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Con 59 votos en contra, el pleno del Congreso de la República rechazó el Decreto Gubernativo 7-2016 por medio del cual el Organismo Ejecutivo declaró por 30 días Estado de Calamidad Pública en todo territorio nacional, priorizando 25 áreas de riesgo por las lluvias.
Los argumentos planteados por diputados de las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Encuentro por Guatemala (EG), Winaq, Alianza Ciudadana y Convergencia se enfocaron en lo que consideran ausencia de asidero jurídico para declarar calamidad en el país cuando no se observan emergencias.
Otro de los aspectos cuestionados por los legisladores fue el listado de funciones que la norma delegaba a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres para definir las áreas donde se deberían limitar algunas garantías constitucionales.
Orlando Blanco, de la bancada UNE, manifestó el rechazo de los legisladores de su bloque para apoyar “un Estado de Calamidad innecesario que hubiera permitido que se elevara el gasto”.
Por su parte, Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, recordó: “Hemos planteado una acción de inconstitucionalidad porque consideramos que no hay elementos para limitar las garantías”.
FCN buscará retomar el tema
Tras la votación que únicamente les dio 47 votos a favor, diputados de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN) anunciaron que buscarán retomar el tema en una próxima sesión plenaria, pues aseguran que de acuerdo con la Constitución Política de la República tienen esa opción.
“Vamos a presentar una propuesta de modificaciones, pues varios parlamentarios manifestaron su intención de reformar el Decreto. Además, el artículo 138 constitucional dice que el Congreso debe ratificar, modificar o improbarlo”, anunció el diputado Adim Maldonado, de la bancada oficial.
Para el presidente del Congreso de la República, Mario Taracena Díaz-Sol, “el decreto ya fue rechazado y la votación lo demuestra”, por lo que señaló que no es correcto ni viable que se pretenda rescatarlo. “Lo que deben hacer es plantear una nueva norma, pero no de Estado de Calamidad sino de Prevención”, opinó.
En otro tema, los legisladores conocieron dos dictámenes relacionados con la Regulación de la Conmuta de la Pena de los Condenados a Muerte, debate que continuará en otra sesión, pues se rechazó el dictamen favorable que emitió la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, mientras se quedó en discusión el emitido por la Comisión de Reformas al Sector de Justicia.
Sayda Galicia

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conocimos en la Comisión de Cultura, el proyecto de Ley Para la Creación y Funcionamiento del Consejo Nacional de Cine, Propuesta recibida de parte del Director de la Unidad de Cine del Ministerio de Cultura y Deportes.

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“Le pedimos al ministro que reduzcan el monto, y si no lo hacen ellos tendremos que hacerlo nosotros, pero lo dejamos al criterio y que nos haga un propuesta lo antes posible”, indicó Jairo Flores, presidente de la Comisión de Finanzas y Moneda, del Congreso de la República.
La postura del legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) fue fijada en la primera de las audiencias públicas convocada para analizar el proyecto de presupuesto presentado por el Organismo Ejecutivo para 2017, por Q79 mil millones, en la cual participaron jefes de bloque y el ministro de Finanzas, Julio Estrada, quien defendió el monto y los aumentos propuestos para todos los ministerios y secretarías.
“El  monto es conservador; debería ser mayor, pero por la realidad del país mantendremos este. Además, no pensamos disminuirlo, porque no se puede disminuir en carteras como Salud, Educación o Gobernación, pero serán los diputados quienes decidan”, manifestó Estrada.
Diputados como Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y Carlos Barreda, de la UNE, manifestaron su inconformidad con los fondos otorgados a organizaciones no gubernamentales, así como los préstamos solicitados.
En la segunda jornada de audiencias públicas, prevista para este martes, intervendrán instituciones como el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Acción Ciudadana, Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos, y la Alianza Técnica de Apoyo Legislativo.
Por Selvin Rustrián.

