ingresos económicos de varias familias que trabajan en las aéreas hoteleras y turismo”, enfatizó el diputado Santiago Nájera de la Comisión de Turismo.

Por Karla Herrera

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