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El viceministro de Finanzas, Víctor Manuel Martínez; los viceministro Desarrollo Social, José Rodríguez, Frabrizio Pagurut y Demetrio Morán; y el director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, Carlos Enrique Rosenberg, comparecieron este día ante los diputados de la bancada Movimiento Reformador (MR), para hablar de  baja ejecución en el programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TCM).
“En el primer cuatrimestre, el Ministerio de Desarrollo  no tuvo cuota asignada debido a la crisis financiera con que se inició el año, por lo que no se empezó a ejecutar hasta el segundo cuatrimestre”, explicó Martínez a los congresistas.
El diputado Luis Hernández Azmitia, presidente de la Comisión de Salud lamentó que al momento solo se haya ejecutado el 37.23% del presupuesto asignado, Q.172 millones de los Q.462 disponibles para las TCM.
“La falta de ejecución afecta a todas esas familias que hoy viven en pobreza y pobreza extrema, lo que pretendemos es que los Q290 millones que restan por ejecutan se puedan utilizar para mejoras en sus viviendas y otros programas en favor de las familias más necesitadas”, señaló Hernández Azmitia.
Entre las recomendaciones del congresista está la adquisición de filtros para purificar el agua debido a que las enfermedades diarreicas son una de las mayores causas de muerte de niños menores de cinco años en el país.
Carlos Enrique Rosenberg, director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, explicó que una compra por licitación de esas proporciones, se tardaría unos 5 meses, debido a los requisitos que exige la Ley de Compras y Contrataciones. “Aunque sí se puede hacer por “comparación de precios” que permite hacer comprar menores hasta por Q.900 mil”, dijo.
Al finalizar la reunión los congresistas solicitaron a los funcionarios una hoja de ruta para viabilizar este proyecto, por lo que se reunirán próximamente para darle seguimiento al tema.
Por Rosemary Recinos.

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“Pareciera que el Gobierno se está burlando del Congreso y de la ciudadanía”, afirmó Mario Taracena, Presidente del Congreso de la República, al referirse a las compras por excepción que estarían realizando las dependencias del Organismo Ejecutivo debido al Estado de Calamidad. El tema fue discutido este lunes en la Instancia de Jefes de Bloque, que acordó llevarlo al hemiciclo en la plenaria de este martes.
El parlamentario aseguró que para evitar o regular las compras es necesario que la medida sea aprobada, improbada o modificada, ya que al no conocerse es “como un cheque en blanco para el Ejecutivo”.
Javier Hernández, jefe de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN), respondió que “el Ejecutivo no tiene ningún cheque en blanco”, pues se están respetando los procesos. Aseguró que si hay dudas se puede solicitar un informe de lo actuado hasta el momento y de haber anomalías se presenten las denuncias correspondientes.
Otros legisladores, como Nineth Montenegro, jefa del bloque Encuentro por Guatemala, aseguró que “todo lo actuado hasta el momento por el Estado de Calamidad es ilegal, debido a que el Congreso no lo ha aprobado”. Por ello dijo que presentó una acción de inconstitucionalidad para evitar que se den compras sin licitar y se evada la Ley de Contrataciones del Estado.
Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), afirmó que la inasistencia de sus compañeros, en especial de la bancada oficial, se debe a que “no quieren conocer el Estado de Calamidad debido a que piensan que no se aprobará”.
Los jefes y subjefes de bloque acordaron que para evitar dudas sobre las acciones realizadas por el Gobierno, el Estado de Calamidad se conocerá como primer punto en la sesión de este martes.
El 22 de septiembre, el Organismo Ejecutivo aprobó el Estado de Calamidad Pública debido a las lluvias en el país, anuncio que se dio después de la polémica generada por el Estado de Prevención decretado 2 días antes, mediante el cual se limitaban 3 derechos constitucionales.
Por Byron Ramírez.

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Los diputados Raúl Romero, del bloque Fuerza; Carlos López, de la UNE y Ovidio Monzón, DE TODOS, participarán en la Cumbre de Integración por la Paz (Cumipaz), que se celebrará del 4 al 8 de octubre en Asunción, Paraguay, con el propósito de generar un espacio de diálogo e integración para debatir y formular iniciativas, proyectos y acciones viables orientados al fortalecimiento de la paz entre las naciones, en armonía con la Madre Tierra.
Este encuentro convoca a líderes mundiales y autoridades parlamentarias, académicas, judiciales, políticas y de la sociedad civil, quienes representan a las organizaciones supranacionales, Estados, gobiernos, sociedad civil y sector empresarial.
El congresista Raúl Romero, indicó que durante el evento se construirá un espacio de discusión y diálogo para fortalecer las diferentes propuestas, proyectos y acuerdos que están dirigidos a buscar una cultura de paz, a  través de la superación, el desarrollo sostenible, la educación integral, la eficacia de la justicia universal, los derechos humanos y la democracia, entre otros.
“Hemos sido invitados algunos diputados para conocer las diferentes experiencias de los procesos de paz y creo que el intercambio con distintos  países  van a enriquecer la institucionalidad en cada una de nuestras naciones”, comentó el legislador de Fuerza.
La actividad contará con la presencia de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA); Augustino Ramadhani, presidente de la Corte Africana de Derechos Humanos;  jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) y representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de países como Argentina, Guatemala, Venezuela, México, Uruguay, Bolivia, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y El Salvador.
Por Elizabeth Linares

Siga el desarrollo de la Cumbre en el siguiente enlace:http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/cumipaz/escenarios

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Con la intención de conocer los avances en el proceso de resarcimiento a las víctimas del conflicto armado por parte del Estado de Guatemala, el diputado Ronald Arango, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, se reunió con Víctor Hugo Godoy, titular de la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh).
El funcionario dio a conocer que hay una deuda de US $40 millones por resarcimiento individual y colectivo, por casos que se registraron durante el conflicto armado y en la actualidad, que fueron conocidos en los juzgados correspondientes.
Al momento la Copredeh tiene 88 expedientes de diversos casos en los que el demandado es el Estado de Guatemala, como el caso del desalojo violento en el 2011 en el área del Polochic, en Alta Verapaz; una denuncia de 41 guatemaltecos que padecen Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida que no han sido atendidos por el Ministerio de salud, así como el caso del Hospital de Neuropsiquiatría, que no tiene las condiciones necesarias para separar a los pacientes enviados por los jueces.
“La intención de dialogar con el comisionado fue para verificar el cumplimiento de las sentencias judiciales, tomando en cuenta que durante el gobierno anterior se dejo de pagar el resarcimiento y Guatemala fue sancionada internacionalmente por no cumplir con los acuerdos de paz; ahora vemos que el gobierno de turno ha mandado a la Copredeh para que realice estos pagos”, destacó el diputado Arango.
Para cumplir los compromisos es necesario aumentar el presupuesto de la institución, por lo que se hará la petición a la Comisión de las Finanzas Públicas y Moneda.
Por Karla Herrera

 

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Con el objetivo de proporcionar mayor certeza jurídica a la ciudadanía, el diputado Luis Pedro Álvarez, de Encuentro por Guatemala (EG), presentó a Dirección Legislativa del Congreso, una iniciativa de Ley que reforma el artículo 5 del Código Civil, Decreto Ley 106.
La propuesta contempla que se agregue un último párrafo al artículo 5                                                          del Código Civil en el cual se establece que la presencia o ausencia de tilde en el nombre o apellido de personas, no lo hace distinto y por lo tanto no implica la necesidad de hacer o establecer una nueva identificación de persona.
El congresista Luis Pedro Álvarez indicó que “lo que se busca es que, tanto la presencia o ausencia de una tilde en los nombres personales no sea considerado como motivo para rechazar cualquier tipo de trámite o procedimiento administrativo y que se convierta en una complicación legal durante el trámite del Documento Personal de Identificación, certificados de nacimiento, pasaportes,  títulos y demás documentos, los cuales son rechazados por autoridades y empleados públicos del Renap por estas omisiones mínimas”.     
“Esta reforma agilizaría cualquier trámite y espero que sea aprobado en el pleno del Congreso de la República lo antes posible”, puntualizó el parlamentario.
La propuesta precisa que en el Renap aproximadamente existen más de 22 mil solicitudes de cambio de nombre en el período del 2012 al 2016, seis mil inscripciones de identificación a terceros en el mismo periodo y 50 mil inscripciones de identificación de personas según información del Renap.
Por José Castellanos

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